Hoy, al mediodía, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas presentó el “proyecto de Ley de Financiamiento de la Paz, la Equidad y la Educación” , que en realidad no es solo una ley para financiar el hueco de 12,5 billones en el presupuesto para el 2015, sino una reforma tributaria. Estos son los cambios puntuales, los gruesos y los estructurales que propone el gobierno:
Hoy, al mediodía, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas presentó el “proyecto de Ley de Financiamiento de la Paz, la Equidad y la Educación” , que en realidad no es solo una ley para financiar el hueco de 12,5 billones en el presupuesto para el 2015, sino una reforma tributaria. Estos son los cambios puntuales, los gruesos y los estructurales que propone el gobierno:
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El impuesto a los movimientos financieros, que debería empezar a marchitarse en 2015 al bajar del 0,4 al 0,2 por ciento, se prolonga con la misma tarifa. Con la reforma bajaría al 0,3 por ciento solo en 2019 y se acabaría en 2022. Es la tercera vez que eso ocurre desde que el gobierno Pastrana lo creó como un impuesto temporal del 0,2 por ciento para financiar el salvamento de varios bancos en 1999.
Aunque desde ese entonces ha sido un impuesto temporal, los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos aumentaron la tarifa de 0,2 a 0,4 por ciento y lo fueron prorrogando. El año pasado la Dian recaudó 5,9 billones gracias a ese impuesto. Por lo tanto, al mantenerlo en 0,4 por ciento Cárdenas lograría llenar unos 3 billones de pesos del hueco que se iba a armar por la reducción a la mitad de este impuesto.
El impuesto tiene la ventaja de que se recauda muy fácil (la Dian solo tiene que vigilar a los bancos). Pero tiene la desventaja de que, al hacer más caras las transacciones en el sector bancario, desestimula que la gente use el sistema financiero.
Y si la gente opta por hacer más transacciones en efectivo, el recaudo de otros impuestos como el IVA se ven golpeados porque estos movimientos son más difíciles de rastrear.
Se prorroga el impuesto al patrimonio (aunque tenga otro nombre)
El nuevo impuesto a la riqueza representa una derrota parcial de los empresarios, agrupados en gremios como la ANDI. Aunque lograron que no se aumentaran las tarifas ni bajara el piso desde el cual se empieza a cobrar, no lograron que se eliminara totalmente.
Varias cosas son idénticas al impuesto al patrimonio: es temporal por cuatro años (de 2015 a 2018); se va a cobrar sobre los patrimonios de mil millones de pesos o más (sin incluir las acciones en empresas colombianas ni la residencia de una persona, hasta un límite de unos 360 millones de pesos); ese cálculo se hace en una fecha determinada (el primero de enero de 2015: quien luego se quiebre seguirá pagando y quien luego se enriquezca y tenga más de mil millones no va a pagar); y la tarifa crece a medida que el patrimonio es más alto (aunque en ese punto hay alguna diferencia porque cambiaron las tarifas).
La ventaja de decir que es un impuesto nuevo es que los contratos de estabilidad que firmó el gobierno no protegen a quienes los firmaron de nuevos impuestos.
Al final, en los cuatro años, las 35 mil empresas y 50 mil personas que Cárdenas dijo que calcula que lo van a pagar, terminarán dándole al Estado entre el 0,8 y el 6 por ciento de su patrimonio.
Como explicó La Silla, en principio su ventaja es que pone a pagar a los que tienen más dinero y que incentiva que quienes tienen capital lo pongan a rentar para poder pagar el impuesto.
El problema, como mostró Dinero en su edición de hoy, es que su estructura lo hace desigual. Por ejemplo, es más pesado para quienes tienen inmuebles que para los dueños de empresas y golpea más a las empresas que compran bienes nuevos que a las que los tienen más viejos.
No más devolución de IVA por pagar con tarjetas
Esta propuesta busca ahorrarle unos 400 mil millones de pesos al Estado. Elimina, además, una medida que es regresiva porque le rebaja impuestos a las clases medias y altas, y sobre todo le quita a la Dian un gran chicharrón de encima.
Desde el 2004 las personas que pagan con tarjetas débito o crédito tiene derecho a que les devuelvan una parte del IVA (el dos por ciento). La idea era incentivar que más gente usara sus tarjetas, llevandolas a entrar en el sistema financiero o a usarlo más. A su vez, eso le daría más información a la Dian sobre sus transacciones.
El problema es que cuando en la reforma tributaria de 2012 se cambió el IVA por el impuesto al consumo en los restaurantes (excepto lo de cadena), la Dian se demoró en devolverlo porque había un problema en los sistemas de información, e incluso en algunos casos no lo hizo (por lo que hay riesgo de demandas).
Aunque el impacto sobre los ingresos de la Nación es relativamente pequeño, esa eliminación le quitaría a la Dian una carga administrativa grande, pues ya no tendría que revisar millones de transacciones diarias en más de 200 mil datáfonos que hay en el país.
Aumenta el Cree
Este impuesto a las utilidades de las empresas, que creó la reforma de 2012 para reemplazar los parafiscales, era del 8 por ciento, pero tenía una sobretasa hasta el 2015 de un uno por ciento más. Esta reforma propone convertir lo temporal en permanente y dejarla definitivamente en el nueve por ciento.
Esta otra medida es una derrota de los empresarios; por ejemplo, el Consejo Gremial proponía crear más bien una sobretasa al impuesto de renta por un solo año. Ahora las más de 20 mil empresas que tienen más de mil millones de pesos de utilidades pagarán más impuestos.
Según lo recaudado hasta agosto por este impuesto (que es la cifra más reciente que tiene la Dian), eso equivale a unos 2 billones de pesos.
Dientes contra la evasión
Las medidas contra la evasión son quizás la propuesta más estructural de la reforma: los cálculos de la Dian señalan que por este camino se pierden entre 22 y 49 billones de pesos al año, casi el triple del hueco fiscal y más que lo que se recauda por IVA.
La propuesta de Cárdenas tiene tres patas.
La primera es que quienes tienen un capital que no han declarado, puedan contárselo a la Dian sin que eso afecte sus declaraciones pasadas, pero pagando un porcentaje del valor de ese capital en un nuevo tributo llamado “Impuesto complementario de normalización tributaria”. Si lo hacen en 2015 deben pagar el 10 por ciento sobre la plata que no habían declarado antes; si es en 2016 es el 15; y si es en 2017 es el 20.
Esta es una fórmula creativa para solucionar un dilema que tiene el Estado: la Corte Constitucional ha tumbado la estrategia de dar amnistías (no cobrar impuestos) a cambio de que la gente revele que tiene ese dinero afuera, pero eso deja al Estado sin saber que lo tiene.
Su impacto puede ser muy grande porque muchos de los colombianos más ricos tienen plata afuera sin declarar. Aunque no es fácil saber cuánto suman esos capitales, según el director de la Dian Santiago Rojas, son entre 20 y 40 mil millones de dólares. Su antecesor, Juan Ricardo Ortega, dijo hace un años que eso le cuesta al país unos 4 billones de pesos al año, casi lo mismo que el impuesto a la riqueza. Y eso sin contar los activos ocultos en Colombia.
La segunda es crear una declaración especial, paralela a la declaración de renta, para que las personas que tienen activos en el exterior los declaren, explicando además dónde están ubicados. Esto, más los convenios de intercambio de información que está firmando Colombia con varios países, busca que la Dian tenga una información mínima para encontrar esa plata oculta en el exterior.
Y la tercera es crear un nuevo delito, llamado “omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”, para sancionar las mentiras en las declaraciones de renta, Cree o a la riqueza. Esto sancionaría con entre cuatro y nueve años de cárcel a quienes evadan esos impuestos. Esta pena, sin embargo, lo más seguro es que se caiga porque es uno de los puntos contra los cuales algunos de los grandes empresarios más se han movido.
La revisión de lo que pagan las fundaciones
Otro de los huecos grandes a la hora de recaudar impuestos son las entidades sin ánimo de lucro, que son usadas en muchas ocasiones para ocultar ingresos y para hacer contratos irregulares con el Estado porque tienen un régimen especial y mucho más laxo a la hora de declarar sus ingresos.
La limitación es que la reforma solo pone el tema sobre el tapete, pues no propone fórmulas para evitar ese hueco sino que crea una “comisión de alto nivel” para buscarlas. Sin embargo, el meter el tema en la reforma abre el camino para que en el trámite en el Congreso se debata el tema y eventualmente haya cambios específicos. Sobre todo porque no existe un lobby fuerte y organizado de este sector.
