Gustavo Petro y Rodolfo Hernández proponen en sus programas de gobierno llevar a Colombia hacía una paz verdadera. Pero sus principales recetas para lograrlo son muy diferentes. Desde el diagnóstico hasta las implicaciones de sus propuestas.

El diagnóstico: la política de la muerte vs. corrupción

Tanto Hernández como Petro creen en la disputada teoría de las “causas objetivas” del conflicto. Pero para el primero, lo que está en la raíz del conflicto es la corrupción de la clase política que genera pobreza, la cual es la generadora de violencia. Mientras que Petro considera que hay un sistema injusto que genera violencia.

Esta visión de Hernández la trae desde su paso por la Alcaldía de Bucaramanga. “La Policía no puede reprimir a la ciudadanía para controlar el atraco, la violencia o el homicidio. Yo digo que la única manera de bajar los índices de inseguridad es que la gente tenga plata en el bolsillo”, dijo Hernández en 2018, ante una coyuntura de inseguridad, la cual empeoró durante su mandato.

La visión de Petro se traduce en que no solo hay que mejorar las condiciones sociales sino que es necesario cambiar lo que llama la “política de la muerte”, un concepto que abarca desde los indicadores de bajas como medida de éxito de la política de seguridad hasta medidas que afectaban a los humedales en Bogotá durante las administración de Peñalosa. En concreto, en la seguridad, implica cambiar el paradigma de la seguridad nacional con el que ha funcionado la Fuerza Pública en Colombia.

Sus propuestas: cuatro propuestas que los separan

  • Frente a la Fuerza Pública: revolcón estructural vs. fortalecer la inercia con menos corrupción

Tanto Petro como Hernández coinciden en que es necesario devolver la legitimidad a la Fuerza Pública después de los abusos de autoridad de la Policía durante el estallido social y operaciones militares cuestionadas por el asesinato de civiles y menores de edad durante este gobierno. La solución que proponen sí es diametralmente opuesta.

Petro propone una reforma estructural al sector de seguridad. Promete una reforma tanto de la Policía como del Ejército que pasa por fortalecer el liderazgo civil; cambiar a la Policía del Ministerio de Defensa al ministerio del Interior o de Justicia; desmontar el Esmad de la Policía; cambiar el paradigma de lucha contra las drogas; garantizar formación superior y  Derechos Humanos para  profesionalizarlos;  democratizar el sistema de ascensos para que los soldados rasos tengan la misma posibilidad de ascender que los oficiales; acabar el fuero de los policías; y, lo más importante, cambiar la doctrina de seguridad nacional con la que ha funcionado la Fuerza Pública en el país.

“Queremos cambiar la doctrina anticuada de la seguridad nacional. No queremos que las Fuerzas Armadas funcionen como un Ejército de ocupación que llega a los territorios buscando cuáles son los enemigos del Estado”, dice el asesor de seguridad de Petro, Víctor Gaviria. Según él, el Ejército cuando va a zonas complejas donde funcionan economías ilícitas ven a la población como cómplice de los criminales.

La propuesta de Petro en el programa de gobierno es que el Ejército se enfoque en la defensa de la soberanía.

La propuesta de Rodolfo lejos de restringir a las Fuerzas Militares busca mantener su autonomía.

Hernández criticó a la Policía por los abusos de autoridad cometidos durante el estallido social del año pasado, y en línea con su discurso de austeridad también cuestionó privilegios de la Fuerza Pública como los esquemas de jubilación temprana de oficiales que trabajan en labores de apoyo administrativo.

Pero lejos de proponer una reforma a la Policía o al Ejército, el candidato plantea mantener sus competencias actuales, aumentar los sueldos de sus miembros y fortalecer el sistema de justicia penal militar. Lo que sí propone es mayor capacitación y formación en derechos humanos.

  • Frente al crimen organizado: política de sometimiento vs. profundizar estrategia actual

Frente a cómo enfrentar a las organizaciones criminales, ni Petro ni Hernández ofrecen políticas claras y desarrolladas, pero difieren en las pocas propuestas que tienen.

Mientras el candidato de izquierda propone no continuar la guerra contra el narcotráfico.  dialogar con los grupos armados como el Clan del Golfo y disidencias para buscar su sometimiento a la justicia, el exalcalde de Bucaramanga dice que fortalecerá las unidades contra delitos especializados y atacará a los corruptos.

En el plan de gobierno de Petro no hay propuestas de choque contra el crimen organizado. Pero, desde el equipo asesor de seguridad de la campaña nos dijeron que el Ejército y la Policía seguirán combatiendo a los grupos delincuenciales.

La diferencia será que cambiará el paradigma de la guerra contra las drogas. Que según nos dijeron desde la campaña, se trata de que los militares y los policías se enfocarán en perseguir los grandes narcotraficantes, pero no atacar la cadena de producción del narcotráfico en los eslabones más bajos, como lo cocaleros. Además que se abrirán procesos de diálogo que lleven al sometimiento de estas organizaciones criminales a la justicia.

Por el lado de Rodolfo Hernández su propuesta de combate contra el crimen es continuar con las operaciones militares conjuntas con otras agencias del Estado, y controlar los delitos transnacionales con énfasis en el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. También propone crear equipos especializados para combatir delitos que van desde la deforestación hasta la minería ilegal.

Es decir, profundiza la estrategia que viene del gobierno actual de Iván Duque. También, fiel a su discurso, Hernández propone una política de “cero impunidad”, especialmente contra políticos corruptos, que son para él la mayor fuente de inseguridad en el país. 

  • Frente a procesos de paz: diálogo amplio con actores armados vs proceso exprés con el ELN

Los dos candidatos que se disputan la segunda vuelta coinciden en que van a implementar el Acuerdo de Paz con las Farc. Pero tienen grandes diferencias en cómo abrir nuevos procesos de diálogo con actores armados en el país.

Aunque Rodolfo Hernández votó No en el plebiscito de 2016, propone abrir un proceso de negociación exprés con la guerrilla del ELN para que firme un otrosí del Acuerdo de Paz que ya se hizo con las Farc. Más recientemente, ha dicho que si bien dialogará con esta guerrilla no quiere una negociación que “implique interminables conversaciones”.

Mientras que Petro sí propone un proceso amplio de diálogo con esa guerrilla y con grupos criminales para que se sometan a la justicia.

En específico, en su plan de gobierno Petro propone abrir un proceso de negociación con el ELN y el sometimiento a la justicia a lo que él llama grupos multicrimen, como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc. Pero, en sus declaraciones va más allá, y habla de promover “un perdón social”.

Aunque Petro ha sido ambiguo sobre el contenido de ese perdón, en el pasado ha estado de acuerdo con propuestas como una amnistía general – que la propuso el expresidente Álvaro Uribe–, con crear una JEP para narcotraficantes y para corruptos.

  • Frente a la implementación del Acuerdo: ir más allá del Acuerdo vs. cumplir el “cronograma”

El programa de Gustavo Petro es detallado en todas las acciones para cumplir con lo pactado con las Farc. Y, además, le agrega asuntos como el fortalecimiento a la reparación de víctimas y del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Rodolfo, por su parte, dijo recientemente que “se va a dedicar a la paz”, y ha insistido en que va a cumplir el Acuerdo de Paz a pesar de haber votado en su contra en el plebiscito. Pero no es fácil saber cómo lo implementará porque en su programa solo le dedica un párrafo a la implementación. Afirma que hará “evidente la voluntad” para implementar lo pactado y que cumplirá su cronograma. 

El riesgo: la politización de la Fuerza Pública vs. la falta de visión estratégica

Las recetas para solucionar el desafío en materia de seguridad y consolidación de la paz de los candidatos no son completas, según los expertos. Pero los riesgos de cara a un posible gobierno de cada uno son diferentes.

Con Petro está el riesgo de profundizar las tensiones que ya tiene con el Ejército.

Las tensiones de Petro con un sector del Ejército se han evidenciado en los comentarios del comandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Zapateiro, quien atacó al candidato cuando Petro denunció de manera genérica connivencia entre militares y Clan del Golfo. Y se podrían profundizar si decide poner en marcha las transformaciones estructurales que propone para la Fuerza Pública.

A un Ejército que ya está politizado, una reforma de este tipo lo volvería aún más beligerante y escalaría los riesgos de un choque entre la Fuerza Pública y su comandante en jefe.

También está el riesgo de que no hay claridad en el programa de gobierno de Petro de cuál sería su estrategia de combate a las organizaciones criminales o si solo apelará a la negociación con ellos y no es claro que pasaría si no se someten.

“Será una reforma gradual porque no podemos entrar a cambiar todo radicalmente por los mismos riesgos que implica hacer cambios en un cuerpo armado”, dice Víctor Gaviria, asesor en temas de seguridad en Petro. Quizá por el riesgo que encarna esta reforma, según nos confirmó una fuente de la campaña de Petro, el candidato ha considerado a oficiales militares retirados como posibles ministros de Defensa. Esto podría generar confianza en esta institución, pero iría en contra de su promesa de fortalecer el mando civil.

Con Hernández, el riesgo no es de choque con las Fuerzas Militares sino de ausencia de una visión estratégica propia para la seguridad.

“Él tiene una visión muy gerencial de mermar la pobreza y entregarle el manejo de la seguridad a la Policía o el Ejército”, dice María Victoria Llorente, directora del tanque de pensamiento Fundación Ideas para la Paz. Para ella el riesgo es que no haya un direccionamiento político y civil de la Fuerza Pública en su gobierno. 

Periodista de la Universidad de Antioquia. En La Silla Vacía empecé contando las movidas políticas de Antioquia como practicante, ahora escribo sobre el conflicto armado, las políticas de seguridad, la justicia transicional y los esfuerzos de paz en el país.