Las últimas semanas mostraron la poca voluntad de responder a lo que se pide en las calles.
A una semana y una tributaria del fin del Congreso este año, lo más posible es que el presidente Iván Duque se anote una victoria al pasar esa ley, y que los congresistas, con excepciones, muestren que no se sintonizaron con el descontento que se nota en la reciente Gallup Poll ni con las exigencias del paro.
Eso luego de que Duque pactó con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su bancada de Cambio Radical un acuerdo frente al proyecto; de que Aurelio Iragorri, director del partido de La U, le confirmara a La Silla Vacía que no considera conveniente que se hunda esa reforma; y de que además la mayoría de la bancada liberal esté a favor del proyecto, a pesar de que el expresidente César Gaviria esté en contra.
Es una tendencia que va más allá de la tributaria.
Un impulso de corto vuelo
Luego de las inesperadas marchas y el cacerolazo del 21N el presidente del Congreso, Lidio García, convocó a los voceros de los partidos en el Senado y los sentó con los líderes del paro. Ese encuentro terminó en un comunicado de prensa en el que le pedían al Presidente que se sentara a negociar.
“Esa reunión sirvió para legitimarnos frente al Presidente”, le dijo a La Silla Fabio Arias, dirigente de la CUT y miembro del comité del paro.
Funcionó, pues Duque se sentó a conversar con el comité, y con eso el Congreso abrió una puerta para usar la crisis de las instituciones para legitimarse y mantener su papel de mediador entre demandas ciudadanas y el resto del Estado.
Más cuando, simultáneamente, García propuso que los congresistas se bajaran el sueldo un 15 por ciento, en algo que era más un golpe de opinión que una propuesta de fondo.
Pero las dos iniciativas quedaron prácticamente en nada.
La reunión se quedó ahí y, como dice Arias, “no sirvió para nada más”; la propuesta de bajar los sueldos se convirtió en una urna en el Capitolio para que los congresistas que quisieran “votaran” a favor, pero solo quedaron 8 en una plenaria en la que había por lo menos 90 congresistas, según nos confirmaron de la oficina de García.
Otros tres hechos muestran que ese impulso no llegó lejos.
Las otras tres muestras
La semana pasada, la Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate el proyecto conocido como “ley Andrés Felipe Arias”, una bandera del uribismo para crear, retroactivamente, una doble instancia para las personas aforadas que fueron condenadas por la Corte Suprema de Justicia en única instancia.
Eso podría beneficiar a decenas de personas, incluídos el exministro Arias y decenas de parapolíticos, lo que produjo indignación en calles y en redes.
El senador liberal Luis Fernando Velasco le explicó a La Silla que lo aprobaron porque esa doble instancia es obligatoria a futuro, y que él y otros siguen en la pelea para que no sea retroactiva.
De hecho, Roy Barreras, de La U, y el vargasllerista Rodrigo Lara presentaron una ponencia para el segundo debate, que dejaría la doble instancia pero eliminaría la retroactividad para todas las condenas menos las más recientes, lo que dejaría por fuera de los beneficiados a los parapolíticos y a Arias.
Aunque si ganan el Congreso podría mandar un mensaje de conexión con el país que está en paro, eso depende de las mayorías inciertas y de lo que pase en la Cámara, y en todo caso la decisión de la semana pasada no fue una señal aislada.
Eso porque solo esta semana arrancó en la Cámara el último debate del proyecto de ley de pliegos tipo, uno de los que salieron de la consulta anticorrupción y que busca evitar que cada entidad arme los procesos de licitación como quiera, potencialmente para beneficiar a un aliado.
Ese proyecto lo radicó el Gobierno hace más de un año, viene de salir pupitreado por la plenaria del Senado y salió de la Comisión Primera de Cámara sin problema, pero se topó con una oposición fuerte.
Apenas llegó a la plenaria varios congresistas, como el vargasllerista Atilano Giraldo o el liberal John Jairo Roldán lo criticaron, argumentando que le quitaría mucho poder a los alcaldes y gobernadores para dárselo al director de Colombia Compra Eficiente, que elige el presidente, porque esa entidad definiría los pliegos a los que se deben someter las alcaldías, gobernaciones y otras entidades locales.
Por eso el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca de Cambio Radical, decidió crear una subcomisión para que analice y concerte el proyecto, lo que a siete días de que se acaben las sesiones del Congreso puede llevar a que se postergue para el próximo año.
Aunque se espera que hoy se vote, la representante verde Juanita Goebertus puso ayer en la noche el grito en el cielo porque el proyecto llevaba más de cuatro meses en el orden del día, por lo que había tiempo suficiente para resolver esas preguntas sin que hubiera una contrarreloj.
Más cuando solo hoy arrancó la discusión de otro de los proyectos que vienen de la consulta, el que busca que no haya casa por cárcel para corruptos, cuando se presentó el 20 de julio.
Ese proyecto se había presentado de nuevo luego de que se hundiera por un error tanto del Congreso como del Ministerio del Interior, frente a quien debía hacer la conciliación. Sin embargo, hay un texto similar que está en su último debate en la plenaria del Senado, pero no se ha empezado a discutir.
Con la tributaria y esas otras tres señales, es difícil que el Congreso sea la correa de transmisión entre el malestar general, que según la Gallup va más allá de quienes marchan, y el Estado.
Más cuando solo queda una semana de sesiones y todo indica que la tributaria, que el comité del paro pide hundir, tiene todo para salir aprobada a tiempo para Navidad.
