Los desinflados del 2017

El Presidente comenzó el año con los últimos triunfos del 2016 fresquitos: a pesar de la derrota del Sí en el plebiscito, en noviembre firmó el Acuerdo de Paz con las Farc y no tuvo problemas para que su coalición mayoritaria en el Congreso lo refrendara; la comunidad internacional lo premió con el Nobel de Paz lo que le garantizó pasar a la historia; y como si fuera poco, el primer implicado en el caso Odebrecht fue el Gobierno de su archirival, Álvaro Uribe. Pero recién entrado el 2017, la suerte de Santos dio un vuelco.

Desde febrero, el elefante de Odebrecht le empezó a mostrar la trompa a Santos, primero con las revelaciones del Fiscal de que tendría indicios de que a su campaña de 2014 entró un millón de dólares de los brasileros y luego, cuando su ex gerente de campaña y amigo, Roberto Prieto confesó que sí entró plata a la campaña de Santos en el 2010.

Aunque el Presidente finalmente salió a dar explicaciones públicas en marzo y dijo, al estilo Samper, que ‘se acababa de enterar’, ese fue el comienzo del fin de su capacidad para gobernar. Ni siquiera el cambio de gabinete de mediados de año remedió que en seis meses, las mayorías de las que se jactaba el Gobierno para reglamentar el Acuerdo de Paz se diluyeran. Santos se quedó solo con los 17 senadores liberales y 10 del Polo y los Verdes. Los conservadores, Cambio Radical y la mitad de La U, giraron hacia la derecha.

La consecuencia es que se cayeron proyectos claves para aterrizar el proceso de paz como la reforma política y las circunscripciones de paz quedaron en el limbo. A este proyecto le faltó un voto y Santos no logró el apoyo de los conservadores a pesar de que hizo una reunión con toda la bancada en Casa de Nariño días antes de la votación.

En últimas, cada vez cobra más sentido su discurso de inauguración del último año del Gobierno: quiere que lo olviden por ahora pero que lo recuerden después. El problema es si la implementación del Acuerdo de paz sigue como va, es probable que ni siquiera logre eso.

El Congreso que estaba llamado a ser ‘el de la paz’, luego de refrendar mayoritariamente el Acuerdo con las Farc y tener los dientes del fast track, terminó siendo el Congreso del No . Una movida con miras a las elecciones de 2018 que terminó boicoteando proyectos claves para la implementación del Acuerdo y dejó en evidencia sus intenciones politiqueras.

Como contó La Silla, el fast track solo sirvió para desmovilizar a las Farc y le fue bien hasta el fallo de la Corte que lo desmontó.

Después, y justo cuando arrancó la precampaña, empezó el reversazo. Primero con la reforma política, que el presidente de la Cámara por Cambio Radical, Rodrigo Lara, dilató durante cinco meses porque decía que ésta beneficiaba solamente a la alianza de los Ni-Nís, que son los principales rivales de su candidato, Germán Vargas Lleras. Ese mismo discurso lo usó el vargasllerista de La U, Mauricio Lizcano, para convencer a 40 congresistas del Senado para hundirla. Y luego, con la ley que creaba las circunscripciones de paz y que hoy sigue en el limbo. El riesgo de perder poder de los caciques regionales en las 16 zonas donde las víctimas de la violencia o los líderes de movimientos y organizaciones locales podían ser elegidas para tener una curul durante ocho años en la Cámara, pudo más que las intenciones del Acuerdo.

Germán Vargas arrancó el 2017 como el candidato a vencer en el 2018, una imagen que se fue diluyendo durante el año.

El año arrancó pendiente de la inminente renuncia del entonces Vicepresidente y en febrero dio una muestra de su poder cuando se regaron los rumores de que le había ofrecido su fórmula vicepresidencial a tres políticos de los partidos Liberal, Conservador y Centro Democrático lo que desestabilizó a estas colectividades. Y volvió a demostrarlo cuando renunció a su cargo para no inhabilitarse y mantuvo sus cuotas en el gobierno de Santos.  

Aunque Vargas ya había mostrado sus aguas tibias con la paz, sobre todo con la Justicia Especial para la Paz que creó el Acuerdo de La Habana, el portazo definitivo del ex vicepresidente a la política bandera del Gobierno de Santos se dio cuando los congresistas de Cambio Radical no votaron la ley estatutaria de la Jep, tras una reunión en la que estuvo el candidato en septiembre. Con esa movida, Vargas inauguró su estrategia electoral para arrancarle votos al uribismo en la derecha con la idea de que si bien él no haría “trizas” el Acuerdo de Paz como el candidato de Uribe, sí sería el verdadero ‘tatequieto’ para impedir el avance político de los ex guerrilleros. La movida se consolidó con la entrevista que le dio a Noticias Caracol en octubre donde mostró que apropió del discurso uribista.

Sin embargo, el esfuerzo por ganar votos de la derecha consolidándose como el hombre anti-Farc no ha dado frutos. En noviembre, se reveló la encuesta Gallup que mostró que Vargas alcanzó su peor nivel de favorabilidad en 15 años, incluso superando a Gustavo Petro en imagen negativa. Además, terminó el año consolidando su apuesta por la maquinaria aún con candidatos cuestionados en un partido que ya suma 10 gobernantes con líos judiciales y con movidas clientelistas para recoger las firmas que avalaron su candidatura presidencial.

Las dos cartas del uribismo que comenzaron el año como los candidatos a vencer dentro de la baraja del Centro Democrático para la Presidencia en el 2018, terminaron enterrados políticamente.

Zuluaga fue el primer descabezado de Odebrecht, luego de que su ex estratega político ‘Duda’ Mendonça reveló que parte de sus honorarios, 1.6 millones de dólares, los pagó la corrupta Odebrecht para que lo asesorara en su campaña del 2014. Aunque a finales de octubre el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación en su contra, el expresidente Álvaro Uribe despachó definitivamente su aspiración porque persistían dudas sobre su relación con la multinacional brasilera.

La campaña de Ramos fue aún más breve. Comenzó el año libre, luego de que la Corte Suprema tumbara su detención por falta de pruebas. Aunque su caso por parapolítica siguió su curso, el rumor de que podría terminar absuelto le dio pie para iniciar recorridos políticos con sabor a campaña enarbolando el discurso de que era una víctima de los falsos testigos.

Sin embargo, en agosto, Ramos terminó salpicado dentro del escándalo del cartel de la Toga, cuando su nombre apareció en las grabaciones de la DEA entre Luis Gustavo Moreno, el corrupto fiscal anticorrupción, el abogado Leonardo Pinilla y el prófugo exgobernador Alejandro Lyons en Estados Unidos. Al final, su caso se enredó y su campaña terminó sin haber comenzado.

El cartel de la Toga aterrizó en la Corte Suprema en agosto y salpicó a los ex presidentes Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos que, aunque ya tenían cuestionamientos por haber cimentado su carrera sobre el ‘yo te elijo, tu me eliges’, mantenían vigente su poder en la justicia.

Ricaurte, llegó a postularse primero, como aspirante presidencial conservador en la convención del partido azul de fines de 2016 y este año aspiró a ser magistrado de la Justicia Especial para la Paz. Y terminó preso. Y Bustos, que fue presidente de la Corte en 2015 y acabó su período el año pasado pero mantuvo su poder a través del magistrado de la sala penal Gustavo Malo, terminó con una investigación abierta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en la lupa de la opinión pública.

Ambos son acusados por el ex fiscal anticorrupción corrupto Luis Gustavo Moreno y por el ex Senador Musa Besaile de ser las cabezas del cartel que cobraba sobornos a políticos a cambio de información privilegiada o fallos favorables en la justicia.

En menos de seis meses y a sus 34 años, Luis Gustavo Moreno pasó de ser el jefe de la dirección anticorrupción de la Fiscalía, nombrado por el fiscal Néstor Humberto Martínez y donde quedó a la cabeza de las investigaciones de Odebrecht y Reficar, a ser el principal testigo del cartel de la Toga, preso en el pabellón de extraditables de La Picota y con sus bienes embargados.

Tras su captura en junio, luego de que el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons confesara que Moreno le pidió un soborno 500 millones, el ex fiscal corrupto prendió su ventilador. Ya salpicó entre otros a los senadores de La U, Musa Besaile, al liberal Álvaro Ashton y al conservador Hernán Andrade y a expresidentes de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte. Besaile y Ricaurte ya están presos.

Desde que arrancó el año, Rafael Pardo y Óscar Naranjo, quedaron a la cabeza de la política pública más importante del gobierno Santos pues estaban llamados a articular la implementación y aterrizar el Acuerdo de Paz en los territorios más afectados por el conflicto. Pardo, como el Alto Consejero para el Posconflicto, quedó a cargo del ambicioso programa de sustitución drogas del Gobierno, de la participación del sector privado en el posconflicto y de los programas de desarrollo territorial  para ‘consolidar la paz en las regiones más afectadas’.  Naranjo, por su parte, llegó a la Vicepresidencia en marzo en reemplazo de Germán Vargas Lleras y desde que se posesionó, asumió como su responsabilidad garantizar la seguridad para líderes sociales y ex combatientes en los territorios, y supervisar toda la ejecución del posconflicto. Comenzó el año tan poderoso que se hizo una cirugía a la Casa de Nariño en función de sus objetivos.

Sin embargo, ambos terminaron el año con sus principales metas en rojo.

En el caso de Pardo, la política de sustitución de cultivos que se trazó como meta erradicar manualmente 50 mil hectáreas en un año, faltando cuatro meses para que se cumpla el plazo sólo ha avanzado en un 20 por ciento, como contó La Silla. La demora sumada al permanente descoordine con el garrote de la erradicación forzada, desató protestas y hasta cobró la vida de cocaleros como los seis campesinos que fueron asesinados en Tumaco al parecer en manos de la Policía Antinarcóticos en octubre. Además, quedó en veremos la ley que le da beneficios a los pequeños cultivadores.

Mientras tanto, aunque al ‘vice’ se le vió muy activo durante todo el año viajando a las regiones más azotadas por el conflicto y mediando para solucionar los conflictos que destapó la salida de las Farc del territorio, en materia de seguridad, la implementación de los acuerdos se rajó.

Aunque el Gobierno insiste en que el asesinato de líderes no es sistemático, la Agencia de la Onu para los refugiados, Acnur, dijo que hasta noviembre de este año se tiene información de 78 líderes asesinados y se tiene la sospecha de otros 13 casos. Además, el director de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, ha explicado que el 75 por ciento de esos casos de los asesinatos han sido ejecutados por sicarios, “es decir que alguien está pagándole a alguien para matar a estos defensores de derechos humanos”.

Su otra tarea que tenía que ver con desmantelar las organizaciones criminales en los territorios más afectados por el conflicto y combatir a los sucesores del paramilitarismo tampoco ha tenido mucho éxito.

El caso más evidente es Tumaco donde, a pesar de que funciona el Cuerpo Élite de la Policía, una estrategia que encabeza el propio ‘Vice’, hay al menos 11 organizaciones criminales disputándose el espacio que dejaron las Farc. Con corte al 1 de diciembre, además, fue el municipio donde más aumentaron los homicidios dolosos con respecto al 2016, según datos de la Fiscalía. La cifra total de 190 homicidios que reveló la personera del municipio, es además, la más alta en la última década según esa misma funcionaria. El miércoles 21 de diciembre, el Vicepresidente se reunió con los Alcaldes de los nueve municipios de nariño para analizar la situación y dijo que ‘asumía toda la responsabilidad’, si la seguridad fracasa en el Pacífico sur.

El ex ministro del Interior comenzó el año como el principal súper poderoso del fast track, encargado de tramitar y aprobar en el Congreso todas las leyes para implementar el proceso de paz. Sin embargo, luego que decidió renunciar para aspirar en el 2018 a la Presidencia, el fast track terminó en debacle, y él terminó quemado en la consulta de su partido Liberal.

Aunque Cristo renunció al Ministerio en mayo, mantuvo su cargo como miembro de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo con las Farc (Csivi). Eso, aunque representó un evidente conflicto de interés porque ya no estaba en el gobierno y era precandidato presidencial, le permitió al Gobierno tener un hilo conductor valioso en ese mecanismo proque Cristo estuvo en la fase final de la negociación y en toda la defensa del Acuerdo en el Congreso.

En agosto renunció y se metió de lleno a su campaña donde logró el apoyo no sólo de poderosos caciques liberales en las regiones sino de políticos de otros partidos como Cambio Radical. Aún así, la maquinaria no le alcanzó contra Humberto de La Calle aunque la votación de ambos fue casi la mitad de los que obtuvo en su su última consulta interna en 2009.

En marzo, el ex director del Sena saltó a la Secretaría General de Presidencia en reemplazo de Luis Guillermo Vélez, en una movida de Santos para dejar el poderoso computador de Palacio en manos de alguien que conoce los intereses y las necesidades de los políticos al dedillo, porque es uno de ellos. Sin embargo, en agosto cometió su primera gran falla cuando tras el remezón de gabinete que él como secretario general coordinó, se cayeron o quedaron tambaleando 4 de los 13 nuevos nombres que se propusieron. En noviembre, además, Prada quedó convertido en otro problema para Santos, cuando la ex directora del Sena lo denunció por irregularidades al interior de la entidad como un posible detrimento patrimonial de las obras que él contrató cuando era el director y que, a através de terceros, el secretario general seguía mandando en la entidad.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, arrancó el año pagando el costo político por la aprobación de la reforma tributaria que, como contó La Silla, terminó siendo más aguada que la que presentó el Gobierno inicialmente pero aprobó la medida de incrementar 3 puntos en el IVA que golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos de a pie. Pero aún así en agosto se consolidó como uno de los Ministros más poderosos de Palacio, que no sólo es el que maneja la plata sino que tiene la confianza del Presidente que cada vez más se rodeó de personas cercanas al Ministro. Sin embargo, terminó el año desinflado luego de que el pasado 12 de diciembre la calificadora de riesgo, Standard & Poors le bajó la calificación al país de BBB a BBB-, a pesar de que Cárdenas siempre defendió la reforma tributaria argumentando que era el remedio para evitar que las calificadoras de riesgos internacionales le bajaran el puntaje a los TES y el Gobierno tuviera con qué pagar más intereses.