Uno de los esfuerzos más grandes de los colombianos para enfrentar el covid, además de durar meses encerrados, perder empleos o suspender la educación, fue la decisión del Gobierno de destinar 40,5 billones de pesos a enfrentar la pandemia con un fondo especial, llamado Fome, pues descuadró las cuentas del Estado.
De esa plata, 5,7 billones se han ido a financiar la atención en la salud, vía una subcuenta que maneja la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd).
Acá van seis perlas de esta contratación:
1. La Ungrd no cuenta qué pasó con más de 200 mil millones de pesos
De los 1.251,7 billones de pesos que la subcuenta le dijo a La Silla que ha gastado comprando insumos, no hay datos de en qué se han ido 200 mil millones (otros 43 mil están en reserva).
La subcuenta dice que ha ejecutado el 97,9 por ciento de los 5,7 billones que le ha girado el Ministerio de Hacienda, en tres grandes rubros:
De esos rubros solo se puede tener algún grado de acceso en los gastos en insumos. E incluso en ese caso, la respuesta oficial no coincide con los montos de los contratos y resoluciones que ha publicado desde que recibió la responsabilidad de invertir esa plata.
Son 127 contratos con empresas (dos menos de los 129 de su respuesta oficial) y otros 92 para contratistas de prestación de servicios.
Los contratos de la página web suman 1 billón 7 mil millones de pesos. Eso significa que hay 200 mil millones que ha invertido pero no ha publicado en qué (otros 43 mil no se han gastado). La subcuenta no respondió preguntas de La SIlla al respecto.
Una fuente que nos habló bajo la condición de no ser citada porque no está autorizada para hablar con la prensa dijo que esa plata puede estar en adiciones a algunos contratos. Pero la Ungrd no ha publicado documentos de adiciones.
Es decir, hay un vacío en información pública. Uno que se suma al ya conocido sobre cuánto ha pagado el país en vacunas que Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, está peleando legalmente para que sea público.
“Es algo muy grave desde el punto de vista de la transparencia. Muestra que hay procesos de ejecución de recursos públicos que no están disponible”, dijo a La Silla Juan Oviedo, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. “Desde julio del año pasado estamos haciendo seguimiento y no hemos podido responder peso a peso dónde está la plata. Las respuestas que nos entregan han sido insuficientes”.
Además, aunque en su respuesta a La Silla la Ungrd señala que ya comprometió los 668 mil millones de pesos destinados a pagarle a las EPS y a los hospitales por poner esas vacunas, en las resoluciones que ha publicado solo hay reportes de desembolsos por 20 mil millones de pesos.
Justamente la semana pasada las EPS e IPS lanzaron una alerta por los retrasos en el pago de este proceso, y la Procuraduría pidió que se agilizaran los desembolsos, que están trabados debido a que para hacer los desembolsos la subcuenta se tienen que revisar las facturas de las EPS y las clínicas y hospitales.
2. Una empresa de licores vendió los ventiladores que salieron defectuosos
UB SAS ganó uno de los contratos más caros que ha entregado la Subcuenta, por 93 mil millones de pesos para proveer 900 ventiladores, pese a que su experticia es comercializar bebidas alcohólicas.
Como los contratos se hacen con la urgencia que ocasionó la pandemia, la Ungrd puede hacer millonarias contrataciones como éstas sin seguir los procesos de selección usuales. En cambio, ha usado un proceso de selección propio, en el que envía invitaciones a empresas de los bancos de oferentes que tiene para otros temas, los del Ministerio de Salud o los que se han ido inscribiendo para ofrecer sus servicios.
En total, la Ungrd explica que ha invitado a ofertar a 993 empresas y que ha recibido 391 cotizaciones para ejecutar los 129 contratos que ha suscrito. Y que escoje la empresa que oferta el menor valor, con requisitos propios de cada convocatoria y en los que la experiencia “no es un requisito indispensable” para salir elegido.
UB apareció en una lista de proveedores que suministró MinSalud, y fue una de las seis firmas preseleccionadas para comprar ventiladores.
Fue la única de ellas que no tenía experiencia y se ganó un contrato enorme para su tamaño (lo que significa un gran riesgo de incumplimiento): según sus estados financieros, en 2019 solo tuvo ingresos por 315 millones de pesos y utilidades de 2,1 millones.
Es decir, el contrato representó multiplicar sus ingresos casi 300 veces (de 315 millones a 93 mil millones).
En 2013 Jairo Alberto Avellaneda, reconocido como empresario de licores, creó la empresa bajo el nombre de Universal Beverage SAS. En 2015 Avellaneda dejó la gerencia, le dio el 80 por ciento de las acciones a su empresa Winery Internacional (parte del grupo Winintersa, con sede en Miami y que es Avellaneda), el otro 15 por ciento a Jairo Avellaneda y Compañía y quedó con el 5 por ciento a su nombre. También le cambió el nombre a UB Alcoholes de América.
Ese énfasis en alcoholes se mantuvo por lo menos hasta diciembre de 2016, cuando dejó la gerencia Martha Angélica Navas Romero, quien al menos entre 2016 y 2018 fue representante de Millenium Brands, la distribuidora de Aguardiente Cristal y Ron Viejo de Caldas en España.
En 2017 dio un giro: pasó a llamarse UB SAS y amplió su objeto social a asesorías jurídicas, estudios de títulos urbanos, prestación de servicios de salud, interventorías, desarrollo de call center, software e importación y comercialización de medicinas, equipos y dispositivos médicos.
De hecho, Avellaneda ha dicho que desde esa época ha trabajado con dispositivos médicos y que es representante exclusivo de la marca Eternity, la de los ventiladores que vendió a la Ungrd.
Sin embargo, en 2020 el Invima emitió una alerta y prohibió el uso de los ventiladores Eternity porque para septiembre –a dos meses de su llegada– se habían notificado 34 fallas en 12 hospitales del país.
Según la advertencia del Invima los equipos “dejaban de ciclar o se apagan de forma inesperada y entregaban datos alterados”. Esas fallas ocasionaron la muerte de 6 pacientes. El mes pasado el Invima mantuvo la alerta.
Además, dos cosas siguen siendo llamativas.
Una es que su gerente desde diciembre de 2016, Jenny Madeleine Pomar Castaño, tiene desde ese mismo año la firma Contractual Legal Advicers y su socia, Angie Juliett Rojas Millán, ha sido representante legal de Millenium Brands.
La otra es que entre las varias empresas de Winintersa está UB Med UCI, pero no fue ella la que ofertó y obtuvo el contrato con la Subcuenta.
3. Tapabocas lanzaron a una polvorería a velocidad de volador
El 27 de mayo de 2020 Industrias Martinicas el Vaquero, que produce y vende pólvora, ganó un contrato por 35.700 millones de pesos para suministrar de tapabocas. El contrato significó el 79 por ciento de los ingresos de la empresa en 2020, y la llevó a triplicar sus ventas con respecto a 2019.
Fundada en el 2000 en Bogotá por Carlos Alberto Carvajal Salazar y Gloria Castaño, con el tiempo se convirtieron en accionistas sus hijos Juan Alberto, Carlos Andrés y Carolina Carvajal Castaño.
Carlos Andrés, el mayor, es el representante legal de El Vaquero. En 2018 le hizo campaña al ahora presidente Iván Duque y, según lo que ha escrito en sus redes sociales, es amigo del senador uribista Ciro Rodríguez.
En su catálogo de productos, el Vaquero incluye la comercialización de todo tipo de pólvora y tiene sedes registradas al menos 26 ciudades del país.
Según los documentos que publicó la Subcuenta, en el proceso por invitación evaluaron siete cotizaciones. Entre ellas estaba otra de Carlos Alberto Carvajal y la Subcuenta las invalidó porque Carvajal figura en la junta de El Vaquero y no se pueden presentar partes relacionadas para evitar manipulación, pero como Carvajal desistió, El Vaquero quedó habilitada.
La Subcuenta no le contestó a La Silla específicamente por qué le pidió una cotización de tapabocas a una empresa que solo tiene en su objeto social producir y vender pólvora, y cuya experiencia en el sector público, según aparece en el Secop, tiene que ver con espectáculos pirotécnicos o vender pólvora para alejar aves en zonas de aviación.
Carvajal aseguró a La Silla que desde el inicio de la pandemia empezaron a importar tapabocas porque uno de sus proveedores en China les dijo que estaba exportando tapabocas a Europa y les hizo la propuesta.
También explicó que recibió la invitación de la Ungrd a cotizar porque el Ministerio de Comercio estaba haciendo convocatorias a todos los empresarios del país para que pudieran ofertar insumos relacionados con la pandemia.
“Llegó un link y entramos a mirar y preguntaron quiénes podían asegurar la entrega inmediata de tapabocas. Nosotros fuimos los únicos que alzamos la mano y por eso nos invitaron. Luego nos evaluaron jurídica, financiera y técnicamente”, señaló el empresario.
Sobre sus relaciones políticas aseguró que no estuvieron relacionadas de ninguna manera con el contrato, y que es amigo del senador Ramírez hace varios años.
“Así como soy amigo de él soy amigo de muchas personas. Esa foto con Iván Duque fue en una visita institucional a la Plaza España que es un espacio que hemos recuperado a costa propia. Puede encontrar fotos con los exalcaldes Enrique Peñalosa o Claudia López. Me relaciono con cualquier persona que quiera el bien para el país. Aquí no tuvo que ver nada la política sino la capacidad de una empresa que tiene más de 200 empleados”, concluyó
4. Offshore+ lobbysta colombiano = 50 mil millones para ventiladores
La Unión Temporal VG70 se ganó un contrato por 50.416 millones de pesos para suministrar 509 ventiladores.
La Unión la conforman:
- Diversified, Commodities & Trade Global Ltd, con 85 por ciento
- Infrastructure Development Group SAS, con 8,98 por ciento
- Hospitécnica SAS, con 5,02 por ciento
Solo la última se especializa en equipos médicos. Sus socias grandes vienen de otros sectores y Diversified está rodeada de sombras.
Según su página web es una robusta comercializadora de acero y materias primas para las industrias del acero y petróleo que también ofrece asesoría en comercialización, logística, mercadeo y servicios financieros, con sedes en Estados Unidos, Europa, Asia, África, Venezuela y Brasil.
Tiene sede en Malta (un país de poca transparencia de propiedad empresarial, que sirve para crear empresas “offshore”) y según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que publicó los “Papeles de Panamá”, en 2016 su representante legal era el venezolano Luis Salvador Velásquez Rosas.
Velásquez, quien era conocido en Venezuela como el “rey de las cabillas (barras de hierro gruesas)”, fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela –Psuv– que llevó al poder al chavismo.
Luego fue directivo de empresas del sector siderúrgico y terminó capturado en 2011 por supuesta venta ilegal de cabillas, que Hugo Chávez mostró como prueba de su lucha contra la corrupción.
Quedó libre en 2013 y no volvió a ser visible, aunque su hermano Luis Aníbal sí, como cabeza de la Lotería del Táchira entre 2016 y 2017.
Aunque en el papel Diversified solo se mueve en la industria del acero, encontramos que firmó un contrato por 94.500 euros (425 millones de pesos de hoy) para vender tapabocas al municipio de Pozuelo de Alarcón, un suburbio de Madrid (España).
Por otro lado, Infrastructure Development Group sí es nacional: la creó en 2013 Sebastián Caicedo Cajiao, dueño del 1 por ciento. Infrastructure Development Group SA que, según su página web, es la matriz en España, tiene el 99 por ciento de acciones.
Su cabeza es Ricardo Caicedo Pulgarín, un empresario que mojó prensa a fines del siglo pasado por su exitoso restaurante Rico Mc Pollo en San Andrés y luego por un pleito por el uso de esa marca. Desde entonces empezó a ser conocido en círculos de poder como lobbysta de contratos.
Justamente, dos décadas después, trabajó como intermediario para la llegada de empresas españolas a Colombia en pos de megaproyectos públicos: una sentencia del año pasado del Tribunal de Bogotá muestra cómo intermedió en la llegada de la española Acciona que obtuvo cuatro contratos –algunos en consorcio con la colombiana Otacc– con Ecopetrol.
En el proceso queda claro que Caicedo se mueve en círculos de poder (su enlace con los españoles era una empresa de María José Elises, exsenadora de España por el partido PSC) y que tiene fama como intermediario (fue por eso que, según el Tribunal, Elises le pidió ser su lobbysta). Un empresario que se ha cruzado con él en sus negocios corroboró a La Silla esa fama.
Sobre los ventiladores, Caicedo explica que él estructuró el consorcio y el proyecto para vender ventiladores, que Diversified aportó el contacto con la fabricante china Aeonmed, y que Hospimedica se encargó de su instalación y seguimiento cuando llegaron al país.
Dijo que terminó invitado a cotizar a pesar de no tener experiencia relacionada con equipos médicos porque conocía a personas encargadas de estructurar los procesos de selección: “tengo 62 años y he sido consultor y he trabajado en las infraestructuras del país y conozco a esos muchachos”, indicó.
En cuanto a la vinculación de Luis Velásquez Rosas, explicó que pidió explicaciones a Diversified tras las preguntas que le enviamos, y que la respuesta fue que el venezolano ya no tiene relación con la empresa.
La empresa de Caicedo no reportó dentro de sus estados financieros de 2020 los ingresos que le representaba ese contrato con respecto a su porcentaje de participación. Caicedo explicó que se debe a que el contrato aún está en proceso de liquidación con la subcuenta.
5. La constructora cuestionada que lideró consorcio de 23 mil millones en batas
El Consorcio Batas ADN se ganó dos contratos para vender batas hospitalarias: uno por 15.589 millones de pesos por 1,7 millones de batas reutilizables, y otro por 8.087 millones por 1,3 millones de batas no estériles antifluido.
La Ungrd lo seleccionó luego de enviar solicitudes de cotización a 300 potenciales proveedores, de los que evalúo a los 10 que ofrecieron mejores precios. En el proceso de 15 mil millones, Batas ADN fue el único que cumplió todos los requisitos.
El consorcio lo conforman dos empresas que se dedican a otros asuntos
- Inversiones Grandes Vías, con el 70 por ciento de la participación en la sociedad, se dedica a obras de infraestructura vial y similares
- Animal Diagnostic, con el 30 por ciento restante, tiene experiencia en vender insumos para pruebas de laboratorio en animales.
Los dos contratos fueron muy importantes para las dos empresas en medio del frenazo económico por la pandemia: sumaron el 48 por ciento de todos los ingresos de Grandes Vías y llevaron a Animal Diagnostic a triplicar los ingresos de 2019, antes de la crisis.
Lo más llamativo del negocio es que Grandes Vías tiene una historia con cuestionamientos en sus contratos con el Estado.
Creada en Cartagena, en 2020 movió su sede a Bogotá. Sus dueños son Miguel Castillo Baute (con el 80 por ciento de las acciones), y Jaime José Barrios Redondo (con el 20 por ciento). Barrios Redondo figura como representante legal.
Según su Registro Único de Proponentes ha ejecutado al menos 140 contratos con el Estado, de todos los tamaños pero siempre para hacer obras públicas. Suele actuar en asociación con otras empresas.
El más reciente que encontramos fue con Vallecaucana de Aguas para ejecutar el plan de obras públicas de esa empresa por 4.045 millones. Lo firmó como parte de un consorcio del que tiene el 70% de participación.
Aunque ha ejecutado recursos en varias regiones, se mueve principalmente en el Caribe y particularmente en La Guajira. Allí ha estado en consorcios y uniones temporales que han terminado cuestionadas por cómo recibieron los contratos o por su ejecución.
Por ejemplo, Grandes Vías fue socia de Decar Solano, ingeniero aliado del condenado exgobernador Kiko Gómez, en megacontratos que sirvieron a Solano para convertirse en un gran contratista; también estuvo entre los constructores de un puente que terminó denunciado por retrasos y dudas en la ejecución de los recursos.
En 2016 la Auditoría General publicó un informe que retomó la Contraloría sobre presunta corrupción en la contratación en La Guajira. Determinó que la plata se concentraba en pocos contratistas y que el que más recursos ejecutaba era el de Miguel Camilo los Castillo Baute y su hermano David Ricardo.
Ese mismo año la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que un consorcio en el que estaban Grandes Vías y David Castillo Baute le causó perjuicios a Aguas de Cundinamarca por el incumplimiento de un contrato adjudicado en 2007, y los condenó, junto a sus demás socios, a pagar esos perjuicios.
Ese mismo año la veeduría de Funcicar encontró que Grandes Vías tenía 6 sanciones por incumplimientos y problemas en obras civiles entre 2011 y 2014. Hoy no aparecen multas ni sanciones en el Rues.
En 2020, la Contraloría hizo tres anuncios de obras relacionadas con Grandes Vías o Miguel Cuello Baute. Uno en Sucre por una obra vial con deterioro prematuro; otro en Tolima por irregularidades en la construcción de un acueducto; y otro en La Guajira por retrasos en obras de un parador turístico.
Castillo Baute ha estado envuelto directamente en señalamientos por líos similares. En 2015 el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería, Copnia, concluyó que un anticipo de una obra que ganó en 2007 “no fue invertido en la obra” y por eso le suspendió su licencia profesional de ingeniero entre 2015 y 2017. Castillo demandó al Copnia por esa decisión y a cierre de 2020 esa entidad reveló que tenía una “probabilidad alta” de perder ese proceso.
Su socio Jaime José Barrios Redondo ha sido menos visible pero tiene una red de relaciones similar.
Además de Grandes Vías, es representante legal de RAM Proyectos e Ingeniería, una firma que creó en diciembre de 2019 Alfredo Jesús Amín Yaber, hijo de Alfredo Amín Pretel, abogado y contratista que terminó enredado con la justicia por presuntas irregularidades en la adquisición de predios para la construcción del Sistema Masivo de Transporte de Cartagena, Transcaribe.
Amín Yaber figura en al menos otras cuatro empresas que contratan con el sector público y que han sido socias de Grandes Vías en la ejecución de contratos por varios miles de millones de pesos como aquí y aquí. También ha tenido cuestionamientos por la ejecución de sus contratos.
Sobre el consorcio de las batas, Barrios le dijo a La Silla que Grandes Vías aportó con sus indicadores financieros y que Animal Diagnostic fue quien los ejecutó. Es decir, que los contratistas viales pusieron el músculo financiero y la empresas de pruebas veterinarias hizo el resto.
Barrios nos entregó un número de contacto para hablar con Animal Diagnostic, pero no respondieron llamadas ni mensajes. También intentamos contactarlos a través del número registrado en Cámara de Comercio pero no obtuvimos respuesta.
Tiene un proceso por incumplimiento parcial de uno de los contratos.
6. Los tapabocas que llevan a vacas gordas
Como Martinicas Vaquero y UB SAS, varias empresas se reinventaron como proveedores de insumos médicos a la Subcuenta y se dispararon económicamente gracias a ello en plena pandemia:
- Los dos socios de la Unión Temporal Sama Nissi, contratada para vender tapabocas N95 por 30 mil millones de pesos.
Sama Distribuidora, que había sido proveedoras del Estado en la adecuación de zonas veredales de transición que se crearon tras la firma del Acuerdo con las Farc, multiplicó sus ingresos de 1.886 a 6.551 millones de pesos.
Distribuidora Nissi, que tenía esa misma experiencia, pasó de 2659 a los 9.386 millones de pesos.
- Los dos socios de la Unión Temporal Convines, contratada para suministrar 18 mil millones de pesos en N95.
Conviest, empresas cuya experiencia principal está en contratos de software y hardware, pasó de 300 a más de 5 mil millones de pesos en ingresos
Nueva Era, con la misma experiencia, logró pasar la pandemia sin registrar un descenso en su balance.
Uno de los socios de la Unión Temporal Tapabocas Ungrd OWS que suministró tapabocas especializados N95 por 39 mil millones de pesos.
Es One Work Shop, una empresa de publicidad que tuvo el 28 por ciento de la unión temporal. Duplicó sus ingresos en plena pandemia, de 7,587 a 15.644. Con eso logró aumentar sus utilidades de 644 a 1.063 millones de pesos.
Ninguno de los otros miembros (una empresa de litografía, una comercializadora y una fábrica de ropa y calzado) tuvieron un aumento similar.
Ñapa: no es fácil pasar de balas a batas
Majosum fue contratada para vender 1,1 millones de batas por 14.224 millones de pesos, y es uno de los cuatro contratistas, de 127, que hasta el 16 de julio tenían con un proceso jurídico por incumplimiento.
Majosum tenía experiencia en vender municiones a las Fuerzas Armadas y representa en Colombia a dos proveedoras de balas, JL Kaya y la brasileña El Cóndor. De hecho, le vendió municiones no letales a la Policía por 7.757 millones de pesos para contener las protestas del paro de este año.
Tiene un proceso abierto en la Ungrd por incumplimiento. Según una fuente de adentro, habría incumplido completamente el contrato.
Esta es la base de datos completa de los 127 contratos que ha publicado la Ungrd sobre la inversión de la plata para atender la pandemia.
