La semana pasada Alberto Rojas volvió a la Corte Constitucional, después de que la Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la decisión de otra sala de ese mismo tribunal que anulaba su elección. Así, el aliado de Jorge Pretelt regresa justo después de que la Corte recibió el más duro golpe en su credibilidad, que parte de una insistencia a favor de la empresa Fidupetrol. Y quien la insistió fue Rojas.
Retomando la información que entregó la Corte hace algunas semanas en respuesta a un derecho de petición de La Silla, revisamos todas las insistencias que interpuso Rojas en los seis meses que ocupó la silla de magistrado el año pasado. Encontramos que las insistencias de este polémico magistrado tienen un perfil similar a las de Pretelt: la mayoría buscaban que se resolviera un negocio millonario, que ya había sido definido por una sentencia. Es decir, casos parecidos en eso al del escándalo.
Las insistencias son recursos excepcionales que usa un magistrado para insistir en que se revise una tutela que ya ha sido desechada por una sala de dos magistrados. Los magistrados las suelen usar en casos extremos, cuando encuentran que no revisar esa tutela perjudicaría gravemente los derechos fundamentales de una persona o porque hacerlo podría servir para crear una jurisprudencia importante.
Rojas también fue el que menos insistió en un proceso en que otros magistrados también lo hicieron, que es otra forma de ver qué tan alineadas están las insistencias con el resto de la Corte, pues muestra que las hicieron sobre casos importantes para avanzar la jurisprudencia de la Corte.
Si los demás magistrados coincidieron con sus colegas entre en dos y nueve insistencias, Rojas solo lo hizo una vez.
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Esa es solo una de las particularidades de sus insistencias.
Otra es que se especializó en tutelas contra decisiones de jueces civiles, que son los que manejan peleas por dinero entre particulares: 6 de las 11 tutelas que insistió podrían haber cambiado el destindo de uno de esos pleitos, abriéndoles en el práctica una tercera instancia.
En la misma línea, la gran mayoría de sus insistencias reabrían pleitos por plata: de las nueve que supimos de qué se trataba el caso, ocho tienen detrás una pelea de negocios.
Y la tercer particularidad es que siriveron de poco: solo tres de sus 11 insistencias fueron aceptadas.
Además, de esas dos ya fueron falladas: en una la Corte encontró que el problema ya había sido solucionado, y en la otra no le dio la razón a quien se habría beneficiado con la insistencia de Rojas, quien salvó el voto.
El único caso en el que el proceso no era por dinero, podría haber beneficiado a un estafador poderoso.
Manuel Rincón Guevara, esposo de la actriz y ex congresista Lucero Cortés, fue condenado a 24 meses de cárcel por estafa en 2009. Pero, dado que la pena era baja, el Tribunal Superior de Bogotá suspendió la ejecución, bajo la condición de que Rincón pagara 1.800 millones de pesos en perjuicios a las personas que había estafado.
Al año siguiente, el Tribunal revocó esa suspensión porque Rincón no había pagado los perjuicios. Rincón apeló La decisión, perdió y fue capturado. Pero siguió luchando a través de una tutela, que fallaron en su contra la sala penal y la sala civil de la Corte Suprema.
Rojas insistió en que la Corte revisara la tutela, pero no lo logró. Curiosamente, años antes Rincón había logrado algo que otra tutela por el mismo pleito sí fuera revisada, gracias a una insistencia del entonces magistrado Rodrigo Escobar Gil, como contó en 2011 Daniel Coronell. escobar es el ex magistrado que también aparece vinculado al caso de Fidupetrol,
El caso, además, acabó con la carrera política de Cortés, a quien en 2012 la sala penal de la Corte Suprema encontró culpable de tráfico de influencias por haber tratado de que magistrados del Consejo Superior de la Judicatura sancionaran disciplinariamente al abogado de la contraparte de Rincón en el caso.
La otra insistencia vinculada a un caso sonado de corrupción y poder tiene que ver con el proceso que tumbó a Héctor Fabio Useche de la gobernación del Valle del Cauca y que sacó de la vida política a su padrino y predecesor, Juan Carlos Abadía.
Los dos fueron destituidos e inhabilitados por la Contraloría General, que encontró que Abadía como gobernador y Useche como secretario de Salud del Valle, habían llevado al departamento a incurrir en un detrimento patrimonial de más de 40 mil millones de pesos, en el contrato de distribución de licores de la Licorera del Valle. La Contraloría sancionó a otra decena de personas, incluyendo Comercializadora Logística Integral, la empresa que distribuía los licores.
Esa compañía entuteló la decisión de la Contraloría de cobrarle a los sancionados los más de 40 mil millones de pesos, pero tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado rechazaron la tutela porque la Comercializadora tenía otro mecanismo de defensa, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
A pesar de que esa postura parecía clara y que la Corte había decidido que no valía la pena revisar esa tutela (que más que proteger un derecho fundamental, abría una tercera instancia para favorecer a una empresa), Rojas insistió. Sus compañeros no acogieron esa insistencia.
Esta es una selección de los casos que insistió el magistrado recién reintegrado. Si tiene alguna información sobre estos u otros casos, escríbanos por favor a jlewin@lasillavacia.com. Acá están todos:
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