El Gobierno, usando un lenguaje ambiguo, ha querido hacer creer que ya ha cerrado negociaciones para el suministro de vacunas para cumplir la primera parte del Plan de vacunación, pero solo ha firmado contrato definitivo con Astrazeneca. Con Pfizer y Covax todavía no hay contratos o acuerdos finales.
El Gobierno, usando un lenguaje ambiguo, ha querido hacer creer que ya ha cerrado negociaciones para el suministro de vacunas para cumplir la primera parte del Plan de vacunación, pero solo ha firmado contrato definitivo con Astrazeneca, mientras que con Pfizer firmó un “pliego de condiciones vinculante” y con Covax un “acuerdo vinculante” y aún no suscribe los contratos o acuerdos finales.
El preacuerdo con Pfizer, por casi 120 millones de dólares, se firmó justo un día antes que el presidente Iván Duque anunciara, el pasado 18 de diciembre, que Colombia había cerrado las negociaciones que garantizarían a Colombia las vacunas suficientes para cubrir el plan previsto para el 2021.
A partir de ahí ha venido un calvario relacionado con la información de lo que se firmó y especialmente con el momento en el cual llegarán al país las primeras vacunas que empezarán a dar algo de tranquilidad.
Unos funcionarios se cuidan de usar la palabra contrato e insisten en usar “acuerdo” porque saben que solo con Astrazeneca se ha firmado un contrato definitivo mientras que con Pfizer, e incluso con el mecanismo Covax estamos aún en lo que los abogados llaman la etapa pre contractual.
Es cierto que el 17 de Diciembre se pasó de las tratativas a la suscripción con Pfizer de un “pliego de condiciones vinculante” que es una especie de promesa de contrato, el cual se suscribirá cuando se cumplan determinadas condiciones, que al parecer no se han cumplido por lo que la incertidumbre se mantiene.
Como diría la Corte Suprema de Justicia, corporación de la que formó parte la Procuradora general de la Nación, “la promesa se contrae a establecer unas bases ciertas, claras y vinculantes, esto es, el marco jurídico suficiente que conduzca a la efectiva perfección del acuerdo final”. El acuerdo final no se ha perfeccionado y seguramente por eso la Doctora Margarita Cabello se ha cuidado de decir que tiene “los contratos” a diferencia del Contralor, Felipe Córdoba, que quiso saldar la discusión con su palabra y sentenció que “los contratos sí existen”.
Pues sí y no.
Hay contrato con Astrazeneca, firmado el 15 de diciembre por 59 millones de dólares, pero esa vacuna todavía no está autorizada en Colombia y su producción se ha visto seriamente retrasada al punto que esa empresa comunicó ayer a la Unión Europea que no estaría en capacidad de suministrar la cantidad de vacunas a las que se había comprometido. Las fechas de entrega no están definidas aún.
Con Pfizer, un pliego de condiciones vinculante y a la espera del acuerdo final o, en términos nacionales, del contrato definitivo, más o menos igual que con el mecanismo multilateral de Covax con el cual se firmó el “acuerdo” por 214 millones de dólares en octubre pasado.
Por eso el ministro Ruiz dice que entregó “los contratos y convenios” a la Procuraduría, aunque Córdoba haya afirmado, poniendo voz trascendental para intentar ser creíble, que “sí existen los contratos”
Cuando todo se devele seguramente Córdoba dirá que los pre contratos, las promesas de contrato, también son contratos y sí, pero no, esas sutilezas jurídicas no son las que esperan los colombianos, los ciudadanos de lo que están hablando es de contratos contratos.
Además de que no hay mucho para mostrar, el Gobierno se ampara en unas cláusulas de confidencialidad y en la Ley 1712 del 2014, paradójicamente Ley de Transparencia, que en sus artículos 18 y 19 autoriza a mantener en reserva la información relacionada con secreto industrial o comercial o cuando haya una situación de amenaza sanitaria. Asumamos que las excepciones son aplicables en este caso, pero claro que ello no abarca la existencia misma de los contratos, ni sus elementos esenciales que en este caso serían la cantidad de vacunas a suministrar y el precio.
Es cierto que las farmacéuticas, aprovechando su posición dominante en el negocio dadas las circunstancias, han impuesto cláusulas de confidencialidad que seguramente el Gobierno debe cumplir pero no respecto de lo esencial que se debe informar como se ha hecho en los Estados Unidos o en Brasil. Hay países en los que los acuerdos se han publicado, como en Perú, donde abiertamente informan que a pesar de haber firmado el “pliego de condiciones vinculante” con Pfizer, no hay acuerdo final y que se hacen esfuerzos por lograrlo lo más pronto posible.
En otros países se han discutido públicamente los elementos esenciales de los acuerdos previos para autorizar a los gobiernos a suscribirlos y negociar el contrato definitivo con ese marco.
Ojalá que el Gobierno logre firmar el contrato definitivo con Pfizer pronto, eso permitiría que así sea con pequeñas dosis el proceso inicie como ya empezó no en Dinamarca sino en Panamá y Ecuador para no compararnos con México o Chile.
El secretismo, pero en este caso no solo eso sino claramente la comunicación engañosa, como lo documentó La Silla hace casi dos semanas, le hace un enorme daño no solo al Gobierno sino a toda la sociedad que debería poder enfrentar la que es quizás la tragedia más grande que nos ha tocado enfrentar a los que estamos vivos, con información confiable y con la tranquilidad de que el Gobierno conduce el proceso y las decisiones sin trampas.
Este Gobierno ha abusado de los criterios de clasificación como reservada de determinada información no solo en el caso de la compra de las vacunas, sino, por ejemplo, en la publicación de los nombres de los beneficiarios del subsidio a las nóminas y el monto recibido.
La activista Marla Gutiérrez y el representante Alejandro Vega han pedido insistentemente la información y el gobierno se ha negado a entregarla alegando reserva. Es como si en el programa AGRO Ingreso Seguro no se hubiera conocido la información de quienes habían sido los beneficiarios y entonces no se hubiera podido hacer control social, político y judicial respecto de la legalidad de esas transferencias.
Tampoco informan de los precios de transacción de los negocios relacionados con la adjudicación de la distribución de energía a las empresas que reemplazan a Electricaribe y un largo etc de secretos oficiales que ya empiezan a preocupar.
