Cuando el representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, renunció a su curul para que lo investigara la Fiscalía, ya la Corte Suprema tenía un expediente copioso de sus movidas en la contratación en Santander. Antes de llegar al Congreso, Ballesteros fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), una compañía creada por el entonces gobernador Richard Aguilar, también investigado por corrupción.
Como su primer gerente, según sostiene el documento de imputación elaborado por la Fiscalía que conoció La Silla Vacía, Ballesteros usó esta empresa estatal para recibir coimas y financiar campañas políticas. En 193 páginas los investigadores detallan prácticas por las que se habrían perdido casi 1.500 millones de pesos, entre coimas y sobrecostos, sobre los recursos para servicios básicos como acueductos en los municipios más pobres de Santander.
Hace una semana la Fiscalía amplió la imputación al excongresista y presentó la acusación. Ahí hay tres casos que muestran, al detalle, las presuntas maniobras del político uribista, entonces aliado del Clan Aguilar, para robarse los recursos públicos.
La tajada por una planta potabilizadora de agua
El 23 de febrero de 2015 la Esant firmó el contrato para adquirir e instalar una planta potabilizadora en Enciso, Santander. El contrato fue de 475 millones de pesos y se la ganó la empresa Ingream de Octavio Reyes, el contratista que prendió el ventilador sobre las coimas que presuntamente se pagaban en la Gobernación de Santander y que tienen a Richard Aguilar preso.
Reyes se ganó ese contrato en unión temporal con la empresa Kathosa, de propiedad de Andrés Mauricio Díaz Herrera, otro contratista inmerso en la red de corrupción. Diaz Herrera también es testigo y asegura que Ballesteros les pedía coimas a cambio de quedarse con los contratos.
Para la Fiscalía los funcionarios y contratistas tuvieron que armar toda una tramoya para que Octavio Reyes se ganara ese contrato porque su empresa no tenía la experiencia requerida. Por eso buscó a Díaz Herrera.
Según el testimonio de Díaz Herrera, en noviembre de 2014 aproximadamente, Reyes le contó que era cercano al entonces gerente de la Esant, Edwin Ballesteros y que necesitaba la experiencia de su empresa, Kathosa ltda, para que se pudiera “direccionar el contrato” de la planta potabilizadora en Enciso, un municipio de menos de 4 mil habitantes al oriente de Santander.
El compromiso, según le dijo Díaz Herrera a la Fiscalía, es que una vez Reyes se ganara otro contrato público (el del reforzamiento del Estadio en Bucaramanga con la gobernación de Aguilar), “ajustarían un acuerdo económico”.
De modo que Díaz Herrera fue socio en el contrato de la planta de Enciso pero en el papel, prestando la experiencia. Por eso, su empresa apenas tuvo el 1 por ciento de participación, mientras que la de Reyes el 99 por ciento. Es decir, quien en realidad respondía por el contrato era Ingream, que no sabía nada de plantas potabilizadoras.
Y, a la hora de ejecutar la obra, la experiencia de Díaz Herrera fue irrelevante. La unión temporal de Reyes y Díaz subcontrató a otra empresa por exactamente el mismo objeto: adquirir e instalar la planta potabilizadora.
“La subcontratación se dio porque no teníamos la experiencia en planta compacta, ni el tiempo”, le dijo Díaz a la Fiscalía en entrevista el pasado abril.
El ente de control encontró que la empresa que subcontrataron, Niteiku sas, resultó cobrando apenas 139 millones de pesos por la planta. Descontando las utilidades y costos por administración, la obra presuntamente tuvo sobrecostos por 157 millones de pesos.
Al parecer, de esa diferencia habrían salido las coimas. La Fiscalía dice que del anticipo del contrato, que fue de 94 millones de pesos, Octavio Reyes se comprometió a darle a Ballesteros 75 millones de pesos, “consistente en la entrega de una comisión del 16 por ciento del valor total del contrato (470 millones de pesos)”.
Eso, según el testimonio de Díaz Herrera, quien asegura que junto a Octavio Reyes se reunieron con Ballesteros en la oficina de gerencia de la Esant para pactar la coima.
“Allí Octavio los presentó, y con el fin de generar confianza, le manifestó a usted (Ballesteros) que Andrés Díaz era la persona que le había prestado la experiencia para el contrato de reforzamiento estructural del estadio de Bucaramanga; que también conocía a Lennin Pardo (otro contratista y testigo estrella contra Aguilar) y, que tenía la experiencia para el tema del suministro de la planta potable de Enciso”, explica la Fiscalía.
El abogado de Ballesteros, Alfonso Gómez, desestimó esas declaraciones afirmando que Díaz “es un testigo que tiene un interés en mentir para obtener beneficios”.
La simulación de “urgencia manifiesta” para tapar un hueco
En diciembre de 2014 Ballesteros contrató la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado del municipio de Sucre por 1.188 millones de pesos. Lo hizo de manera exprés, argumentando una “urgencia manifiesta” por una supuesta calamidad.
La Fiscalía asegura que Ballesteros utilizó esa figura de urgencia, que significa que la contratación debe hacerse lo más pronto posible, para escoger a dedo al contratista y no vía licitación, un proceso que tarda mínimo dos meses y en el que cualquiera puede concursar y ganarse el contrato.
Con eso, Ballesteros presuntamente aseguraba que la empresa de su preferencia obtuviera el contrato “de manera irregular”. La empresa contratista fue, de nuevo, Ingream, de propiedad de Octavio Reyes, que pocos meses después se ganó el contrato de Enciso.
Para el ente de control la contratación estaba amañada porque la supuesta calamidad en Sucre no generaba un riesgo inminente. Era un hueco de una vía que existía desde antes de 2014, que fue rellenado provisionalmente con piedra y volvió a ser transitable, y no tuvieron que suspender el servicio de acueducto ni alcantarillado por eso.
Si bien debía arreglarse, podía hacerse mediante una licitación. La muestra es que, una vez contratado, no resultó tan urgente su ejecución: aunque el contrato se firmó el 29 de diciembre de 2014, la obra no inició sino hasta el 12 de febrero de 2015.
“La pretendida calamidad pública y mucho menos la urgencia manifiesta se estructuró; máxime cuando posteriormente el contrato fue objeto de ampliaciones y suspensiones y nada sucedió, lo que muestra que no había necesidad de tal urgencia”.
Además, la Fiscalía dice que la forma en que se estructuró ese contrato fue arbitraria. Si bien en los documentos del proceso la Esant definió que la obra no podía superar la suma de 1.188 millones de pesos, el presupuesto real de la obra era imposible de calcular porque no había ningún soporte técnico previo.
Tanto, que el 19 de enero de 2015, cuando ya se había firmado el contrato con Ingream, la Esant hizo revisión del presupuesto y una ingeniera contratista redactó un informe interno que deja en evidencia la falla: “No se cuenta con base de datos de precios (…) opté por comparar los precios con el presupuesto existente del alcantarillado sanitario de Centro Poblado La Granja de Sucre, con precios del año anterior”.
Por eso, asegura la Fiscalía, que Ballesteros permitió “arbitrariamente”, que el contratista Octavio Reyes definiera los costos de la obra.
Es decir, Ingream podía decirle a la Esant que se necesitaban los 1.188 millones exactos y la entidad no tenía cómo contrastarlo. Una vez la Fiscalía revisó las cantidades de obra, encontró sobrecostos por 205 millones de pesos.
Sobre este contrato, el abogado Gómez nos dijo que aunque tienen razones jurídicas de peso para defenderse sobre los presuntos sobrecostos, está reservándolas para la defensa de Ballesteros en juicio.
Un contrato a cambio de 600 millones en efectivo para la campaña
El tercer contrato que enreda a Ballesteros es la construcción del acueducto de Landázuri, donde viven casi diez mil personas. Costó más de 4 mil millones de pesos, y, aunque se firmó en diciembre de 2015 y su ejecución debía durar 12 meses, nunca se terminó. Hoy está empantanado por mala planeación.
En este caso quien incrimina a Ballesteros es el contratista Lenín Pardo, esposo de la exsecretaria de Infraestructura de la gobernación Claudia Toledo, (ambos son testigos estrella contra Richard Aguilar).
Pardo dice que en julio de 2015, faltando tres meses para las elecciones regionales, Ballesteros le ofreció el contrato del acueducto de Landázuri. A cambio, Ballesteros pidió entregar 600 millones de pesos para la campaña a la Gobernación de Holger Díaz, el candidato que apadrinaba Aguilar.
“(Ballesteros) le expresó las condiciones del doctor Richard Aguilar, en el sentido de que si decidía apoyarlos el día de las elecciones, el 15 por ciento del valor del citado contrato sería para ‘nosotros’ (Ballesteros y Aguilar), aclarando Lennin Pardo, que esto le mostraba que el gobernador había ordenado que Ballesteros le adjudicara ese contrato”, dice la Fiscalía.
Pardo dice que aceptó, y que para tener un respaldo sobre el negociado, invitó a participar a Julián Jaramillo, mano derecha de Aguilar y quien también está investigado y preso por presuntamente liderar la oficina de contratación paralela que confeccionaba los pliegos para direccionar las obras.
Jaramillo habría entrado al negocio a través de la empresa Procinco sas, de propiedad de su mejor amigo, Pedro Beltrán.
Milena García, esposa de Beltrán y representante legal de Procinco le dijo a la Fiscalía que como ni Ciaming ni Procinco tenían la experiencia para ejecutar esa obra, “por medio de un tercero” contactaron a la empresa Ingecol sa, que sí tenía experiencia.
“(…)El acuerdo fue que la empresa Ciaming ltda. sería la que ejecutaría el contrato con el respaldo económico de Procinco sas, asegurando que el acuerdo con Ingecol SA era que esta empresa no participaba en la ejecución y no asumiría responsabilidad en caso de ser requeridos”, le dijo García a la Fiscalía.
Para la Fiscalía, el presunto direccionamiento que cuenta Lenín Pardo, se comprueba también con la forma en que se conformó la unión temporal que ejecutó la obra de Landázuri.
“Francisco José Sandoval Rodríguez, socio y actual representante legal de aquella empresa (Ingecol), asegura que la participación de ésta en la unión temporal fue solamente para aportar la experiencia con el 1 por ciento, no para ejecutar la obra”, diceel ente de control.
La obra nació empantanada porque la Esant la contrató sin la gestión predial necesaria. Aún así, el 14 de enero de 2016, el mismo día que Ballesteros renunció a la Esant (por el cambio de administración), la empresa le giró un anticipo por 1.738 millones de pesos a la unión temporal que representaba Lenin Pardo.
Esa plata se entregó a través de una fiducia, que se supone le da garantías al desembolso. Sin embargo, la Fiscalía encontró que el primer giro, por 462 millones de pesos, no estaba respaldado por ninguna factura de compra; y que los giros 2, 3 y 5, tenían las mismas facturas como soporte.
En total hay 671 millones de pesos girados que no se sabe por qué se pagaron y adicionalmente, la Fiscalía estima sobrecostos por 329 millones de pesos. Es decir, de los 4.346 millones de pesos, hay casi mil millones perdidos.
Sobre este contrato, el abogado Gómez aseguró que Pardo también miente y que lo van a demostrar en juicio.
