Esta semana, a pocos días de que la Corte Penal Internacional (CPI) adquiera competencia para investigar crímenes de guerra que hayan quedado en la impunidad en Colombia, las organizaciones de víctimas y Eduardo Pizarro, volvieron a enfrentarse. Esta vez se debió a que el Gobierno nominó a Pizarro a un importante cargo de la Coalición Internacional de la CPI.
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| El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro, fue nominado por el Gobierno para un alto cargo en la Coalición Internacional de la Corte Penal Internacional. |
Esta semana, a pocos días de que la Corte Penal Internacional (CPI) adquiera competencia para investigar crímenes de guerra que hayan quedado en la impunidad en Colombia, las organizaciones de víctimas y Eduardo Pizarro, volvieron a enfrentarse. Esta vez se debió a que el Gobierno nominó a Pizarro a un importante cargo de la Coalición Internacional de la CPI.
“No reconocemos en el señor Pizarro alguien que reúna los requisitos exigidos por el procedimiento de la CPI, al no ser imparcial, y en esa medida al no contar con la magistratura y competencia necesarias, para representar la defensa de los derechos de las víctimas”, manifestó el lunes pasado la Mesa del Encuentro de Víctimas, que reúne a más de 50 organizaciones.
Más allá de la importancia y el poder relativo del cargo al que aspira Pizarro, el actual presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, las ONG le están pasando una cuenta de cobro por el papel que jugó en el hundimiento de la Ley de Víctimas. Esta iniciativa, que buscaba establecer la obligación del Estado de reparar a las víctimas en Colombia, fue hundida en julio pasado por orden del Gobierno. Para las ONG, Pizarro hizo poco o nada por evitarlo.
En ese momento, Pizarro dijo en una carta abierta que los alcances de la ley eran limitados y con costos fiscales incalculables. Además, culpó al senador Juan Fernando Cristo del hundimiento por intentar revivir a última hora algunos puntos del proyecto. Tanto el senador liberal como las ONG respondieron el golpe. “Admiramos su trayectoria en la defensa de los derechos humanos pero lamentamos profundamente que de un año para acá haya decidido asumir por completo la posición de funcionario del Gobierno y abandonar su papel de vocero de las víctimas”, dice la carta de Cristo y del representante Guillermo Rivera, dirigida a Pizarro.
El interés del Gobierno al postular a Pizarro es principalmente uno: darle vitrina internacional a la experiencia de Colombia en materia de verdad, justicia y reparación y, de alguna forma, ayudar a blindar al país frente a una posible actuación de la Corte Penal Internacional. Otra pata de esa estrategia – quizá más importante – fue la nominación del ex magistrado de la Corte Constitucional Marco Gerardo Monroy Cabra como juez de la CPI.
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| En julio pasado, el Gobierno hundió la Ley de Víctimas bajo el argumento de que abriría un enorme hueco fiscal. Foto: Jenny Fonseca Tovar |
El puesto al que aspira Pizarro es en el consejo directivo del Fondo en Beneficio de las Víctimas de la CPI, que busca principalmente contribuir a la reparación en los países donde la Corte interviene. El consejo está compuesto por cinco personas de diferentes regiones del Mundo, y el gobierno colombiano presentó el nombre de Eduardo Pizarro para que represente a América Latina y el Caribe. Su nominación fue la única de la región, por lo que su elección se da por descontada.
Mientras la CPI no tenga procesos en Colombia, el Fondo no tendrá ninguna injerencia en el país. Por lo tanto, la eventual presencia de Pizarro en ese escenario serviría sobre todo para enviar un mensaje político a la comunidad internacional – su cargo es ‘ad honorem’ y no tendría funciones judiciales -, además de constituir un prestigioso reconocimiento para él.
“En otros países ven la experiencia de Colombia como un caso ejemplar. En Sudáfrica la gente se estudia la Ley de Justicia y Paz. El Gobierno supo ‘vender’ muy bien el proceso y en muchos países ya lo ‘compraron’”, le dijo a La Silla Vacía una persona que ha seguido de cerca el proceso desde la sociedad civil pero que no quiere comprometer a su entidad dando el nombre.
Ese es tal vez el temor más grande que tienen las organizaciones de víctimas, y es que el caso colombiano se vea internacionalmente como una experiencia exitosa, mientras aquí el proceso va a media marcha y las víctimas no han sido resarcidas. Desde esa perspectiva, el dilema no es simplemente político. “No se trata de una pelea Gobierno versus oposición. El riesgo es que se pretenda pasar la página de todo esto sin haber solucionado los verdaderos problemas”, explicó la fuente consultada, quien en todo caso cree que la radicalización de las ONG tampoco ayuda a las víctimas.
Las ONG también critican el nombre de Pizarro porque no se sienten representadas por sus planteamientos. Según Antonio Madariaga, director de Viva la Ciudadanía, el presidente de la CNRR “ha tenido pronunciamientos restrictivos sobre los derechos de las víctimas. Por lo tanto no lo consideramos idóneo para ocupar ese cargo internacional”.
Otro integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación le dijo a La Silla Vacía que hay un lado positivo en esto, y es que Colombia puede abrir nuevas puertas para la cooperación internacional y el apoyo a los procesos de reparación. Más allá de la coyuntura, Eduardo Pizarro es un académico con amplia experiencia en derechos humanos y un reconocido investigador de la violencia en el país.
Eduardo Pizarro se refiere al tema de su nominación sin darle tanta relevancia: “el Gobierno consideró que por mi experiencia en la CNRR podía ser un buen representante en el Fondo”, le dijo a La Silla Vacía. Consultado sobre la queja de las organizaciones de no haber participado en el proceso, respondió: “la CNRR ha trabajado con más de 200.000 víctimas en el país, y hasta donde sé, no había un mecanismo de consulta para este asunto”.
El hecho de que Pizarro llegue a un cargo cercano a la CPI -de un perfil más honorario que ejecutivo– no influirá en la posibilidad de que el alto tribunal decida abrir un caso sobre Colombia, bien sea por los falsos positivos o el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados. No obstante, esta polémica, sumada al fracaso de la Ley de Víctimas, evidencia una fractura entre la CNRR y las organizaciones que no le trae nada bueno a las víctimas.
Aclaración, 10 de noviembre de 2009: La Silla Vacía aclara que el cargo al que el Gobierno nominó a Eduardo Pizarro es, como se dijo en el artículo, para el consejo directivo del Fondo en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI). No obstante, el Fondo hacer parte de la estructura de la CPI como tal y no de la Coalición Internacional, que es una iniciativa civil que acompaña el mandato de la CPI.
