La abogada y doctora en Derecho de Stanford, Diana Guzmán Rodríguez, asumió desde finales del 2022 la dirección de Dejusticia, uno de los centros de pensamiento más importantes del país en temas sociales y jurídicos.
En esta entrevista con La Silla Vacía Guzmán advierte sobre las consecuencias que podrían tener las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, sobre un supuesto “golpe blando”. Afirma que se trata de una categoría ambigua, y que su uso debilita a los poderes públicos y medios de comunicación que ejercen control constitucional sobre el gobierno Petro.
Sin embargo, afirma que también hay una utilización política de la Fiscalía, que encabeza Francisco Barbosa, en medio de sus enfrentamientos con el gobierno.
L.S.V:
Después de todos los trinos y las aclaraciones, ¿qué entendió usted que dijo Petro sobre el golpe blando?
D.G.R:
De hecho, hoy lo sigo teniendo poco claro y ese es uno de los riesgos del tuit. Es fundamentalmente ambiguo. Porque la primera parte del tuit parecía referirse a la decisión del Consejo de Estado en relación con Roy Barreras, que es la decisión que deja el Pacto Histórico sin la presidencia del Senado. Pero también se refería a decisiones administrativas. Entonces ahí había una ambigüedad, porque la decisión del Consejo de Estado, es una decisión judicial.
En los tuits en los que aclara luego, o responde, el presidente dice: no, no me refería al Consejo de Estado, me refería a otras decisiones administrativas. Pero realmente en este punto no es claro específicamente a qué se refería. Lo preocupante es que, en todo caso, se está hablando de un golpe blando.
Y un golpe blando es básicamente un golpe de estado, solo que por medios legales. Se da cuándo un poder público intenta sacar del poder, en este caso, supongo yo, al presidente o al Pacto Histórico a través de medios legales y constitucionales. Es lo que hace que sea un concepto tan raro. Aunque se ha empezado a usar más en América Latina, es poco usado en la literatura de ciencia política. Para resumir la respuesta, yo todavía no lo tengo claro y no sé si Petro lo tiene claro.
L.S.V:
¿Ustedes en Dejusticia han visto algún indicio de que haya un golpe blando?
D.G.R:
No, no realmente. Lo que no vemos, y eso es lo difícil del tuit, es cuál es la amenaza inminente. Hay una decisión del Consejo de Estado que es una decisión judicial frente a un servidor público por doble militancia, básicamente. Esa es una decisión que admite recursos, que el propio Roy Barreras no ha querido implementar porque la va a acatar. Así que realmente, por ahora no veo evidencia de un golpe blando.
Claro. Este es un gobierno que, por ser el primer gobierno explícitamente de izquierda en Colombia, ha recibido un gran escrutinio público, eso es cierto. Incluso más que gobiernos de derecha del pasado. Ese viene de distintas fuentes: de la opinión pública, de medios de comunicación. Pero eso es un escrutinio que es vigoroso y útil para la democracia.
Y la respuesta en democracia es responder, estar abierto, ser transparente, explicar las decisiones y también reconocer cuando hay errores.
L.S.V:
Sobre la relación entre el presidente y el fiscal general ¿qué opina acerca de este choque entre figuras del poder público que se ha venido desarrollando?
D.G.R:
Sobre el hecho original, es claro que el presidente se equivocó. Ser jefe de Estado no lo convierte en jefe de todos los funcionarios del Estado, porque existe la división de poderes, la independencia judicial en, este caso además, la autonomía funcional.
Pero, en el fondo, lo que había era una solicitud de información por parte del presidente a una autoridad pública, y era información que en principio no está reservada, así que no tendría por qué no haberse respondido. Esta salida en falso del presidente, al decir que como jefe de Estado era jefe del fiscal y este tenía que responderle, lo que hizo fue darle una oportunidad al fiscal para centrar el debate en ese punto, no en lo que era más relevante, es decir, qué estaba pasando con el proceso.
Desde una perspectiva democrática es lamentable para el Estado derecho que se presenten este tipo de disputas y que no exista esa colaboración armónica que el régimen constitucional llama a que los poderes tengan entre sí.
L.S.V:
La tensión está escalando. Ayer hubo una inspección de la Fiscalía a Casa de Nariño sin precedentes recientes por el caso de la niñera de la jefe de gabinete, Laura Sarabia. Eso de nuevo disparó acusaciones de un golpe blando de personas del petrismo.
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La Fiscalía tiene como una de sus funciones constitucionales el investigar la posible comisión de delitos, para lo cual puede, entre otras cosas, hacer inspecciones judiciales, incluso si se trata en la Casa de Nariño. Ahora bien, en este caso hay un riesgo del uso político de las atribuciones legales que tiene la Fiscalía, pues se da en un contexto en el que existe un enfrentamiento entre presidente y fiscal.
Sin embargo, decir que este riesgo asociado a la politización de la justicia implica un golpe blando me parece un salto argumentativo. La idea de golpe blando es peligrosa, pues además de ser una categoría ambigua, puede ser utilizada para deslegitimar toda forma de control del ejercicio del poder que hagan otras ramas del poder público respecto del ejecutivo.
L.S.V:
Antes del “quién manda quién”, había una tensión ya planteada. El fiscal, Francisco Barbosa, se negó a suspender las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo y del Estado Mayor Central de las FARC. ¿Cree que la decisión del fiscal fue ceñida a la ley?
D.G.R:
A mi la pregunta que me parece interesante es qué está pasando en relación con la participación de la Fiscalía con la política de la paz total. Lo que ha habido es un fiscal que, por razones del diseño de la política y por razones estratégicas, debería jugar un papel muy importante en la implementación de esa política, sin embargo, se ha convertido en uno de los opositores más vocales del gobierno en este punto. Pero, en lugar de generar un debate público razonado, parece querer convertirse en el líder de la oposición. Un ejemplo es el que menciona, así como la deliberación sobre la ley de sometimiento a la justicia. Uno de los críticos más acérrimos es justamente el fiscal.
En todo caso, me parece que al gobierno le ha hecho falta mucha estrategia en cómo llevar a cabo estos debates, en el marco de la independencia y la autonomía de la Fiscalía. Porque la Fiscalía es un actor central con el que necesitan contar.
L.S.V:
En el trámite de la ley de sometimiento, ¿el fiscal está haciendo política indebidamente reuniéndose con partidos políticos o ese es un campo de acción legítimo que tiene la Fiscalía como actor de la política criminal?
D.G.R:
El fiscal juega un papel importante en la política criminal del Estado, entre otras razones, porque también tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley en relación con sus funciones, lo cual implica que discuta con el Congreso y sus integrantes dichas reformas.
Sin embargo, en estos debates con el Gobierno, por la forma como ha tramitado sus disensos, el fiscal se ha posicionado como un opositor político y eso, a mi modo de ver, si es un uso político e indebido de su cargo. Esto se ve con claridad cuando el fiscal dice cosas como “no voy a permitir que este proyecto se apruebe” pues esa ni siquiera es su función, sino la del Congreso.
L.S.V:
Los jueces también han frenado algunas cosas que el gobierno ha querido y que el presidente les ha criticado. Por ejemplo, la liberación de los jóvenes que están en procesos penales por presuntos delitos cometidos en el marco del paro nacional. ¿El reclamo del presidente interfiere con la labor de la justicia?
D.G.R:
De nuevo, es cómo se tramitan los reclamos. Cuando el presidente sale públicamente a criticar las decisiones de los jueces puede haber una interferencia indebida de su parte. Hay formas de discutir eso por vías legales. Es verdad que el presidente tiene su propia opinión y demás, pero también es cierto que cuando sale con este tipo de pronunciamientos, no es cualquier otro ciudadano expresando su opinión. Hay detrás de eso un enorme poder que puede afectar incluso la toma de decisiones judiciales.
L.S.V:
Volviendo a la discusión de Twitter, el presidente precisó que él se refería a la decisión de la Procuraduría sobre Alex Flores, que lo suspendió ocho meses. Ahí trajo a colación la decisión de la Corte Interamericana sobre su propio caso. ¿Cree que ese es un caso que se ajusta a la idea de una ruptura legal?
D.G.R:
Lo que pasa es que hoy Colombia está en deuda. Nosotros no hemos ajustado nuestro ordenamiento a lo establecido por la Corte Interamericana. Entonces seguimos con esta dificultad de que las personas elegidas democráticamente podrían ser sancionadas por la Procuraduría con la suspensión de sus derechos políticos.
Sí hay un debate de fondo que no se ha dado suficientemente en Colombia. Hubo fue esta reforma impulsada por la Procuraduría para responder a la decisión de la Corte Interamericana, pero que realmente no se ajusta a sus estándares.
L.S.V:
Pero aquí estamos como en un callejón sin salida, porque esa reforma de la Procuraduría recibió un aval de la Corte Constitucional, con algunas modulaciones. Entonces, la jurisprudencia nacional si establece que la Procuraduría, en efecto, tiene facultades de suspender unos derechos políticos, así eso siga estando en tensión con la decisión internacional.
D.G.R:
Sí, así es.
L.S.V:
En otro ámbito también relacionado con la justicia el presidente Petro afirmó que si la JEP no hace una investigación sobre las confesiones del caso Mancuso debería entrar a investigarlas la Corte Penal Internacional.
D.G.R:
El presidente no tiene la autoridad para llamar a la Corte Penal Internacional a decirle que venga e investigue. Esa es una decisión que en todo caso tomará la Corte en su momento, dependiendo de los resultados de la JEP. Hay que esperar a ver qué es lo que va a hacer la JEP al respecto y que tome en cuenta las pruebas que seguramente Mancuso tendrá que aportar para respaldar lo que está diciendo. En todo caso esto no es tan nuevo, muchas de estas cosas las ha dicho ante Justicia y Paz, pero ninguna había sido en una audiencia tan pública.
L.S.V:
¿Es una presión legítima dentro la que está ejerciendo el presidente?
D.G.R:
Detrás de esto yo tengo una preocupación más amplia, más allá de si es una presión indebida o no a la JEP. Mi preocupación de fondo es el compromiso que tiene Petro en este momento con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Porque la JEP es uno de los mecanismos establecidos en ese acuerdo y que ha sido muy atacado por gobiernos y figuras públicas importantes en el pasado. De hecho, nosotros siempre hemos afirmado que la JEP ha cargado con un déficit de legitimidad desde el acuerdo, en particular porque el acuerdo perdió el plebiscito en el 2016. Eso afecta su labor.
Cada vez que sale una decisión o pasa algo, siempre hay una controversia que pone en duda la legitimidad de la JEP para tomar esas decisiones. No es conveniente que el presidente refuerce esa narrativa pública que ha afectado profundamente las funciones de esta jurisdicción.
L.S.V:
Eduardo Montealegre, en una columna que difundió Petro, dice que hay un golpe blando, y que tiene que ver, no solamente con un activismo judicial, sino con un ambiente de desinformación que promueven los medios de comunicación. ¿Qué clima generan los choques constantes entre el presidente y la prensa, que cada vez son más intensos?
D.G.R:
Es un clima poco propicio para la libertad de expresión. Parte del debate democrático y parte de la deliberación democrática, para que sea vigorosa, requiere de unos medios de comunicación y una prensa independiente, con capacidad de crítica e investigativa que genere control al ejercicio del poder. Me parece que eso está bien.
El problema es cuando existe como parte del ejercicio de la libertad de prensa la generación de noticias falsas. Pero, en principio, incluso las opiniones que son contrarias al gobierno están amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, me parece muy difícil poder evaluar en qué momento esa libertad de expresión se puede convertir en un golpe de estado blando. Estos enfrentamientos entre el presidente y la prensa pueden contribuir tanto a la estigmatización de medios de comunicación como a los riesgos excesivos de periodistas concretos.
L.S.V:
¿Qué recursos debería tener un gobierno que se siente atacado por medios con intereses económicos y publican información tendenciosa?
D.G.R:
Creo que la mejor defensa en este caso no es el ataque. La mejor defensa son los datos y reconocer cuando están equivocados. Porque a veces lo están, pero es mostrar con evidencia cuando existan equivocaciones de parte de los medios sin recurrir a estigmatización ni a ataques directos a la prensa.
L.S.V:
¿Qué efectos generan para la democracia las denuncias del presidente sobre un golpe blando?
D.G.R:
Eso está por verse. Apenas esta semana cuando salió más públicamente. Habrá que ver qué tanto se va a generalizar esa idea. Esa es una pregunta empírica abierta. Pero la declaración genera enorme inestabilidad y no es propicia para el juego democrático tampoco. Posiblemente puede abrir enormes brechas entre el gobierno y los otros poderes públicos, en este caso los jueces y la Procuraduría. Lo cual, insisto, no ayuda para nada al ejercicio de la independencia y la separación de poderes, y sobre todo en la colaboración armónica entre ellos.
L.S.V:
¿Cuál es la temperatura que se logra percibir en la rama judicial con estas controversias?
D.G.R:
Considero que el comunicado del Consejo de Estado ayer al presidente fue bastante bueno. Corto, sin entrar en confrontación. También cuando la Corte Suprema de Justicia tuvo que salir a establecer el alcance de la independencia judicial, creo que también lo hizo en un buen tono. Pero claro, eso no son cosas que deberían estar haciendo las Cortes en este momento, explicar el alcance de sus decisiones frente a salidas del presidente en Twitter.
