A pesar de los avances que ha habido, el asesinato de sindicalistas y activistas de derechos humanos sigue siendo un problema en el país. Está el drama humano y además, el político para el Gobierno que sigue sin poder demostrar que es capaz de cuidar a los ciudadanos más vulnerables. Las consecuencias internacionales de esto se volvieron a ver la semana pasada cuando pese a la buena acreditación de Angelino Garzón no logró destrabar el TLC con Estados Unidos.
A pesar de los avances que ha habido, el asesinato de sindicalistas y activistas de derechos humanos sigue siendo un problema en el país. Está el drama humano y además, el político para el Gobierno que sigue sin poder demostrar que es capaz de cuidar a los ciudadanos más vulnerables. Las consecuencias internacionales de esto se volvieron a ver la semana pasada cuando pese a la buena acreditación de Angelino Garzón no logró destrabar el TLC con Estados Unidos.
Por eso la protección de sindicalistas se ha vuelto una de las prioridades del Ministerio del Interior. Sin embargo, actualmente enfrentan un gran desafío.
El 30 de marzo se cumple la fecha límite para que todos los esquemas de protección que todavía están en manos del DAS pasen a ser administrados por alguna empresa privada. Pero varios de los protegidos insisten en que se rehusarán a tener escoltas que sean manejados por el sector privado y dicen que preferirán andar desprotegidos que acompañados por alguien en quien no confían.
El Ministerio del Interior y de Justicia, a través del DAS, está encargado de brindarle protección a todos los activistas políticos que estén amenazados por su trabajo. Y desde 2008, inició un “sistema de tercería” con el que comenzó a entregarle parte de los esquemas de seguridad que manejaba a una empresa privada.
La empresa que ganó la licitación, Vise Ltda., se quedó desde entonces con 180 esquemas de seguridad y ha aumentado sus operaciones desde entonces pues pronto fue evidente que el cupo era insuficiente y su contrato se prorrogó hasta marzo. De los 180 protegidos que cuidaba en 2008, pasó ahora a 278, cuatro más de los que todavía maneja el DAS.
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| Luis Felipe Henao, Secretario General del Ministerio del Interior, asegura que se están buscando diálogos con todos los sectores y que nadie quedará desprotegido. |
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| Tarsicio Mora, Presidente de la CUT, dice que él y varios colegas se rehúsan a aceptar recibir una protección de alguien en quien no confían y que seguirán luchando porque sea el Estado el que directamente les proporcione sus esquemas de seguridad. |
Y el 30 de marzo cuando se adjudique la nueva licitación todos los esquemas que aún quedan bajo la tutela del DAS pasarán a ser administrados privadamente.
Esta licitación probablemente se la volverá a ganar Vise o Vigilancia Acosta, ambas de propiedad de Jairo Humberto Acosta Martínez, dado que ya tienen la experiencia y han demostrado buenos índices de satisfacción entre sus protegidos.
Sin embargo, las protestas de algunos sindicalistas y defensores de derechos humanos persisten y varios dicen que rechazarán la seguridad privada y que, si algo les pasa, será culpa de la negligencia del Estado. El Ministerio dice que se ha avanzado en los diálogos, pero todavía no hay consenso.
La oposición
Tarsicio Mora, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la más grande congregación de uniones sindicales del país, dice que ellos no tienen por qué pagar por la política de Estado que convirtió al DAS en un organismo de espionaje.
Según él, una seguridad proporcionada por una empresa privada ofrece menos garantías que una proporcionada por el Estado. Entre otras cosas, recuerda que el propósito principal de una entidad privada es la de ahorrar costos y generar el máximo posible de ganancias.
“La protección brindada por el Estado no se vería afectada por leyes del mercado, sino que sería garantizada por la obligación legal que tienen los funcionarios,” dijo Mora a La Silla Vacía.
Para Mora, además, es el Estado el que debería tener el monopolio de la violencia y quien debería manejar directamente a los escoltas y las armas.
Así que, a pesar del desprestigio al que ha llegado el manejo de seguridad del DAS, Mora opina que el Estado no puede desligarse de su responsabilidad directa de ofrecerle protección a los ciudadanos en riesgo y le ha pedido al Ministerio que se encuentre una solución en la que sea una entidad pública la que le brinde los esquemas de seguridad a los sindicalistas amenazados. Él mismo le escribió una carta al Ministerio en la que expresaba todos sus reparos a la seguridad privada y algunos miembros de la CUT ya se reunieron el 24 de enero con funcionarios del Ministerio para buscar un diálogo.
A Agustín Jiménez, Presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, le preocupa, por ejemplo, el manejo que se le dé a la información confidencial de los protegidos y dice que aunque se suponía que con la llegada de Vise, los vehículos y las armas mejorarían, ese no siempre ha sido el caso, según él. “Los antecedentes de la empresa privada son horribles”, dice. Y agrega que es importante tener en cuenta que si la seguridad es prestada directamente por el Estado, los escoltas logran obtener con mayor facilidad acreditación y respeto de las varias autoridades públicas, mientras que con la empresa privada es un proceso mucho más difícil, lo que le podría generar inconvenientes a los protegidos.
Además de la CUT de Mora y la CSPP de Jiménez, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Reiniciar, el Partido Comunista y algunas ONG dicen que si se llega el 30 de marzo sin encontrar una solución, prefieren estar desprotegidos, que aceptar una seguridad privada.
Lo que el Ministerio dice
Según el Ministerio, aunque Vise comenzó a manejar los esquemas de seguridad sólo en 2008, desde 2006 se delineó una política en el despacho del entonces Vicepresidente Francisco Santos, según la cual las labores de inteligencia y de seguridad no podrían ser realizadas por la misma entidad como sucedía en el DAS, para evitar conflictos de interés. Por eso es que desde entonces se han estado buscando alternativas.
En un primer momento se pensó en que la Policía podría asumir las funciones de protección, pero pronto se hicieron evidentes varias razones en contra de esta posibilidad.
Por una parte, la Policía no puede acoger entre sus filas a personas que no son policías. Esto complicaría la asignación de escoltas en ciertos casos, como el de los desmovilizados del M-19 que, como parte de los acuerdos de paz, exigieron que su anterior círculo de seguridad, sus hombres de confianza en la guerrilla, se convirtieran en sus escoltas y que el Estado asumiera el costo. Esta parte del acuerdo, que se viene cumpliendo hasta el momento, sería imposible de mantener si la seguridad pasara a manos de la Policía.
Los miembros de la Policía tampoco están autorizados a manejar vehículos que no sean propiedad de la institución, lo que podría complicar la logística. Además, varios de los protegidos manifestaron que no confiarían en la Policía, pues algunos de sus miembros han estado involucrados en acciones contra ellos.
Por eso, se desechó esa opción y, en cambio, se optó por comenzar el proceso de tercerización con el que Vise terminó administrando parte de los esquemas de seguridad.
Para Luis Felipe Henao, Secretario General del Ministerio del Interior, el Estado sigue siendo el que otorga la seguridad, sólo que será la empresa que gane la licitación quien la administrará.
Además, asegura que los estándares de calidad han mejorado desde que Vise se quedó con algunos esquemas. Dice que hay mejores dotaciones, incluyendo vehículos y armas, que hay mayores garantías laborales para los escoltas y mejores sueldos, lo que contribuye a la optimización del servicio. Henao también ve como consecuencias positivas el hecho de que haya un servicio independiente y que los protegidos puedan tener un seguro de vida de hasta 400 millones de pesos (370 millones más del tope anterior cuando lo manejaba el DAS).
Recalca que son muy pocos los protegidos que están cuestionando la protección privada. “Son el 10% de la población con nivel de riesgo más elevado”, dice Henao.
María Paulina Riveros, la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y encargada de coordinar esta transición, apunta que el proceso de diálogo del Ministerio con las partes está avanzando y ha sido tan exitoso que ya una de las organizaciones más reacias al cambio -que por confidencialidad no puede revelar- decidió pasarse al nuevo sistema.
En el Ministerio del Interior aseguran que no se permitirá que quienes tienen objeciones al nuevo sistema pasen un día sin protección y que, si llegado el 30 de marzo no se ha alcanzado un consenso, la fecha límite se postergará, como ya se hizo a finales de diciembre. Quienes no hayan sido convencidos de pasarse al nuevo sistema, seguirán recibiendo protección dentro de los esquemas antiguos.
