Si Timochenko cumple su palabra y las Farc abandonan sus armas, muchas cosas cambiarían radicalmente en el país. Estas son algunas de las historias trágicas que podrían dejar de ser parte del presente de muchos colombianos y quedarse grabadas en el dolor del pasado.
Ayer ‘Timochenko’ se comprometió, tras la firma del acuerdo sobre justicia transicional en La Habana, a que las Farc acelerarán la negociación para llegar a un Acuerdo final en marzo e iniciar el proceso de dejar las armas que han empuñado durante 50 años, “levantando la voz del ‘nunca más’ (…) como un inmenso farallón andino que detenga para siempre la confrontación armada entre colombianos”.
Si Timochenko cumple su palabra y las Farc abandonan sus armas, muchas cosas cambiarían radicalmente en el país. Estas son algunas de las historias trágicas que podrían dejar de ser parte del presente de muchos colombianos y quedarse grabadas en el dolor del pasado.
No se sembrarían tantas minas
Con 13.001 víctimas, Colombia tiene el triste récord de ser el segundo país con mayor número de personas afectadas directamente por minas antipersonal y municiones sin explotar en el mundo. Las Farc, junto con el ELN, son los que más las han usado como armas de guerra en el país.
De ahí la importancia del acuerdo sobre desminado humanitario que el Gobierno y esa guerrilla firmaron en marzo, cuyo piloto en Briceño (Antioquia) se convirtió en el primer aterrizaje concreto del proceso de paz.
A nosotros en San Carlos nos tocó aprender a caminar con los ojitos y luego con las piernas. Gracias a Dios no hemos tenido víctimas desde el 2008, pero todavía hay veredas que no han sido repobladas totalmente y lugares donde no se puede cultivar por la incertidumbre.
¿Cuántos campesinos siembran solo una cuadrita y les da miedo adentrarse al monte porque no ha sido registrado? Y estamos hablando de un municipio donde se ha desminado. ¿Cuántos no hay dónde todavía está vigente el conflicto, donde la comunidad no está tan empoderada y donde no ha habido una respuesta estatal? Ese desminado, en el que necesitamos que ellos ayuden a identificar las minas, es la garantía que necesitan muchos campesinos para poder volver. Aquí hay apenas 14 mil retornados y digo apenas frente al cúmulo de personas -19.800- que salieron por causa de todos los grupos armados. – Pastora Mira, líder de los campesinos retornados de San Carlos, en el Oriente antioqueño. Su primo fue víctima de una mina y murió desangrado porque las Farc impedían el acceso a la zona.
Como muchas veces las minas explotan años -incluso décadas- después de enterradas, es difícil saber con exactitud qué parte del ponqué de la responsabilidad le corresponde a las Farc, pero -por el número de incautaciones, las zonas minadas y también las tecnologías- se calcula que ellos se llevan el primer lugar.
No sólo en Colombia, sino en todo el mundo. Son los “más prolíficos usuarios de minas entre los grupos rebeldes del mundo”, es la decripción que hace de las Farc el ‘Landmine Monitor’, el reporte anual que llevan la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y su directora Jody Williams para seguir cómo avanza cada país en cumplir la Convención de Ottawa que prohíbe las minas y obliga los países a eliminarlas.
Ni siquiera sabemos cuántas minas hay, porque lo único que contamos acá son las víctimas asesinadas o amputadas. Y tampoco solemos saber quién las instaló: en los campos de guerra lo único que se sabe es quién es la víctima. La única que puede determinar el autor es la Fiscalía, pero en la mayoría de casos no hay avances. Y lo cierto es que hay muchas zonas infestadas de minas -en Antioquia, Meta, Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander.- Reinel Barbosa, quien perdió la pierna izquierda a los 23 años cuando -una Semana Santa en que visitaba a su familia en Uribe (Meta)- pisó una mina tras bañarse en el río con sus amigos de colegio. Después fue el fundador de la primera red nacional de asociaciones de víctimas de minas y una de las 60 víctimas que fueron a La Habana a hablar con los negociadores.
Se bajaría el secuestro
Uno de los delitos que más se asocian con las Farc es el secuestro, que totaliza en Colombia 24.900 casos desde 1990, la inmensa mayoría de ellos -21.900- se le atribuyen a esa guerrilla, según el ex secuestrado y líder de víctimas de ese flagelo Herbin Hoyos. “Muchos se volvieron desaparecidos”, agrega, refiriéndose a los casos que siguen sin ser resueltos.
En parte se convirtió en el crimen más publicitado de la guerrilla porque muchas de sus víctimas eran políticos y líderes conocidos nacionalmente, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, el gobernador antioqueño Guillermo Gaviria o el ex ministro Gilberto Echeverri. Y porque muchos fueron operativos muy sofisticados, como el plagio masivo en el edificio Miraflores de Neiva, el secuestro del avión de Aires donde volaba el ex congresista Jorge Eduardo Gechem o el secuestro masivo de 12 diputados del Valle (que terminó con el asesinato de 11 de ellos en el 2007).
“Fueron muchos años de sufrimiento y agonía sin saber en qué condiciones estaba mi hermano. Si estaba enfermo, con frío o con hambre, vivo o muerto. Solo podíamos enviarle mensajes por radio sin saber si los recibía. Yo viví cinco años dedicada día y noche a tratar de conseguir la liberación. Mi papá murió a los cinco meses del secuestro de mi hermano, mi familia nunca volvió a ser la misma. Es algo que no le deseo a nadie. La verdad da mucha rabia que lo hayan secuestrado y asesinado, que no hubieran tenido ninguna consideración ni sensibilidad, que no les importara el dolor que nos estaban ocasionando. Pero mi hermano los perdonó. En el último video de supervivencia que recibimos, nos dijo que “había aprendido a perdonar a las personas que tanto sufrimiento nos han ocasionado y que la paz inicia por nosotros mismos”. – Ángela María Giraldo, hermana del diputado del Valle, Francisco Javier Giraldo, asesinado por las Farc en 2007 y una de las víctimas de las Farc que viajó a la Habana para reunirse con la guerrilla el año pasado.
Este es además, un crimen que se multiplicó desde que esa guerrilla sacó la ‘ley 002’, que convirtió el secuestro en una orden sistemática contra los ciudadanos que no les pagaran “impuestos” y, de esta manera, en una de sus mayores fuentes de financiación.
No habrá secuestros masivos de regiones enteras que han estado bajo el control de la guerrilla. Yo creo que al Estado le va a tocar recuperar el terreno donde nunca ha hecho presencia. Son casos absolutamente aberrantes, que no se han dado ni siquiera en Chechenia, dice Herbin Hoyos, secuestrado por las Farc en 1994 y ganador del Premio Nacional de Paz por su programa radial “Las voces del secuestro”
“Las Farc deben reconocer que se equivocaron y que causaron mucho daño, igualmente todos los demás actores del conflicto. Todos los colombianos tenemos el compromiso de contribuir para superar la violencia que ha tenido múltiples orígenes, y ser conscientes que La Paz no significa ausencia de conflictos, sino aprender a superarlos pacíficamente, racionalmente. No hay nada que justifique la toma de las armas y del secuestro” (Ángela María Giraldo)
Se detendría el reclutamiento de menores
El jefe negociador de las Farc, ‘Iván Márquez’, dijo en febrero que esa guerrilla se comprometería a no reclutar menores de 17 años en sus filas. El grupo guerrillero ha mantenido desde 1982 como norma reclutar jóvenes entre los 15 y los 30 años en algunos casos han aparecido niños mucho menores a eso. Este es uno de los crímenes de guerra, y por lo tanto, uno de los más difíciles de superar.
Como contó el informe Basta Ya de Memoria Histórica, esa guerrilla se lleva el primer lugar: son los reclutadores en el 60 por ciento de todos los casos que ha atendido el Icbf, 5.708 en estos últimos 15 años.
Casos como el de Caquetá, demuestran cómo lo hacían. Allí, en áreas rurales de los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán, hubo denuncias de cómo las Farc trataron de imponer la regla de que cada familia debía aportarle a este grupo plata para comprar un fusil. Si no había plata, podían dar un animal caro, como una res. Si no tenían ni plata ni animales, entonces en la guerrilla les recibían a cualquier miembro joven de la casa. Así se lo contó a La Silla una líder de la zona que, por obvias razones, prefirió no revelar su identidad.
Lo seguían haciendo en el 2013, como cuando obligaron a que el alcalde del municipio de 15 mil habitantes, Medio San Juan, en el sur del Chocó, y la rectora del Centro Educativo El Cacique de Noanama a apresurar la decisión que habían tomado en diciembre de 2012 de convertir en internado la institución que prestaba sus servicios sólo en horario diurno. No importó que aún no hubiese recursos para ello. Las voces que advertían de un reclutamiento masivo de personas, incluidos menores, por parte de la guerrilla eran cada vez más fuertes y algo había que hacer. Después de convencer a los niños que no se fueran detrás de los guerrilleros, hubo entonces 78 matriculados en el internado que apenas cuenta con unas colchonetas. La decisión salvo a jóvenes del bajo Sipí, de Negría, de Chambacú, de Doidó, como contó La Silla.
No habría más atentados que dejan a pueblos enteros sin agua y sin luz
Los ataques contra la infraestructura energética y petrolera del país han sido una constante. En la década de los 80 y los 90, por ejemplo, el oleoducto Caño Limón Coveñas era atacado casi semanalmente por guerrilleros tanto de las Farc como del ELN, según la fundación Paz y Reconciliación fundación Paz y Reconciliación . En cambio, el 2005 y el 2006 fueron los que la guerrilla derribó más torres de energía, con 227 y 241 casos respectivamente.
Este año, en los casi dos meses que pasaron entre los dos ceses al fuego unilaterales que decretó las Farc, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) encontró que la mayoría de las 145 acciones que hizo la guerrilla se concentraron en atacar la infraestructura económica y a la fuerza pública. Si ese número de atentados se hubiera mantenido en lo que quedaba del año (el cese al fuego unilateral de las Farc se volvió a declarar el 20 de julio) habría igualado las cifras del año récord de violencia perpetrada por las Farc (2002), como
En total, fueron 15 ataques contra la infraestructura petrolera y 17 contra torres de energía eléctrica y que dejaron sin luz y sin agua a muchos municipios, especialmente en Cauca y Nariño.
Tumaco, el municipio que el año pasado ocupó el primer lugar en número de homicidios, fue uno de los que más padeció el recrudecimiento de la violencia de la guerrilla. En menos de 20 días, la guerrilla hizo seis atentados, incluyendo la voladura al oleoducto Trasandino que regó 410 mil galones de crudo sobre el río Mira , que abastece al acueducto municipal, y la voladura de tres torres eléctricas.
“Las Farc se ensañaron con Tumaco”, fue el titular que usó Verdad Abierta. Pero no es un fenómeno nuevo. En octubre del 2013, en otra de sus arremetidas, las Farc volaron en solo un mes el doble de torres de energía que en todo el 2012, como contó La Silla.
Esos atentados no sólo dejaron sin luz al municipio durante 14 días seguidos, lo que de por sí, “es un lío tremendo”.
“Genera una situación muy difícil desde el punto de vista de la economía familiar. Estamos en un clima cálido, templado. Las familias tienen neveras donde guardan la comida, el mercado. Cuando se va la luz, les toca comerse lo que puedan y el resto se pierde. Toda la actividad económica queda en crisis, la pesca. Además, Tumaco tiene unas cifras muy altas de desempleo”, dice una persona que trabaja en Tumaco con el Gobierno y que prefirió no revelar su nombre.
Además, cobraron la vida de dos personas y dejaron herido a uno más, todos contratistas de la empresa de energía local, que pisaron un campo minado en el camino hacia una de las torres que iban a arreglar.
“Uno de ellos era indígena. Estaba sirviendo de guía y ayudando a cargar el material para reparar las torres cuando estallaron las minas que había instalado la guerrilla en el sendero. Mucha gente responsabiliza a las instituciones, por la falta de luz, ¿pero quién puso las minas, quién voló las torres? Es muy difícil de explicar, porque a uno le ponen una lápida encima, pero es lo correcto, lo ético”, dice el ex secretario de Gobierno de Tumaco, Hernán Cortés.
“Lo que uno siente cuando las Farc dicen que van a dejar las armas es como una sorpresa cariñosa, no al Gobierno y a las Farc, sino a la vida misma. Uno esperaba siempre que pasara, pero pensó que nunca iba a pasar, pero también se siente algo de temor porque no pasé”, agrega.
A eso se suma el impacto a la economía nacional.
“En los últimos 30 años ha habido una tragedia ambiental silenciosa, causada por las Farc y el ELN. Entre ambos han derramado 380 mil barriles de crudo en los últimos cuatro años y 4 millones de barriles en esas tres décadas desde que empezó a operar el oleoducto Caño Limón – Coveñas. Para comparar, el derrame reciente en Putumayo y Nariño fue de 2.300 barriles.- – Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que no tiene discriminadas las cifras según grupo.
Se acabarían los ataques con cilindros bomba y los bombardeos del Ejército
Muchos pueblos colombianos tuvieron que aprender a convivir con los ataques de las Farc, que con frecuencia atacaban los puestos de la Policía y sitiaban a sus habitantes.
“¿Qué significa vivir en un municipio donde los ataques de las Farc son permanentes? Zozobra. Cada vez que uno sale, es no saber qué puede pasar. Aquí las casas no son de concreto, la gran mayoría son de madera, lo que no ofrece ninguna garantía de seguridad. Vivir aquí es tenso. Es una contradicción: las ‘pirañas’ de la Armada Nacional tienen que custodiar la zona y por eso la guerrilla los enfrenta. En medio de esa pelea queda la población civil.”
“Yo trabajo como médico extramural del Hospital de Guapi. Hace como un año y medio, en el río estaban unas pirañas de la Armada enfrentando un hostigamiento de las Farc, en el corregimiento de Limones, el más grande de Guapi. Hubo un intercambio de fuego y después las Farc dispararon un cilindro bomba que explotó antes de tiempo. Las esquirlas cayeron sobre las casas y tomó por sorpresa a la gente. A Yesenia Quiñones, con 20 semanas de embarazo, las esquirlas le cayeron en las piernas, estaba lacerada. La tuvimos que trasladar en lancha hasta el centro urbano de Guapi, un recorrido de una hora. Eran como las 3 o las 4 de la tarde. No la pudimos remitir a Popayán, porque la EPS no facilitó los trámites. Después, a través de la Personería y la Defensoría del Pueblo y el gerente del Hospital, la pudimos trasladar particularmente a Cali por avión. Eso se repitió dos veces más y la gente decidió salirse. 850 personas se fueron a veredas cercanas”. – Carlos Sáenz, médico desde hace 5 años en el Hospital ESE de Guapi y encargado de realizar las brigadas de salud a través de los ríos por las 23 veredas de la zona rural del municipio.
Hace poco más de un mes, el Cerac reveló que entre el 20 de julio y el 20 de agosto, se registró el menor número de víctimas y de acciones violentas en el conflicto desde 1974 y una reducción casi total de la actitud ofensiva de la Fuerza Pública contra las Farc. Y que las dos únicas acciones de esa guerrilla en contra de ese cese al fuego se hicieron en Cauca y Meta, dos de los departamentos más azotados por la violencia.
El primero, donde ocurrieron los dos hechos que cambiaron el curso de la negociación de paz este año (el asesinato de los 11 militares y el bombardeo que mató a 26 guerrilleros), será el primer departamento piloto para la implementación de los acuerdos.
El médico Carlos Sáenz, que ha sido investigado por ser colaborador de la guerrilla pero que según él ya está libre de cualquier cuestionamiento, dice que desde que empezó el cese al fuego unilateral de las Farc, en Guapi “se vive rico”.
“Se volvió a trasnochar, a caminar con tranquilidad, a viajar tranquilo por el río con noches de luna. Eso es bueno”, agrega.
Espera, que con el nuevo acuerdo ese sentimiento perdure, aunque no deja de temer por el “posconflicto”, porque se desmovilicen unos pero lleguen otros.
Se reduce la presión sobre los alcaldes y políticos
Parte de la estrategia de control territorial de las Farc consistía en supervisar que no se moviera una hoja sin su permiso en los municipios donde dominaban. Esa práctica vino acompañado de una lista larga de mandatarios locales -alcaldes, concejales, diputados- asesinados en funciones a lo largo y ancho del país.
Como dice un ex alcalde de un municipio históricamente dominado por las Farc, que prefiere omitir su nombre:
Si uno era autoridad local en una región donde ellos estaban muy metidos casi que los que decidían todo eran ellos. En épocas después del Caguán, los candidatos a la alcaldía tenían que ir a pedirle permiso al comandante para ver si podían aspirar. No era tanto como con los paras, que decían ‘solo éste aspira’, pero su visto bueno era fundamental. ‘Tranquilo, con usted no hay problema’, le decían a uno.
Luego, ya de alcalde, lo llamaban a uno y tocaba ir a rendirle cuenta a ellos. En algunos municipios ellos metían mano casi en todo: desde si X o Y funcionario podía ser nombrado hasta cuál era el presupuesto. Estaban siempre muy pendientes de qué se iba a hacer en el pueblo y vacunaban a cualquier contratista que llegaba. Yo diría que no era el mismo nivel de robo de la plata que en los pueblos donde mandaban los paras, pero claro que decidían sobre muchas cosas y se hacían los del papel de dueños de la moralidad. Y uno siempre tenía que ir cuando lo mandaban llamar.
Solamente en el Caquetá, las Farc asesinaron a 12 mandatarios electos en menos de ocho años: al alcalde de Montañita en 2000, a los de Montañita y Morelia y al presidente del concejo de Paujil en 2002, a cinco concejales de Puerto Rico en 2005, dos concejales de El Doncello en 2007 y un concejal de Solano en 2008.
El caso más paradigmático es el de la familia Turbay Cote, que era la fuerza política más poderosa del Caquetá antes de ser diezmada por las Farc: primero el congresista Rodrigo Turbay fue secuestrado por las Farc en 1995 y dos años después apareció su cadáver en un río del Caquetá. Lo sucedió su hermano Diego, quien era presidente de la Comisión de Paz del Congreso las Farc lo pararon en un retén y lo acribillaron junto con su mamá Inés Cote y otros cinco acompañantes.
Aunque ‘Iván Márquez’ le pidió perdón a Constanza -la única sobreviviente de la familia- sigue siendo uno de los casos emblemáticos en que deben la verdad las Farc sobre su persecución a los políticos en sus zonas de influencia.
La izquierda podría hacer política sin estigmatización
Uno de los problemas de que exista una izquierda armada (como la que han representado históricamente las Farc), es que a la izquierda que le apostó a las urnas y no a las armas se le ha estrechado el margen de maniobra y muchas ha terminado pagando los platos con la estigmatización de sus políticos.
“Quienes somos militantes de la izquierda, particularmente de la Unión Patriótica, hemos tenido que vivir con el mote de ser de izquierda, que somos guerrilleros, lo que nos cerró muchos espacios y oportunidades políticas. Fuimos marginados, perseguidos y estigmatizados.
Yo nunca fui candidato, pero fui fundador de la UP y uno de sus directores y siempre estuve en los equipos de campaña de nuestros candidatos. A finales de los 80s, tuvimos muchos momentos de satisfacción y también de mucha angustia. Sobre todo en el año 88, cuando ya habían asesinado a muchos de nuestros líderes y desaparecido a otros (en el 87 mataron a Jaime Pardo Leal) teníamos el karma de la gente que nos decía, “cómo ustedes pueden seguir exponiéndose a que maten a la gente”. Lo más difícil fue tratar de derrotar los sentimientos de miedo de la gente, sacar el miedo de hacer parte de la UP.
Con este acuerdo se abre un espacio de esperanza para que sectores distintos a los grupos políticos tradicionales que nos han gobernado siempre tengamos posibilidad de participar, ejercer real oposición, fundar un proyecto político distinto. Sabemos que eso no va a ser de forma rápida porque todavía hay sectores con mucho poder que están en una actitud retaliadora y de venganza y eso va a seguir pasando por bastante tiempo, ojalá sea menos del que yo me imagino”.- Alfonso Castillo, militante y fundador de la UP desde hace 35 años, ex integrante de la Mesa Nacional de Víctimas en representación de las víctimas del Estado y hoy candidato al Concejo de Bogotá por ese partido.
Se reducirían los señalamientos infundados de ser pro Farc
Muchos políticos y líderes sociales han sido acusados injustamente de ser cómplices de las Farc a lo largo de los años, pagando esos señalamientos del Estado con el descrédito social e incluso con la cárcel.
Quizás el caso más emblemático sea el de Sigifredo López, el político vallecaucano que fue secuestrado en 2002 por las Farc -junto con 11 colegas de la Asamblea departamental- en pleno centro de Cali y que fue el único de ellos que se salvó de ser asesinado cinco años más tarde. Y que en 2012 pasó de víctima a verdugo, tras ser acusado por la Fiscalía de haber planeado ese secuestro con la guerrilla para -seis meses después- ver cerrada esa investigación. El Fiscal entrante Eduardo Montealegre le pidió disculpas y fue indemnizado, pero el daño quedó hecho.
Otro ejemplo es el de Martin Stendal, el misionero gringo que fue capturado en febrero -acusado por la Fiscalía de auxiliar al frente 53 de las Farc, ayudándole a montar emisoras clandestinas y atender a guerrilleros heridos- y cuyo caso fue archivado en mayo.
Como contó La Silla, Stendal -que se describe a sí mismo como el “infiltrado de Dios” y que fue secuestrado por las Farc en los años ochenta- se dedica a repartir libros cristianos (con títulos como ‘Jesús, un amigo para los alzados en armas’) entre guerrilleros, paras y soldados en la selva y a lanzar desde su avioneta transmisores de radio capaces de sintonizar emisoras con un mensaje cristiano, que solían ser muy escuchados por los secuestrados de las Farc.
Un gringo auxiliando a la guerrilla es muy mediático. Los medios dicen ‘nos basamos en lo que dijo la Fiscalía’. La Fiscalía dice ‘nos basamos en las pruebas del fiscal’. El fiscal dice ‘nos basamos en las declaraciones de los testigos’. Todo el mundo se lava las manos y, al final, ¿quién lo va a corregir? – Herbin Hoyos, líder de víctimas del secuestro y amigo de Stendal
Algo similar ha ocurrido con muchos campesinos que, por fuerza, han tenido que convivir con las Farc y a quienes la Fuerza Pública (igual que el ELN y los paras) suele señalar de ‘auxiliadores’ de esa guerrilla.
Uno acá tiene que acostumbrarse a los atropellos del Ejército que, aunque ya hoy no hay guerrilla por acá lo siguen tratando a uno muy mal. Y nosotros no hemos tenido la culpa de nada. Si la guerrilla viene a pedir agua, tenemos que darle agua. Si el Ejército viene a pedir agua, tenemos que darle agua. Pero la verdad es que siguen tratándonos como si nosotros hubiéramos sido los que empuñábamos un fusil.- Mujer campesina del Cañón de las Hermosas, el rincón del sur del Tolima que por muchos años fue uno de los fortines inexpugnables de las Farc, que prefiere omitir su nombre porque hoy todavía hay tres batallones en la región.
Los campesinos podrían volver a sus tierras abandonadas
La tierra ha sido uno de los motores del conflicto y las Farc han sido uno de los principales causantes del abandono, unas veces quedándose con las tierras -para, por ejemplo, impulsar el cultivo de coca- y otras atemorizando a la gente -al reclutarle a sus hijos, quitarles una vaca, sembrar minas- hasta el punto que se van de su terruño.
Aunque no hay un cálculo fiable de las tierras abandonadas a causa de las Farc, en una parte importante de las tierras que han sido restituidas esa guerrilla figura como el causante. Ellos fueron mencionados como responsables por los reclamantes beneficiados en 937 sentencias (de un total de 1.305 fallos), que engloban 37 mil hectáreas.
En total, de las 82 mil solicitudes que ha recibido la Unidad de Restitución de Tierras, las víctimas le han atribuido a ellos el 38 por ciento de los casos.
En algunas de ellas, como los Montes de María, muchos de los campesinos que tuvieron que salir corriendo -bajo amenaza del frente 35 y su temido comandante el ‘Pollo Irra’- están regresando y comenzando a poner en pie sus parcelas carcomidas por la maleza y el abandono.
Es el caso de Rugero y Luis López, dos hermanos que fueron dos de los primeros beneficiarios de la restitución de tierras en el país, que volvieron a sus finquitas en Morroa (Sucre) a finales del 2013
Cuando vinimos por primera vez eso corríamos como locos. No nos importaba todo ese monte que se nos atravesaba. Solo queríamos llegar aquí. Usted no sabe lo que yo lloré esta parcela. Yo tenía cien gallinas, recogía 40 huevos diarios, tenía cinco vacas y varios pavos. Tengo la vista toda borrosa, será de tantas lágrimas que hemos rodado.- Olis Aguas, la esposa de Rugero y cuyos padres y hermanos también fueron parte del grupo que se recibió las primeras sentencias de restitución en Sucre.
Ambos regresaron tras haber perdido a siete familiares a manos de las Farc y tras años -12 en el caso de Rugero y 18 en el de Luis- de desplazamiento forzado. Rugero vivió más de una década en Corozal, a menos de media hora de la parcela que tuvo que dejar botada un día de 2002 y que no la había visitado nunca hasta que un magistrado de restitución ordenó que se le devolviera. Cuando regresaron solo encontraron un denso matorral, que han venido desmontando, llenando de maíz y gallinas y una choza con techo de palma donde ahora viven.
Se acabarían las vacunas en muchas zonas del país
Aunque las Farc se financian a partir de actividades muy rentables como el narcotráfico y la minería criminal (y antes el secuestro), tienen también un flujo de caja que se mueve en sumas pequeñas pero constantes: las vacunas, que son universales en los territorios que dominan.
La primera muestra de paz de las Farc debería ser dejar el boleteo, que es la principal razón por la que la gente en Caquetá todavía es escéptica del proceso.
La extorsión ha estado activa acá toda la vida, pero estuvo frenada durante tres años que los acorralaron bien a los del frente 3. Sin embargo, en los últimos dos años se reactivó en Florencia y en los municipios cercanos del piedemonte como Belén de los Andaquíes, Paujil y Doncello. En ese tiempo han estado recuperando las bases de datos que perdieron cuando les dieron duro, sobre todo a través de mucho milicano que boletea qué tiene la gente y que a veces lleva las mismas papeletas.
Hoteles, restaurantes, ferreterías, droguerías, clínicas, todo tipo de establecimientos medianos pagan. Solo se salvan los pequeños negocios como tiendas o peluquerías. Convocan a reuniones en veredas cercanas a Florencia, les mandan boleticas o llamadas y ahí les echan la carreta de que no tienen con qué sobrevivir. Y en Puerto Rico y San Vicente, que es territorio de la Teófilo Forero, vacunan por litro de leche y cabeza de ganado.- Comerciante del Caquetá
Las comunidades que no son de su lógica política no seguirían amedrentadas
Para poder controlar vastas zonas del territorio, las Farc han mantenido amedrentadas a muchas comunidades campesinas, afro e indígenas que habitan allí.
Por los cultivos de coca, por vivir en corredores estratégicos o por ser el escenario de los enfrentamientos con el Ejército, estas comunidades han puesto miles de víctimas de asesinatos, de desplazamiento, del reclutamiento forzado y de violencia sexual.
Muchas de esas comunidades tuvieron que acostumbrarse a que las Farc les ‘dieran permiso’ de por dónde podían moverse o a qué horas podían hacerlo. Como San Miguel, en el Putumayo, donde durante casi seis meses los campesinos estuvieron muertos de miedo de moverse puesto que las Farc minaron casi todas las vías veredales para impedir la erradicación de coca y les advirtieron que no las transitaran.
Una de las estrategias más comunes ha sido mantener intimidados a los líderes de esas comunidades, una medida que les ha permitido mantener a todo el tejido social que los rodea en zozobra. El ejemplo más reciente es el asesinato en agosto de Genaro García, el representante legal del consejo comunitario del Alto Mira en Tumaco, que las Farc inicialmente negaron y luego reconocieron desde La Habana.
Que yo recuerde, las Farc reconocieron la masacre de Bojayá -que se había convertido en un escándalo grande- pero nunca el asesinato de un líder individual. Es un alivio que lo hicieran y valoramos que eso demuestra su compromiso con el proceso de paz, pero reiteramos que casos como el de Genaro no se pueden repetir.- José Santos Caicedo, uno de los líderes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones más representativas de los afro en el país.
Precisamente lo que más han buscado evitar las Farc es que con liderazgos fuertes como el de Genaro, estas comunidades empoderadas se les paren de frente, como han hecho los indígenas en el Cauca. O como han hecho algunas comunidades cuyos territorios se han convertido en epicentro del cultivo de coca y amapola que esa guerrilla ha controlado.
Completamos 120 muertos en una comunidad de 951 familias y comenzamos a pensar en la existencia nuestra como pueblo. Todas las familias del resguardo tienen un papá, un hermano, un primo, un sobrino que lo mataron. Vimos que nuestra lengua, nuestra espiritualidad, nuestra comunidad estaban en deterioro y que nos estaba llevando a desaparecer.- Hernando Chindoy, líder del resguardo inga de Aponte en el norte de Nariño.
Devastados por la ola de violencia y por el hecho de que a sus hijos de ocho años los obligaban a hacerle los cortes a los bulbos de amapola con navajas de afeitar, en 2003 esa comunidad de indígenas del Tablón de Gómez decidió decirle ‘no’ a la amapola. Para lograrlo, decidieron fortalecerse como comunidad, rescatar sus tradiciones y trazar su plan de vida, un proceso que les permitió enfrentar a las Farc y a los paramilitares que operan en la zona y -pese a las constantes amenazas, que perduran hasta hoy- mantener libres de cultivos ilícitos las 22.283 hectáreas de su resguardo.
Eso los convirtió en el caso más exitoso de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos del país, y -paradójicamente- lo que arrancó como una estrategia de resistencia a las Farc podría terminar siendo uno de los ejemplos para aterrizar el acuerdo sobre drogas que firmó esa guerrilla con el Gobierno en La Habana.
