La entrada del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, como compareciente en la Jurisdicción Especial para la Paz será determinante para conocer la verdad sobre las alianzas de militares, policías, políticos, empresarios y agentes del Estado con el paramilitarismo.

Esa verdad sobre las relaciones del establecimiento con los paramilitares es uno de los elementos en los que ha insistido el presidente Petro, que nombró a Mancuso gestor de paz, en su intento por armar el llamado acuerdo nacional con el que quiere sacar adelante sus reformas. “Cada vez más sabemos quiénes son los culpables, por qué mataron, por qué generaron un genocidio en la sociedad colombiana”, dijo en su última salida en tarima el 27 de septiembre pasado.

La decisión de los magistrados de esta justicia transicional nacida del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, se da de manera “excepcional”, pues la JEP no juzga los crímenes de los paramilitares. Y aunque Mancuso es el primer exjefe de las AUC en ser aceptado en esta jurisdicción, le abre la puerta a otros. 

La decisión fue tomada después de contrastar sus declaraciones durante cuatro días de audiencia, en la que Mancuso puso la lupa en la impunidad de los aliados del paramilitarismo, que llegó hasta acusar a expresidentes de promover el proyecto paramilitar en el país. 

El rol de bisagra excepcional de Mancuso

La entrada de Mancuso a la JEP no es por la verdad que tenga que aportar sobre los crímenes de los paramilitares, que se supone que ya han sido juzgados en Justicia y Paz, sino porque la JEP ha determinado que Mancuso fue en la práctica un miembro incorporado y funcional a la Fuerza Pública entre 1989 y el 2004.

Los magistrados consideran que dentro de los aportes de verdad que hizo el exparamilitar Salvatore Mancuso, él logró mostrar que asumió y le fueron delegadas funciones propias de funcionarios del Estado. Esto fue relevante para los magistrados que consideran que el nivel de detalles sobre esas funciones y sus alianzas con otros agentes del Estado no había sido desarrollado antes.

“Lo aportado por Mancuso en Justicia y Paz y en la justicia ordinaria se limitó, de manera reiterada, a señalar que la planeación y ejecución de la estrategia paramilitar estuvo en cabeza de Carlos Castaño Gil. Sin embargo, con base en lo relatado por Mancuso a la JEP se hace evidente que en esas tareas también participaron altos mandos militares y policiales, y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública”, se lee en el comunicado sobre la decisión. 

Con la entrada de Mancuso en ese nuevo macrocaso de la JEP, el país escucharía de nuevo testimonios del exjefe paramilitar, como los que dio en mayo pasado durante cuatro días de audiencia ante la JEP. Un testimonio que en el caso de quienes no sean militares tendría grandes limitantes, porque los políticos, empresarios y otros terceros en el conflicto solo se pueden someter de manera voluntaria a esta jurisdicción.

El rol de Mancuso en el acuerdo nacional de Petro

Salvatore Mancuso aún está preso en Estados Unidos, donde está terminando de cumplir una condena por narcotráfico y está próximo a volver a Colombia. Pero su regreso al país, que depende de una decisión final que podría tomar en los próximos días el Tribunal Superior de Bogotá, no es solo importante para su comparecencia ante la JEP, sino también para cumplir su labor como gestor de paz del gobierno Petro.

Los aportes de Mancuso ante la JEP han sido claves para el presidente Gustavo Petro. Él, que fue uno de los denunciantes de la parapolítica siendo senador, aprovechó para recargar su discurso en contra del establecimiento y las clases dirigentes durante los cuatro días de audiencia de Mancuso ante la JEP. 

Petro ha buscado que se conozca la verdad sobre los vínculos de políticos y empresarios con los paramilitares para impulsar su acuerdo nacional. Aunque es un concepto aún ambiguo, Petro ha dicho que se trata de un acuerdo basado en la verdad y la reconciliación nacional, y Mancuso como gestor de paz es clave en ese propósito.

Sin embargo, puede ser también una espada de doble filo que le juegue en contra de la frágil paz política que ha logrado con el expresidente Uribe, que es una pieza clave de las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc. 

Un riesgo que ha quedado de manifiesto con la desclasificación de algunos apartes de la parte reservada de la audiencia de Mancuso ante la JEP en mayo. Una de las acusación desclasificadas es que Uribe siempre supo de los verdaderos responsables de la masacre del Aro, cuando él era gobernador de Antioquia, en 1997.

Mancuso abre la puerta a medias para los paramilitares en la JEP 

Aunque la entrada de Salvatore Mancuso a la JEP es excepcional porque es un paramilitar, su aceptación como bisagra entre para y militares deja un precedente para que otros puedan ingresar a esta jurisdicción. El estándar es demostrar sus conexiones estrechas con militares y policías, y hacer nuevos aportes de verdad ante esta jurisdicción. 

A pesar de que la mayoría de paramilitares o aliados de estos han sido rechazados, Mancuso abre una ventana para otros candidatos que buscan entrar a la JEP bajo ese rol de bisagra. Es el caso de Carlos Mario Jiménez, mejor conocido como “Macaco”; y de Herbert Veloza, mejor conocido como “H.H.”. 

Pero la entrada a la JEP aún no es completa y muestra las dificultades de armonizar dos procesos de paz diferentes.

Esto implica, más allá de que Justicia y Paz lo siga investigando y juzgando, que la libertad de Mancuso aún depende de las decisiones de los magistrados de esa otra justicia transicional. Esto genera una paradoja en su entrada a la JEP, ya que no podría recibir el beneficio de libertad anticipada que concede esta jurisdicción a sus comparecientes. 

Periodista de la Universidad de Antioquia. En La Silla Vacía empecé contando las movidas políticas de Antioquia como practicante, ahora escribo sobre el conflicto armado, las políticas de seguridad, la justicia transicional y los esfuerzos de paz en el país.