Ayer el Gobierno reanudó canales de comunicación con los exparas desmovilizados que se encuentran en prisión. Por invitación de la OEA, Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, lideró una reunión en la cárcel La Picota de más de cuatro horas, en la cual explicó la nueva política que pretende establecer el gobierno de Santos; explicó los alcances de la ley que busca solucionar los problemas de los 17 mil desmovilizados que están en el limbo jurídico y escuchó las percepciones que tienen los postulados sobre las fallas del proceso de Justicia y Paz.
Por primera vez se ventiló la voluntad política de este gobierno para liderar un compromiso de Estado hacia la búsqueda de la paz y para presentar al Congreso un Estatuto de Justicia Transicional que reforme de fondo las grandes fallas de la Ley 975 de Justicia y Paz.
