El martes, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado asumió el estudio de las demandas contra la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador, la presidenta de ese tribunal se declaró impedida porque su hijo trabaja en la Procuraduría. Ese acto de transparencia de María Claudia Rojas seguramente no será el único. O por lo menos hay argumentos similares a los de ella para que otros magistrados se declaren impedidos – o para que se sumen más recusaciones a las que ya planteó la Procuraduría contra los magistrados Alberto Yepes Barreiro y Lucy Jeannette Bermúdez.
El martes, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado asumió el estudio de las demandas contra la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador, la presidenta de ese tribunal se declaró impedida porque su hijo trabaja en la Procuraduría.
Ese acto de transparencia de María Claudia Rojas seguramente no será el único. O por lo menos hay argumentos similares a los de ella para que otros magistrados se declaren impedidos – o para que se sumen más recusaciones a las que ya planteó la Procuraduría contra los magistrados Alberto Yepes Barreiro y Lucy Jeannette Bermúdez.
En nuestra investigación sobre las fichas que tenía Ordóñez para su reelección hace un año y medio, encontramos otros casos de consejeros de Estado que tenían familiares nombrados en la Procuraduría.
Olga Lucía García González, Procuradora Quinta Judicial II para la Restitución (un cargo muy jugoso porque tiene la misma remuneración que un magistrado de Tribunal, unos 20 millones de pesos) fue nombrada en ese cargo por Ordóñez. Es la hermana de María Elizabeth García, magistrada de la Sección Tercera, y quien ha sido cercana a Ordóñez. La consejera ya se ha declarado impedida por esa relación en el pasado.
Carmen Helena Gómez Segura, asesora del despacho del Procurador, es la hija del magistrado Gustavo Gómez Aranguren y también fue nombrada por Ordóñez. Gómez, aunque de origen conservador, ha ido tomando distancia del Procurador y fue el ponente de la decisión que tumbó la destitución de Alonso Salazar, el ex alcalde de Medellín inhabilitado por Ordóñez.
Juliana Valencia Andrade, quien es o fue procuradora judicial I en lo administrativo, es sobrina del consejero Hernán Andrade Rincón, uno de los aliados de Ordóñez en el Consejo de Estado. Valencia fue nombrada por Ordóñez en ese cargo.
Además de esos tres casos claros, hay otros que pueden llegar a la mesa.
Por ejemplo, el hijo del magistrado Hugo Fernando Bastidas, Felipe Bastidas, fue nombrado por Ordóñez en la Procuraduría Delegada para lo Administrativo, pero renunció hace casi tres años.
Otro caso es el de Andrés Ramírez Páez, hijo de la magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez, trabaja como asesora de la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente. Pero está en el cargo desde antes de la llegada de Ordóñez.
Y el tercer caso es el único que no jugaría contra Ordóñez, sino a su favor: se ha dicho que el magistrado Danilo Rojas podría ser recusado porque fue fundador de Dejusticia y una de las demandas a estudiar está firmada por Rodrigo Uprimny, director de esa entidad (y bloguero de La Silla), y por Paula Rangel, investigadora de Dejusticia.
Los otros casos podrían ser un doble golpe para Ordóñez porque no solo pueden quitarle votos de aliados sino que, además, demuestran que uno de los cargos contra su reelección (las cuotas de los magistrados de las Altas Cortes que participaron en su nominación) es tan cierta que éstos terminan impedidos o recusados.
Y eso, con una Sala Plena que no pinta muy a su favor, puede resultar en que Ordóñez pierda la pelea para mantenerse en el cargo.
¿Tiene algo que decirle a Ordóñez? Aproveche sus 15 segundos y hágalo aquí.
Actualización: El lunes 21 de julio, cuatro días después de publicado este confidencial, Dejusticia recusó a seis magistrados. Este es su escrito
Recusación magistrados sala plena .pdf by Juan Lewin
