En cuatro días de audiencia ante la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso salpicó a políticos, empresarios, ganaderos y militares que según él apoyaron a los paras. Sus declaraciones buscan abrirle un camino en la JEP para quedar en libertad cuando lo extraditen a Colombia y tenga que enfrentar los procesos aún abiertos por sus crímenes.
Y aunque su futuro aún está en las manos de los magistrados, y los hechos que contó ya han sido mencionados en los últimos 15 años, la audiencia de Mancuso puso sobre la mesa la impunidad alrededor de los terceros en el conflicto.
Una ausencia de justicia que, incluso si el excomandante “para” entra a la JEP, se podría extender. Porque esa jurisdicción tampoco tiene la capacidad para obligar a los llamados “terceros en el conflicto” a presentarse ante el tribunal creado en el marco del acuerdo de paz con las Farc.
Mancuso, el paramilitarismo y los civiles en el conflicto
El pasado martes, al final de su audiencia ante la JEP, Salvatore Mancuso se dirigió a sus víctimas y les dijo: “Esto (paramilitarismo) lo hicimos de la mano de políticos y destacados miembros de la sociedad civil que se sirvieron de nuestro aparato criminal. Hoy muchos de ellos salen a desmentir mi testimonio”.
Lo dicho por Mancuso en sus últimos minutos en la JEP es una verdad conocida. Ha sido señalada en el informe final de la Comisión de la Verdad, en el que se dice que el paramilitarismo no fue solamente un actor armado del conflicto interno colombiano, sino una red de intereses económicos y políticos que usaron la violencia para lograr sus fines.
“Es un entramado de alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del uso del terror y la violencia”, se lee en el tomo central del informe de la Comisión. Es un hallazgo a partir de escuchar las versiones de exparamilitares —incluido el mismo Mancuso— y los expedientes y sentencias de Justicia y Paz, la jurisdicción transicional creada para juzgar a los paras.
A pesar de que esta verdad ha sido señalada, las víctimas aún reclaman más verdad sobre los poderosos que estuvieron detrás del conflicto, un clamor resumido en “¿Quién dio la orden?”, una frase que comenzó para pedir explicación por los “falsos positivos” y que han adoptado muchas víctimas del conflicto.
“Le decimos a Mancuso que es la posibilidad de responder a ese anhelo de escuchar sobre quiénes dieron las órdenes, por qué dieron las órdenes y cuáles eran los intereses particulares”, dijo Aura Camargo, víctima del paramilitarismo en Bolívar, en un vídeo transmitido en el último día de audiencia.
El pedido de las víctimas por más verdad y justicia apunta a un vacío que la justicia colombiana no ha llenado del todo frente a la responsabilidad de los civiles y poderosos en el conflicto. A pesar de esfuerzos como las investigaciones de la parapolítica desde la Corte Suprema Justicia que llevaron a congresistas a la cárcel o investigaciones de algunos fiscales, la mayoría de investigaciones sobre los mencionados han quedado en los expedientes sin mayor avance en los últimos 15 años.
Y las declaraciones de Mancuso en la JEP pusieron su lupa sobre esto. Acusó al exvicepresidente Francisco Santos de promover grupos paramilitares; al exministro del Interior Horacio Serpa (Q.e.p.d) de conocer una desmovilización ficticia del EPL; al expresidente Álvaro Uribe de quitarle la seguridad a un alcalde para que lo mataran; a grandes empresas como Bavaria de financiar voluntariamente a las autodefensas; a mineras extranjeras de pedir asesinar a sindicalistas; y obviamente, a los altos mandos militares de trabajar de la manos con ellos.
La mayoría de estas cosas Mancuso las había contado total o parcialmente en el pasado. Pero uno de los argumentos de la defensa del exparamilitar para pedir que entre a la JEP fue exponer que nada había pasado con sus declaraciones en otros escenarios judiciales. “En todos los casos se encontró que fueron verdades limitadas”, les dijo el abogado César Intriago a los magistrados.
Para Oscar Parra, director de Rutas del Conflicto, un proyecto de la universidad del Rosario que investiga los crímenes de los paramilitares, las declaraciones de Mancuso son relevantes porque ponen de nuevo la lupa en ese acumulado de sentencias de Justicia y Paz. “Lo que pasa es que pues no se ha investigado o las investigaciones son precarias desde la Fiscalía”, dice Parra.
En ese mismo sentido, la coordinadora del área de justicia transicional del tanque de pensamiento Dejusticia, Paola Molano, dice que:“Hay información que se sigue diciendo y pareciera que no todos los responsables han sido judicializados, que no hay un completo esclarecimiento, al menos judicial, de muchas de las alianzas de los paramilitares con sectores políticos y con la fuerza pública”, explica.
Para ella, el impacto de las declaraciones del exjefe paramilitar, que fue una de las principales tendencias en Twitter durante los días que habló, no son los hechos que relato Mancuso, sino lo que esos hechos revelan: “una impunidad persistente frente a cierto tipo de crímenes cometidos por los paramilitares”.
Para Juan Diego Restrepo, periodista y director del medio especializado en los crímenes de los paramilitares,Verdad Abierta, las declaraciones de Mancuso también abren una ventana para entender la impunidad de los civiles que se aliaron con los paras.
“El problema no está en Justicia y Paz, ni siquiera el problema está en los relatos de Mancuso, sino que el problema está en el cuello de botella en la Fiscalía y en la justicia ordinaria”, explica Restrepo.
El nudo de impunidad en la justicia ordinaria
En 2005 fue aprobada en el Congreso la ley de Justicia y Paz que creó el mecanismo de justicia para que los paramilitares de las AUC se desmovilizaran, como habían pactado en 2003 con el gobierno de Álvaro Uribe. Así se creó una jurisdicción transicional dentro de la justicia ordinaria encargada de juzgar los crímenes que cometieron los paramilitares, pero solo aquellos que entregaron las armas y se desmovilizaron.
Es decir, que frente a los crímenes que los paramilitares hicieron por ejemplo en alianza con los militares como las masacres de El Aro o La Granja en Ituango, los magistrados sólo podían juzgar a los paramilitares. Para los cómplices y colaboradores sólo podían compulsar copias a la justicia ordinaria para que investigue a los civiles, funcionarios del Estado y militares involucrados.
Y para los tres expertos consultados por La Silla el lío está en el represamiento de miles de compulsas de copias a la justicia ordinaria para que investigue a los aliados de los paramilitares: desde ganaderos hasta altos funcionarios del gobierno.
Según cálculos del periodista Restrepo, en base a la investigación de Verdad Abierta sobre los expedientes de Justicia y Paz, esta jurisdicción ha hecho un poco menos de 16 mil compulsas de copias por agentes del Estado y terceros civiles a la Fiscalía. “La pregunta es de esas 16.000 compulsas ¿cuántos de casos ha impulsado? Son muy poquitos”, dice.
Para Molano, la investigadora de Dejusticia, el problema de la Fiscalía tiene que ver con la falta de capacidad estructural para asumir esa gran cantidad de casos, que llegan a competir con las funciones ordinarias del ente investigador. Aunque dice que también es un asunto que pasa por la falta de voluntad.
“No es solo falta de voluntad política, aunque hay algo de eso. Tiene que ver con tomar decisiones frente a lo que se prioriza en materia de recursos y de acciones estratégicas de la Fiscalía”, dice Molano.
La consecuencia de esos factores no es otra que la impunidad especialmente para quienes hicieron parte del paramilitarismo, pero no empuñaron un arma. “Los avances de la justicia han llegado más a los ejecutores de bajo orden de las violaciones de derechos humanos que a los responsables de ordenar, planear y financiar la violencia”, se lee en el informe de la Comisión de la Verdad.
Este es un problema que la JEP no tiene los dientes para resolver, pues solamente puede juzgar a los terceros civiles y los funcionarios del Estado en el conflicto si estos voluntariamente se postulan. Esa fue una de las modificaciones que se acogieron de los políticos uribistas que impulsaron el No al acuerdo de paz, e incluso de voces disidentes del santismo en su momento como el exvicepresidente Vargas Lleras.
Hoy en día solo hay 71 terceros civiles y 95 funcionarios del Estado vinculados a la JEP. La mayoría buscan los beneficios judiciales para las condenas de sus crímenes, como el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado por el asesinato de el alcalde de El Roble. El mismo caso en el que Mancuso afirma que el expresidente Uribe tiene responsabilidad por haberle retirado su seguridad, algo que Uribe niega.
Y este tipo de responsabilidad de terceros, con el antecedente de la audiencia de Mancuso en los últimos días, se empezarán a conocer mucho más con el nuevo caso 08 de la JEP, que investiga los crímenes de los militares en alianza con los paramilitares. En reiteradas ocasiones Mancuso manifestó interés de participar de ese caso y ya hay otros exparas pidiendo pista en la JEP, como alias “Macaco”.
Alimento para la tensión de Petro con la justicia
El presidente Gustavo Petro, que denunció la parapolítica siendo senador, aprovechó para recargar su discurso en contra del establecimiento y las clases dirigentes. Durante los cuatro días de audiencia Petro puso conversación insistentemente, solo el domingo envió 6 mensajes entre retrinos y trinos propios.
“Este poder político homicida en gran escala y enriquecido por su alianza con el narco busca desesperadamente que el gobierno del cambio no llegue a ternar la próxima fiscalía. Le temen a la verdad y a que se destruya la impunidad”, trinó después de los primeros días.
Como lo entrevé la reacción de Petro a las declaraciones de Mancuso, esto le da munición al gobierno para sus críticas a la justicia, especialmente con el fiscal Francisco Barbosa.
“Petro podría seguir disparando trinos y trinos contra sus contradictores, pero realmente el cuello de botella ya no es político, el cuello de botella es judicial. No hay manera de cerrarlo, mucho menos con esa disputa que tienen Petro y Barbosa. Pero podría servir esto que hizo Mancuso para plantear una presión sobre el sistema judicial”, dice Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta.
Y ese cuello de botella no es algo menor para los planes de la izquierda en el poder. La falta de capacidad de la Fiscalía para resolver los casos de los paramilitares es una alerta para la carga tan enorme que deberá asumir si prospera el proyecto de ley de sometimiento de Petro. Este busca desarmar a organizaciones armadas como las bandas criminales de Medellín y aportar verdad para sus víctimas, y la principal encargada de hacerlo realidad es la justicia ordinaria.
El efecto de las declaraciones de Mancuso y su impacto en denunciar a los poderosos fue amplificado por un escenario político diferente. Fue la primera vez que Mancuso pudo hablar al país con la izquierda en el poder, la misma que persiguió siendo paramilitar y que hoy ven con las palabras de este exparamilitar sus tesis confirmadas.
