Mientras el gobierno habla de austeridad y hace recortes al funcionamiento de todos los sectores menos el agro, la Rama Judicial va a crecer en recursos de inversión y funcionamiento para el 2015 en un 10 por ciento. A pesar de eso, una parte de los trabajadores convocaron a un paro desde el próximo jueves.
Mientras el gobierno habla de austeridad y hace recortes al funcionamiento de todos los sectores menos el agro, la Rama Judicial va a crecer en recursos de inversión y funcionamiento para el 2015 en un 10 por ciento. A pesar de eso, una parte de los trabajadores convocaron a un paro desde el próximo jueves.
Ese grupo es uno de los dos sindicatos llamado Asonal, lo que se presta para muchas confusiones. Para distinguirse del otro (con el que hay una vieja disputa) se suele denominar a si mismo Asonal legítimo, y se identifica con su presidente, el juez primero penal de circuito de Cartagena Freddy Machado López.
Ese Asonal alega varias cosas para irse al paro: que el gobierno no quiere financiar el programa de descongestión que existe desde 2009; que una bonificación salarial que existe desde el año pasado no es factor salarial (es decir, no se tiene en cuenta para pagar primas y vacaciones); que el gobierno no quiere avanzar en la nivelación interna de los salarios de la Rama; y que no están de acuerdo con la reestructuración de la Fiscalía.
Otra parte de los trabajadores, agrupados en Asonal Judicial S.I. y liderados por Luis Fernando Otálvaro, dicen que el gobierno sí está desembolsando la plata de la nivelación salarial y que el lío de la descongestión no es culpa del gobierno sino de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Por eso no apoyan el paro.
Esos mismos argumentos, excepto el de la Fiscalía, les funcionaron el año pasado. Pero ahora tienen una gran debilidad: el gobierno sí le está metiendo plata a la Rama y precisamente a esos temas.
La nivelación salarial
El primer argumento para pedir más plata es uno que suena muy loable: nivelar los salarios de los funcionarios de la rama, que se ganaban muchísimo menos que los magistrados. En ese punto Santos I le dio la razón a los funcionarios hace un año y medio y, solo en 2014, le está inyectando casi 300 mil millones de pesos.
Eso es el resultado del paro judicial de fines de 2012 e inicios de 2013, que giró alrededor de esa nivelación, una reivindicación que tiene una larga historia.
Dentro de la rama hay una escalera larga que va desde ser notificador hasta ser magistrado de Alta Corte (y que algunos han escalado en su totalidad, como es el caso del consejero de Estado Alfonso Vargas), pero hasta 1993 tenía un salto muy grande: entre el juez de circuito, que es el cargo más alto de la rama antes de ser magistrado, y el magistrado de tribunal o auxiliar, que es el más bajo de los magistrados. La brecha era de más del 100 por ciento.
Esa distancia se fue reduciendo, primero por un gran cambio debido a la ley 4 de 1992 y luego con varios decretos de los gobiernos Pastrana y Uribe que crearon bonificaciones especiales para algunos funcionarios de la rama.
Pero los funcionarios judiciales siempre han dicho que los sucesivos gobiernos no han aplicado bien la Ley 4. El paro de 2012 volvió a agitar esa bandera y el gobierno, después de tres meses de paro y con una ministra Justicia que venía de la Rama (Ruth Stella Correa) y un Ministro de Hacienda recién llegado (Mauricio Cárdenas), terminó cediendo, a pesar de que en ese momento se crearon fuertes divisiones dentro de Asonal.
En enero de 2013 se acordó levantar el paro y en abril los ministros de Hacienda y Justicia y la directora de Función Pública crearon una nueva bonificación (en tres decretos: 382, 383 y 384 de 2013) , llamada bonificación judicial, que se le paga todos los meses a los empleados de la Rama (incluyendo la Fiscalía). Eso es lo que este año cuesta 300 mil millones de pesos.
Y eso que aunque se empezó a pagar en 2013, el gobierno negoció un período de transición para pagarla toda: en 2013 se pagó una quinta parte del valor de 2018, y cada año se va aumentando en otro tanto. Para el 2018, esa bonificación costaría 670 mil millones de pesos de hoy.
Ese incremento anual de la bonificación, justo cuando empieza una época de vacas flacas, ayuda a explicar por qué el presupuesto para la rama no cae cuando todos los demás se ajustan el cinturón.
La descongestión
El otro argumento para el paro es también un caballito de batalla de la Rama: la descongestión, una finalidad para la que este año el gobierno ha dedicado 482 mil millones de pesos.
De nuevo, en este punto Machado reclama que se aplique una norma: como el problema de la congestión judicial es tan grave, una ley de 2009 autorizó al gobierno inyectar hasta el 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (unos 4 billones de pesos a este año) para lograr descongestionar los juzgados. Esa autorización es por cinco años, es decir, hasta el 2014.
Durante ese lapso, el gobierno se metió la mano al dril. Si en 2009 se gastó 75 mil millones para descongestión, la cifra subió a 125 mil en 2010, 350 mil en 2011 y 590 mil en 2012. Para 2013, cuando se iba acabando el programa, la cifra bajó a 524 mil millones de pesos. Esa reducción se hizo más fuerte para este año, cuando inicialmente eran 296 mil millones.
Esa plata se ha invertido en jueces y trabajadores que deben encargarse de sacar adelante los procesos represados, y que hasta inicios de 2014 eran más de ocho mil personas en total, un número muy importante dado que la Rama tiene 25 mil personas en cargos de planta. Es decir, la descongestión paga uno de cada cuatro personas que trabaja para la Rama.
Con la reducción de este año, el impacto fue fuerte. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió contratar a las mismas 8 mil personas que había en 2013 y, por eso, en agosto se acabó el presupuesto.
Ante la falta de plata, la Sala Administrativa cerró juzgados y eliminó miles de cargos y las dos Asonal hablaron de una masacre laboral y de un nuevo un paro. Además, como parte de esos cargos son de magistrados auxiliares de las otras Altas Cortes, hubo molestia entre otros magistrados
Al final, la misma rama puso 66 mil millones de otros rubros y el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas consiguió una adición presupuestal por 120 mil millones. Es decir, hubo unos 175 mil millones de pesos nuevos (con lo que este año habrá en total 482 mil millones), aunque la Sala Administrativa había pedido 250 mil.
La idea con esa plata era renovar en buena parte los cargos y se esperaba que alcanzrba hasta el 31 de diciembre. Pero ya se sabe que ese dinero se va a acabar el 15 de noviembre porque la Sala Administrativa prefirió volver a crear todos los cargos que había eliminado.
Por eso, el Asonal de Machado empezó a hablar de paro desde hace algunas semanas. El de Otálvaro, en cambio, reconoce el esfuerzo del gobierno y ha planteado que el problema es de la Sala Administrativa, que no manejó bien los nuevos recursos. La Sala, por su parte, ha dicho que el lío es del gobierno, que está en pleno apretón.
El punto sigue sin resolverse y el paro sigue planteado. Asonal “legítimo” no se ha movido de su posición y va a mostrar qué tan fuerte es dentro de la Rama. Pero, más allá de si el paro les funciona o no, lo que queda claro es que los jueces van a seguir blindados del apretón presupuestal de 2015, y pueden terminar aún mejor si el paro coje fuerza y el gobierno cede, como ha ocurrido en el pasado.
Todo eso a pesar de que, solo en los dos puntos que reclaman los huelguistas, este año el Estado se ha gastado unos 750 mil millones de pesos, una cuarta parte de todo el presupuesto de la Rama.
