Aunque mucho se habla en Colombia de desinformación, hay un problema, quizás más grave, de falta de acceso a la información, un derecho fundamental reconocido desde 2014, pero que muchas entidades manejan como si se tratara de un favor a los ciudadanos y sobre todo, a los periodistas.
Aunque por ley los ciudadanos pueden solicitarles información sobre su gestión a cualquier entidad del Estado o que maneje recursos públicos, la realidad es que no es fácil obtenerla. Una de cada tres tutelas que revisó la Corte Constitucional en los últimos dos años, correspondió a derechos de petición no resueltos por entidades, siendo el derecho más demandado en ese período de tiempo.
“La gran cantidad de sentencias por tutela que se interponen por derechos de petición no resueltos es preocupante, y solo demuestra que acceder a la información en Colombia es muy complejo”, dice Raissa Carrillo, Coordinadora de Defensa y Atención a Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
Aunque la Ley de Transparencia ha significado un progreso en muchos frentes: como que cada entidad ahora tiene una página web en la que cuelga información; que hay una plataforma como el Secop con la información sobre todos los contratos públicos; y una mayor cultura de datos abiertos en alcaldías y gobernaciones, las barreras a la información siguen siendo muy altas. Y el índice que utiliza la Procuraduría para medir el cumplimiento de este derecho muchas veces corresponde más a una satisfacción formal que real.
Hablamos con los jefes de redacción de Noticias Caracol, Caracol Radio, El País de Cali, El Espectador y La Silla Vacía y cinco periodistas de varios medios, y tras una revisión de los 19 casos documentados por la Fundación para la Libertad de Prensa sobre vulneración al acceso a la información pública en lo que va del año, identificamos tres entidades que siempre ponen trabas a los periodistas a la hora de acceder a la información.
Coinciden en gran medida con los sectores que un informe publicado esta semana por Transparencia por Colombia, ong dedicada a la lucha anticorrupción, identifica como las áreas en las que las restricciones a la información son más prevalentes: temas de seguridad y defensa, inteligencia militar, la industria extractiva, el sistema tributario, expedientes judiciales, presupuestos, migración y temas de derechos humanos. Básicamente, la materia prima de un periodismo en interés público.
Estas son:
MinDefensa y Fuerzas Armadas
De los 19 casos reportados ante la Flip, nueve corresponden a la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa.
Este último tiene una puntuación de 75 sobre 100 en el índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), medido por la Procuraduría, que evalúa la respuesta de las entidades a las solicitudes de información. Sin embargo, en muchos de los casos que documentamos, esta respuesta es un mero procedimiento formal para evadir la información de fondo que se les pide.
Uno de los casos que llegó a la Flip es el de Valentina Parada, periodista de El Espectador que en marzo de este año envió un derecho de petición al Ministerio de Defensa, solicitando los nombres y cargos de uniformados de brigadas específicas del Ejército para una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales. La respuesta al derecho de petición nunca llegó.
Ante la falta de respuesta, la Flip interpuso una tutela el 26 de abril de este año, que ganaron. El 7 de mayo, el fallo de tutela obligó al Ministerio de Defensa a contestar el derecho de petición. Sin embargo, el MinDefensa impugnó la tutela argumentando que el Ejército era la entidad competente para brindarle la información, y remitió su solicitud.
En junio, la Dirección de Personal del Ejército le respondió el derecho de petición a Valentina: le dijo que no le podían dar la información pues contaba con reserva legal “por ser de la esfera privada de cada individuo”. Esto a pesar de que esa información es de carácter público pues está en estudio una vulneración a los derechos humanos. Parada presentó un recurso de insistencia el 2 de julio, y sigue esperando una respuesta.
“Hay una clara intención del Ministerio y del Ejército en no entregar esa información. Dilatan una solicitud de información en un proceso judicial para aburrir al periodista”, dice Valentina.
Concuerda con ella Lorenzo Morales, cofundador de 070 y periodista de la Liga Contra el Silencio. “En el Ejército, las entidades juegan a cansarlo a uno. Es común que cuando uno puede exponerlos, den información con documentos que no responden las solicitudes”, dice.
Eso le pasó haciendo esta investigación para la Liga Contra el Silencio, en la que precisamente muestra la posible destrucción de documentos de las Fuerzas Armadas que son cruciales en el posconflicto.
Policía
Entre los otros casos documentados por la Flip, figuran cinco solicitudes a la Policía Nacional para esclarecer hechos relacionados con el Paro Nacional. En los cinco, los periodistas siguen esperando respuesta.
Por ejemplo, Maryuri Trujillo, corresponsal de Noticias Caracol en Ibagué, sigue esperando la respuesta oficial de la Policía sobre la muerte de Santiago Murillo, joven que murió el primero de mayo en medio de protestas por el paro. “ Necesitaba la versión oficial de la Policía de qué fue lo que pasó con ese muchacho para decirlo en el noticiero. Teníamos una versión de primera línea, otra de la ciudadanía, pero nada oficial”, dice.
Asegura que le solicitó al jefe de prensa de la Policía en Ibagué que le suministrara la información, pero no recibió respuesta alguna. Tiempo después se dio cuenta que solo le dieron el video donde se ven los hechos, a dos periodistas judiciales, que según ella son amigos del jefe de prensa.
Para Raissa Carrillo, es una constante que los periodistas consideren no insistir con sus peticiones. “Los periodistas normalizan la falta de acceso a la información, pues representa para ellos una carga adicional hacerle seguimiento a sus derechos de petición, más en pandemia cuando los plazos aumentaron”, dice. Según ella, esto explica por qué hay pocos casos denunciados.
Y es que desde que llegó la pandemia, rige en el país un decreto que duplica los plazos de respuesta a los derechos de petición. Si antes de la pandemia, una entidad tenía diez días hábiles para responder una solicitud, ahora tiene veinte.
“Hoy día el decreto aplica sólo a entidades que aún no estén en presencialidad, pero muchas que ya están en presencialidad lo desconocen”, dice Fernando Segura, ex director de Participación y Transparencia de Función Pública, y quien lideró la reglamentación de la Ley de Transparencia.
Para él, las entidades en muchas ocasiones, sabiendo o desconociendo la norma, terminan negando información a la que deben dar acceso, simplemente porque por razones políticas no tienen voluntad de cumplir la ley.
La Fiscalía
Los cuatro jefes de redacción consultados aseguraron que la Fiscalía de Francisco Barbosa es una de las entidades de más difícil acceso.
Aunque la entidad cuenta con un índice de Transparencia y acceso a la información de 95 sobre 100, varios casos muestran que la entidad tiene un manejo selectivo de la información que entrega dependiendo de si le conviene o no a la imagen del Fiscal General.
A los medios que tienen un cubrimiento favorable de su gestión, como la Revista Semana, le filtran a diario expedientes reservados, mientras que a los demás no les entregan información que debe ser pública.
“La Fiscalía es una entidad nula, responden que no pueden dar información casi siempre. Una cosa es que emita boletines, pero eso es propaganda”, dice Juan Roberto Vargas, Director de Noticias Caracol.
En el caso de ese medio, Vargas contó que haciendo una investigación sobre tráfico ilegal de chigüiros, solicitaron información del tráfico de animales a la Fiscalía. Sin embargo, la entidad argumentó que no podía responderles a su solicitud “sin justificación” según él.
En otros casos, la entidad responde argumentando la reserva de la información. Esto le pasó a Carlos Alberto Chica, periodista de Radio Nacional, que en medio de una investigación sobre el asesinato a una inmigrante trans en Medellín, solicitó información sobre el caso.
Solicitaba entre otras cosas información sobre lo que se podría divulgar sobre la necropsia realizada al cuerpo, el Fiscal que llevaba el caso, si había detenidos, e incluso sobre el protocolo específico por tratarse de una inmigrante trans.
Según la ley, la información es reservada cuando representa un daño a los intereses públicos. Sin embargo para Chica, quien acudió a la Flip para denunciar su caso, dado que el caso era de conocimiento público no había lugar para la reserva.
“No consideré el recurso de insistencia, pues estoy convencido de que la Fiscalía me va a volver a contestar exactamente lo mismo. Es una perdedera de tiempo insistirles”, dice.
Pero la Fiscalía a veces ni siquiera responde. La Silla Vacía ha documentado cinco solicitudes que la entidad no ha dado respuesta.
Para esta investigación en la que contamos los contratos cuestionados detrás de Centros Poblados, le preguntamos a la Fiscalía el 15 de diciembre del año pasado por dos procesos que ya eran de conocimiento público. Hasta hoy no nos han respondido a nuestro correo.
Lo mismo nos ocurrió en febrero de este año, cuando enviamos un derecho de petición a la entidad, requiriendo en qué etapa del proceso estaba el caso de un joven universitario que acosaba mujeres en la Universidad Nacional y en la Universidad del Valle.
En ese mismo mes, tampoco nos dieron respuesta a otra solicitud para esta historia, en la que contamos el poder en la Sierra Nevada del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, que por ese entonces regresaba a Colombia tras pagar su condena en Estados Unidos.
Tampoco nos han respondido a otras solicitudes que se hicieron vía WhatsApp en el marco del paro nacional. Ni siquiera para negarla.
