El contralor general Carlos Hernán Rodríguez anunció pelea para seguir en el cargo, tras el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por irregularidades en el concurso que hizo el Congreso. Es una batalla a varios asaltos en la que cuenta con un abogado que conoce al dedal las cortes y de la que el gobierno Petro está atento. Además, mientras se define el caso, le va a permitir mantenerse en el puesto.
El primer round tendrá lugar en el mismo Consejo de Estado cuando se debata y resuelva una petición de Rodríguez, varios de sus subalternos y del Senado, para que el proceso de elección no se haga desde cero, como se ordenó inicialmente, y se mantenga la selección de 20 personas que hizo el último congreso en la era Duque. Si el tribunal accede, el trámite de elección sería más rápido, el anulado contralor quedaría como favorito otra vez y el gobierno tendría más capacidad de maniobra para incidir.
“Mi pelea por defender mis derechos va a ir paso a paso”, dijo Rodríguez.
Tan demorada está su salida que ya está confirmado que el Contralor participará en un encuentro con banqueros la otra semana.
La aclaración colectiva que favorece a Rodríguez
El fallo del Consejo de Estado le ordenó al Congreso hacer un nuevo proceso de elección. Pero Rodríguez encontró un vacío para contraatacar y abrir una ventana que le permita recuperar el cargo.
La decisión de la sala Quinta se centró en cuestionar dos irregularidades que se dieron desde que Roy Barreras llegó a la presidencia del Senado el 20 de julio de 2022. Una por la fecha de la elección del contralor, y la otra, la “más grave” en palabras del fallo, por modificar los criterios para elegir los 10 finalistas.
Lo que encontró Rodríguez es que el fallo no habló de irregularidades en las fases del concurso que se dieron antes de que Barreras asumiera el proceso. Es decir, en la que la Universidad Industrial de Santander, UIS, hizo la prueba de conocimientos y la valoración de hojas de vida para pasarle al Congreso un listado de 20 nombres sobre los cuales elegir. Todo esto en el gobierno de Iván Duque y bajo la presidencia del senador del conservador Juan Diego Gómez.
Rodríguez sacó el primer puntaje en la prueba de conocimientos y su hoja de vida fue la quinta mejor valorada, por eso entró en ese grupo de 20.
Pero el 26 de abril de 2022 una comisión accidental del Congreso designada por Gómez- integrada por congresistas de partidos tradicionales- depuró ese listado a 10 finalistas y lo dejó por fuera.
Luego, una tutela ordenó reorganizar el proceso y, el 16 de julio, Rodríguez entró al grupo de 10 finalistas en una segunda lista. Después apareció en escena Barreras e hizo una tercera lista en la que el nombre de Rodríguez se mantuvo. Pero esa última fue la viciada.
Por eso, en su contraataque, el contralor le pidió al Consejo de Estado aclarar el fallo para precisar que el concurso no se haga de ceros, sino que se retome desde el grupo de los 20 o desde la segunda lista de 10 en la que él entró. Añadió que arrancar desde el principio implicaría un nuevo gasto para contratar otra universidad que se encargue de hacer la etapa de valoración y de pruebas.
Rodríguez presentó esa aclaración a través de su abogado, Héctor Carvajal Londoño, quien suena como candidato del gobierno de Gustavo Petro para estar en la terna de Fiscal General. Carvajal ha salido del anonimato, entre otras cosas, por organizar reuniones entre Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Lo llamativo es que después de que Carvajal presentó esa petición, al Consejo de Estado llegaron otras solicitudes con argumentos idénticos de personas que participaron del concurso, pero que ahora son subalternos del contralor Rodríguez.
La abogada Elsa Yazmín González, quien quedó en la lista de los 10 finalistas, trabaja como contratista de la Contraloría haciendo vigilancia a los recursos de la reactivación económica. Ella también le pidió al Consejo de Estado que no anule todo el proceso. “No solamente se estaría violando los derechos fundamentales adquiridos por los candidatos que logramos los puntajes más altos (…) sino que se estaría incurriendo en un presunto detrimento o daño al erario público, al tener que apropiar recursos del presupuesto público para un nuevo proceso”, dijo.
Otro finalista, el abogado Luis Fernando Bueno, entró a trabajar como asesor del despacho del contralor Rodríguez. En su petición de aclaración dice que “el proceso se debe continuar desde la etapa de configuración de la lista de elegibles”.
La abogada Karol González, quien estuvo en la segunda lista de finalistas y luego renunció a esa postulación, fue nombrada por Rodríguez como contralora delegada. “Rehacer el procedimiento desde etapas donde no se presentaron vicios implica un desgaste en tiempo”, le dijo al tribunal.
El asesor Bueno dice que no es algo coordinado y que en su caso lo hizo porque cree que puede tener chances de ganar en una nueva elección. “La lucha es porque nos tengan en cuenta, no solo a mí, sino a los 20 participantes, o a los 10 de la primera lista o los 10 de la segunda”, dice.
A esos pedidos se sumó el del secretario del Senado, Gregorio Eljach. “Las actuaciones anteriores al acto administrativo (el de la tercera lista), gozan de plena legalidad”, afirma.
Si el Consejo de Estado accede a las pretensiones de Rodríguez y compañía, él y el gobierno Petro tendrían cómo incidir en la nueva elección.
Porque si dice que se debe retomar desde la etapa de los 20 semifinalistas, el presidente del Senado es el que tiene el poder para designar la comisión accidental que determine el listado de 10 finalistas sobre los cuales el Congreso en pleno debe escoger.
El martes, en una movida con mucha tensión y con votos mínimos, el gobierno logró que la plenaria del Senado eligiera presidente a Alexander López, del Polo, y muy cercano al presidente Petro. El periodo de López irá hasta el 20 de julio, tiempo en el que alcanzaría a designar esa comisión accidental si es que el Consejo de Estado así lo determina.
De los 20 preseleccionados, dos tienen afinidades con los congresistas aliados de Petro. Rodríguez, por quien el gobierno movió sus fichas para elegirlo. Y el abogado Julio César Cárdenas, quien había sido apoyado por Petro y la bancada alternativa en la elección de Contralor 2018, y ahora también trabaja en la Contraloría nombrado por Rodríguez.
Rodríguez sigue manteniendo buena relación con esos aliados de Petro. El senador López, por ejemplo, ha agradecido su gestión por investigaciones que ha hecho sobre casos de corrupción en Cali denunciados por él.
Gracias Contralor @CarlosHernanR1 ante esta celera actuación para proteger @EMCALIoficial de la corrupción y por salvaguardar el patrimonio de los vallecaucanos y de los colombianos.
¡Los corruptos no pasarán! https://t.co/cp34XBHXaG
— Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) September 22, 2022
Pensando en el escenario de la aclaración, Rodríguez no se ha quedado quieto. La semana pasada les pidió la renuncia protocolaria a todos los directivos de la entidad que él nombró, y que, en algunos casos, son cuotas de los congresistas que deben volver a elegir. Aún no ha definido a quiénes se las acepta.
Pero si el Consejo de Estado decide que no hay lugar a esa aclaración y mantiene su decisión de rehacer todo el proceso, Rodríguez tiene un plan B.
Contra la magistrada que tenía hermana en la Contraloría
En las últimas horas, la oficina de talento humano de la Contraloría estuvo agitada. Allá llegó la orden del contralor Rodríguez de buscar las resoluciones de nombramiento y de renuncia de una funcionaria llamada María Juliana Araujo.
Ella entró a la Contraloría nombrada por Felipe Córdoba en 2020 y salió dos meses después de que asumió Rodríguez. El dato es relevante porque Araujo es hermana de la magistrada Rocío Araujo, quien hace parte de la sala Quinta del Consejo de Estado que sacó el falló que anuló la elección de Rodríguez.
Los papeles aparecieron. La bacterióloga presentó la renuncia el 15 de septiembre de 2022, pero se la aceptaron el 11 de octubre, como consta en una resolución del archivo de talento humano. Para esa fecha, con Rodríguez en el cargo, en el Consejo de Estado ya habían sido radicadas varias de las demandas contra su elección de las que debió conocer la magistrada Araujo.
En ninguna etapa de las demandas, la magistrada Araujo presentó impedimentos o informó de que su hermana trabajaba en la Contraloría.
Y por eso, anoche, el abogado Héctor Carvajal sacó esa carta de la manga y presentó una recusación contra Araujo. Con eso busca, por un lado, que la magistrada se aparte de la discusión de la aclaración, y por el otro, una razón para luego presentar una nulidad del fallo que sacó a Rodríguez. También que se congele el proceso.
Carvajal sustenta esa movida en que otro magistrado, Luis Alberto Álvarez Parra, sí se había declarado impedido en las demandas contra Rodríguez porque informó que su esposa trabajaba en la Contraloría. Y que ante esa relación, le habían aceptado ese impedimento para apartarse de la discusión. De hecho, la magistrada Araujo votó a favor de ese impedimento.
Además, que Araujo sí se había declarado impedida en otras demandas contra la Contraloría, en 2021, cuando su hermana estaba en el cargo.
La carta de la recusación es curiosa porque hace unos días en una rueda de prensa el contralor Rodríguez había dicho que no tenía reparos contra los magistrados que le anularon su elección. “Creo en la honestidad de esos cuatro magistrados que tomaron la decisión en la sección, los respeto profundamente”, dijo.
Pero el tono cambió porque Rodríguez está convencido de que no debe salir del cargo porque la culpa de las irregularidades no fue suya. “Yo quiero esperar la aclaración. Pero yo sí estoy muy contento siendo contralor general”, dijo.
Al menos lo será unos días más mientras se resuelven todas esas dudas. Tan seguro está de eso, que ya confirmó su presencia en el acto de inauguración de la convención nacional de Asobancaria que se llevará a cabo el miércoles 15 de junio en Cartagena.
