La ponencia de la magistrada de la Corte Constitucional deja el fast-track para desarrollar lo pactado en La Habana vinculado al plebiscito para desgracia del Gobierno.
Ayer cayó como un baldado de agua fría en el Gobierno la ponencia de María Victoria Calle sobre el fast-track. No es la primera vez que la independencia de esta magistrada de la Corte Constitucional toma por sorpresa al gobierno de turno. Al de Juan Manuel Santos, la noticia le llegó el día más inoportuno.
La ponencia
La magistrada Calle en su ponencia propone declarar constitucional el Acto Legislativo para la Paz que le da facultades extraordinarias al Presidente Santos para implementar los acuerdos de La Habana en un término de seis meses y crea un mecanismo rápido o de fast-track para pasar reformas constitucionales con cuatro debates en cambio de ocho y con la posibilidad de que cualquier modificación que haga el Congreso solo pase con el visto bueno del Gobierno.
Sin embargo, deja vivo el artículo quinto de esa reforma constitucional que dice que este mecanismo de fast-track solo se puede ‘activar’ a través de una refrendación popular.
Es decir, que el Gobierno tendría que volver a convocar un plebiscito para aprobar el nuevo acuerdo y ganar para pasar las leyes vía fast-track.
Una complicación si se tiene en cuenta que precisamente hoy comenzará la refrendación del Acuerdo de Paz en el Congreso porque el Gobierno y las Farc consideraron que era un mecanismo mucho más seguro y expedito para comenzar a implementar lo acordado.
Aunque la ponencia de la magistrada comenzará este miércoles a ser discutida en sala plena para ser posteriormente votada por los otros ocho magistrados de la Corte, la filtración del sentido de su propuesta creó gran nerviosismo en Casa de Nariño y en el Senado.
El fantasma del prevaricato
La noticia de la ponencia que repartió la magistrada Calle entre sus compañeros de la Corte coincidió con la reunión de los voceros de los partidos que apoyan el nuevo Acuerdo con los negociadores de La Habana y con el ministro del Interior para explicar la metodología del debate de hoy en el Senado en el que esperan refrendar el texto para arrancar con la implementación.
“En el Congreso, muchos con miedo de prevaricato. Hay mucha confusión”, dijo a La Silla un congresista de La U, quien estaba al tanto de las conversaciones de su partido en torno a la forma de refrendar.
La idea del prevaricato quedó esbozada en una exposición que hizo el Centro Democrático en el debate de hace una semana en el Senado, en donde el senador Jaime Amín pidió un fundamento legal para proceder para refrendar, vía proposición, el Acuerdo.
El argumento de los uribistas es que si bien el Congreso puede pronunciarse sobre una política del gobierno -como sería el acuerdo de paz- las normas que se aprobaron en el Congreso hablaban de una refrendación “por vía participativa”, es decir avaladas directamente por el pueblo, y no de manera indirecta a través de sus representantes como sería el Congreso.
Al usar la vía de la refrendación por el Congreso, estarían violando la ley que aprobaron que incluía que la refrendación sería popular.
Esa misma semana, según supo La Silla por un asesor de un congresista de la mesa directiva del Senado, hubo discusiones entre parlamentarios porque había dudas sobre la teoría del uribismo.
Pero, como contamos, la bancada de coalición y el Gobierno consideran que el mandato del No se cumplió al renegociar con las Farc en Cuba el nuevo Acuerdo. Y que el texto refirmado en Bogotá requiere otro nuevo tipo de refrendación.
Dos miembros del Gobierno, y dos congresistas asistentes a la reunión de hoy en el Ministerio, nos dijeron, por aparte, que no había ninguna posibilidad de prevaricato.
“El Centro Democrático sí está hablando del tema, pero la refrendación es un acto político y el Congreso va a debatir un tema de política para lo que tiene competencia”, nos dijo un asistente.
Otro, miembro del Gobierno, coincidió en la misma línea, asegurando que el Congreso no puede perder su deber constitucional de deliberar temas y de tener la representación ciudadana.
La Silla conoció, además, que el Gobierno prepara un documento, para ser leído en la plenaria si es necesario, para resolver las dudas de los congresistas que temen votar por la posibilidad de una denuncia por prevaricato que les haga perder su investidura.
Aún así, la ponencia de la Corte menos de 24 horas antes de la votación, no hace sino reforzar esos temores y darle argumentos a congresistas de partidos como el Conservador que rechazaban una refrendación diferente a la popular.
En el Gobierno están bastante confiados en que el Acuerdo se refrendará antes del jueves. Pero permanece el problema de cómo implementarlo sin el fast-track.
En el Consejo de Ministros del lunes, antes de que se conociera la ponencia, se presentó la relación de los proyectos de implementación sin el fast-track. Hay varios proyectos que se pueden resolver vía decreto y resoluciones del Presidente.
El proyecto de amnistía, que es el más urgente para que las Farc puedan dejar las armas, se podría tramitar de aquí a enero con un mensaje de urgencia del Presidente y convocando a extras.
Con una ley de facultades para el Presidente, pasada también con mensaje de urgencia, se podrían implementar las reformas que tienen que ver con el punto de desarrollo rural.
El verdadero problema son las tres reformas constitucionales que tienen que ver con la creación del partido político de las Farc, la incorporación de los temas de Derecho Internacional Humanitario del Acuerdo de Paz a la Constitución y la creación de la Justicia Especial de Paz (JEP).
El tema de la JEP es el que más preocupa al Gobierno porque el trámite de estas reformas constitucionales sin el mecanismo del fast-track puede tomar hasta un año y dar pie para que los congresistas le metan todos los cambios que deseen.
Como contó La Silla, incluso el Vicepresidente Vargas Lleras tiene interés en hacerle ajustes a esta parte del acuerdo que no le gusta, pero que es crucial para las Farc.
Con lo cual, si la Sala Plena de la Corte avala la ponencia de la magistrada Calle y deja la posibilidad del fast-track supeditado a la refrendación popular, la estabilidad de lo pactado corre un riesgo así el Congreso lo refrende.
De ahí el tamaño de la decisión que tienen que tomar los magistrados. Ya Calle demostró su independencia frente al Gobierno de Santos, al igual que lo hizo hace seis años cuando a pesar de haber sido ternada en “una terna de uno” por Álvaro Uribe le cerró con su voto la puerta a la segunda reelección.
“El Gobierno había perdido por goleada, con autogol incluido”, fue como lo definió La Silla cuando en marzo de 2010 Calle -en ese momento una desconocida en el mundo constitucional- votó en contra del referendo que promovía la reelección.
Desde entonces, como le dijo la Silla un ex colega de trabajo, “María Victoria hace preguntas y oye, pero ella toma las decisiones. No deja que nadie haga eso por ella”.
Un fallo no predecible
Aún a pesar de haber demostrado eso una y otra vez, en el círculo más cercano al Presidente varios contaban con su voto.
Calle forma parte de un bloque liberal y muy pro-paz, que comparte con Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas (cuyo futuro en la Corte dependen en gran parte de cómo falle Calle la tutela que hay en su contra), que suelen votar juntos en muchos temas.
Con ella también ha votado su ex magistrado auxiliar Aquiles Arrieta, desde que entró a mediados de año a la Sala Plena en reemplazo del magistrado Jorge Pretelt, que fue suspendido mientras avanza el juicio en su contra por el caso de Fidupetrol.
Si la ponencia de Calle hubiera salvado el fast-track como quería el Gobierno, algunos en allí predecían que tendrían por lo menos cinco votos fijos. Ahora que se conoce su posición y que es adversa a los intereses del Presidente, es imposible anticipar cómo será el resultado final.
Especialmente porque el precedente de la Corte Constitucional va más en la línea de la ponencia: la Corte normalmente solo se pronuncia sobre los aspectos demandados y en este caso el demandante ignoró el artículo quinto que el Gobierno necesita que tumben.
Y en principio la Corte solo se refiere a otros aspectos si se demuestra que es imposible fallar sobre el punto demandado si no se estudia otra norma no invocada en la demanda. Lo que en la jerga jurídica se conoce como “integración normativa”.
Esa integración normativa, además, normalmente se hace frente a leyes y solo ocasionalmente frente a reformas constitucionales como es el acto legislativo de la refrendación.
En conclusión, el gobierno no la tiene fácil y la ponencia de María Victoria Calle será el fantasma que ronde el debate sobre la refrendación de los acuerdos hoy en el Congreso.
