Los casos en que el Procuador pisa el acelerador

Ayer la Procuraduría citó en audiencia pública al Secretario de Educación de Cali por su presunta participación en política. Por la misma razón, la semana pasada destituyó al gobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Un asunto que antes merecía poca o ninguna atención – la participación en política -, pero que es un delito y una falta disciplinaria, está ahora en la mira del procurador Alejandro Ordóñez. Y así como ha tomado estas decisiones, en los dos últimos meses ha impulsado investigaciones en temas clave.

Al Procurador le han criticado duramente su agenda católica en contra del aborto y de los derechos de las parejas del mismo sexo. También se le reprocha su cercanía con el presidente Uribe, que se vio reflejada en el concepto que emitió a favor del referendo, en el cierre de la investigación contra Sabas Pretelt y Diego Palacio por las posibles prebendas para impulsar la reelección en 2006, y en el avance de las investigaciones por las ‘chuzadas’ contra funcionarios de la Casa de Nariño.

Sin embargo, en los últimos dos meses la Procuraduría – a veces directamente desde el despacho del Procurador o a través de procuradores delegados – ha tomado decisiones contra funcionarios en todo el país en temas como corrupción administrativa, contratos sobre movilidad en Bogotá, transfuguismo y otras faltas disciplinarias. Algunas han sido muy polémicas, como la que adelanta contra Piedad Córdoba por sus posibles vínculos con las Farc, y otras han sido la respuesta que muchos esperaban después de diversas denuncias periodísticas.

Estás son algunas delas investigaciones que ha movido la Procuraduría en menos de dos meses.

Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle

Fue destituido el pasado 6 de mayo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años (falta por resolver de apelación a la decisión, que presentó la defensa). Abadía participó en una reunión política el 20 de febrero con varios alcaldes locales y el entonces precandidato conservador Andrés Felipe Arias. La decisión la tomó María Eugenia Carreño, procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría investiga al secretario de Educación del Valle Gustavo Navarro, quien al parecer promovió la candidatura al Senado de Juan Carlos Rizzetto.

Fernando Álvarez, secretario de Movilidad de Bogotá

El 7 de mayo la Procuraduría le formuló pliego de cargos por posibles irregularidades en la contratación de la semaforización de la ciudad. Según la entidad, en el proceso de contratación la Secretaría de Movilidad se alejó de algunos conceptos técnicos y restringió la posibilidad de que participaran algunos oferentes con otro tipo de propuestas.

Las denuncias periodística que se conocieron antes apuntaban a que la licitación habría sido plagiada de un proceso de semaforización en Panamá. En su momento el zar Anticorrupción Óscar Ortiz y el representante liberal Simón Gaviria denunciaron las irregularidades de alrededor de 215 mil millones de pesos.

Alirio Villamizar, ex senador conservador

Hace dos semanas le formularon pliego de cargos por supuestamente usar su cargo de Senador para presionar a la Notaria 11 de Bucaramanga y exigirle dinero. La decisión de Ordóñez coincidió con la del Consejo de Estado – también a solicitud de la Procuraduría – de quitarle la investidura por tráfico de influencias.

Adicionalmente, Villamizar enfrenta un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito y también por cohecho, al parecer por haber recibido dádivas a cambio de su apoyo a la reelección presidencial en 2006.

Piedad Córdoba, senadora liberal

El 12 de abril pasado el Procurador le formuló pliego de cargos a la senadora liberal por sus presuntas relaciones con las Farc. Ordóñez acusa a Córdoba de realizar actos que menoscaban la integridad y la unidad nacional, y de promover al grupo guerrillero.

Dentro de las pruebas se encuentran distintos pronunciamientos que ha hecho la senadora en los últimos años, y los mensajes hallados en los computadores de ‘Reyes’ que fueron incautados en la operación Fénix.
 

Luis Felipe Barrios, represenante a la Cámara

Barrios es uno de los tránsfugas de Cambio Radical que saltó a La U poco antes de que se votará la conciliación del proyecto del referendo reeleccionista. A finales del mes pasado, la Procuraduría le solicitó a al Consejo de Estado que le quite la investidura de congresista.

Para la Procuraduría la razón no radica en que Barrios se cambió de partido y votó la conciliación, sino en que participó en las deliberaciones sobre si los tránsfugas podían votar, algo en lo que él tenía un directo conflicto de intereses. La solicitud la hizo el procurador delegado ante el Consejo de Estado Isnardo Jaimes.

Guillermo Alberto González, ex gobernador del Cauca

González fue destituido por la Procuraduría el pasado 16 de abril por invertir dineros de la administración en la empresa Probolsa. Esta firma había entrado en liquidación en 2008 y no estaba autorizada para captar dinero.

Muchos calificaron este caso como la estafa de una “pirámide estrato seis”.

Juan Manuel Llano, alcalde de Manizales

El 27 de abril pasado la Procuraduría le formuló pliego de cargos por posibles faltas disciplinarias al adjudicar la distribución de licores de la Industria Licorera de Caldas a una empresa de la que él supuestamente es socio.

 

Fui periodista de La Silla Vacía y creador de La Mesa de Centro. Hago contenido en Charlas con Charli y soy codirector de Linterna Verde.