Los gobernadores parecen estar replanteando su decisión de cerrarle las fronteras a los licores extranjeros. En reunión de los mandatarios del Atlántico, Cundinamarca, Amazonas y Caldas, y un representante de Antioquia, con funcionarios de la Dian, se cambió el discurso del cierre de fronteras por el de estrictos controles al contrabando.
El principal argumento es que, como lo han dicho las asociaciones de importadores de licores y el gobierno nacional, ese cierre de fronteras podría terminar en una demanda internacional en la Organización Mundial del Comercio. Y aunque los gobernadores se echen para atrás, han logrado enviar varios mensajes.
Primero, mostraron su fuerza para presionar un buen arreglo en el pleito que tienen en Nueva York contra las principales licoreras del mundo.
Segundo, recordaron a comercializadores y distribuidores de licor que, en el tema, ellos tienen el poder y los contratos. No en vano en Antioquia y Córdoba en este momento no se puede comercializar Bacardí.
Y tercero, lograron unificar criterios con el gobierno nacional para un plan de acción contra el contrabando de licores en el que la nación se encargará de poner scanners, crear un sistema de trazabildiad de las mercancías y ofrecer un plan de recompensas a denuncias por contrabando. Si resulta efectivo, el plan les asegura mayores ingresos a los departamentos sin incurrir en grandes gastos.
