Los cuatro temores de los militares frente al proceso de paz

En Colombia, la Policía y el Ejército han sido tradicionalmente un vehículo de movilidad social. Muchas familias han hecho grandes sacrificios para lograr meter a su hijo en la carrera para convertirse en oficial porque la profesión militar da mucha estabilidad.

Se jubilan antes que los demás colombianos, tienen una pensión asegurada incluso si salen de la Fuerza siendo cabos y salvo que cometan graves errores tienen un puesto asegurado durante mínimo quince o veinte años. Todo esto se justifica porque muchos de ellos exponen durante ciertos períodos de su carrera su vida para proteger las de los demás colombianos.

“Hay un temor a perder lo que han ganado en estabilidad social”, dijo a La Silla Vacía el general retirado Rafael Colón, uno de los militares más elogiados por su lucha contra los paramilitares y la guerrilla en Montes de María. “Dicen: ‘nos van a restringir nuestros derechos en términos de sanidad, de prestaciones sociales. Me van a quitar mis cesantías después de haber luchado por este país.”

Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación y quien ha hablado con militares de diferentes niveles para un informe que están próximos a sacar, coincide en que de tenientes coroneles para abajo ese temor es muy fuerte. Incluso entre los civiles del Ejército, como el batallón de ingenieros ese temor es constante.

Es un temor quizás justificado porque en un escenario de posconflicto los privilegios de los que hoy gozan por el peligro que corren ya no tendrían la misma justificación.

El presidente Santos le ha asegurado a los militares enjuiciados por diversos delitos que ellos recibirán exactamente los mismos beneficios jurídicos que reciban los guerrilleros, una promesa de impunidad que dentro de la Fuerza no creen del todo. Y que motiva a un grupo de militares, liderado por algunos de los oficiales de alto rango investigados y varios de los recluidos en la PM 13, a oponerse al proceso de paz.

Este grupo considera que cuando el Marco para la Paz dice que “los máximos responsables” sí serán juzgados eso afectará directamente a los generales y coroneles de las brigadas donde se cometieron los falsos positivos y muchos otros abusos de manera sistemática.

Saben que hay varias organizaciones de víctimas documentando crímenes cometidos por militares de estos batallones. Por ejemplo, organizaciones de mujeres están documentando las violaciones de mujeres cometidas por soldados para llevarlas a instancias internacionales.

“A ellos el punto que más les preocupa de las negociaciones en la Habana es el de víctimas por las verdades que puedan surgir”, dijo a La Silla una persona que ha trabajado con los militares desde hace más de una década.

“Confrontar esas verdades es muy duro. Más que las investigaciones judiciales lo que les preocupa es la verdad histórica”, dijo un periodista que ha entrevistado a muchos soldados. “Esa pirámide que existe no resiste cuando comience a salir la verdad”.

Y es que a lo largo de su carrera los soldados han tenido que ver ilegalidades y abusos con la población cometidas por algunos de sus superiores y se han tenido que quedar callados, ensuciandose ellos mismos con su silencio cómplice, por la ausencia de una justicia militar independiente a través de la cual canalizar esas denuncias.

Cuando se abra la caja de pandora en una comisión de la verdad, y ya sin la promesa de estabilidad, muchos de esos soldados hablarán y corroborarán los testimonios de las víctimas.

Ese día, el prestigio con el que hoy cuenta el Ejército ya no será el mismo a pesar de los muchos héroes que también han formado parte de las Fuerzas Militares.

La contratación del sector Defensa es millonaria y muchos de esos contratos son gestionados por militares retirados. La logística es la columna vertebral que permite que las Fuerzas Militares sean operativas: desde la compra de las botas para los más de 240 mil soldados activos hasta los repuestos de los helicópteros (uno solo puede costar 15 mil dólares), tienen intermediarios militares.

Varios generales retirados o familiares cercanos a ellos son representantes de firmas extranjeras o colombianas que le proveen al Ejército desde equipos de inteligencia israelíes hasta equipos militares chinos. Hay mucha plata involucrada que está en riesgo.

Si hay un proceso de paz necesariamente el tamaño del Ejército se reducirá y también la demanda de recursos y servicios lucrativos. Esto, sin contar, todas las oportunidades de corrupción que rodean estos negocios y el uso de los gastos reservados.

En el posconflicto, los militares en principio se dedicarían a asegurar la soberanía nacional mientras que la Policía asumiría las funciones de control del orden público lo que significaría también un traslado presupuestal entre estas dos fuerzas que mantienen históricamente una rivalidad.

Todo esto asumiendo que el Ministro Pinzón y los militares pierden el pulso interno que se está dando actualmente dentro del gobierno para que puedan combatir a las bandas criminales bajo las reglas de la guerra (el Derecho Internacional Humanitario) y no las de la justicia ordinaria (como lo ha defendido hasta ahora Santos). Si lo ganan, los militares podrían seguir justificando gran parte de la logística de la guerra.

Después de años de formarse ideológicamente para combatir al enemigo, y de ver las atrocidades y el sufrimiento infligido por los guerrilleros sobre la población y sobre otros soldados es muy difícil emocionalmente para muchos militares aceptar una negociación que pasa por concederles el estatus político de contraparte a la guerrilla.

“Existe otro grupo de generales retirados y Acore que ve la negociación como un improperio al uniforme”, explica Ávila. “Piensan que les hubieran dado un año más podrían haber matado a esta gente”.

“Los militares tienen un orgullo propio y les duele que los saquen de sus narices para tomar trago en Cuba y que nadie les diga nada. Que el Presidente los tenga en la trastienda”, explicó un ex oficial a La Silla que habló bajo la condición del anonimato. “Creen que podrían haberlos derrotado”.

Este grupo está fuertemente influenciado por el uribismo y por generales retirados como Rey (quien salió del Ejército por supuestamente haberle filtrado las coordenadas a Uribe) y Rito Alejo del Río.

Este discurso ha radicalizado a la mayoría del Ejército y ha servido también para justificar todos los otros temores.

Una fuente le dijo a La Silla que de los 52 generales solo seis – a quienes despectivamente llaman “las princesas” porque “gatearon en tapete desde chiquitos por su nivel social”- están a favor del proceso de paz. Los demás tienen serios reparos. Otras fuentes creen que quizás la tercera parte están a favor del proceso. Pero varias coinciden en que hoy por hoy este malestar es una de las amenazas más grandes al proceso de paz.