Esta semana arranca la socialización exprés de la norma que se necesita para aterrizar el ambicioso punto acordado en la Habana
Esta semana el Gobierno dará a conocer el proyecto de decreto ley que aterriza el tema de tierras del Acuerdo de Paz para que tanto los grupos de expertos vinculados a las universidades de los Andes, Externado y Eafit creados para eso, como la ciudadanía en general, lo discutan de manera exprés antes de que el presidente Santos lo firme usando sus facultades extraordinarias. Sin embargo, sin haber sido publicado oficialmente, el proyecto de más de 100 páginas ya ha creado mucho ruido y eso que el debate hasta ahora empieza.
Estos son los avances, los micos y los riesgos de lo que sería la nueva ley de tierras según varios expertos en el tema:
Los avances
Los técnicos que más saben de tierras en el país coinciden en que este proyecto representa unos avances muy importantes en democratizar el acceso a la tierra y frenar la violencia alrededor de su tenencia porque:
Le da asidero jurídico al Fondo de Tierras
previsto en el Acuerdo y detalla técnicamente cómo se alimentará. Esto, por un lado, ayuda a garantizar que no se quede en el papel el compromiso de entregarle 3 millones de hectáreas de tierra a campesinos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente. Y por el otro, despeja la incertidumbre que tenían varios sectores de las élites rurales que promovieron el NO en el plebiscito sobre la posibilidad de ser expropiados arbitrariamente de sus tierras.
Adicionalmente, un aspecto positivo del proyecto es que obliga a incluir recursos y apoyo técnico para proyectos productivos en todas las adjudicaciones de tierra que haga el Fondo. Esto busca superar experiencias pasadas en las que los beneficiarios de reformas agrarias recibían tierra pero no tenían cómo trabajarla y hacerla productiva.
Ofrece formas más rápidas y sencillas de resolver conflictos agrarios.
Hoy en día una clarificación de linderos puede tomar años y como es prácticamente imposible resolver estas peleas ante un juez, la gente a veces opta por hacerlo por su propia mano o a través de los grupos armados.
El nuevo proyecto ofrece una solución rápida con dos caminos: primero, para cuando no haya una pelea legal, dispone un procedimiento único que define la Agencia de Tierras para resolver en un solo proceso todos los asuntos de un predio. Y sobre los puntos que haya una pelea, crea un solo proceso judicial que utilice en la medida de lo posible las pruebas de ese proceso administrativo.
Estructura un plan masivo de formalización gratuita de la tierra.
En zonas como el sur del Tolima, existe un 60 o 70 por ciento de informalidad en la propiedad de la tierra para citar una región con un acceso relativo al Estado. Ni hablar de zonas más periféricas, como lo muestran los estudios de Ana María Ibáñez.
Esto ha hecho que los campesinos no puedan usar su tierra como garantía de un crédito ni tampoco arriesgar inversiones significativas. Además, ha facilitado su despojo por parte de los grupos armados y sus cómplices empresariales y ha evitado que los municipios puedan cobrar los impuestos sobre la tierra que deberían pagar sus dueños.
El proyecto diseña un mecanismo para intervenir de manera sistemática grandes extensiones de tierra de manera simultánea y no caso por caso: le permite concentrarse en una zona, mapearla, identificar quién está incumpliendo la función social de la tierra de acuerdo con la ley y quién se ha apropiado de baldíos, resolver los litigios, y entregar títulos según las condiciones de cada territorio.
De esta manera, creen varios técnicos que analizaron el decreto ley, se podrán formalizar las 10 millones de hectáreas en los próximos diez años como lo prevé el Acuerdo, lo que a mediano plazo crearía un verdadero mercado de tierras y dinamizaría la economía campesina.
Centraliza la información sobre los beneficiarios de los programas estatales en el campo.
El proyecto crea una gran base de datos de los beneficiarios de subsidios, créditos y asignaciones de tierra lo que debería servir para focalizar mejor la atención del Estado.
Hoy en día no hay un inventario completo de baldíos ni de quiénes los han recibido. Cuando alguien pide un subsidio rural o recibe tierra, la información sobre el beneficiario no se centraliza en ningún lado y cuando hay un programa para crear distritos de riego, por ejemplo, o entrega subsidios a la agricultura familiar, el Estado no tiene una forma fácil de encontrar a los beneficiarios sino que tiene que esperar a que soliciten sus servicios.
Con el Registro Universal que crea el proyecto, el Gobierno sabrá qué ha otorgado, a quiénes y qué más necesitan para inversiones futuras.
Los micos
Aún antes de que el Gobierno diera a conocer oficialmente el decreto ley para ser discutido, un grupo de congresistas encabezado por los senadores del Polo Iván Cepeda y Alberto Castilla, la representante Verde Ángela María Robledo salieron a criticarlo y a denunciar que tenía varios micos. Varios de los técnicos que han revisado el decreto comparten la preocupación.
Y es que el ministro Aurelio Iragorri metió varios puntos en el decreto de facultades extraordinarias que beneficiarían a grandes propietarios y no solo a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para los cuales fue escrito el punto rural en la Habana. Y que incluso van más allá de lo que ya les garantizó la ley de Zidres que generó tanta polémica el año pasado.
Pero esto crea la sospecha de que el presidente Santos no ha renunciado a su idea de que el Acuerdo de Paz facilite el desarrollo de la gran agroindustria en lugares como la Orinoquia donde la gente más rica de este país ha hecho grandes inversiones sin seguridad jurídica, porque a través de la nueva figura del beneficiario oneroso o semi-oneroso permitirían que, por ejemplo:
Grandes propietarios de tierra tengan derecho al uso de baldíos sin la restricción del límite de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)
que evitaba que los más ricos concentren la tierra. El proyecto crea el concepto de la UPR, que en la práctica permitiría acumularlas a través de derechos de uso sobre ellas, pues es más grande que una UAF. Además, permite que una sola persona acumule tierras de origen baldío por encima de la UAF después de la restricción de 7 años de vender que se le impone a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria, algo que hoy está prohibido para evitar que los campesinos terminan recbiendo baldíos solo para venderlos después a grandes propietarios.
Personas jurídicas soliciten el uso de baldíos
Hasta ahora solo personas naturales pueden pedirlos. Pero ahora lo podrían hacer empresas o cooperativas, algo que va contra la idea de que la reforma agraria es para campesinos sin tierra, pues la mayoría de éstos no tienen una compañía ni están asociados – y hoy pueden asociarse una vez las reciban.
La entrega de reservas forestales
Hoy la ley solo permite que se levante la protección ambiental de ser una reserva forestal cuando en ellas se hagan proyectos de alto interés nacional (como megaproyectos de energía, minería o infraestructura), siempre y cuando tengan vocación ecológica. El borrador del decreto – ley levanta esa última restricción.
Los grandes empresarios tengan propiedad en proyectos asociativos con pequeños campesinos sin tener en cuenta el tamaño relativo de los asociados
Buena parte de la discusión de la ley de Zidres se dio alrededor de cómo crear mecanismos para proteger a los pequeños campesinos para balancear los dos lados de la asociación. Al romper ese equilibrio, se vuelve a crear el hueco que hubo en el pasado y que sirvió para brincarse la ley como sucedió en el caso de Poligrow.
Los riesgos
Técnicos que han analizado el proyecto ven tres tipos de riesgos:
Que la Corte lo tumbe por los micos.
Al no ser claro si lo que busca esta ley es desarrollar el punto del Acuerdo con las Farc sobre tierras o definir una política global de tierras por meter en el proyecto como posibles beneficiarios a grandes propietarios de tierra, se crea el papayazo de que la Corte diga que el Presidente se está extralimitando en sus funciones –como ya lo hizo con el primer decreto que creaba las entidades del agro- y la tumbe con todos los avances que trae.
Que la Agencia Nacional de Tierras tiene mucho poder y pocos mecanismos de coordinación.
La entidad que dirige Miguel Samper, el hijo del ex Presidente, se convierte en una superpoderosa del campo con varias facultades nuevas para ordenar la propiedad en el campo y especialmente el gran poder de manejar los procesos para resolver todos los asuntos pendientes de un predio, cuando no haya una demanda que los lleve ante un juez.
Sin embargo, el proyecto no menciona cómo se articulará con las entidades a nivel local y ya la Corte Constitucional, cuando avaló el proyecto de las Zidres, dijo que ese ordenamiento del uso del suelo tiene que ir en armonía con la autonomía territorial.
Que la participación social.
El proyecto no es claro sobre cómo será la participación de las comunidades en la ordenación del territorio. Siguiendo con el espíritu del Acuerdo de Paz menciona que lo harán pero no lo regula, lo cual puede convertirse en una fuente de conflictividad a futuro. Sobre todo, porque para las Farc este punto de la participación de las organizaciones sociales es fundamental, en sus pedagogías de los acuerdos con los campesinos de las zonas veredales lo están incluyendo y será un punto de movilización social a futuro si no se regula bien y se cumple.
No soluciona algunos problemas modulares.
Si bien el proyecto soluciona varios de los problemas más apremiantes relacionados con la tierra, no lo hace con como el de la falsa tradición (cuando el que la ocupa cree tener un título legal, como una escritura, pero en realidad no lo tiene porque no está registrado en una oficina de registro, por ejemplo). O el hecho que no pone punto final a la incertidumbre sobre los baldíos adquiridos después de 1994.
