Cinco años se tomó el Ministerio de Defensa para pedir perdón por la muerte de Alix Fabián Vargas Hernández, un joven que en 2008 fue engañado y asesinado por el Ejército para presentarlo falsamente como guerrillero del ELN. Después de una orden judicial emitida en 2018, el informe de la Comisión de la Verdad, decenas de testimonios de militares ante la JEP y un cambio de gobierno, el Estado superó el negacionismo frente a la responsabilidad institucional sobre los “falsos positivos”.
“Ellos tenían la razón: efectivamente, su hijo había sido desaparecido forzadamente y luego había sido ejecutado”, dijo ayer Iván Velásquez ante los familiares de Alix Fabián, convirtiéndose en el primer Ministro de Defensa activo en reconocer estos crímenes.
Estas palabras fueron justo una semana después de que se realizará la audiencia de la JEP en la que 8 militares reconocieron su responsabilidad en 49 casos de “falsos positivos” de Dabeiba (Antioquia); la tercera audiencia en que los militares reconocen sus crímenes.
“Con esta audiencia estamos derrotando al negacionismo”, dijo el magistrado Alejandro Ramelli desde Dabeiba, el martes pasado. Y no solo desde la institucionalidad. Incluso los más férreos críticos de la existencia de los falsos positivos, como el expresidente Álvaro Uribe, han abierto puertas de reconocimiento a lo que fue un fenómeno sistemático en las fuerzas militares, que cobró la vida de más de 6 mil personas civiles no combatientes.
“Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan”, trinó el expresidente Álvaro Uribe después de la audiencia de Dabeiba.
Pero aun con estos avances hacia una versión compartida de lo que fueron los “falsos positivos”, un consenso final sobre los máximos responsables puede ser imposible de lograr.
Las capas del negacionismo frente a los “falsos positivos”
“No estarían recogiendo café”, fue la frase con la que el entonces presidente Uribe puso en duda la inocencia de los primeros casos de “falsos positivos” que conoció el país en 2008: 19 jóvenes de Soacha y del sur de Bogotá que fueron presentados como bajas en Catatumbo. Con estas palabras, Uribe puso en duda a las denuncias de las víctimas y sugería que los jóvenes eran insurgentes.
Esta es la primera capa del negacionismo frente a los “falsos positivos”, que ha implicado dudar de la existencia misma de estos crímenes y de la calidad de víctimas de los jóvenes asesinados; la mayoría durante el gobierno de Uribe.
Eso se ha rebatido por la misma JEP y los testimonios de los militares implicados. En el caso emblemático de los jóvenes de Soacha, 11 militares, incluido un general, han reconocido que fueron los máximos responsables de engañar, asesinar y presentar falsamente en combate a estas personas. Y Uribe ha tenido que lamentar en varias ocasiones su famosa frase y fue forzado a retractarse en un escenario judicial.
Pero esta capa de negacionismo se había mantenido más allá del presidente Uribe en 2008 y el caso del cementerio de Dabeiba es una muestra. La JEP empezó a investigar el uso de este campo santo para desaparecer personas por parte de los militares gracias a la confesión del sargento retirado William Capera. Desde entonces, el Centro Democrático y periodistas como Salud Hernández han puesto en duda la condición de víctimas de personas como Edison Lezcano, un campesino asesinado en 2002 en Dabeiba.
“Siento decir que fue un montaje del magistrado Alejandro Ramelli, con la complicidad de un militar condenado por atrocidades”, escribió Hernández en 2020 sobre el caso del cementerio de Dabeiba. La periodista decía que la muerte de Lezcano ya estaba reconocida como “falso positivo”, pero que según testimonios que había recogido se trataba era de un miliciano de las Farc. “¿Qué pretende la JEP, blanquear los crímenes de las Farc a costa del Ejército?”, añade Hernández.
Y han sido los testimonios de los militares los que han ayudado a desmontar de nuevo ese negacionismo. “Quiero que hoy quede claro que el señor Edison Lezcano no era ningún guerrillero”, dijo el mayor retirado Yair Rodríguez en la audiencia de Dabeiba, quien reconoció haber dado la orden de ejecutar a Lezcano, meramente por vivir en la misma zona donde tenía presencia las Farc. Un testimonio que desmiente al uribismo y a la misma Salud Hernández.
Pero esta capa es la más superficial, la que niega que estos crímenes se cometieron. Lo que logró la audiencia de la semana pasada y las revelaciones de los militares es tumbar una segunda capa del negacionismo: que desconoce la sistematicidad y afirma que los responsables fueron “manzanas podridas” dentro del Ejército, como ha sugerido el general retirado Mario Montoya.
Esta tesis tuvo el respaldo del gobierno de Iván Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano. “Son unos individuos que pertenecieron al Ejército Nacional que mancharon el honor del uniforme (…) deben ser asumidas las responsabilidades de manera individual”, dijo Molano, después de la audiencia de Catatumbo en 2022.
Esa postura quedó también registrada en el documento de aporte a la verdad de la Fuerza Pública, que Molano entregó a la Comisión de la Verdad sobre el papel de policías y militares en el conflicto. Lo más relevante de este informe frente a los “falsos positivos” es que se niega que en el Ejército hubiera una política de body counting o doctrina Vietnam: el conteo de bajas para medir el éxito en el conflicto.
Esto contradice el aporte de verdad de Juan Manuel Santos, quien era ministro de Defensa de Uribe en esa época, y que dijo: “No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam’”.
La política de body counting sí existió en papel y en la práctica. La directiva presidencial de 029 de 2005 establecía un sistema de recompensas por muertes en combate, que no era una orden para asesinar a inocentes, pero que creó las bases para incentivos perversos. Y, en la práctica, todos los militares dicen que había una gran presión de los altos mandos del Ejército por bajas en combate.
El sargento retirado Fidel Ochoa lo dijo claramente en la audiencia de la JEP: “Esta práctica se vuelve sistemática en el Ejército con la llegada del general Montoya al comando de la Séptima División y posteriormente al comando del Ejército. Montoya hacía programas radiales con los comandantes de pelotón y nos decía frases como: ‘yo no necesito litros de sangre, necesito carrotancados de sangre´”, afirma Ochoa.
Pero Ochoa ataca la teoría que ha querido aislar a las bases militares como los responsables. “Nuestros superiores se desmarcan que en la doctrina militar en ninguna parte está plasmada esta práctica. Pero esta no fue una doctrina que está en los códigos. Esta fue una doctrina clandestina que creamos nosotros: los oficiales y suboficiales”.
“Creo que lo que demuestran estos testimonios es que se necesitaban muchas piezas para que esto pudiera suceder”, le dijo a La Silla Martha Ruiz, excomisionada de la verdad, quien asistió a la audiencia. “Esas personas murieron en hechos distintos, en momentos distintos, de a dos, de a tres y en todas la justicia falló, en todas el inspector falló. Eso demuestra que hay un sistema que no funciona para proteger los derechos humanos”.
A pesar de esto, hay una capa superior del negacionismo que ni las víctimas, ni las investigaciones de la justicia, ni los testimonios de los militares han logrado tumbar. Se trata de la responsabilidad de los mandos superiores, como el mismo general (r) Montoya o del coronel (r) David Guzmán, oficiales señalados por sus subordinados como responsables y que no han asumido ninguna responsabilidad ante la JEP.
Acá está llamada a ser la JEP, en su Tribunal de Paz, la que demuestre la responsabilidad de estos oficiales en un juicio adversarial que, si los considera culpables, podría impartir condenas de hasta 20 años.
Pero aún hay una capa más allá, a donde apuntan las solicitudes de responsabilidad más espinosas. La señala la excomisionada Ruiz: “Ante un hecho de sistematicidad, necesariamente tienen que llamar al poder civil a que responda”.
La responsabilidad de los presidentes, ministros y las instituciones
Después de 15 años de la primera negación de los “falsos positivos”, Uribe afirmó que los hechos “cometidos durante mi gobierno mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones”.
Un reconocimiento de este tono de parte de Uribe cambia su actitud histórica, pero ratifica su defensa de que todo fue hecho a sus espaldas, que no hubo una política de Estado y que fue engañado por los militares. Una defensa que abre preguntas sobre el grado de responsabilidad que tiene el presidente que en su gobierno tuvo las mayores cifras de “falsos positivos”.
El investigador Eduardo Pizarro, experto en la historia militar y quien fue presidente de la Comisión de Reparación de Víctimas en el gobierno de Uribe, dice que los testimonios de los militares han mostrado la dimensión de estos crímenes hasta las más altas niveles del Ejército. Pero afirma que no hay evidencia de que hayan sido una política de Estado a nivel de gobierno.
Pizarro lo dice con base en un informe de la Corte Penal Internacional (CPI) de 2012, en el que se afirma que los “falsos positivos” fueron una política de Estado, en tanto fueron cometidos por agentes estatales: militares. Pero en este mismo informe la CPI afirma que aún no hay elementos para establecer que fue una política de los mandos civiles: presidente y ministros.
Pero, para Martha Ruiz, el grado de responsabilidad de los civiles es una pregunta que la JEP y los testimonios sobre “falsos positivos” inevitablemente van a levantar. “¿Dónde estaba Uribe y dónde estaba Santos? ¿Dónde estaban los ministros?”.
Según la excomisionada, el camino también puede conducir a que admitamos que los militares no tenían control civil efectivo.“Que los ministros era una gente que se sentaba en el escritorio a firmar contratos, pero que no querían incomodar a los militares. Por lo menos tres ministros de Defensa dijeron a la Comisión de la Verdad que los militares no los dejaban meter en sus cosas y que algunos les ocultaban información”.
Esta visión es consistente con las investigaciones de Pizarro y la división de tareas histórica que ha habido entre civiles y militares desde Alberto Lleras, después de la dictadura de Rojas Pinilla.
Sin embargo, choca con el estándar de verdad que exige un sector de la sociedad. “Álvaro Uribe Vélez reconoció los falsos positivos en su gobierno. ¿Cuándo le confesará a Colombia quién dio la orden?”, trinó la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, luego del trino en el que el expresidente hiciera un reconocimiento de esos crímenes.
Finalmente, aunque no haya indicios de que los políticos dieron un orden directa, tienen la responsabilidad de haber mirado al lado y promovido el negacionismo que permitió por años mantener en impunidad miles de asesinatos de inocentes.
