Los argumentos de varios estudios sobre el tema, invalidan las cinco razones que esgrime Uribe para penalizar la dosis personal. En un versus, la propuesta pierde de lejos.

Las razones de los que marcharon contra la sanción
Video: Miguel Torres, La Silla Vacía.

Álvaro Uribe está obsesionado con su proyecto de dosis personal que presentó al Congreso la semana pasada y lo defiende a capa y espada con cinco argumentos. Tras contrastarlos con expertos en el tema, es claro que el proyecto carece de fundamento técnico. Dado que sus propuestas de sanción coinciden con acciones públicas de dos de sus principales opositores políticos es más evidente su espíritu político.

La primera vez que el Gobierno propuso esta iniciativa fue en la campaña por la reelección del 2006. Al enfrentarse contra el Presidente del Polo Democrático, Uribe prometió revertir la sentencia de Carlos Gaviria que despenalizó la dosis personal. La última fue el pasado 13 febrero, dos días después de que la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia en Río de Janeiro liderada por César Gaviria pidiera discutir la posibilidad de legalizar la droga y sus usos terapéuticos.

Los argumentos del gobierno	vs	Sustento técnico
1. Sancionar con tratamientos de rehabilitación. Los consumidores recibirían rehabilitación, catalogada por el Presidente como la “sanción social”. “En la primera ocasión una sanción social, de rehabilitaciones. En la segunda ocasión subir la escala, y así sucesivamente”, explicó.		La premisa fundamental de los tratamientos de rehabilitación es el deseo de recuperarse. Felipe Vásquez, terapeuta encargado del área clínica de Hogares Claret, centro especializado en tratamientos para consumidores, afirmó que es inútil obligar a alguien a recibir un tratamiento pues en cuanto lo termine buscará la droga. Por eso, carece de sentido la idea de rehabilitación por medio de una “sanción social”.
2. Arrestar a expendedores. Para la Policía la dosis personal representa un problema porque al tratar de arrestar a expendedores ellos alegan el porte de su dosis mínima. “En los alrededores de las escuelas se instalan los distribuidores de cocaína, pervierten a los niñitos. ¿Qué les encuentra la Policía a los distribuidores? Les encuentran una dosis personal que no es sancionable,” dijo el presidente recientemente en Buenaventura.		Varios estudios han demostrado que los expendedores de droga forman parte de una red criminal organizada, que suele contar con la complicidad de agentes de la Policía, que se hacen los de la vista gorda a cambio de una ‘comisión’ sobre las ventas. Pensar en combatir una organización mafiosa con la sanción de la dosis personal es ingenuo pues los expertos en seguridad saben que este tipo de estructuras criminales sólo se combaten con mejor inteligencia, con voluntad política y depurando de corrupción las instituciones policiales.
3. Reducir el número de adictos. La lucha del gobierno contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico es incoherente con la permisividad al consumo de drogas. “Si avanzamos en el equilibrio ético de sancionar la dosis personal de droga, frenamos el crecimiento de adictos y el crecimiento de consumidores”, Presidente Uribe.		La lucha contra el narcotráfico en el mundo ha fracasado tanto en países donde se prohíbe como en los que se permite la dosis personal. La reciente investigación del Tribunal de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) reveló que a pesar del dinero invertido en el plan Colombia, entre el 2000 y 2006 en Colombia la producción de coca aumentó un 15% y la de cocaína un 4%. Los estudios también demuestran que sancionar la dosis personal no frena el consumo. El reporte del 2008 del Observatorio de Droga y Toxicomanía de la Unión Europea reveló que en países como Holanda donde se permite el consumo de drogas, el índice de adictos ha disminuido pues es más fácil hacerles seguimiento.
4. Rehabilitar a los consumidores. Con este proyecto, el Gobierno podrá ayudar a los consumidores a rehabilitarse mediante medidas de carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico		El DANE reveló en la Encuesta de Hogares realizada durante el segundo semestre del 2008 que el 9,1 de los encuestados consumió drogas recientemente. Esta muestra -que seguramente refleja un subregistro pues muchos consumidores no admiten su vicio- representa a 540 mil personas. El valor promedio de un tratamiento es de 485.000 pesos mensuales y el tiempo mínimo para que sea efectivo es de 12 meses. Si el Estado se hiciera cargo de un tratamiento de rehabilitación para los que admitieron ser consumidores durante un solo mes, el costo sería de unos 262 mil millones de pesos, siete veces más de la inversión que hace el ICBF para el programa de alimentación escolar en todo el país. Una cifra que sobrepasa los recursos empleados en ocho años para políticas prioritarias del gobierno. El gasto de internar a un consumidor desborda la capacidad presupuestal del Estado, aún más en la actual recesión.
5. Eliminar el narcoturismo. El presidente también se refirió al narcoturismo, como razón para sancionar el consumo de drogas.		El narcoturismo está organizado por redes criminales que ofrecen paquetes turísticos a extranjeros alrededor del consumo de droga. Claramente los extrajeros que visitan el país para este tipo de actividades no consumen droga en las calles ni dosis personales. La droga se consume en hoteles y sitios clandestinos acondicionados para esta actividad.