Al presentar unas propuestas concretas y listas para el debate, diferentes a las del uribismo, Ramírez puede quedarse con el No más propositivo y menos extremo, y tener una agenda para la renegociación.
Foto de portada tomada de martaluciaramirez.com
Ayer Marta Lucía Ramírez, la ex candidata presidencial conservadora que se ha convertido en una de las cabezas del No, hizo públicas sus propuestas para renegociar el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Como lo hizo rápido y con ideas concretas, a diferencia de las muy amplias y a cuentagotas de Álvaro Uribe, Ramírez se posiciona como la cabeza del No realista.
Desde la reunión de las cabezas del No con el presidente Juan Manuel Santos en Palacio el miércoles pasado, Ramírez se había comprometido a entregarlas el lunes, de forma autónoma frente a Uribe, que no fijó ninguna fecha.
Y las tenía listas para presentarlas ayer en la mesa en la que estuvieron los tres precandidatos presidenciales del Centro Democrático y los delegados del Gobierno. Pero como Santos la invitó a Palacio, se las presentó directamente al Presidente.
Ramírez no necesariamente apoya el resto del Acuerdo y su lista inicial de osbervaciones era más amplia. Pero, según la contó a La Silla, en estos días escogió las que a su juicio son las más centrales y que, de cambiarse, la dejarían satisfecha.
Las propuestas
Las 15 propuestas de Ramírez se dan sobre puntos concretos y viables de negociar del Acuerdo (lo que no quiere decir que no sean motivo de discusión), plantean una agenda de debate. esa agenda y sus puntos permiten que la discusión se pueda hacer dentro del marco de lo negociado con las Farc y con la celeridad que ella ha dicho que debe tener este proceso para evitar los riesgos de tener suspendido el proceso, que mostró hoy nuestro blogger Julián Wilches.
Por ejemplo, Ramírez propuso que la implementación no se haga con el mecanismo excepcional del fast track que había creado el Gobierno solo para este acuerdo, sino con los mensajes de urgencia e insistencia a los que siempre tiene derecho. Es un asunto que en últimas es de mecánica legislativa y que removería el temor de que el Presidente abuse del mecanismo para ferrocarrilear en el Congreso su agenda sin debate alguno.
Otra propuesta es que quede explícito en el Acuerdo que el partido político de las Farc no podrá usar dineros ilegales para hacer política. Eso es obvio (usar dineros de origen ilícito para hacer política es un delito) y, en este caso, se entendería además que no lo van a hacer desde que el día antes del plebiscito las Farc se comprometieron a revelar todos sus bienes y destinarlos a reparar materialmente a las víctimas.
Ramírez también pide que se incluya el serial de las armas que entregue las Farc para saber exactamente qué ocurre con ellas y evitar así que queden en manos de otro grupo ilegal.
Su cuarta propuesta es que se deje claro que que el modelo de economía campesina de la Reforma Rural Integral que trae el Acuerdo no excluye la posibilidad de que el sector empresarial pueda invertir en el campo. Como el Acuerdo no lo prohíbe ni limita la libre empresa, se trata más de una aclaración que de un cambio pero solo hacer esto explícito puede ayudar a vencer la resistencia de los agroindustriales que temen que el Acuerdo reduzca sus posibilidades empresariales.
Y el quinto ejemplo de lo propositivo del documento es que pide que en el punto que trata de la protesta social se reemplace la frase “Los disturbios se tratarán con civilidad” por “Los disturbios se tratarán con civilidad, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado”.
Aunque detrás de ese ajuste puede haber una discusión grande sobre cómo enfrentar la movilización social, incluir esa aclaración no altera el eje central del Acuerdo de proteger la oposición legítima pero si podría reducir el miedo de muchos que votaron por el No de que el país se vuelva inviable por las protestas sin control.
De la misma línea son propuestas como aclarar que las Zonas de Reserva Campesina no serán entidades territoriales autónomas (algo que no dice el Acuerdo); que se priorice a las víctimas en la entrega de tierras (algo que está implícito) y se deje explícito que las que entreguen las Farc serán para ellas; que se explique qué se entiende por “incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad” como motivo para expropiar tierras; o que el partido de las Farc sí reciba dineros públicos sin estar sujeto a las condiciones de los demás partidos, pero en una cantidad menor a la que tiene el Acuerdo hoy (en lugar del equivalente al 20 por ciento del fondo de todos los partidos, el promedio de los otros partidos, que está más por el orden del 12 o 13 por ciento de ese fondo).
En todo caso no todas las propuestas de Ramírez son tan sencillas, e incluso algunas muy puntuales pueden ser más complejas de negociar, lo que muestra el desafío que tendrá el Gobierno para lograr meter incluso las consideraciones más sensatas del No en los acuerdos con las Farc.
Por ejemplo, propone que las Farc no tengan representantes en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que crea el Acuerdo, una entidad que hará un plan de acción contra los paramilitares, le hará seguimiento, diseñará políticas de sometimiento a la justicia y recomendará reformas para evitar el paramilitarismo, entre otras medidas encaminadas a evitar y combatir ese fenómeno.
Su argumento es que no conviene que estén allí porque ésta tendrá funciones clave en regular el servicio privado de vigilancia y en revisar hojas de vidas de servidores públicos.
Aunque en principio suena lógico, será más compleja de negociar con las Farc porque la idea de que ellos tengan representación en este organismo es que estando allí se puedan asegurar de que el Estado luche contra el paramilitarismo, un fantasma que asusta a las Farc y a los militantes de izquierda por la historia de guerra sucia, como los asesinatos a miles de militantes de la UP en los años 80 y 90 del siglo pasado.
Otro tema complejo es que Ramírez propone que los responsables de delitos de lesa humanidad no puedan ser ni congresistas ni Presidente, y no solo mientras cumplen sus penas sino de forma permanente.
Eso, que es la aplicación directa de las normas actuales, dejaría a la cúpula de las Farc con el riesgo de no poder buscar esos cargos, algo que es difícil de negociar porque golpea en el corazón su pretensión de entrar a la política electoral. Sin embargo, como la propuesta solo se refiere a delitos de lesa humanidad y no a otros que no lo son pero que por su gravedad reciben un tratamiento igualmente duro en el Acuerdo de hoy (como los graves crímenes de guerra, el genocidio, la toma de rehenes, la violencia sexual o el reclutamiento de menores que no sean declarados de lesa humanidad), hay una luz para negociarlo.
De acuerdo con mi documento de propuestas al Presidente de abril 7 del 2015, los responsables de delitos de lesa humanidad tendrán penas de reclusión en “colonias penales agrícolas”
Y uno más es que se deje claro que los responsables de delitos de lesa humanidad paguen sus penas en colonias penales agrícolas y que éstas sean de 6 a 10 años, aunque con la posibilidad de que se reduzcan a la mitad si confiesan, satisfacen los derechos de las víctimas y cumplen el Acuerdo.
Si ya esas propuestas muestran que en todo caso el debate puede ser enredado, sobre todo por convencer a las Farc de aceptarlas, hay un punto que Ramírez propone cambiar de raíz: que en lugar de un Tribunal Especial se cree una Sala Especial de Paz dentro de la Corte Suprema, por 15 años y con magistrados nacionales y extranjeros.
Eso último cambiaría toda la estructura del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de los ejes de toda la negociación. Primero, porque dejaría de ser un sistema, que incluye no solo la parte jurisdiccional sino la Comisión de la Verdad y todo el componente de reparación.
Pero sobre todo porque siendo un órgano de la Corte Suprema aplicaría el derecho penal colombiano y no el derecho internacional humanitario o derecho de la guerra, un punto que es crucial para la guerrilla. Y por último, por un asunto más simbólico pero no menos importante para las Farc, y es que quedarían siendo juzgados por la justicia del ‘enemigo’ como si hubieran sido vencidas y no por un tribunal creado por el mismo acuerdo.
Por eso, aunque sus propuestas sean concretas no necesariamente son pequeñas ni fáciles de negociar. Lo que sí son es una prueba de autonomía frente a Uribe y un mensaje de que el No no es homogéneo ni tiene una sola cabeza.
El No moderado
Ramírez ha hecho política cerca de Uribe, pero por lo menos desde su salida del Ministerio de Defensa en el primer gobierno del ex Presidente, en 2003, ha marcado distancias de él en los asuntos más críticos como cuando siendo senadora uribista se opuso a la segunda reelección en 2009, sin convertirse nunca en su opositora y con grandes gestos de apoyo, como cuando adhirió al uribista ÓScar Iván Zuluaga en las presidenciales de 2014.
En ese camino Ramírez ha ido creando un espacio propio, ubicado más al centro del espectro político del ex presidente, que explica en buena medida su éxito en las elecciones presidenciales de 2014 cuando sorprendió al ser elegida candidata conservadora y sacó más de 2 millones de votos en la primera vuelta prácticamente en contra de los barones azules y sin el apoyo de Uribe.
Esa posición de cercanía con autonomía es la que repite hoy como aliada de Uribe en el No con propuestas propias, aterrizadas y no consultadas con el ex presidente. Y que pueden darle de nuevo un espacio para lograr su sueño de ser Presidente.
Por un lado, porque capitaliza políticamente haber defendido desde el inicio la posición del No que ganó en las urnas, y con la que fue derrotada al interior de su partido, lo que le permite argumentar que ella interpreta mejor las bases conservadoras que los caciques que han intentado de muchas maneras marginarla. Y eso le puede devolver liderazgo dentro del partido.
Pero también porque ser vocera de quienes votaron No con la esperanza de lograr un mejor acuerdo y rápido (como nuestro bloguer Franz Hamann), le da visibilidad y estatus. Más por hacerlo a la par de dos ex presidentes que son cercanos a ella pero que no la controlan y porque más temprano que tarde Santos la puede a volver su interlocutor más importante en el No porque con ella hoy hay un espacio dentro del cual negociar.
Eso, más allá de lo mucho que le puede convenir al Gobierno en su estrategia de desuribizar el No multiplicando sus voceros, deja a Ramírez como la primera cabeza de un No que no es uribista ni religioso, que reconoce algunas virtudes en el Acuerdo ya firmado y que entiende la importancia de aprovechar la oportunidad de ponerle fin al enfrentamiento armado con la guerrilla que combatió como la primera ministra de Defensa de la Seguridad Democrática.
Si le va bien, puede terminar siendo la constructora del “mejor Acuerdo” con las Farc, una ‘marca’ envidiable para las presidenciales de 2018.
