Las comunidades indígenas que viven dentro del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis acaban de ganarse el premio más importante de la ONU en temas étnicos, lo que les da un espaldarazo en su batalla legal contra la minera canadiense Cosigo que lleva tres años y medio estancada en la Corte Constitucional.

Las comunidades indígenas que viven dentro del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis acaban de ganarse el premio más importante de la ONU en temas étnicos, lo que les da un espaldarazo en su batalla legal contra la minera canadiense Cosigo que lleva tres años y medio estancada en la Corte Constitucional.

La Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé-Apaporis (Aciya) -un grupo de 21 comunidades indígenas que propusieron la creación del parque nacional donde viven en el sur del Vaupés y que hoy ayudan a cuidarlo- recibió ayer en Nueva York el premio de la Iniciativa Ecuador, de manos del Programa de Desarrollo de la ONU (Pnud) y su directora, la ex primer ministra neozelandesa Helen Clark.

Lo ganaron por su rol en convertir la conservación del parque en un modelo de desarrollo y por participar en las investigaciones científicas en la región, ambas de la mano de Parques Nacionales y la Fundación Gaia Amazonas que lidera Martín von Hildebrand.

El problema es que el parque nacional donde viven todavía pende de un fallo de la Corte Constitucional, ya que -como contó La Silla- una asociación indígena rival llamada Acitava demandó su creación argumentando que nunca fueron consultados.

En febrero de este año tres magistrados de la Corte Constitucional hicieron una audiencia en medio de la selva, en la que el líder indígena que demandó la creación del parque terminó confesando que lo habían hecho a instancias de la minera canadiense Cosigo, que tiene un título minero dentro del parque -otorgado unos días después de que éste fuera creado- que no puede explotar. De modo que, si se cae el parque nacional, el título para explotar oro allí quedaría vigente.

Aunque el caso llegó al despacho del magistrado Gabriel Mendoza hace casi cuatro años y el demandante confesó en febrero su relación con la minera, los indígenas del Yaigojé-Apaporis siguen a la espera del fallo.