El tema de las pensiones de los congresistas nuevamente está prendido. El proyecto de ley que busca extender el aumento de pensión que tuvieron los congresistas a partir de 1992 a quienes ya estaban pensionados para esa fecha, vuelve a ser escándalo.
¿Cuál es el interés que tienen los congresistas en seguir tramitando un proyecto tan impopular, que en principio no los beneficia directamente, y frente al cual el Ministerio de Protección Social ya dio un concepto negativo y que le puede costar a la Nación hasta un billón de pesos?
Por un lado el proyecto podría beneficiar directamente a los padrinos políticos de los actuales congresistas. Pero además les da un argumento para reclamar un reajuste de pensión ahora que los regímenes especiales del Congreso se terminan en el 2010.
El proyecto
Este proyecto promovido por Aurelio Iragorri, senador de la U, tuvo como autores a varios senadores de La U, del Partido Conservador y de Cambio Radical. Fue radicado en agosto de 2008 con el objetivo de reinterpretar el artículo 17 de la ley 4 de 1992.
Esa ley determinó que los congresistas tenían derecho a pensionarse con una pensión mensual no inferior al 75 por ciento del sueldo mensual que tuvieron antes de pensionarse. El Gobierno, al reglamentar el tema a través de dos decretos, estableció que este aumento solo se aplicaría a los congresistas que se pensionaran después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, después de 1992. Y a los congresistas que ya estaban pensionados, se les calcularía la pensión sobre el 50 por ciento de su último salario mensual.
Los promotores de esta nueva ley, apelando al derecho a la igualdad, quieren que a los viejos congresistas se les aumente la pensión en un 25 por ciento para que queden al mismo nivel que los nuevos.
“Nosotros lo que hicimos fue interpretar la norma para promover que haya justicia con los ex congresistas que han prestado sus servicios al Congreso”, le dijo a La Silla Vacía Jorge Visbal, ex senador de La U que presentó este proyecto antes de renunciar a su curul porque está siendo investigado preliminarmente por parapolítica.
El senador conservador Eduardo Enríquez Maya, otro de los que aparecen firmando el proyecto, explicó que el argumento que le dio Aurelio Irragorrí para que él firmara el proyecto, es que el cálculo de las pensiones antes de 1992 tenía errores y que esta ley ayudaba a arreglarlos.
El impacto
La aprobación de este proyecto implicaría un costo de un billón de pesos para el Sistema Pensional, según denunció hoy en rueda de prensa el representante de Cambio Radical Germán Varón.
Además, el el Ministerio de Protección aseguró en un concepto el año pasado que la interpretación que los ponentes quieren hacerle a la ley 4 de 1992 viola la jurisprudencia de la Corte Constitucional pues, “so pretexto de una ley anterior, no se pueden introducir nuevos mandatos, ni realizar reformas (…) “no hay ningún pasaje oscuro que merezca interpretación”.
El Ministerio también asegura que el proyecto es inviable, pues en ninguna parte establece de dónde van a salir los recursos para pagar este reajuste pensional, que tendría que salir de las finanzas departamentales, entre otras fuentes.
Según fuentes de la oficina de Germán Varón, en el Fondo de Pensiones del Congreso hay acumuladas 280 demandas de congresistas pensionados antes de 1992 que argumentando violación del derecho a la igualdad, piden que se les reajuste la pensión. Si se aprueba este proyecto, el Fondo del Congreso que ya ha ganado 11 de estas demandas en primera instancia, tendría que pagarles.
Contra viento y marea
Pese a todos estos reparos y a la férrea oposición de un grupo de congresistas encabezado por el representante Germán Varón, el proyecto ya pasó dos debates en el Senado y ahora llegó a la Cámara, donde ya se rumora que tiene ponente que lo defienda: el representante liberal Carlos Arturo Piedrahíta.
La hipótesis de por qué un grupo de congresistas insiste en este proyecto, es que podría ser una manera de congraciarse con sus padrinos políticos. Viejos caciques como César Pérez, quien es el jefe político de Piedrahita, o Julio y José Guerra Tulena, tío y padre de Antonio Guerra, uno de los autores, saldrían ganando.
Pero también hay otra mirada menos ‘generosa’. Como la ley 100 de 1993 estableció un nuevo sistema de pensiones, solo el grupo de congresistas que entró al régimen de transición porque ya tenían 35 años (en caso de mujeres), 40 años (en caso de los hombres) o 15 años cotizados cuando les cambiaron la norma siguieron cobijados por los beneficios de la ley 4 de 1992. Pero el resto de congresistas tuvieron que comenzar a cotizar como cualquier ciudadano normal.
Por eso, si los congresistas logran aprobar esta ley, bajo el argumento de restituirles el derecho de igualdad a los pensionados antes de 1992, también podrían argumentar más adelante que cuando se pensionaron no pudieron beneficiarse de la ley 4 de 1992 que cubrió a algunos de sus colegas. Y reclamar una restitución.
La otra semana, el proyecto se debatirá en la Comisión Primera, y luego en la Plenaria. ¿Habrá quórum?
