A dos días de la nueva legislatura, las tres reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso están quietas. Este 20 de julio empieza la segunda legislatura y desde que se acabaron las sesiones extra, hace casi un mes, las conversaciones entre el gobierno, los empresarios y los congresistas han estado apagadas. Más allá de encuentros informales, las discusiones profundas no trascienden de los equipos técnicos de los ministerios involucrados, como el de Hacienda y el de Trabajo.
“Se nota mucho la salida de Laura Sarabia. Yo no veo a los ministros haciendo nada estructural. Parece que no tienen clara la línea y que su conversación con el presidente no es tan fluida”, le dijo a La Silla un líder gremial que pidió no revelar su identidad para poder dar más detalles. Esa posición se confirmó con al menos cinco funcionarios de gobierno y empresarios que participan de los debates de las reformas.
Desde el fin de la pasada legislatura el gobierno no se ha reunido con las bancadas de otros partidos. Y en la última cita convocada por el Pacto Histórico para definir la estrategia, el presidente Petro no llegó.
Esta es la radiografía de las tres reformas, 48 horas antes del inicio de una legislatura que estará cruzada por las elecciones regionales.
1. La reforma a la salud
¿En qué quedó?
El 23 de mayo, la reforma de salud fue aprobada en primer debate por la Comisión séptima de Cámara de Representantes. El proyecto quedó de 117 artículos y mantiene el corazón de la reforma: que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no manejen la plata de la salud, sino que se haga un giro directo del Estado a los hospitales y clínicas que atienden a las personas.
Desde campaña, Petro insistió en que los recursos no deberían ser manejados por privados, sino por el mismo Estado. Por eso, en la reforma la intermediación de los pagos a las EPS, con lo que manejaban unos 80 billones de pesos al año, se acaba. Pero aún podrán generar utilidades y mantener sus afiliados, como administradoras de facturas y procedimientos que hacen los hospitales y clínicas. Su nuevo nombre será el de Gestoras de Salud y Vida.
Esta reforma causó dos crisis ministeriales, incluyendo la salida de la primera ministra de Salud, Carolina Corcho. Tras su salida, y la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo, el proyecto pudo avanzar en primer debate en el Congreso gracias al apoyo de los congresistas liberales y de La U. Pero después de la crisis por el escándalo de Sarabia-Benedetti, el Congreso entró en plan tortuga. Y eso incluye a los partidos tradicionales, que le han retirado apoyos al gobierno.
Por eso es que aunque se agendó el segundo debate de la reforma, el gobierno no logró superar la fase de impedimentos. Y, de hecho, a esos debates ni siquiera asistieron congresistas de la U, Centro Democrático, conservadores y Cambio Radical.
Ahora hay un ambiente de más apertura y negociación entre el gobierno y las EPS. Eso responde a una clase de desesperación de ambas partes. Por un lado, el gobierno necesita pasar la reforma que más se le ha consumido capital político y, por el lado de las EPS, requieren conciliar para sobrevivir a su crisis financiera.
¿Cómo se ha transformado desde que se radicó?
La reforma a la salud fue la primera de seguridad social en llegar al Congreso, en febrero de 2023. Desde ese momento, el articulado cambió en puntos menores. Y en el primer debate se eliminaron nueve artículos y se incluyeron 14 más. Entre los artículos hundidos estaban cinco de los seis artículos en los que Petro pedía facultades extraordinarias, por ejemplo. Y solo le dejaron la facultad para capitalizar a la Nueva EPS, que es propiedad del Estado.
Otro de los cambios fue el de quitarle peso a la nueva estructura burocrática con la que se iba a tomar decisiones sobre el presupuesto que manejaría la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad social en Salud (Adres), el fondo público a donde llega la plata del sistema de salud.
Y en el debate también lograron incluir la figura de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que define el gobierno por cada afiliado del sistema. Hoy las EPS reciben ese monto y se encargan de administrar esos recursos, lo que incluye una tarea de aseguramiento. Con la reforma, según el gobierno, podrán cobrar un porcentaje y el aseguramiento queda en manos del Estado. Sin embargo, en el proyecto de ley, eso no es explícito y para las EPS eso todavía no queda claro.
Pronóstico en la nueva legislatura
De parte de las EPS y el gobierno hay una disposición a conciliar. Sin embargo, en el Congreso los apoyos todavía están enredados. Según un análisis de Orza, una firma especializada en el relacionamiento estratégico con el gobierno y el Congreso, que tiene un modelo estadístico para medir los apoyos en el Congreso, en este momento el gobierno no tiene las mayorías ni en Cámara ni en Senado. Y en la Comisión Séptima de ambas cámaras, donde están las tres reformas, el gobierno solo tiene 6 de 15 votos.
Por otro lado, según le confirmaron a La Silla los gremios de las EPS subsidiadas y del régimen contributivo, Gestarsalud y Acemi, todavía no se han reunido con el gobierno, ni el nuevo ministro Jaramillo para definir detalles y consensos de la reforma a la salud.
Como lo reveló La Silla hace unos días, a Jaramillo no le convence la reforma de salud que dejó la exministra de Salud, Carolina Corcho. Eso le da un poco más de espacio a los privados para negociar.
Y en reuniones con personas del sector salud, Jaramillo ha sido claro con que su estrategia es conciliar la reforma. “A mí me montaron en un tren que viene andando y yo lo tengo que sacar adelante”, dijo el ministro en esas conversaciones, según le contó a La Silla una persona que estuvo ahí y que pidió no revelar su identidad.
2. La reforma pensional
¿En qué quedó?
Esta es la reforma más avanzada del gobierno en el Congreso. Después de dos días de votaciones, el proyecto pasó en primer debate de la Comisión séptima de Senado con pocos cambios. Le faltan tres debates, primero en plenaria del Senado, luego en la Comisión Séptima de Cámara y, finalmente, en la plenaria de la Cámara.
El proyecto de reforma plantea que el sistema pensional opere como uno de pilares. Es decir, que los fondos privados de pensiones, que funcionan con un régimen de ahorro, y Colpensiones, que es de reparto, dejen de competir. Y el centro de la discusión ha girado en torno a cuántas personas cotizarían a las AFP y cuántas a Colpensiones, y cómo se administraría la plata nueva que entre al régimen público.
Sin embargo, en el debate estos artículos no se cambiaron estructuralmente.
¿Cómo se ha transformado desde que se radicó?
En el debate, el gobierno cedió en puntos menores, pero no en el corazón de la reforma. En el debate, el proyecto mantuvo el umbral de tres salarios mínimos para que las personas coticen obligatoriamente a Colpensiones. Y si ganan más de eso, entrarían a los fondos privados de pensiones. Eso dejaría casi el 90 por ciento de los cotizantes en el régimen público y marchitaría a las AFP.
Pese a los reparos de Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones, y analistas económicos que dicen que eso dejaría coja las inversiones que hacían los fondos con esa plata, el gobierno en el debate no cedió en ese punto.
En lo que sí cedió fue en el régimen de transición, que es al que clasifican ciertos grupos de personas para pensionarse con el sistema actual. En el proyecto inicial, eso aplicaba para personas que habían cotizado hasta 1.000 semanas. Pero en el debate eso quedó de 900 semanas para hombres y de 750 semanas para las mujeres.
El otro cambio fue en el fondo de ahorro, que será una especie de AFP pública en la que el gobierno va a ahorrar y a invertir la plata nueva que le entre a Colpensiones. En el proyecto blindan al fondo para que sus recursos solo se destinen a pensiones y a inversiones. Eso evitaría que esa plata, que podrían ser de entre 8 y 15 billones al año, sea utilizada como caja menor del gasto del gobierno.
Pronóstico en la nueva legislatura
Esta es la reforma que ha logrado más de consenso entre el gobierno, los privados y los congresistas. Sin embargo, el gobierno no ha vuelto a convocar reuniones con privados ni congresistas para definir los apoyos, según le confirmaron a La Silla dos funcionarios del gobierno que prefirieron no revelar su nombre.
Los fondos privados de pensiones, por ejemplo, no se han reunido con la ministra desde que el Congreso se fue a vacaciones. Y, por el lado del ministerio de Trabajo, le respondieron a La Silla que siguen trabajando en mesas técnicas internas para definir los próximos detalles de la reforma.
El centro de la puja será hasta dónde se baja el umbral a partir del cual las personas entran a Colpensiones y a los fondos privados. El argumento de los fondos privados es que dejar un umbral muy alto puede debilitar las inversiones que van a empresas o a financiar al gobierno con bonos de deuda pública. Además, eso dejaría cojos los ahorros de las pensiones, por ejemplo. Por eso, proponen que el umbral esté en al menos 1 o 1,5 salarios mínimos.
Pero, para el gobierno, eso significaría ceder en su argumento de que los fondos privados utilizan esos recursos para beneficio propio, y en la idea de que el dinero público no debería ser manejada por privados. Incluso, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dicho que de bajarse de los tres salarios mínimos la reforma “no valdría la pena”.
3. La reforma laboral
¿En qué quedó?
En la última semana que le quedaba a la reforma laboral para ser aprobada, el gobierno no consiguió el quórum para votarla y se hundió. Eso representó un golpe duro para el proyecto político del gobierno Petro, que defendía la idea de que hay que garantizarles los derechos a los trabajadores. Se trata de una ley clave para mantener el apoyo de los sindicatos que han sido el soporte popular de las modestas convocatorias de manifestaciones públicas del presidente Petro.
Aunque el gobierno consiguió que se aprobara la ponencia, no lograron avanzar en el primer debate de la reforma. El debate fue en los últimos días de sesiones en el Congreso cuando la coalición del gobierno ya estaba rota, y el escándalo de Sarabia-Benedetti ya había complicado las discusiones.
Para que el gobierno consiga pasar esa reforma, tendrá que radicar un nuevo proyecto en la legislatura que comienza este jueves. Inicialmente, habían anunciado que la presentarían el 20 de julio, pero el proyecto está quedado.
“La reforma laboral se tramitará, pero no el 20 de julio. La ministra Gloria Inés Ramírez nos comunicó que esperarán un par de días, tal vez semanas, para pulir esa reforma, pero la agenda se mantiene”, dijo en una entrevista David Racero, el congresista que presidió la Cámara a nombre del Pacto Histórico en la primera legislatura.
La Silla consultó con el ministerio de Trabajo y respondieron que continúan en mesas técnicas para presentar la reforma, y que aún no hay fechas definidas.
¿Cómo se ha transformado desde que se radicó?
La reforma proponía cambiar la jornada nocturna de 9 pm a 6 pm, aumentar los recargos por dominicales y festivos y darle más herramientas a los trabajadores para proteger sus empleos. También incluye fueros para ciertos grupos de personas como madres cabeza de hogar, personas con alguna discapacidad o aquellos que están en los sindicatos.
En la reforma también ponían el contrato a término indefinido como la regla general. Y eso incluía unas nuevas reglas para que los empresarios que tengan empleos que sean de necesidad permanente, no puedan hacer contratos por prestación de servicios o a término fijo. Y que, más bien, ofrezcan contratos a término indefinido.
El centro del debate es que, según empresarios e investigadores del Banco de la República, la reforma podría destruir empleos. Según un estudio del Banco, la reforma podría destruir hasta 700 mil empleos formales. Y, según Fenalco, el gremio de comerciantes, el proyecto subiría en un 35 por ciento los costos de contratación.
Pronóstico en la nueva legislatura
El proyecto todavía se está cocinando en el ministerio de Trabajo a puerta cerrada. Aunque la ministra de Trabajo se reunió ayer con sindicatos y representantes de trabajadores para hablar de la reforma, todavía no se ha citado con los empresarios. “Hemos pedido varias citas, pero no hemos podido hablar con la ministra”, le respondió un empresario a La Silla.
Al mismo tiempo que el gobierno consigue apoyos para sus otras reformas, sumado a la de educación, la laboral tiene menos chance de avanzar. Según se interpreta del análisis de Orza, esa es la reforma que menos probabilidades tiene de avanzar en un Congreso que, además, tendrá la atención dividida por las elecciones de octubre.
