Un artículo incluido en la prórroga de la Ley de Orden Público que permitiría a organizaciones civiles participar en las labores de desminado en todo el país ha generado una discusión sobre la conveniencia de que los civiles cumplan con labores propias de las Fuerzas Militares cuando aún el país tiene un conflicto armado.
Las operaciones de erradicación manual tienen una mayoría de componente civil, pero las de desminado hasta ahora solo han sido realizadas por batallones militares.
Un artículo incluido en la prórroga de la Ley de Orden Público que permitiría a organizaciones civiles participar en las labores de desminado en todo el país ha generado una discusión sobre la conveniencia de que los civiles cumplan con labores propias de las Fuerzas Militares cuando aún el país tiene un conflicto armado.
Quien puso el tema sobre la mesa fue el senador Jorge Enrique Robledo quien calificó como un “mico” el artículo noveno del proyecto de reforma de la Ley 418 de 1997 pues, según él, involucra a la población civil en el conflicto armado.
“Desminar en Colombia es un acto de guerra”, aseguró a La Silla Vacía el senador del Polo Democrático quien además explicó que las normas internacionales de participación de civiles en el trabajo de desminados fueron hechas para países donde ya no hay guerra, situación que en Colombia aún no se ve cercana. “Aquí no estamos hablando de las minas del posconflicto”, puntualizó.
Para el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra las Minas este componente es fundamental en el programa de desminado y el cumplimiento de los tratados internacionales. Por ello ha intentado en varias ocasiones lograr la aprobación de un decreto que reglamente el proceso de acreditación, operación y monitoreo de las organizaciones que ejecuten este tipo de trabajo.
Pero ahí precisamente es donde el senador Robledo ve uno de los problemas más delicados, pues considera que la función de desminar quedaría en manos de empresas extranjeras que podrían terminar contratando a campesinos y jornaleros para realizar esas actividades.
En esto coincide Mauricio Restrepo, representante legal de una firma internacional que suministra maquinaria y elementos para desminado, quien aseguró que, mientras el país esté en conflicto, es imposible darle esa función a civiles.
“El problema aquí es quiénes van a ser los desminadores”, según Restrepo. Además, dice que el artículo noveno, como está planteado, permite que organizaciones civiles -es decir organizaciones no gubernamentales- y empresas privadas sean las encargadas del trabajo sin que se plantee un requisito explícito sobre la experiencia previa.
El empresario explicó que la experiencia de países minados es que se establezca que solo las empresas privadas acreditadas puedan prestar el servicio y con ello se garantice que los operadores que lleguen al país, o que sean formados aquí mismo, estén capacitados.
En cambio, para Álvaro Jiménez, coordinador nacional de “Campaña Colombiana Contra las Minas”, el problema no es el artículo sino lo que va a ser su reglamentación y aquí lo importante, para la Campaña, es que en el desminado se priorice a la comunidad y no a los intereses militares ni económicos.
Otro punto de partida de las críticas de Robledo al artículo de la Ley de Orden Público es la experiencia de la participación de civiles en otros proyectos antes exclusivamente en manos de las Fuerzas Militares. Puntualmente habló sobre la erradicación manual forzosa de cultivos ilícitos en cuyo trabajo participan campesinos y jornaleros, muchos de los cuales han muerto o han resultado heridos a raíz de las minas antipersonal.
El congresista del Polo señaló que, de acuerdo con cifras del Programa Presidencial para la Acción contra Minas Antipersonal, 198 civiles han sido víctimas de atentados mientras desarrollaban tareas de erradicación. “Con una lógica clientelista, la Presidencia contrata unos campesinos pobres que terminan involucrados en el conflicto y arriesgando su vida”, afirmó.
Álvaro Jiménez, por su parte, explicó que la idea de buscar campesinos sin empleo para que erradicaran cultivos ilícitos, y que comenzó en 2006, no ha sido más que una forma de involucrar a los civiles como actores dentro de una operación militar.
Para cada operación de erradicación, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos contrata a varias personas que conforman un grupo llamado Grupos de Móviles de Erradicación, que en promedio está conformado por 28 erradicadores, dos rancheros y un capataz. Este grupo se desplaza hacia las zonas de conflicto pero, como explicó Jiménez, lo hacen con características de operación militar: no pueden relacionarse con la comunidad, llegan de imprevisto a las comunidades y son acompañados por dispositivos militares y de Policía.
Estas personas ganan cerca de 500 mil pesos por un contrato de dos meses que algunas veces es renovado por otro término igual. Y no son contratadas directamente por el Gobierno sino por una cooperativa llamada Empleamos S.A, pero algunas veces hay lapsos de tiempo en que no están contratadas y entonces pierden la seguridad social. Ya no están desempleados y no tienen acceso al Sisben y tampoco están trabajando y por lo tanto tampoco están afiliados a una EPS.
Esta situación, particularmente alarmante por el trabajo que realizan, y porque muchos tienen dificultades de salud, se está presentando principalmente en Caldas, Magdalena y Bolívar, donde incluso algunos erradicadores presentan problemas de orden sicológico y auditivo que posteriormente a su retiro no son reconocidos de ninguna forma.
Con la contratación de estas personas, Jiménez explica que el Gobierno viola los tratados internacionales pues, no sólo no evita que los ciudadanos lleguen hasta las zonas minadas, sino que además les paga por llegar.
El costo que lleva involucrar a los civiles en actos que deberían ser exclusivos de los militares es muy alto. La Campaña considera que ahora el número de víctimas civiles en razón del conflicto son en su mayoría erradicadores forzosos.
Todo esto intentó ser reparado con algunos compromisos que, sin embargo, no han sido cumplidos, como el caso de los campesinos de La Macarena donde se ofrecieron subsidios para vivienda a los erradicadores y hasta ahora no les han entregado nada.
En Colombia, de las 33 regiones que componen al país (32 departamentos y un Distrito Capital), 32 tienen campos minados y los costos de desminar un metro cuadrado, según los estándares internacionales, pueden ser hasta de mil dólares. El costo, entonces, es muy grande para llegar a improvisar en el tema.
La experiencia en Colombia hasta ahora es de desminado humanitario que implica que solo los pelotones de desminado del Ejército pueden realizar las labores. Sin embargo, esto es muy complicado, pues nada garantiza que, después de un mes, una zona desminada no esté otra vez plagada de minas antipersonal.
En el desminado humanitario, la Oficina de desminado hace la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Defensa y con el Batallón de Desminado Humanitario para la planeación de las operaciones de limpieza de terrenos. Pero esa experiencia que hasta ahora no llega a más de diez departamentos ha hecho que el mismo Gobierno admita que la erradicación en una gran parte del país es muy complicada.
En febrero pasado, Andrés Dávila, quien representaba al Programa Presidencial para la Lucha contra Minas Antipersona (Paicma), advirtió que las condiciones en el país no estaban dadas para entrar a hacer desminado en varias regiones. Y por ello aunque impulsan el desminado por parte de civiles, son conscientes de que no podrían llegar a varias zonas del país, por razones de seguridad.
La idea del desminado civil surgió desde las mismas Fuerzas Militares pero las discusiones técnicas han sido lentas y aún jurídicamente no se ha agotado el tema.
Hasta ahora el Gobierno ha dicho que acreditaría unas organizaciones por experiencia, trayectoria y recursos, pero nunca ha descartado que quienes trabajarían en las zonas minadas sean colombianos y que los operadores directos saldrían de las mismas zonas afectadas, aunque aclaran que todo depende de las organizaciones contratadas.
Desde 2009 se aprobaron recursos para desminado por 105 mil millones de pesos y 25 mil millones más de cooperación que en gran parte estarían destinados a reforzar los pelotones de desminado que existen ahora porque la posibilidad de entrada de firmas extranjeras supondría que ellos mismos traen sus recursos.
Estos recursos podrían ser insuficientes si se tiene en cuenta que cada día de desminado significa nuevas minas sembradas por los actores del conflicto en las zonas de orden público y, si a eso se suma el costo de vidas civiles, tal vez es demasiado alto sin una política pública efectiva que impulse el conocimiento necesario en todo el proceso de minas.
