La ponencia que comenzará a debatir la Comisión Primera tiene muchos aspectos positivos, incluyendo varias presunciones sobre la tenencia de mala fe de las tierras que será tema de un futuro artículo. Además, en la ponencia se propone que la ley se aplique para víctimas desde 1985 y no 1991, como veía, con lo que le servirá a más personas, incluyendo los miembros de la extinta UP.

Pero lo mejor de la ley es que viene firmada por todos los partidos del Congreso. Que senadores con tendencias ideológicas tan diferentes como Hemel Hurtado, del PIN, Juan Fernando Cristo, de los liberales, Jorge Londoño, de los verdes, Luis Carlos Avellaneda, del Polo, y Roy Barreras, de la U, lo firmen le da una alta legitimidad de arranque a esta importante discusión y le augura mayores posibilidades a esta ley de convertirse en una realidad que otros proyectos que arrancan con el sello de un partido en particular.
 

El nuevo proyecto de ley quitó un asunto que era importante para las víctimas e introdujo otros dos que expertos como los del Comité de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado dirigido por Luis Jorge Garay han señalado como problemáticos. Ninguno es fácil de resolver por temas prácticos y legales:

* Se enreda la posibilidad de que los financiadores de grupos armados ilegales contribuyan a la reparación de las víctimas: en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes se había aprobado la posibilidad de obligar a las empresas que habían financiado grupos armados ilegales a contribuir en la reparación de las víctimas con la misma cifra de dinero a la que habían entregado a la guerrilla o a los paramilitares, para lo cual los fiscales deberían abrir dentro del mismo proceso un incidente de reparación para que el representante de la empresa cuestionada asistiera. Es decir, el tema iría dentro del proceso de la vícitma.

Sin embargo, en el proyecto presentado al Senado, se cambió el mecanismo y ahora se pide que el Fiscal remita el expediente y las pruebas a otro fiscal para que investigue el delito de financiación a grupos armados ilegales en un proceso penal ordinario paralelo. Solo si la empresa es condenada en ese otro proceso podría ser obligado a reparar a las víctimas.

Miguel Samper, encargado del tema de justicia transicional en el Ministerio del Interior explicó a La Silla Vacía que la razón de esta modificación es que dentro de los términos legales de la Ley de Justicia y Paz no se puede establecer la responsabilidad penal de nadie que no haya pertenecido a un grupo armado ilegal, y por eso, entre otras razones, no se pueden juzgar a los financiadores. El problema de este cambio es que, dado lo que se demora un proceso penal ordinario, en el mejor de los casos la reparación de los financiadores se demorará varios años en llegar.

* El derecho de superficie: en este proyecto, los ponentes establecieron que cuando en la tierra de un desplazado, un nuevo poseedor de buena fe ya se encuentre operando un sistema de producción agrícola, pecuaria, forestal o agroforestal y/o plantas de procesamiento y transformación de materias primas, la familia despojada recibirá el título de propiedad de su bien pero no podrá trasladarse allí a explotarlo sino que recibirá a cambio una renta por el mismo. La lógica de esto, según explicó el Ministerio de Agricultura a La Silla Vacía, es que no tendría un sentido económico restituir tres o cuatro hectáreas que quedan dentro de un cultivo forestal, por ejemplo. Y que por eso tiene más sentido que la víctima tenga la propiedad y una renta. Aunque también le ofrecen la posibilidad de negociar con el nuevo dueño del cultivo una participación, es una alternativa que no suena muy realista.

Este punto ha sido objetado por la Comisión de Seguimiento a la Sentencia de Desplazados. “Lo anterior resultaría problemático para aquellas víctimas que desean retornar”, dice el documento de la Comisión de Verificación. “Esta situación podría (…) promover un acendrado rentismo, según el cual los desplazados y víctimas del despojo o abandono de tierras podrían seguir asentados en las ciudades y recibir los cánones de usufructo en razón a las actividades económicas que terceros estarían ejerciendo sobre las tierras inicialmente afectadas por la violencia o graves violaciones a los derechos humanos”.

* Dos causales de restitución imposible: el proyecto del Senado tiene un artículo que determina que cuando hay proyectos de utilidad pública o interés social, no se podrá hacer la restitución de la tierra a los desplazados sino que se les entregará otro bien inmueble o una compensación. La regla general para cualquier predio es que cuando se hace  un proyecto de utilidad pública, éste puede ser expropiado por el bien común.  Por eso el gobierno considera que, en estos casos, es más viable darle al desplazado otro predio o una restitución monetaria. El problema en el caso de las víctimas es que investigaciones como la realizada por la Procuraduría o la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) han señalado cómo parte del desplazamiento ha sido provocado en varias regiones por la instalación de megaproyectos. Inicialmente se había considerado que las concesiones mineras eran otra causal de restitución imposible, pero después de que el Polo dijo que no la firmaría si estaba eso incluido, lo retiraron.
 

Uno de los temas que más enredará la discusión de la ley no será ideológico, será de corte burocrático y partidista. La ponencia viene con la firma de todos los partidos, pero el senador Roy Barreras, uno de los líderes de la U y quien ha apoyado el proyecto desde el principio, dejó una constancia sobre su posición respecto a la entidad que debe manejar la implementación de la ley, lo cual promete ser un tema álgido de debate. Barreras propone que se cree una estructura para la atención y reparación de las víctimas al interior de Acción Social.

Los ponentes, sin embargo, cambiaron el texto aprobado en la Cámara y decidieron crear una Agencia Presidencial para la Atención y Reparación de las Víctimas. Esta idea, que es de los liberales pero con la cual Juan Manuel Santos está de acuerdo, es que los programas se identifican con las instituciones que las llevan a cabo: el plan de pobreza de Barco con el Plan Nacional de Rehabilitación, Familias en Acción de Uribe con Acción Social.

Y, como la relación de las víctimas con Acción Social durante el pasado gobierno no fue la mejor, consideran que es mejor crear una nueva institucionalidad así la gente que la integre venga íntegramente de Acción Social.

Ambas opciones tienen pros (ya Acción Social tiene la infraestructura, las bases de datos y la experiencia) y contras (tiene una relación difícil con las víctimas, es lenta), pero al final, hay una pelea política y burocrática de por medio. Acción Social es uno de los pocos fortines realmente uribistas que quedan en este gobierno y además es la entidad insigne del gobierno pasado. Cuando Luis Alfonso Hoyos estaba a cargo, el expresidente le transfirió todas las funciones sociales de su gobierno: atención a desplazados, erradicación manual, atención a damnificados, Familias en Acción, etc. Desmontar la entidad –así sea solo un cambio de nombre– implicaría desmontar otro bastión uribista, en lo simbólico y en lo burocrático.

Nota de la editora: después de publicada la historia, supimos que gracias a la presión del Polo se retiró de la ponencia la causal de restitución imposible por concesiones mineras. Ya quedó corregido.