La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, hace un monitoreo anual a los cultivos de coca en Colombia. Aunque los correspondientes a 2021 solo los presentará a finales de mes, muestran un aumento de más del 10 por ciento en las hectáreas cultivadas, el final de la disminución que venía desde 2018.
Con eso, el presidente Iván Duque pierde el único indicador que tenía para mostrar en su lucha contra las drogas. En materia de sustitución de cultivos no logró vincular más familias y en cinco de las regiones más cocaleras del país (Catatumbo, Cauca, Nariño, Putumayo Y Guaviare), académicos y líderes concuerdan en que los cocaleros sienten que el programa de sustitución no dio frutos y en cambio minó la confianza de las comunidades con el Estado.
Así, el aumento en hectáreas es solo la cereza sobre el pastel del fracaso de la política antidrogas de Duque, que parte de un garrote sin futuro y una zanahoria sin fuerza.
Una ruta de erradicación sin futuro
A finales de 2018 Iván Duque anunció la Ruta Futuro como “una política integral” en la que se vincularían distintos ministerios, fuerza pública y entes de control para la lucha contra las drogas. De cinco objetivos, uno era reducir la disponibilidad de droga. Para eso planteó reducir los cultivos ilícitos y las vulnerabilidades territoriales.
A lo que Duque apostó más capital político fue a lo primero. Perdió.
Por un lado, porque concentró esfuerzos en reanudar la aspersión aérea con glifosato, pero la Corte Constitucional, en un fallo de tutela de comunidades que reclamaron el derecho a la consulta previa, volvió prácticamente imposible el proceso.
Por otro, porque la erradicación manual no logró disminuir las hectáreas sembradas, que cayeron en menos de un 10 por ciento anual, según la Unodc: pasaron de 169 mil en 2018 a 154 mil en 2019 y 143 mil en 2020. Y para 2021 están en unas 160 mil, según supo La Silla Vacía, con lo que habría una reducción de menos de un 5 por ciento en los 4 años.
Esa reducción se dio por una coyuntura que le favoreció, según explica Daniel Wiesner, investigador de la consultora Veredata que hace análisis de datos a nivel veredal: “Hubo una combinación de circunstancias. Por un lado, el programa de sustitución entró en la fase de erradicación voluntaria y por otro, la fuerza pública volvió a erradicar, luego del gesto de buena voluntad de Santos de disminuir la erradicación forzosa”,
De modo que si bien Duque superó de lejos su meta de erradicar 280 mil hectáreas de mata de coca en el cuatrienio (el año pasado llegó a 328 mil hectáreas), el logro no tiene mayores efectos al final del día.
Por un lado, porque igual la producción de cocaína se tecnificó tanto que menos hectáreas producen mejor y más alcaloide.
De hecho, el informe mundial para las drogas de este año toma el caso colombiano para explicar por qué la erradicación forzosa no tiene beneficios a largo plazo: según la Unodc, al cabo de diez años no hay diferencia entre las zonas donde hubo erradicación y las que no. “el cultivo aumentaba a mayor velocidad que en otras zonas similares en las que no se había efectuado la erradicación forzosa”, dice.
En esa línea, el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que Naciones Unidas publicó este año muestra que solo el 14 por ciento de las zonas en donde hubo erradicación forzosa se mantienen sin cultivos ilícitos.
El costo beneficio de la erradicación forzada de Duque ha sido alto en conflictividad social. En Cauca, Nariño, Catatumbo, Putumayo y Guaviare, la fuerza pública se ha enfrentado con comunidades de las zonas cocaleras a las que llegan a erradicar.
Según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, en 2020 fueron 51 enfrentamientos entre militares y comunidades en jornadas de erradicación, versus 44 hechos entre 2016 y 2019.
“Hemos venido denunciando que a los campesinos (en medio de las jornadas de erradicación) no los están atendiendo como si se tratara de sociedad civil, sino como si fuera otro actor armado en conflicto: no hay diálogo, no hay protocolos. Entran disparando, amedrentando”, dice Wilmar Madroñero, coordinador de la red de Derechos Humanos de Putumayo.
En esos enfrentamientos también ha habido heridos de la fuerza pública y en octubre 180 militares que iban a erradicar en una vereda en el Catatumbo estuvieron retenidos durante dos días por las comunidades.
Esos hechos, más que grupos armados ilegales tengan control territorial suficiente como para pasearse por cascos urbanos en camionetas blindadas robadas a la UNP, ha mantenido a la fuerza pública en una actitud pasiva en algunas de las regiones cocaleras, como el Catatumbo.
“Es como si en estos cuatro años de Duque hubiese existido una política de brazos caídos por parte de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico en esta región”, dice Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar que investiga el conflicto en la frontera.
Y en Guaviare hay una suerte de conformismo: “La fuerza pública es consciente de la resiembra pero también tiene sus propias quejas…empezando por la falta de recursos para operar”, nos dijo una fuente de cooperación internacional que sigue de cerca el proceso de sustitución de cultivos de coca allí.
La sustitución no avanzó
El informe mundial de la Unodc también concluye que donde hay erradicación voluntaria las áreas cultivadas sí disminuyen. Eso fue lo que se intentó en Colombia, y que Duque frenó.
Aunque continuó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, que se formuló tras el Acuerdos con las Farc, no aumentó la cobertura, que recibió en 99 mil familias que se inscribieron en el Gobierno Santos.
Los resultados del Pnis, según líderes sociales, miembros de organismos internacionales y académicos consultados por La Silla Vacía, no son exitosos.
Según cifras oficiales, Duque comprometió 1,8 billones de pesos en el programa, distribuidos mensualidades para garantizar seguridad alimentaria cuando el cocalero erradica la mata, asistencia técnica, un programa de huertas caseras y la financiación de proyectos productivos que les permitan sostenerse en el largo plazo.
Con ese dinero, 76 mil de las 99 mil familias inscritas empezaron el proceso de sustitución; las otras 23 mil no. Y 67 mil alcanzaron la etapa de huertas caseras, con lo que ya se habían perdido 32 mil familias del proceso.
Además, en las cinco regiones cocaleras donde indagamos, la percepción es que el programa no avanzó más allá de las mensualidades iniciales.
“Entre Tumaco y Francisco Pizarro (Nariño) hay 18 consejos comunitarios y el programa solo invirtió plata en cuatro, y únicamente en la primera etapa (de sostenimiento). Y en esos cuatro fue una catástrofe: pasaron más de dos años para que la gente recibiera los 12 millones de pesos cuando debía ser en un periodo de un año”, le dijo a La Silla Lenny Silva, líder de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur y del proceso de sustitución en la región.
Y entre las familias que llegaron a la etapa proyectos productivos tipo huertas caseras hubo cuestionamientos. Por ejemplo, en Catatumbo y Putumayo las comunidades denunciaron que el Estado estaba comprando bienes desde ganado hasta herramientas agrícolas o semillas a precios inflados, por lo que cada beneficiario terminaría recibiendo menos de lo que le correspondería.
Por ese tipo de incumplimientos, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Miraflores en Guaviare, puso una tutela reclamando derechos como la vida en condiciones dignas y el mínimo vital. Argumentan que aun cuando el Pnis tenía un plazo de dos años para ejecutarse, más del 80 por ciento de las casi mil familias que están en el programa en esa región, no han recibido la asistencia del programa.
Y en todo caso, el mismo informe oficial del Pnis dice que Duque no alcanzó a ejecutar la cuarta etapa sino que dejó contratada la operación de los proyectos productivos y no para las 99 mil familias, sino para 49 mil.
“Esas cifras gruesas se deben leer con pinzas. Solamente nos dicen que tanta plata se gastó en asistencia técnica para tantas familias pero no nos dicen cuántas de esas familias están en mejores condiciones después de eso”, dice María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, Cesed, de la Universidad de los Andes.
Una investigación reciente del Cesed analizó las encuestas de 16 mil familias que hacen parte del Pnis y viven en zonas de manejo especial, como parques nacionales o zonas de reserva forestal. Y encontró que el 52,7 por ciento de ellos están en condiciones de pobreza crítica.
Eso implica otro reto para la sustitución, según Vélez, porque la gente necesita inversión para mejorar calidad de vida y así poder salir de ese primer eslabón del narcotráfico.
“En entrevistas en Putumayo y Guaviare, nos dimos cuenta que lo que el Gobierno ofrecía como asistencia técnica para las comunidades no era eso como tal. En realidad era mostrarles un catálogo de posibilidades, pero no ayudarlos a construir un proyecto”, dijo Vélez.
El aumento de cultivos de coca con el que se despide Duque, es síntoma de que los cocaleros siguen sin opciones.
