Aun con la ola de escándalos judiciales que han golpeado al círculo cercano del presidente Gustavo Petro y con la atención política concentrada en las elecciones regionales, las tres reformas sociales del gobierno -salud, pensional y laboral- siguen con chances de avanzar este semestre en el Congreso.
Esta semana, la reforma a la salud logró esquivar los obstáculos de la oposición y de sectores independientes. La pensional está camino a ser agendada para segundo debate en el Senado y la laboral tiene asegurados los apoyos para dar su primer paso en la Comisión Séptima de la Cámara.
El cambio en la estrategia de negociación entre el gobierno y los congresistas empezó a fluir con sentadas a manteles en la Casa de Nariño y se está aceitando con la entrega de burocracia -aunque a cuentagotas- a las bancadas que están abiertas a votar las reformas.
Otras apuestas secundarias como la reforma a la educación, la reglamentación de la jurisdicción agraria y la reforma penitenciaria, también se están abriendo paso para empezar su tránsito legislativo.
La de salud es el termómetro
Cuando arrancó la legislatura el 20 de julio, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo en entrevista con La Silla, que en Cámara podrían llegar a tener unos 120 votos de los 187. Esas cuentas optimistas para lograr cómodas mayorías en el Congreso que garanticen el futuro de las reformas, se pusieron a prueba con la de salud en la Cámara.
Aunque fue un mes particularmente de turbulencias para el presidente Petro por la captura de su hijo Nicolás, las declaraciones de su hermano, Juan Fernando Petro, sobre la campaña y por el cuestionado regreso a la Casa de Nariño de Laura Sarabia, las cosas en el Congreso aún parecen estar como las planteó Velasco.
El martes pasado, el ministro estuvo cerca de confirmar la cifra de los 120 votos cuando la oposición intentó por varios medios hundir la reforma. Y la Plenaria le envió guiños.
Primero, cuando Cambio Radical y el Centro Democrático propusieron desde la oposición cambiar el orden del día para poner la reforma como último punto y así dilatar el debate. Ahí, 114 representantes dijeron que no. Los votos llegaron del Pacto Histórico, liberales, conservadores, La U, curules de paz, verdes y de Comunes.
Luego, cuando Cambio Radical insistió y a través de la representante Carolina Arbeláez pidió aplazar el debate, 102 representantes lo negaron.
Pero la prueba más diciente sobre el nuevo empujón que puede estar teniendo la reforma ocurrió en la discusión sobre el archivo del proyecto. Después de que se despacharan los 25 impedimentos que estaban por tramitarse, la oposición expuso y sustentó su propuesta de hundir la reforma de un tajo con la presentación de una ponencia negativa. Congresistas conservadores como Armando Zabaraín, y verdes, como Katerine Miranda, también habían radicado solicitudes de archivo similares desde el semestre pasado.
Y con el ministro Velasco supervisando el debate desde la mesa principal, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, yendo hasta las curules de los representantes, el gobierno volvió a ganar.
En la estadística oficial aparecieron 97 votos diciendo no al archivo del proyecto.Fueron 30 de los 33 liberales; 13 de los 15 de La U; 25 de los 29 del Pacto Histórico; 13 de las 16 curules de paz; 10 de los 15 verdes y los 5 de Comunes. Los otros votos fueron de Jennifer Pedraza de Dignidad y Wilmer Escobar de Gente en Movimiento.
La cifra oficial de los 97 pudo ser mayor. Por un lado, porque aunque el partido Conservador pidió archivar la reforma, a la hora de la votación varios representantes de esa colectividad como Ciro Rodríguez de Norte de Santander, Mauricio Cuéllar de Caquetá y Wadith Manzur de Córdoba, y que habían estado durante el debate, dejaron sus sillas vacías. Los tres habían votado la solicitud de aplazamiento, pero a la hora del archivo pedida por sus compañeros, no votaron, y sus votos no sumaron para la oposición.
Pero además porque de la bancada del Pacto durante la votación final no aparecieron Susana Gómez (más conocida como Boreal), Gloria Arizabaleta, Ingrit Aguirre y Jorge Alberto Tejada. Que, en el papel, son votos fijos para el Gobierno.
Hay razones de forma y de fondo que explican por qué en este momento la reforma “goza de buena salud”, como lo trinó el presidente Petro, explicado además en los guiños que manda el Congreso.
La razón de forma es que la estrategia de diálogos con los partidos bisagra para el gobierno está arrancando de nuevo. En las últimas semanas de agosto, por iniciativa de Velasco, Petro citó a Casa de Nariño a las bancadas de los partidos de La U y Liberal, a las que cree que aún puede tener de su lado.
En esos encuentros, a los congresistas les sorprendió el tono cortés de Petro. Entre los liberales gustó que les diera las gracias y les reconociera el hecho de seguir oficialmente como partido de gobierno a pesar de las críticas en regiones, y que les dijera que los textos de las reformas no son camisas de fuerza y que se pueden ajustar con sus sugerencias.
Con los de La U la impresión fue similar. “Después de que dejen concertar, siempre habrá fluidez”, dice Julián López, de La U del Valle. Piensan que si le pueden meter mano al texto de la reforma pueden introducir cambios para dejar tranquilos a los sectores que representan.
Esa sentada con los congresistas fue un viraje en comparación a la estrategia pasada que había implementado Petro de negociar directamente con las cabezas de los partidos. Algo que había molestado a los congresistas.
Otra razón de forma es que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, decidió aceptar la idea de crear una comisión accidental con presencia de todos los partidos para que se revise qué tanto consenso hay con la ponencia de la reforma a la salud para segundo debate.
Inicialmente, esa petición fue calificada por el Pacto Histórico como una “jugadita”, aunque técnicamente no lo es porque está permitido someter proposiciones de ese tipo. Y aunque el presidente Petro había dicho que era un “intento burdo” para imponer “ideas muy neoliberales”, la creación de la comisión accidental les va a permitir a los congresistas poner a consideración más de 400 proposiciones pidiendo ajustes al articulado, lo que en últimas puede ayudar a destrabar la discusión.
Haciendo eso, los congresistas pueden dejar constancias de que en sus regiones son necesarias transformaciones al sistema de salud, como se propone en la reforma. Un tema muy taquillero ahora que están en elecciones regionales.
“Un departamento como el Putumayo requiere con urgencia ajustes, con cierta frecuencia repetimos la siguiente tragedia: se interviene Selva Salud, una EPS pública, se quiebra Selva Salud y nadie paga la deuda. Luego llegó Caprecom, quebró y dejó la deuda”, explica el representante liberal, Carlos Ardila”. Y continúa: “En 2021 se repitió con Medimás, hoy una EPS que se llama Emssanar adeuda a la red pública y privada de salud unos 42 mil millones de pesos, solo al hospital público de referencia le deben 13 mil millones de pesos. Cómo negar que hay que hacer ajustes”, dice.
“Resultó que apenas ganó Petro, al otro día los medios de comunicación sacaron las bondades de las EPS. Esto hay que cambiarlo, reformarlo, repensarlo, sin afanes. Esto demanda tiempo, el necesario, pero hay que hacerlo”, comentó Jorge Tamayo de La U.
Entre los congresistas a los que se ha acercado el Gobierno y a los que aún no les había llegado el turno de hablar públicamente del tema se ambienta nuevamente la idea de la necesidad de la reforma. “Una reforma que se construya en democracia, pero que hable de los paseos de la muerte y de cómo los campesinos de la Colombia profunda no tienen acceso a los derechos de salud, que acabe con la vagabundería de la integración vertical”, dice el representante verde de Boyacá, Jaime Salamanca.
Sin embargo, entre los partidos bisagra, como el Liberal, aún persisten voces con mucha resonancia que creen que la reforma como está planteada puede ser perjudicial. “La posición no puede ser que debamos acabar con las Eps, no, hay Eps buenas y nefastas. Esas nefastas son las que tenemos que acabar, y por eso yo me la juego por la reforma, pero no vamos a pupitrear la reforma, la vamos a revisar artículo por artículo, tenemos más de 300 proposiciones radicadas, yo presenté 15 para revisar la libre escogencia y que nos aclaren si es estatutaria”, dice Piedad Correal de Quindío.
Hay más sabor a “mermelada”
De fondo, y no menos importante, el viraje se explica en el aterrizaje de promesas burocráticas. Los liberales siguen consiguiendo cuotas en entidades relevantes. Hace unos días, en la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, entró como presidente el administrador de empresas, Juan Carlos Muñiz Pacheco.
Muñiz es cuota de diez representantes liberales que internamente se conocen como las “Sin piedad” y que están lideradas por Olga Beatriz González de Tolima, una de las primeras que entró a apoyar a Petro en campaña. Se llaman así porque en el chat en el que están organizadas dejaron por fuera a la representante de Quindío, Piedad Correal, a la que no ven cercana al gobierno y con la que tienen marcadas diferencias internas.
Otro grupo de representantes, por su parte, ha logrado ubicar y mantener a cuotas y familiares en la aseguradora estatal Positiva, que está en manos del excongresista José Luis Correa.
Por otro lado, entre senadores liberales son cada vez más marcadas las conexiones burocráticas con la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec, que maneja el millonario presupuesto de la alimentación de presos. Esta es una entidad que depende del ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna, al que el presidente Petro clasifica como liberal.
Esta semana, por ejemplo, fue publicada la hoja de vida del ingeniero Juan José Casasfranco para asumir una subdirección operativa de la Uspec. Él es cercano al senador Alejandro Vega, con quien coincidió cuando eran funcionarios en la Gobernación del Meta de Marcela Amaya -quien está buscando elegirse de nuevo- y ahí establecieron una conexión política.
En La U, donde aún hay dudas de si entrar en bloque o no, son tres los frentes de representación política que Petro les ha abierto. El primero es el del ministerio de las TIC, de Mauricio Lizcano, quien ha buscado posicionarse como el “padrino”de la bancada. Lizcano fue el coanfitrión de la reunión con el presidente en Casa de Nariño.
Los otros dos son la Fiduprevisora, como lo contó esta investigación de 070, y el Fondo Nacional del Ahorro, que antes les pertenecía a los liberales.
Las curules de paz también han ido ganando espacios. A ellos les entregaron la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, una entidad que tiene subdirecciones regionales a las que han ido entrando desde hace un par de semanas recomendados de esos representantes. Por ejemplo, en la de Norte de Santander fue nombrado el abogado Gerson Llanes, cercano al representante Diógenes Quintero.
En la oficina de Huila y Caquetá está próxima a ser nombrada la administradora de empresas, Mónica Perdomo Patiño, esposa del representante John Freddy Núñez.
Así, la nueva actitud de Petro con las bancadas y la repartición de burocracia están ayudando a ambientar el futuro de la reforma a la salud y es un indicador para lo que puede suceder con las otras reformas en carpeta.
La laboral aún no llega, pero el gobierno quiere ajustes
La Comisión Séptima de la Cámara vuelve a estar en el radar. Después de que sorpresivamente la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, fue a radicar sin tanto bombo la reforma laboral el pasado 25 de agosto, al interior se desató un pulso.
Hay pujas internas dentro del Pacto Histórico y con la ministra Ramírez, por definir quién va a asumir la coordinación de la ponencia en este nuevo intento de la laboral. El semestre pasado esa tarea se la encargaron a la representante María Fernanda Carrascal, pero ahora hay dudas de si nuevamente será la designada.
Cuatro integrantes de esa comisión le confirmaron a La Silla que a la ministra Ramírez le suena más la idea de que la coordinación la tengan ahora Marta Jurado y Alfredo Mondragón, quienes llevaron la batuta con la de salud. Y que haya muchos más ponentes para darle juego a las sugerencias de los liberales, por ejemplo.
Esa decisión va a quedar en manos de la presidente de la comisión, la liberal María Eugenia Monsalve. Pero por lo pronto eso no se ha definido porque el proyecto aún no ha sido notificado por la Secretaría de la Cámara.
Cuando arranque el trámite, el gobierno confía en tener al menos 11 de los 21 votos de la Comisión para aprobar el corazón de la reforma. Un cálculo similar al que permitió el semestre pasado sacar la reforma a la salud de esa comisión, en medio de maniobras legislativas y el guiño disimulado de conservadores y La U.
Entre los 11 fijos están los cuatro del Pacto Histórico, dos verdes, dos curules de paz, uno de Comunes, un liberal y uno de La U. Pero aquí va a entrar en escena un elemento de doble filo. Esta semana la mesa directiva de la Cámara debe firmar una resolución que deja en firme una sanción de la veeduría del Partido Conservador contra el representante Jorge Alexander Quevedo, lo que le quita voz y voto por 90 días.
La veeduría acusa a Quevedo de haber desobedecido la ley de bancadas, porque firmó la ponencia de la laboral que se cayó y ayudó con el trámite de la de salud, haciendo caso omiso a la orden del partido de no hacerlo.
Aunque de entrada eso le quita al gobierno el potencial apoyo disimulado de Quevedo, también representa que el cálculo del quórum no se va a hacer con base en 21 representantes sino en 20. Con ese número mágico, si el gobierno mantiene los 11 fijos, no tendría problema para avanzar con la laboral.
Esta realidad ya la conocen los empresarios, que son los que se han quejado del posible impacto de la laboral y dicen que el texto se hizo a sus espaldas. Anticipándose a eso, ayer la bancada del Conservador presentó su contrarreforma laboral.
Su presidente, Efraín Cepeda, dijo que la propuesta de ellos tenía coincidencias con la del Gobierno -como el pago del 100 por ciento del recargo dominical- pero que se diferenciaba, según él, en que buscaba generar y no destruir empleos.
Esa contrarreforma va a obligar a la presidenta de la Comisión, a acumular todos los proyectos que hablen de lo mismo en un solo proyecto, y así, se deben abrir mesa de concertación para construir un solo texto, o en su defecto, varios que deben ser sometidos de manera simultánea.
La pensional sigue en construcción
El semestre pasado la reforma pensional salió sin muchos ruidos de la Comisión Séptima del Senado y hoy sigue en remojo, pero con aire. Está camino a ser presentada en segundo debate en la plenaria y tiene la ventaja de que los ponentes son los mismos que lograron los consensos del primer tiempo.
De ese grupo, el gobierno tiene como aliados a Martha Peralta del Pacto, Miguel Pinto del Liberal, Berenice Bedoya de la ASI, Polibio Rosales del Aico y Jesús Restrepo de Comunes. Además, está la posibilidad de tener cercanos a Norma Hurtado de La U y los sorpresivos votos cristianos de Lorena Ríos de Justa Libres y Ana Paola Agudelo del Mira que generaron tanto ruido.
Ellos están puliendo el texto para el segundo debate para tratar de cerrar brechas en artículos claves y tranquilizar a sus bancadas cuando la discusión se abra en la plenaria. “Se está esperando un concepto del ministerio de Hacienda y otro del ministerio de Trabajo para suscribir la ponencia para segundo debate”, dice la senadora Bedoya.
Uno de los elementos claves que están analizando para finiquitar el texto es el documento de recomendaciones que publicó recientemente el Comité de la Regla Fiscal. Ahí se advierte que una de las apuestas de la pensional, darle un ingreso permanente a más de 2.6 millones de adultos mayores, parte con problemas de financiación que lo harían inviable.
“La ampliación del programa social a la vejez tendría un impacto fiscal neto de aproximadamente $4,3 billones en el corto plazo (0,3% del PIB). Suponiendo que esta
asignación es constante en el tiempo, en los primeros 10 años (el período de análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-) se habría acumulado un gasto de 3% del PIB”, advierte el informe.
Pero en la medida en que el texto llegue al segundo debate con las firmas de la mayoría de los ponentes, el parte para la plenaria sería de tranquilidad. Así, el gobierno tendría margen de maniobra para conseguir su aprobación.
Aunque en el Senado el gobierno tiene más detractores y los debates suelen ser más fuertes, el ministro Velasco también se ha encargado de hacer la tarea de conseguir una base. Igual que como lo hizo con Cámara, en su mapa de potenciales aliados dice que puede llegar a unos 65 votos de los 106 que hay. La U y los liberales, entran en el cálculo.
Un primer acercamiento a esa cifra se dio en la elección del presidente del Senado. Pese a que la apuesta de Velasco con Angélica Lozano fracasó, fue por un margen de 4 votos (54-50). En esa elección pesaron factores como que La U se fue en su mayoría por Iván Name porque el ministro Mauricio Lizcano -en el papel el padrino de la bancada- les había dicho inicialmente que la orden era “cualquiera menos Angélica”, o porque otros querían mandar un mensaje de que la negociación debía ser a un precio mayor.
También está la versión de que senadores del Pacto Histórico no votaron por Lozano, por las diferencias políticas que hay en Bogotá. Una tesis que agarró vuelo con hechos como que senadores como Isabel Zuleta o Gloria Inés Flórez asistieron a la mini fiesta privada que organizó Name la noche de la elección para festejar el triunfo.
Así que en el camino de las cuentas optimistas de Velasco, para lo que viene con la pensional y las otras reformas, aparecen los conservadores que mandan unos sí a las reformas camuflados. Como el senador paisa, Carlos Trujillo, quien tiene cuotas en el gobierno a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y que, ante una eventual votación cerrada, podrían jugar a no votar en contra o bajar el umbral del quórum.
