Un estudio del gobierno calcula el efecto de reducir la producción de petróleo a la mitad en 2030. Encuentra que, incluso con subsidios, aumentaría la pobreza.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que para salvar a la humanidad de la extinción hay que dejar de producir carbón y petróleo. El primer informe de su gobierno que le pone números a esta propuesta muestra que, cortar a la mitad la producción de hidrocarburos progresivamente hasta el 2030 tendría consecuencias muy graves para el país. Entre otras, si no se aplica ninguna medida de mitigación, se perderían 345 mil empleos.
El informe lo lideró el Departamento Nacional de Planeación, que hizo públicos algunos avances de los estudios que hace junto a la Cepal y la Agencia Francesa del Desarrollo.
El estudio combina dos modelos distintos de simulación. El primero da cuenta del choque económico que tendría una menor producción de petróleo en la industria de cada departamento. El segundo analiza el impacto de esa reducción sobre las principales variables macroeconómicas: desempleo, PIB, pobreza moderada y extrema.
Además, el estudio estima el efecto de dos políticas de mitigación que ha propuesto el gobierno para reemplazar las rentas petroleras. Una, por el lado de la oferta, incrementando la producción de los sectores claves en el reemplazo de las energías fósiles (agro, agroindustria, turismo). Y otra, por el lado de la demanda, ofreciendo un subsidio de un millón de pesos a aquellos que resulten desempleados tras la baja en la producción petrolera.
Según José Alejandro Herrera, director encargado del DNP, “el estudio es solo uno de los muchos componentes que tenemos en la articulación con varios ministerios para definir una ruta en la transición energética.”
La simulación proyecta un corte gradual a lo largo de 7 años en la producción de hidrocarburos. Y lo que muestra es que las ambiciones ambientales de Petro, si no se aplican con cuidado, irían en contra de una “transición justa” y de las mejoras sociales que prometió en campaña. Estas son principales conclusiones del estudio.
El Pib caería 3,5 puntos a final de año y 0,5 puntos en el 2030
En la simulación del estudio no se hace explícito cuál es el ritmo de la reducción de producción de hidrocarburos, pero Herrera afirma que se distribuye a lo largo de 7 años. El mayor impacto en el crecimiento se daría este año. Se contraería en 3,5 puntos sumando petróleo y carbón. Esto conduciría a nuestra ya debilitada economía a una recesión.
Ese choque inicial sería parcialmente absorbido en el mediano plazo, posiblemente debido a una reestructuración económica, aunque en el estudio no se especifican los mecanismos exactos.
A nivel departamental destacan los efectos en la producción económica total de Casanare (-24,9%), el Meta (-24,3%), Putumayo y la Guajira (-22,8%). Herrera explica que se simuló “el efecto completo en la economía de los departamentos. Algunos, claro, son más resilientes y tienen mayor oportunidad de que otras actividades compensen la baja productiva en hidrocarburos”, dice.
De manera agregada, el choque en los departamentos petroleros resulta en una baja del -12% en el total de su producción económica y en los departamentos carboníferos es de -11,8%.
Para María Adelaida Pradilla, de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) los efectos que muestra el estudio pueden entenderse “como una advertencia.” Dice que muestran, sobre todo, la importancia que tienen estos recursos en la transición.
“La transición energética no consiste en reducir la producción, sino en ir reduciendo gradualmente el consumo de estos combustibles,” dice. “Se debe preparar el país y diversificarlo tanto energética como económicamente. Y se va a necesitar el petróleo y el carbón para atender la demanda mientras eso suceda.”
Se perderían 115 mil empleos en 7 años y aumentaría la pobreza
Los efectos más preocupantes de reducir la producción de estos hidrocarburos se ven en el mercado laboral y en un aumento considerable de la pobreza.
“Se simuló qué pasaría si se disminuyen los empleos en sectores asociados a hidrocarburos y minería de carbón sin pensar en alternativas adicionales”, explica Herrera.
El estudio calcula que se perderían 117 mil empleos en el sector petrolero y unos 145 mil en el carbonífero. Además, la informalidad, uno de los problemas centrales del mercado laboral colombiano, también tendría un incremento: subiría 0,2 puntos porcentuales en el primer año y aumentaría 1,5 en el 2030.
Es decir, si se reduce la producción de hidrocarburos a la mitad, en siete años habría aproximadamente 20 mil nuevos informales.
La simulación también muestra que la pobreza podría aumentar hasta 3,26 puntos porcentuales y la extrema 1,40 puntos en el primer año. Mejor dicho, si hoy Colombia cuenta con aproximadamente 7,8 millones de personas en pobreza extrema, un aumento de esta magnitud enviaría a 109,200 personas a la pobreza extrema.
Para Herrera, estos resultados mostrarían “que debemos enfocarnos para encontrar encadenamientos que compensen una probable pérdida de empleos” y señala la importancia de “un proceso de reindustrialización del campo alrededor de energías limpias” que puedan absorber los efectos sociales negativos de la descarbonización en el mediano plazo.
Ni el turismo ni los aguacates alcanzarían a cubrir el hueco del petróleo
Desde sus promesas de campaña, Petro ha sido reiterativo en que ve en el desarrollo del agro, la agroindustria y el turismo una alternativa sostenible para salir del modelo extractivo de energías no renovables.
Sin embargo, aunque el desarrollo de estas industrias podría mitigar la caída en la producción y el empleo; según el estudio del DNP, los efectos netos siguen siendo negativos,
Por ejemplo, al incentivar con inversión la oferta de empleo en agricultura, agroindustria y turismo se estima que podrían recuperarse hasta 93 mil puestos de trabajo del sector petrolero. Mientras que en el sector del carbón podrían compensarse hasta 120 mil puestos de trabajo con el fortalecimiento de los otros sectores.
Sin embargo, el total de empleos generados por estas industrias –incluso contando que genere 33 mil empleos en el resto de los sectores productivos– no alcanzaría a compensar las pérdidas: de los 362 mil empleos perdidos solo logran recuperarse 247 mil, dejando a casi 115 mil personas sin empleo.
Por eso, para aliviar la situación económica de esas nuevas 115 mil personas desempleadas, el estudio también simuló el efecto de entregarles un subsidio de 1 millón de pesos y apoyos en la capacitación de nuevas actividades más sostenibles.
Según el comunicado del DNP que mostró el resultado de este estudio, esta renta, aunque permite “reducir la probabilidad de caer en la pobreza de los hogares, (…) no contribuye a mitigar los efectos de la reducción en empleo y producción, además habría que considerar su financiamiento.”
El subsidio llegaría a representar el 0.9% del PIB en el 2030 y el gobierno tendría que enfrentar esta obligación con las arcas disminuidas, sin los ingresos carboníferos y petroleros. Al día de hoy solo los ingresos petroleros representan 18,3 billones de pesos en impuestos, un 1,3% del PIB.
Es decir, que si combinamos el costo del subsidio y una reducción a la mitad del recaudo petrolero, una política de reducción de los hidrocarburos le restaría aproximadamente 9 billones de pesos al recaudo anual (sin contar las rentas de carbón) y 1,8 billones de pesos en gastos para mantener el subsidio el primer año. Para darse una idea de la cifra, estos 10,8 billones de pesos estarían 3,2 billones por encima de todo el presupuesto adjudicado en minas y energía para el 2023.
- El informe muestra que la bandera ambiental podría conspirar contra la de equidad
Las políticas de mitigación modeladas en el estudio no logran contrarrestar completamente los efectos sociales negativos de la descarbonización.
Para Pradilla, gerente de ACP, esto muestra “la importancia de mitigar el impacto, ya que, mientras se va dando la transición, se van a seguir necesitando derivados del petróleo. Por eso, es necesario preparar a las regiones con programas de reconversión laboral y productiva apalancados con recursos del sector hidrocarburos.”
Herrera, del DNP, señala también la importancia del sector privado en la transición: “el paso a energías limpias es muy intensivo en capital. Si no llamamos al sector privado a contribuir, podemos perder la oportunidad que tenemos de pasar a una matriz energética mucho más limpia.”
Por otro lado, Diego Cardona y Johana Peña, del Cesat, una ONG que vela por la justicia ambiental, advierten que el estudio no toma en cuenta costos más allá de lo económico, como el impacto de las industrias extractivas sobre las distintas formas de vida y el derecho al territorio de las comunidades.
“Una gran parte de lo social no está directamente vinculado a lo económico”, dice Cardona. “No se puede cuantificar perder el territorio o perder un río y el agua que tenía una comunidad para cocinar o para su agricultura.”
