Ivanna Zambrano tiene 32 años, nació en Mérida en Venezuela y desde hace dos años es la abogada de más de 70 migrantes que ningún Estado reconoce como ciudadanos. No tienen documentos de identificación ni un nombre registrado. La mayoría son menores de edad, hijos de padres venezolanos que nacieron dentro de nuestras fronteras pero todavía no tienen una patria que responda por ellos.
“Al no tener un nombre y no ser reconocido como parte de un Estado, hay una desprotección de sus derechos fundamentales, no se puede vincular al sistema de salud, no puede recibir una educación” explica Zambrano.
En Colombia hay cerca de 25 mil personas sin patria, según le dijo a la Silla un vocero de la Registraduría, que deberían poder recibir la nacionalidad colombiana por adopción porque el país firmó y ratificó dos tratados internacionales para la erradicación de la apatridia, incluidos en la Ley 1588 de 2012.
Sin embargo, la batalla que llevan los padres de estos niños en contra de la burocracia colombiana es larga, lenta y muchas veces la pierden por una fotocopia mal hecha. Los abogados que acompañan estos procesos se enfrentan a diario a la impotencia de no poder hacer más por quienes buscan el reconocimiento y los derechos que la ciudadanía le aporta a sus hijos.
Zambrano lo sabe de primera mano, no solo porque atiende a los migrantes que tocan su puerta, sino porque espera poder registrar a su propio hijo cuando nazca en mayo del año entrante.
“Desde que estoy en embarazo” cuenta, “me siento mucho más comprometida con buscar una solución porque sé de todas las mamitas y papitos que hacen todo lo que está a su alcance para darle a sus hijos una estabilidad jurídica, pero es el Estado el que les ha puesto una barrera”.
El camino para obtener la nacionalidad colombiana es uno de los retos de la migración que todavía está poco reglamentado por la Registraduría y la Cancillería colombianas y hasta ahora no tiene un liderazgo dentro del Gobierno Petro.
Las cédulas rotas que llegan al registro civil del recién nacido
Una madre de 40 años llegó a la oficina de la abogada Zambrano en marzo del año pasado para que sus cuatro hijos fueran reconocidos como apátridas, la figura que oficializa que los menores carecen de ciudadanía. Ni los hijos, ni la mamá tenían si quiera certificado de nacido vivo. Llegaron a Colombia sin ningún tipo de documento. Cinco migrantes sin patria en una misma familia. Con el reconocimiento de apatridia, se activan los mecanismos legales para recibir poder recibir las ayudas que envía la cooperación internacional para los migrantes en el país, y los enfila a poder solicitar la nacionalidad colombiana.
El primer gran reto para los hijos de migrantes es que la ley de nacionalidad dice que, para ser colombianos por nacimiento cuando los padres son extranjeros, por lo menos uno de ellos tiene que estar domiciliado en Colombia. Los migrantes pueden demostrar el domicilio con una visa vigente y sus documentos de identidad venezolanos. El lío es que muchas veces esta población no tiene documentos de identidad.
“A nosotros nos han llegado cédulas de ciudadanía rotas o fotocopias plastificadas en donde a duras penas se lee República Bolivariana de Venezuela, la precariedad de los documentos de identificación empieza con los padres” dice Gracy Pelacani, profesora de derecho que trabaja en la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. Desde 2018, la clínica también lleva litigios de migrantes sin patria y debe construir “procesos creativos” con fotocopias o cédulas rotas.
“Hay momentos en que yo también les jalo las orejas” dice Zambrano, “porque en algunos casos también hay negligencia de ellos. Una joven me contó que no había recogido el acta de nacimiento de su hijo en Venezuela porque se demoraba una semana la gestión. El niño fue reconocido como apátrida y quedó bajo el cuidado del Icbf porque la madre era muy joven. Hace poco me contó que se había devuelto a Venezuela a conseguir el documento”.
Pero la falta de documentos no siempre es cuestión de negligencia. “A mí la Guardia venezolana me cortó todos mis documentos cuando llegamos a la última alcabala –un retén no autorizado de la Guardia– de las 32 que hay entre Caracas y Cúcuta. Llegué a Medellín sin ningún tipo de identificación” cuenta una mujer venezolana que llegó a Colombia en 2019 y pide no publicar su nombre por temor a repercusiones por hablar de las autoridades venezolanas.
Además del domicilio y sus documentos de identidad, los migrantes tienen que presentar un certificado de nacido vivo a la Registraduría cuando registren a sus hijos. “Este es otro reto porque los niños no siempre nacen en un hospital que expida el certificado. Hace un par de años acompañé un caso de un niño nacido en medio de una trocha en la entrada de Cúcuta, por ejemplo” cuenta la abogada Zambrano.
Hace menos de un año, llegó a su oficina una mujer de 60 años que venía de Venezuela. Le contó a Zambrano que nunca había tenido documentos de identificación en su país, porque nació en una carretera a las afueras de Cúcuta, la madre murió en el parto y la tía decidió no registrar el nacimiento.
Cuando sí hay documentos, si la Registraduría logra verificarlos, los migrantes reciben un registro civil con una nota al pie que dice “Válido para demostrar la nacionalidad”. Si esto no ocurre, en esa misma nota se lee “No se acreditan requisitos para demostrar nacionalidad”.
En el segundo caso, los migrantes inician un largo proceso para el reconocimiento como apátridas, que implica un trabajo conjunto entre la Registraduría y la Cancillería que imponen requisitos casi imposibles de cumplir.
Los requisitos imposibles de Colombia
Para empezarlo, deben conseguir un documento de la misión diplomática de su país de origen que demuestre que intentaron registrar a su hijo en ese país, pero no lo lograron. Obtenerlo es muy difícil y puede ser peligroso. “En el mejor de los casos, me muevo hacia la misión consular de mi país, presento los documentos que me piden y registro a mi hijo” dice Pelacani de los Andes, “pero desde ese escenario para atrás hemos visto de todo”.
Dentro de las dificultades que enfrentan, la primera es que desde hace cuatro años no hay misión consular venezolana en Colombia, para conseguir el documento tendrían que viajar a otro país al consulado más cercano.
“Si llegan allá, tienen que presentar los documentos, pero hay países que no reconocen pasaportes vencidos, por ejemplo, ese es un obstáculo grande” cuenta Pelacani, “Y en caso que tengan acceso al consulado y lleguen con los documentos listos, el migrante tiene que poder estar tranquilo acercándose a las autoridades de su país y contándoles todos sus detalles personales, cosa que puede ser muy peligrosa para ellos si enfrentaron algún tipo de persecución antes de migrar”.
Esto es un problema no solo para las personas que vienen de Venezuela, donde está la dictadura chavista. También para migrantes de otros países como Cuba, de donde salieron sin permiso, o países africanos que no tienen representación diplomática.
Cuando una familia de migrantes no puede conseguir este documento para ser declarada como apátrida, la única solución es entrar en un largo proceso de tutelas en contra de la Registraduría o la Cancillería por la vulneración de los derechos fundamentales por no tener nacionalidad.
A los abogados que reciben estos casos les toca recoger los pedazos de cédulas y empezar un litigio que puede tomar años antes del reconocimiento del niño como apátrida.
“Todavía no hay un decreto de Cancillería que indique el procedimiento que se debe llevar para darle la cualidad de apátrida a una persona, no sabemos cuáles son los requisitos o los medios probatorios para ser reconocidos como apátridas” dice Zambrano.
Hasta la publicación de esta nota, Cancillería no respondió las preguntas de la Silla sobre el decreto que reglamenterá el reconocimiento de la apatridia en el país.
Mientras tanto, los niños empiezan a recibir trozos de derechos fundamentales como la salud y la educación. “Se quedan en una especie de limbo jurídico” dice Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, “una vez se ganan las tutelas el problema es cómo se hace para hacer todos los trámites que vienen después, en las notarías, bancos, colegios”.
El Centro Democrático abandera una solución
En agosto del año pasado el Gobierno de Iván Duque sacó adelante la Política Integral Migratoria (PIM), que fue ratificada por una ley en el Congreso. Ahí, por primera vez, Colombia reconoció a los apátridas nacidos en el exterior. Sin embargo, el artículo 67 de esta ley –sobre los apátridas nacidos en el país– no especifica el procedimiento que tiene que llevar Cancillería ni los plazos que tiene para el reconocimiento de una persona sin patria.
Estas cuestiones sí las contesta un proyecto de ley que se viene cocinando desde agosto del año pasado en la Comisión Segunda de la Cámara. El proyecto tiene como uno de sus objetivos promover las “facilidades para la naturalización de las personas apátridas”, ratifica que los hijos de extranjeros en riesgo de apatridia pueden inscribirse como colombianos por nacimiento sin la exigencia del domicilio y le da un plazo de 3 meses a la Cancillería para que reconozca la nacionalidad colombiana de los apátridas.
El ponente en ese momento era el representante en el exterior del Centro Democrático Juan David Vélez, que acabó su periodo legislativo este año. Aunque el proyecto pasó dos debates dentro de la Comisión y la Cámara, se quedó sin fuerza cuando los 28 mil votos de Vélez no le alcanzaron para la reelección en 2022.
En el nuevo Congreso, el proyecto le cayó a los senadores del mismo partido Paola Holguín y José Vicente Carreño. Holguín le contó a la Silla que los senadores se reunieron en una mesa de trabajo con la Cancillería liderada ahora por Álvaro Leyva desde agosto hasta octubre de este año. Según Holguín, Cancillería pidió modificar cerca de 30 artículos del proyecto y en las reuniones discutieron cada una de esas observaciones.
Aunque la ponencia finalmente se presentó la semana pasada, hasta ahora no se ha aprobado el articulado del proyecto. “La senadora del Pacto, Jahel Quiroga, estaba en desacuerdo con el artículo 15, que le da a Cancillería la potestad de pedir un informe a la DNI cuando se estén evaluando las solicitudes para la adquisición o pérdida de nacionalidad” le dijo un representante de la senadora Holguín a la Silla.
Según un vocero de la presidente de la Comisión Segunda del Senado, Gloria Flórez, la ponencia se debe reagendar porque todavía tienen que reunir a una mesa técnica con Cancillería para llegar a “nuevos consensos sobre el articulado”. Y a menos de una semana de las vacaciones del Congreso, es probable que se acabe el año sin que el proyecto llegue en la agenda.
Mientras la ley de nacionalidad sigue engavetada en el Senado la abogada binacional Zambrano se ve obligada a decirle a varios de sus clientes que “la única respuesta que queda es regresar a Venezuela, conseguir los papeles necesarios e intentar el proceso allá”.
Zambrano incluso ha pensado en devolverse ella, intentar cambiar algo del otro lado de la frontera. “Estos casos son muy frustrantes, a veces me siento impotente, con rabia” dice, “otras veces me pregunto por qué no me quedé en Venezuela tratando de aportar desde lo que yo sé, lo que yo pienso”.
“Pero en mis conversaciones con Dios, cuando recuerdo que yo no he tenido que pasar por nada de lo que ellos me cuentan que han pasado, siento que estoy aportando desde aquí” concluye. La próxima semana le confirman el sexo del bebé que nacerá en mayo. Es su primer hijo y como abogada colombo-venezolana, Zambrano espera darle la misma doble nacionalidad de la cual ella se siente tan orgullosa.
