Los elefantes blancos más caros se estancaron con Santos y no verán luz pronto

El top es de obras viales y de agua, y está repartido en varias regiones

En total las ocho obras han costado 3,5 billones de pesos, que equivalen a más de la mitad de la plata que el Gobierno de Iván Duque recaudó con la reforma tributaria de 2019 o incluso más de lo que costó subsidiar el 40 por ciento de los salarios a trabajadores por la pandemia del Covid-19.

Esas obras tienen un promedio de atraso de 10 años, y necesitarán, en el mejor de los casos, al menos otros 2,8 billones de pesos para entrar a funcionar y cumplir el propósito para el que fueron contratadas.

La mitad son obras de infraestructura vial en el Sur y el Pacífico, y tres de esas, son obras estratégicas para conectar esas regiones con el centro y con los puertos de Buenaventura y Tumaco. 

La otra mitad son proyectos relacionados con el acceso al agua en regiones que todavía no tienen acueductos funcionales y cuyos habitantes sufren de racionamientos diarios (en La Guajira y Córdoba), o que eran claves para activar cadenas de producción agrícolas (en Huila y Tolima).

En la era Santos fue cuando más obras nacionales se estancaron 

Cinco de las ocho obras del top fueron contratadas por entidades nacionales -la ANI, el Invías, Fonade e Incoder (más adelante, Agencia de Desarrollo Rural, ADR)- que han costado 3,2 billones de pesos.

Aunque las obras cruzan por los mandatos de tres presidentes: una se adjudicó en el gobierno de Andrés Pastrana (el embalse de Ranchería en La Guajira), tres en el segundo gobierno de Álvaro Uribe (los distritos de riego de Tolima y el Huila, y la variante San Francisco – Mocoa en el Putumayo), y uno en el de Juan Manuel Santos (la 4G Mulaló – Loboguerrero), es el mandato del último en el que la mayoría de proyectos se convirtieron en elefantes blancos.

Durante los ochos años de Santos, por ejemplo, el embalse de La Guajira y el distrito de riego del Tolima quedaron en veremos porque su Gobierno no destinó plata para contratar las fases que hacían falta. Además,es en ese periodo que la ANI le dio los lineamientos al contratista de la 4G Mulaló – Loboguerrero que pasaría por el Valle y cuyo trazado está enredado porque cruza por zonas con una alta sensibilidad ambiental.

Solo hasta este año, es decir, a la mitad del mandato de Iván Duque, se conoció la hoja de ruta para reactivar los proyectos de La Guajira y de Tolima y se están buscando alternativas para que tengan cierre financiero. Y la 4G del Valle sigue en veremos porque depende de lo que decida la Anla sobre la vía.

Se echaron a andar con problemas de planeación o ruidos de corrupción

Cinco de las ocho obras terminaron enredadas porque desde el inicio tuvieron fallas graves de planeación que ocasionaron que su valor aumentara (hasta se triplicó en algunos casos), y que los tiempos de ejecución se extendieran por varios años.

Los errores van desde que no se tuvieron en cuenta comunidades para definir el trazado de las vías, o que los diseños se hicieron por tramos que no se podían intervenir debido a que generan una afectación ambiental enorme, hasta que se entregaron estudios al contratista que ni siquiera eran del terreno en el que se debía construir.

Los estudios solo en dos casos estuvieron a cargo del contratista (proyecto de Ranchería en La Guajira y la 4G Mulaló – Loboguerrero), y en los restantes el Estado fue el que se los entregó al ejecutor, lo que muestra que los principales problemas de las obras y las posteriores adiciones y prórrogas se originan en fallas del público y no del privado.

Pero también hay casos en los que el contratista ha ejecutado con presuntas irregularidades los proyectos y se investiga presunta corrupción que va desde la adjudicación de la obra, hasta la inversión de la plata. 

Por ejemplo, en el distrito de Riego de Tesalia en el Huila hay procesos de responsabilidad fiscal abiertos por 23 mil millones de pesos, entre otros, por pagos dobles y pagos de mayores cantidades de obra, y, además, hay un pleito entre la ADR y el primer contratista de la obra (no cumplió y tuvieron que liquidar el contrato) para que se devuelvan más de 16 mil millones de pesos que le entregaron al consorcio y no fueron invertidos.

En la vía Morelia – Valparaíso – Solita de Caquetá, la Contraloría también está investigando la inversión irregular de recursos que se le han pagado al contratista por obras no ejecutadas, así como que el contratista ha legalizado pagos de prestaciones sociales a sus empleados que no estarían justificados.

 Hay varias perlas en las obras

• En el caso del portal del sistema de transporte integrado Metrolínea en Santander el lío se originó porque Metrolínea, administrador del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga, le entregó al contratista unos estudios previos que no correspondían al lote que debía ser intervenido y, encima, una porción del terreno no era de esa entidad pública y no tenía licencia de construcción. Esos fueron los argumentos que usaron los vecinos del sector para interponer una acción popular contra la obra y un juez les concedió la razón. Además, esos mismos argumentos fueron los que le dieron la victoria al contratista y al que ahora Metrolínea le debe pagar 160 mil millones de pesos. 

• Aunque el distrito de riego de Tolima no sirve, como en todo caso sí hay unos canales que están funcionando, se está generando un daño ambiental y, según un informe de la Contraloría, ha habido una “degradación del suelo en una zona ecosistémicamente sensible”, y se han afectado componentes y físicos y ambientales de la zona, que encima, es patrimonio arqueológico.

• La variante San Francisco – Mocoa quedó solo construida en la parte final y la inicial de trazado. Como está inservible, porque el resto de la intervención, que equivale a un 60 por ciento, no se puede construir porque está en una zona de reserva y encima tenía tramos que eran igual de peligrosos que los de la vía que ya existe, se la está comiendo la selva.

• En el distrito de riego del Huila fueron contratados dos consorcios. Uno en 2009 que incumplió y le liquidaron el contrato, y otro en 2014, que tampoco finalizó las obras pero al que le pagaron toda la plata. El costo por usuario de este proyecto es 10 veces más alto que el de los otros dos distritos de riego que están en este top. 

• La vía Morelia – Valparaíso – Solita de Caquetá la adjudicó en 2017 el gobernador Álvaro Pacheco, el año pasado condenado por parapolítica, a un consorcio liderado por Carlos Polo Almario, sobrino del excongresista también condenado por parapolítica, Fernando Almario, quien respaldó la campaña del entonces mandatario. El excongresista le hizo campaña Pacheco, y en un informe, la Contraloría estableció que hubo condiciones en esa licitación que vulneraron la participación de oferentes.

• El acueducto de San Jorge en Córdoba fue adjudicado en 2015 por el corrupto exgobernador Alejandro Lyons en medio de ruidos, que incluso tuvieron en vilo la financiación de la obra por parte de la Nación, a un consorcio en el que estaba la firma Odeka SAS, empresa que antes se llamaba Suárez y Silva Ltda, y es de propiedad de Juan Carlos Aldana Aldana, según registros de Cámara de Comercio (aparecían hasta 2011) de uno de los contratistas condenados por el carrusel de contratación de la Alcaldía de Bogotá.

La mayoría de las obras no verá la luz en el corto plazo

De las ocho obras enredadas, hay cuatro cuya ejecución necesitará varios años más y otras dos en las que la reactivación no tiene fecha. 

El proyecto de Ranchería y los distritos de riego de Tolima y Tesalia están en proceso de actualización de estudios y diseños, y reiniciarían obras en 2022. Estarían concluidas en 2026, 2028 y 2024, respectivamente.

Sin embargo, que esas proyecciones se cumplan depende de que se asegure la financiación de los proyectos y de que no existan más problemas de concertación ambiental o con las comunidades afectadas.

La variante San Francisco – Mocoa, según nos dijeron en el Invías, ya tiene plata de la Nación, tendría una nueva licitación este mes y necesitaría otros 10 años para culminar.

Por otro lado, el Portal PQP de Metrolínea (sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga) y la autopista Mulaló – Loboguerrero, están completamente quietas.

Mientras que en el portal de PQP de Santander, Metrolínea le pidió al Ministerio de Transporte que financiara el proyecto, que demandaría entre 125 mil y 130 mil millones de pesos más de inversión, y no ha obtenido respuesta; en la del Valle están a la espera de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, decida si le dará vía libre al proyecto y esa entidad no tiene plazo límite para emitir su concepto.

Las únicas dos que podrían concluir el otro año son el acueducto de San Jorge  en Córdoba y la pavimentación de la vía Morelia- Valparaiso- Solita en Caquetá, pero que ese plazo se cumpla también depende de decisiones administrativas.

En la primera obra, el contratista está citado el 15 de diciembre por la Gobernación para iniciar un proceso por incumplimiento y aunque se deben escuchar descargos de la aseguradora y el consorcio, si se emite una decisión contra el contratista el proyecto podría quedar a la deriva. 

En la segunda, se aprobó una adición por 14 mil millones de pesos para concluir las obras (en las actas no se especifica el detalle de esa adición), pero en noviembre se suspendió dos meses porque, aunque los recursos iban a ser destinados vía regalías, por demoras en el trámite le pidieron a la Gobernación que metiera la plata y no la entregó porque la disponibilidad presupuestal solo la tenía en 2021.

Toda la obra fue suspendida pese a que el avance, según la Contraloría, es de solo el 35 por ciento y ya se le han girado el 94 por ciento de los recursos al contratista.

 Hay más de un súper poderoso contratista  (emproblemado por presunta entrega de coimas) en el top

Las ocho obras que entraron en el top fueron ejecutadas en su mayoría por mega contratistas; sin embargo, hay tres que son particularmente visibles.

Por un lado, está el súper poderoso banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha sido cercano a todos los gobiernos de turno desde Virgilio Barco. A través de Episol, filial de Corficolombiana, y la misma que está metida en el escándalo de corrupción por entregar coimas para quedarse con la Ruta del Sol II en asocio con la corrupta multinacional Odebrecht y el grupo Solarte, se quedó con la concesión Mulaló – Loboguerrero en 2015.

También aparece el zar de las concesiones de servicios públicos, William Vélez, quien es amigo personal del expresidente Álvaro Uribe.

Las empresas del grupo de Vélez están en dos consorcios a través de tres empresas diferentes.  Figura con el tres por ciento de la variante San Francisco – Mocoa, que adjudicó el Invías en la era de Álvaro Uribe, dos días antes de que acabara su mandato, a través de HB Estructuras Metálicas; y en la construcción en Caquetá de la vía Morelia – Valparaíso – Solita con el 35 por ciento por medio de Unidad de Infraestructura y Construcciones Asociadas SAS y Termotécnica Coindustrial SAS, que adjudicó el parapolítico exgobernador Álvaro Pacheco.

La semana pasada la Fiscalía de Guatemala dio a conocer que un grupo de contratistas, entre esos, varios miembros de Edemtec, empresa del grupo Ethuss de propiedad de Vélez, habría entregado coimas por más de 10 millones de dólares, entre otros, al exministro de Energía y Minas de ese país entre 2012 y 2015, Erick Estuardo Archila Dehesa (actualmente prófugo) para ejecutar obras y lavar dinero de sobornos. Hasta ahora hay involucrados cuatro colombianos: Pablo Escobar Bayter, Manuel José Giacommetto Gómez, Luis Armando Córdoba Rodríguez y Juan Carlos Ortiz Mutis, quienes hacen parte de Edemtec.

También está el grupo de megacontratistas viales Solarte en la construcción de la variante San Francisco – Mocoa con el 60 por ciento. Las cabezas de ese grupo: Carlos Solarte y Paola Solarte están metidas en líos por entregar coimas para quedarse con el contrato Tunjuelo-Canoas en Bogotá en asocio con Odebrecht.

Por estos hechos, ya fue condenada a seis años de cárcel Paola Solarte, mientras Carlos Solarte está en juicio en el mismo caso. Css también hizo parte del consorcio para la construcción de la Ruta del Sol II en la que Odebrecht confesó haber pagado coimas y en la que aún se averigua su grado de responsabilidad.

Ñapa: Casi todos los consorcios estuvieron conformados por contratistas que terminaron salpicados en escándalos por entregar coimas

En las ocho obras del top hay participación de 34 contratistas repartidos en 10 consorcios. De ese total, encontramos que en ocho consorcios participaron 10 firmas que durante o después de la ejecución de los megaproyectos que entraron al top, terminaron salpicadas por algún escándalo de corrupción.

De esos escándalos, ocho tuvieron que ver directamente con el pago de coimas a funcionarios. Los principales están relacionados con contratos de la corrupta multinacional brasileña Odebrecht y el escándalo del carrusel de contratación de Bogotá.