Una misma firma, llamada Freshfields, es apoderada de tres de los cuatro grandes casos de inversionistas contra el país: los de Claro, Glencore y Eco Oro.
Después de que hace una semana un tribunal de arbitramento condenó a Claro y Movistar a pagarle unos 4.8 billones de pesos al Estado, como conclusión de una larga disputa, Claro presentó una demanda contra el Estado, que tiene detrás a una firma de abogados muy poderosa llamada Freshfields. La llegada de ese nombre a Colombia no augura buenas noticias para el país.
Esa demanda es la tercera que recibe la Ciadi (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que pertenece al Banco Mundial) contra Colombia, todas creadas en los últimos dos años y todas representadas por Freshfields Bruckhaus Deringer que, según tres fuentes conocedoras de los procesos, ha buscado activamente a inversionistas en Colombia para litigar contra el país.
Aparte de la de Claro (que legalmente la presentó América Móvil, su matriz mexicana, el año pasado), hay una de Glencore por una modificación en la forma de cobrar las regalías a su filial Prodeco (que explota minas de carbón), y una de Eco Oro (antes Greystar Resources) por la delimitación del páramo de Santurbán que impide el desarrollo de Angostura, su proyecto de minería de Oro.
En total, suman pretensiones por casi 6 mil millones de dólares, unos 18 billones de pesos o el equivalente a cuatro veces el programa de 100 mil viviendas gratis.
El récord de Freshfields
Freshfields es una gran multinacional legal con más de 2.800 abogados en 150 países y es una de las cinco grandes firmas legales de Londres, conocidas como el “Círculo Mágico”.
Además, es uno de los grandes jugadores en las demandas de ese tipo: de los 225 casos que están abiertos en la Ciadi al 31 de julio, Freshfields llevaba 30, y era la firma más activa por delante de King & Spalding con 23 y White & Case y Allen & Overy con 14; de los 411 terminados, litigó en 52 contra 47 de White & Case lo sigue con 47 y 26 de King & Spalding.
De las grandes demandas contra el país, Freshdfields no está en la de Tobie Mining, antes Cosigo (que a juzgar por cuatro fuentes que están al tanto, está quieta, tiene un monto muy inflado y parece condenada a no avanzar), ni en la de Electricaribe, que lleva Three Crowns, una firma fundada en 2014 por cuatro antiguos socios de Freshfields y dos abogados más.
Pero sí en las que pintan más duras, arrancaron primero y avanzan en el lugar más visible de aribitramentos de inversión.
La Ciadi se pone de moda y Freshfields juega un papel clave
La Ciadi existe desde 1966 para que Estados y compañías resuelvan sus pleitos de inversión con tribunales de arbitramento (abogados designados para ser jueces de esos casos específicos en una instancia mucho más rápida que un juzgado); recibió su primer caso de arbitraje en 1972 y no sonaba mucho en medios hasta hace 20 años o menos.
Pero ahora está de moda. A raíz de que muchos de los TLC, los tratados para liberar el comercio internacional que empezaron a firmarse en todo el mundo a mediados de los años noventa, incluyen una cláusula que permite a las empresas inversionistas demandar a los Estados que reciben esa inversión ante la Ciadi.
La lógica general de las cláusulas es que, con los TLC u otros tratados similares, van a llegar más inversiones extranjeras a los países, pero necesitan una seguridad de que los Estados luego no los van a expropiar o a cambiarles las reglas de juego.
Ese cambio se nota en que sus casos se dispararon: recibió su primer caso en 1972, en 2009 eran 154 y en 2015 eran 243. Y ese año, hasta el 31 de julio, había recibido 67 casos de diferentes países (incluyendo el de Eco Oro contra Colombia), los mismos que recibió entre su creación y 1998.
En ese aumento de casos, Freshfields ha sido un actor importante. No solo por la cantidad de casos en los que ha representado a una de las partes (en la gran mayoría del lado de la empresa inversionista), sino porque fue una de las primeras grandes firmas en el mundo en crear una división especializada en litigios de ese tipo.
Inició bajo el liderazgo de Jan Paulsson, reclutando a la abogada estadounidense Lucy Reed, que llegó a la firma como socia en 1998, justo cuando se empezaba a poner de moda este tipo de arbitramento internacional y cuando Freshfields participó por primera vez con dos casos, defendiendo a Egipto de la cadena de hoteles Wena y representando a una compañía minera francesa que demandó a Perú.
Para los casos ante la Ciadi, Reed armó un equipo con abogados más jóvenes, como es usual en las firmas, y dos de ellos tuvieron una carrera especialmente exitosa: Nigel Blackaby y Gaëtan Verhoosel, ambos con experticia en América Latina.
Su trabajo ha sido importante en el aumento de procesos de empresas contra países latinoamericanos ante la Ciadi: cuando participaron en la demanda contra Perú en 1998 era el décimo proceso. Hoy suman 194 y de ellas Freshfields ha manejado 29 (14 que ya concluyeron, y 15 pendientes).
Eso se debe, en parte, a que Blackaby es hoy la cabeza de la división, y le ha dado un especial énfasis a la región. Y también a que, en general, América Latina ha sido la región más demandada, pues casi 1 de cada 3 casos son contra países de esta zona.
Chambers and Partners, el más prestigioso directorio internacional de abogados (al que suelen acudir las empresas para elegir abogados), resalta que Blackaby “habla un español fluido” y que “se suele resaltar su ejercicio profesional en América Latina, que está sólidamente establecido”.
Además, Blackaby está casado con una colombiana, Camila Morales Paredes, hija de Juan Claudio Morales González (el amigo de Juan Manuel Santos que formó parte del comité financiero de sus campañas de 2010 y 2014; está salpicado en el escándalo de Odebrecht por haber estado en una reunión con ejecutivos de esa multinacional durante la campaña de 2010, y luego esa empresa pagó la elaboración de miles de afiches por fuera de las cuentas oficiales de la campaña) y hermana de Juan Claudio Morales Paredes, director de protocolo de la Cancillería entre 2011 e inicios de este año, y ahora ministro consejero en Madrid.
Y, aunque su llegada a Colombia es reciente, a juzgar por lo que ha pasado en otros países no augura buenas noticias para este país.
La llegada a Colombia
Aunque Freshfields ha llevado casos contra siete países latinoamericanos, se ha concentrado especialmente en dos, los únicos frente a los que había demandado más de dos veces en un período de dos años, como ocurre ahora con Colombia. Y como en esos dos casos siguieron varias demandas más, en el Gobierno están prendidas las alarmas, según supo La Silla.
El primer país fue Argentina, que recibió una lluvia de demandas de parte de inversionistas después de la crisis económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre 2001.
Freshfields participó por primera vez en una demanda contra Argentina en agosto de 2001 y ha participado en seis procesos más, cinco de ellos entre 2003 y 2004 (una de Gas Natural, tres de varias empresas de agua de capital francés y una de la petrolera francesa Total). En total, ha sido abogado de los demandantes en 7 de los 54 casos contra ese país.
En 2006, cuando el chavismo empezó a expropiar empresas, empezó a llevar casos contra Venezuela. Arrancó con un proceso ese año, otro en 2007 , pasó a dos en 2011 y de ahí a cuatro en 2012 En 2014 inició otro y el año pasado dos más. Con eso ha llevado 11 de los 43 procesos contra el vecino país.
A juicio de dos fuentes que conocen el mundo del arbitramento internacional, eso muestra que se concentra en algunos países; argumentan que eso se nota en el contraste frente a México (no ha llevado ninguna de las 19 demandas en su contra) y Perú (después de 1998 no ha logrado tomar ninguna de las siguientes 17 demandas). Y por eso se preguntan si ahora se viene una seguidilla de demandas contra Colombia.
No es fácil decirlo: el caso de Colombia es diferente a los de Argentina y Venezuela porque esos dos países tenían regímenes de izquierda cuando se dispararon los arbitramentos de inversionistas en su contra, pero no es muy distinto a Perú o México, que han enfrentado muchos más procesos que Colombia.
Además, como ese tipo de casos van en aumento en todo el mundo, es muy posible que vengan otros.
Por eso el Gobierno ha empezado a tomar medidas.
Como el tema no era muy importante, lo manejaba con las uñas una dirección en el Ministerio de Comercio, pero desde el año pasado ese ministerio, el de Hacienda y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de Adrian Guillén, empezaron a trabajar para fortalecer la defensa en ese tipo de litgios.
Con la llegada del ex secretario de Presidencia Luis Guillermo Vélez a reemplazar a Guillén, cristalizó en una nueva dirección de defensa internacional que agrupa estos casos con otros con un área que maneja una abogada que trabajó en Freshfields y por eso conoce el arbitramento internacional (la otra área, mucho más grande, se enfoca en el litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos).
Además, como son procesos tan costosos (una defensa de alto nivel vale en total entre 2 y 5 millones de dólares, por el costo de los abogados, los peritos y demás), creó un fondo-cuenta especial para financiarlo.
Esos dos cambios muestran que ese tipo de procesos llegaron a Colombia para quedarse, con o sin Freshfields. Aunque al que madruga…
