La Silla encontró cuatro ejemplos de proyectos de ley que los Ministerios están acomodando para que entren en el procedimiento que aterriza el Acuerdo de paz. La Presidencia tendrá la última palabra sobre su viabilidad.
Con el Fast Track andando en el Congreso los ministerios alistan ante la Presidencia los proyectos que pretenden pasar por la vía rápida, aprovechando el chance de poder sacarlos en días y no en años.
Como varios de ellos no necesariamente reglamentan puntos específicos del Acuerdo de Paz -que es el objetivo del Fast Track- se están esforzando por encontrarle una conexidad con el fin del conflicto.
El senador Jorge Enrique Robledo lleva varios días advirtiendo que “el fast track es una especie de democracia recortada que se entiende para resolver un problema anormal, pero no para una interpretación tramposa de los Acuerdos”, según le dijo a La Silla.
La Silla revisó en seis ministerios lo que tienen planeado presentar y encontró que si bien la mayoría de los proyectos que están en fila para estudio y radicación cumplen con el objetivo para la cual fue creada esta vía rápida, hay algunos que podrían ser polémicos si obtienen el visto bueno de la Secretaría Jurídica de Palacio, Cristina Pardo. Estos son algunos:
Capitalización de Satena
Objetivo: Inyectarle a la aerolínea estatal 142 mil millones de pesos para sanear deudas y comprar flota de aviones que puedan llegar a pistas pequeñas de aeropuertos en zonas alejadas del país.
Cómo lo argumentan: El viceministro de Defensa para el tema, el general (r) José Javier Pérez, nos dijo que “el proyecto debería ir porque con Satena apoyamos zonas en conflicto y eso ayuda a la conectividad con el país y a llevar progreso a los lugares apartados”.
El lado flaco del argumento: En el Acuerdo firmado no habla específicamente de la necesidad de refinanciar la empresa. Además, por la vía ordinaria del Congreso, fue aprobada una capitalización similar en 2011, pero el viceministro nos dijo que esa plata (98 mil millones de pesos) no alcanzó.
Reglamentación de las consultas previas
Objetivo: Reglamentar el procedimiento de consulta a las comunidades afro e indígenas cuando haya proyectos de impacto a sus comunidades. Para ello, el Gobierno busca crear una agencia encargada de la consulta a afros e indígenas en torno a los temas que los afectan directamente, ponerle tiempos a las consultas, tener un registro de comunidades, entre otros.
Cómo lo argumentan: Algunas reformas del Acuerdo de Paz, como las del punto agrario, requieren consulta previa y por lo tanto es importante reglamentarla.
El lado flaco del argumento: El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, lleva varios años planeando la reglamentación, y nunca ha podido sacarla porque ese proyecto tendría que ser consultado previamente con las comunidades y el gobierno no ha logrado hacerlo. Si bien el Acuerdo habla de la consulta previa como un derecho que debe ser garantizado, no expresa la necesidad de la regulación.
Reforma a las CAR
Objetivo: Desde el 2010 el Gobierno ha prometido una reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Iniciando 2011, hubo un proyecto de decreto para acabar con las 33 Corporaciones y dejar 17, cuyos directivos serían nombrados por el Presidente, pero fue declarado inconstitucional por la Corte, y después un proyecto para reformar el Sistema Nacional Ambiental quedó solo en anuncios. El año pasado, el actual ministro de Ambiente, Luis Guillermo Murillo, anunció un proyecto para fortalecer las Corporaciones “de cara al posconflicto”. La realidad detrás de estos esfuerzos frustrados de reforma es que las CAR son fortines electorales y es prácticamente imposible que los congresistas aprueben la reforma por la vía ordinaria.
Cómo lo argumentan: La idea del proyecto es que las CAR “materialicen la paz territorial, complementada con la paz ambiental”, según dijo Murillo a finales del año pasado. Además, el proyecto busca retomar la idea de que el Gobierno tenga una presencia más fuerte en las corporaciones, mejorar la transparencia y el sistema de rendición de cuentas.
El lado flaco del argumento: Si bien pasar la reforma por Fast Track evitaría la resistencia que normalmente tienen los congresistas porque ven en las CAR importantes fortines electorales, en el Acuerdo no hay mención sobre la necesidad de su fortalecimiento para aterrizar los puntos del texto.
Desarrollo minero territorial
Objetivo: Ordenar el modelo de desarrollo territorial para el uso del suelo, y que éste no sea solamente para el desarrollo agrícola, sino también para minería, hidrocarburos, servicios llamados ecosistémicos, como agua potable, destrucción de basuras, entre otros.
Cómo lo argumentan: Una alta fuente del Ministerio nos dijo que la idea es vincular este proyecto con el aterrizaje del punto 1, que tiene que ver con la reforma rural integral, más allá del punto de vista de la agricultura, sino también articulando la minería, los hidrocarburos y los servicios.
El lado flaco del argumento: En ninguna parte del texto del Acuerdo se habla explícitamente de temas minero energéticos. De hecho, el gran silencio del Acuerdo es sobre la minería legal o ilegal, negocio en el que las Farc han tenido una importante participación. Pero la fuente nos dijo que con el modelo, tal y como lo tienen pensado, esperan que pase el corte de Palacio.
