Desde el año pasado Rodolfo Hernández empezó a promover sus “contratos sociales”, una serie de promesas de campaña dirigidas a grupos poblacionales específicos, como vigilantes o amas de casa. Aunque no incluyó todas las propuestas, que difundió en redes sociales, usó el nombre para bautizar su programa de gobierno: el “Nuevo contrato social con Colombia”.
Son 299 propuestas, en un documento de 76 páginas, centradas en la lucha contra la corrupción. Algunas se podrían materializar con simples directrices de transparencia y austeridad. Pero hay otras que van más allá de las capacidades del presidente, tanto presupuestal como legalmente. Estas son algunas de las más llamativas.
Las recompensas contra la corrupción
En su cruzada anticorrupción, Hernández tiene propuestas de austeridad y transparencia transversales a todos los ejes de inversión del Estado. Propone crear un instituto de devolución de dinero robado por la corrupción. Con él, el exalcalde se compromete a entregar recompensas a los ciudadanos que denuncien prácticas corruptas “hasta con el 20 por ciento de lo recuperado”.
También se compromete a remunerar a las veedurías ciudadanas y a pagarles recompensas.
Para promover que los alcaldes y gobernadores sean administradores más eficientes (transparentes, que hagan buen uso de los recursos y que las necesidades básicas del municipio estén cubiertas) promoverá una ley que premie sus buenas prácticas con más recursos del presupuesto nacional.
Rodolfo propone crear un paredón contra los funcionarios que cometan prácticas corruptas y liderar “ejercicios de magistratura moral”, a través de una “conferencia de prensa matutina” semanal. Algo muy similar a lo que hizo cuando fue el primer mandatario en Bucaramanga con su programa por Facebook en vivo ‘Hable con el Alcalde’. En ese espacio regañó públicamente a varios funcionarios, como con los bomberos, a quienes llamó “gordos y perezosos”.
En términos de reformas al Estado, propone cambiar el mecanismo de elección del fiscal general, para que sea elegido por voto popular. Además, pasar una ley para que los delitos de corrupción de servidores y funcionarios públicos no prescriban y que sus recursos económicos sean fiscalizados con especial atención.
Bajar el IVA al 10%
En materia tributaria propone una reforma de un solo punto: bajar el IVA del 19 al 10 por ciento, manteniendo los productos de la canasta familiar libres de ese impuesto, lo que golpearía la fuente del 22 por ciento del recaudo de impuestos.
Más allá, Hernández dice que las reformas tributarias han sido el mecanismo de los gobiernos para tapar huecos fiscales, incrementando cada vez más los impuestos y afectando a la gente que produce dinero. Por eso, asegura que en un eventual gobierno suyo no habría reformas de este tipo.
Por otro lado, aunque Hernández dice que la canasta familiar seguiría exenta, sí reclasificaría otros bienes y servicios que hoy no pagan IVA. De modo que su propuesta no solo implica disminuir el valor del IVA sino empezar a cobrar ese impuesto por otras cosas que hoy no lo pagan, aunque no dice cuáles.
En medio de eso, Hernández propone eliminar la devolución del IVA, una fórmula bajo la cual algunos productores pueden recuperar el valor que pagaron por ese impuesto al comprar ciertos insumos.
Dice que así se disminuya el IVA, al hacer que todos paguen el mismo porcentaje (que nadie evada), se mantendría el equilibrio en el recaudo.
Cobertura universitaria del 100% condonando deudas del Icetex
Por un lado, reformando el sistema de admisiones a las universidades públicas. Su idea es que cualquier bachiller tenga un cupo asegurado al primer semestre de la carrera que escoja y si logra buenas notas, pueda continuar. Es decir, esos primeros meses de carrera serían el examen de ingreso a las universidades públicas, lo que garantizaría una cobertura plena en educación superior. En educación primaria le apuesta a duplicar el número de niños en jornada única.
Por otro lado, Hernández propone condonar “progresivamente” las deudas de los estudiantes que tengan un crédito educativo con el Icetex. Para elegir a los primeros beneficiarios aplicaría tres filtros: estudiantes que estén activos en el sistema, aquellos que obtengan los mejores promedios y que sean de estrato 1 y 2. Actualmente hay 293.427 estudiantes de esos estratos con créditos activos.
Una vez canceladas las deudas de estudiantes de universidades públicas, el Icetex se convertiría en una entidad que solo otorgue préstamos a quienes quieran estudiar en universidades privadas o extranjeras, pero manteniendo intereses bajos.
El programa de Gobierno no menciona de dónde saldría la plata para tapar el hueco de los créditos del Icetex que ya no pagarían los estudiantes. Según las cifras del Gobierno actual, la deuda entre estudiantes de estratos uno, dos y tres, 7.7 billones de pesos (casi un punto porcentual del PIB).
En uno de sus videos virales de Facebook dijo que en vez de reformar el Icetex, lo eliminaría. También, dijo que reduciría los gastos del Departamento Administrativo de la Presidencia (que según sus cálculos ascienden a 1 billón 650 mil millones de pesos al año) y que de ahí sacaría la plata para subsidiar las deudas de los estudiantes más pobres con el Icetex.
Subsidios a los pobres y reducción de peajes
En un párrafo de su programa de gobierno propone una renta básica para “todos los adultos mayores que no alcanzaron a cumplir los requisitos básicos del sistema pensional”, unas cinco millones de personas.
Además, planea tramitar una ley para que todas las alcaldías y gobernaciones estén obligadas a vincular a su personal a un 20 por ciento de madres cabeza de familia capacitadas.
Por otro lado, reducir el costo de los peajes es una de las propuestas con más despliegue en el apartado de transporte del programa de Hernández. Para disminuir todas las tarifas en el país, propone dos cosas.
Primero, revisar las condiciones de las vías construidas por concesión para evitar los “costos abusivos” detrás de los peajes. Su idea es que se logren acuerdos con los contratistas para reducir los precios. Si no logran acordar, su Gobierno emprendería procesos jurídicos argumentando desequilibrio financiero.
Eso es muy parecido a lo que quiso hacer como alcalde de Bucaramanga con los contratos de concesión para operar Metrolínea, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Sin embargo, no logró renegociar y tampoco hubo pelea judicial.
Segundo, que no toda la carga de construir una vía sea para la concesionaria, sino que las personas a quienes se les valorice la tierra por dicha obra también ayuden a pagarla.
Otrosí para firmar la paz con el ELN
Fiel a su estilo empresarial de Gobierno, en el que la gestión debe simplificarse al máximo para obtener las mayores ventajas posibles, propone abrir “un proceso de acercamiento del ELN” basado en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.
Para este “otrosí” dice que escuchará las consideraciones de esa guerrilla. Pero aclara en su programa que no se instalarán nuevas mesas de negociación que impliquen diálogos “interminables”.
Esta propuesta no considera que el ELN manifestó que no seguiría el modelo de negociación con las Farc, pues no responde a su estructura vertical de mando, ni contempla temas cruciales para ellos como la política minero energética.
Dosis controladas a adictos
El exalcalde propone hacer un censo de adictos a las drogas e iniciar un tratamiento de dispensación de alucinógenos en centros de atención especializados para ello.
Ese es un tratamiento exitoso, por ejemplo, en Suiza, donde desde los noventa se desarrolló una política pública para sacar a los adictos a la heroína de las calles a punta de dosis controladas de la misma sustancia.
La creación de los centros de atención, según el programa de Rodolfo, buscaría que los adictos puedan acceder a sus dosis de manera controlada y así combatir la indigencia y el riesgo que implica que se metan a las ollas a buscar la droga.
En su programa, el exalcalde no tiene una política clara y directa contra el narcotráfico, pero con esta propuesta, según dice el documento, su apuesta es “le quitaremos los consumidores a la droga y a las mafias del negocio”.
Colonias penales agrícolas
La principal apuesta en materia carcelaria de Hernández es la “Ciudad resocializadora”: consiste en mover las 132 cárceles a campos abiertos en los que los reclusos puedan trabajar la tierra y adelantar pequeñas iniciativas industriales, al estilo de las colonias penales que ya se han probado en el país.
En Colombia, se empezaron a implementar en el siglo XIX, bajo un modelo más de trabajos forzados que de resocialización, y se expandieron en el siglo pasado, con la Isla Prisión Gorgona como el ejemplo más célebre.
En la actualidad solo hay un proyecto de ese tipo y con una visión más de reintegración a la sociedad: es la Colonia Agrícola de Acacías (Meta), donde 1.242 internos se dividen en siete campamentos en los que se adelantan 13 programas de porcicultura, avicultura, pesca, panadería, ebanistería y sastrería, entre otros.
Con esto, Hernández apunta a varios temas: mejorar las condiciones de vida de los reclusos, hacer que las cárceles sean autosostenibles y eliminar los tratos preferenciales al interior de las mismas.
Pero Hernández no explica a dónde trasladaría a los cerca de 98 mil reclusos que actualmente hay en el país y cómo superaría el grave problema de hacinamiento carcelario, que asciende al 20 por ciento de sobrecupo.
Aldeas rurales para los campesinos
Uno de los ejes clave para Hernández es la vivienda, pues se hizo rico construyendo y financiándola para los más pobres. Entre sus propuestas en esa materia, la más llamativa es ejecutar un programa de vivienda rural enfocado a la creación de aldeas rurales integrales.
Es decir, más allá de hacerle casas a los campesinos, Hernández se compromete a construirlas como pequeñas urbes con dotación básica. Dice que tendrían “centros de acopio de bienestar”, donde se prestarían servicios de salud y educación, aunque no aclara en qué niveles o si se trataría más bien de dotar salones comunales.
También dice que implementaría paneles solares y pozos sépticos para las aguas residuales. No menciona el servicio de acueducto, otra gran brecha en lo rural.
Dice que las aldeas se harían acordes al concepto de Vivienda de Interés Cultural, VIC, incluido en la ley de vivienda 2079 de 2021. Hacer VIC implica que su diseño, las técnicas de construcción, los materiales y hasta la financiación sean acordes a las costumbres de la población, y que haya consenso de las obras con las comunidades e inclusión de mano de obra local.
Hernández dice que el programa empezaría en la costa del Pacífico y luego la Atlántica, y que el área mínima sería de 60 metros cuadrados.
