El proyecto, que al que ya sólo le falta la conciliación en el Congreso y la firma de Duque, dejó felices a los empresarios y al Gobierno, pero preocupados a la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Ayer la Cámara de Representantes aprobó con 97 votos a favor el proyecto de ley de modernización del sector TIC. Con esto, a la ley solo le queda la conciliación entre lo que se aprobó ayer y lo que se pasó en el Senado (que debe ser fácil porque cambió poco), así como la firma del presidente Iván Duque.
La iniciativa, que a finales del año pasado parecía muerta, resucitó gracias a la estrategia de la Ministra de las Tecnologías y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, de buscar apoyos en el Congreso mediante la negociación artículo por artículo con los congresistas.
Por eso, lo que se aprobó fue una versión distinta a la que propuso el Gobierno originalmente, pero mantiene su esencia de apuntarle a una mayor conectividad de telefonía e internet apostándole a que sea el sector privado el que desarrolle la infraestructura. Una visión muy en línea con la de los empresarios del sector.
Por eso no es de extrañar que la ley al final haya dejado contentas a las grandes compañías de telecomunicaciones como Claro, Tigo, DirecTV, Caracol y RCN, que la apoyaron desde el principio; también, a algunos que la criticaron inicialmente pero salieron tranquilos, como los canales regionales de televisión; y claro: al Gobierno. Pero quedaron preocupados la oposición y el grupo organizaciones de la sociedad civil que firmaron esta carta para que se tumbara la ley.
Estas ocho preguntas ayudan a entender los motivos de celebración y de preocupación, que se basan en dos visiones opuestas sobre los poderes que debe tener el Gobierno para el sector de comunicaciones, y el camino a seguir para llevar internet y telefonía celular a todo el país.
¿Va a servir para llevar internet a todo el país?
Depende de cómo reaccionen las empresas privadas a la ley.
El proyecto da estímulos para que los operadores privados lleven la red a lugares donde hoy no les es rentable hacerlo. La promesa del Gobierno es que eso permitirá conectar a más de 20 millones de colombianos que hoy no tienen internet; el presidente Duque dijo que la meta en este Gobierno es pasar del 50 al 70 por ciento de cobertura, que equivale a conectar a unas 4 millones de personas más.
Entre los estímulos, por ejemplo, amplía de 10 a 20 años las concesiones del espectro electromagnético (que es el permiso que da el Gobierno para que las empresas usen el aire para que viajen las ondas para llevar internet, televisión y telefonía). Esto les asegura a las empresas más tiempo para recuperar su inversión, con lo que tienen un incentivo para entrar en zonas donde hoy no es tan rentable tender red.
También les permite que, en vez de darle plata al Estado como contraprestación por los derechos que les da, hagan en lugares apartados proyectos de conexión de redes por hasta el 60 por ciento de esas contraprestaciones.
Y en las subastas de espectro (como la que abrió recientemente el Ministerio para la banda de 700 Mhz, que sirve para llevar internet de alta velocidad a sitios de difícil acceso) se les darán más puntos a los empresarios que puedan hacer más obras y no a los que den más plata.
Para críticos como la Fundación Karisma, al dejar todo a los privados quedan por fuera otras alternativas para llegar a las zonas más apartadas, como que las comunidades se organicen para gestionar por su cuenta conexiones de internet.
¿Abre la puerta a la censura?
No a la censura directa, pero sí le da un garrote al Gobierno para controlar los contenidos de televisión.
La ley le da al Ministerio de las TIC dos funciones que pueden usarse como herramienta para castigar contenidos que puedan ser incómodos al Gobierno, aunque no permiten una censura directa.
Una es que acaba la Autoridad Nacional de Televisión y le pasa al Ministerio varias funciones de esa entidad, que es independiente pues el Gobierno nombra a dos de los cinco miembros de su junta. Los otros son un delegado de organizaciones de la sociedad civil, uno de las gobernaciones y uno de las universidades.
Las funciones son:
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Las prórrogas de las concesiones de la televisión abierta, es decir, las de Canal Uno (que incluye a Noticias Uno, visto como antiuribista).
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La inspección, vigilancia y control que permite sancionar a los canales de televisión (hoy las tiene para radio y telecomunicaciones), que son vistas como un potencial garrote para canales críticos.
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El manejo de la plata de la televisión pública que hoy tiene FonTV pasará el Fondo Único de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que administrará el Ministerio, lo que le permitiría definir cómo se distribuye la plata de la televisión pública.
El Gobierno tiene ya garrotes para castigar contenidos o productores que no se alineen con su visión, algo que quedó en evidencia con la censura de RTVC al programa Los Puros Criollos en diciembre del año pasado, aparentemente motivada por las posiciones de su presentador Santiago Rivas. Pero justamente el que tenga más poderes frente a los canales de televisión levanta más las alertas de que estos puedan usarse para castigar a los productores incómodos para este o cualquier gobierno.
En el tema sancionatorio, sin embargo, la ley trae un procedimiento más estricto para que el Ministerio aplique, y unas rebajas en la sanción cuando el concesionario corrija las acciones indebidas por las que va a ser sancionado.
¿Les da regalos a los canales privados?
El regalo es que alarga sus concesiones de 10 a 20 años, lo que de rebote lleva a que los 130.000 millones de pesos que se comprometieron a pagar RCN y Caracol en enero por una concesión que va hasta el 2029, les servirán para tenerla hasta 2039.
Además, viene un segundo regalo pues ya no lo tendrán que pagar en dos años, sino en 10, lo que les alivia el flujo de caja.
Sin embargo, les puede subir el pago mensual por el uso del espectro, llamado contraprestación. Hoy pagan 1,5 por ciento de sus ingresos brutos y la ley deja que el Ministerio reglamente para que paguen hasta el 2,2 por ciento (un aumento que si se aplicara a los resultados del año pasado significaría unos 6.600 millones de pesos más en el caso de Caracol), aunque hasta el 60 por ciento lo podrán hacer con obras.
Para el Gobierno y los canales, no son regalos sino un salvavidas para un negocio que está en crisis por la competencia de nuevas plataformas como Netflix y HBO Go.
¿Pone a las empresas de telecomunicaciones a pagar menos?
Depende de la reglamentación y de la empresa.
Los operadores de televisión por cable, como DirecTV o Telefónica Movistar, sí pagarán menos. Por usar el espectro hoy pagan 4,5 por ciento de su utilidad, y con la ley bajará a máximo de 2,2 por ciento.
Las empresas de telefonía e internet mantienen su contribución del 2,2 por ciento, aunque podrán pagar en especie hasta el 60 por ciento de este pago.
Ahora bien, como el criterio principal para concesionar el espectro será el bienestar social y no los ingresos para el Estado, es posible que las nuevas concesiones exijan menos plata, siempre y cuando las empresas se comprometan a llevar internet a zonas menos rentables.
Esto no necesariamente implica que las empresas paguen menos, sino que paguen en especie, y de la forma en la que se valoren esas obras dependerá si al final pagan menos o no.
¿Les quita plata a los canales regionales?
En teoría no, aunque en la práctica hay una duda.
La ley dice que garantizará que los giros a RTVC (la empresa pública que maneja Señal Colombia y la Radio Nacional) y a los canales públicos regionales nunca serán menores al monto más alto que les ha girado anualmente desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, actualizados con la inflación. Esto da tranquilidad a los canales públicos.
La duda es financiera, pues se reducen las contraprestaciones en plata de las empresas de televisión por cable y los canales privados al FonTV.
De hecho, una de las principales críticas de la Contraloría al proyecto, en esta carta que envió al Congreso, es que no era claro el impacto fiscal del proyecto, es decir, cuánto va a dejar de recibir el Estado y cómo lo va a compensar.
¿Le da superpoderes al Gobierno?
Sí.
Además del manejo del Fondo de Televisión y de las funciones de vigilancia y control, y regulación de las concesiones públicas de televisión, la ley permite modificar vía decreto los porcentajes que pagan los concesionarios y quienes tienen licencias (la radio).
También le abre al Ministerio la puerta de usar el dinero destinado a la promoción de contenidos de televisión a contenidos multiplataforma, con lo que puede impulsar empresas distintas a productoras de cine y televisión.
Encima, le delega el reglamento de nuevas reglas para concesiones de televisión, cesión de derechos y la organización de canales regionales y televisión étnica, lo que da poder político y además es parte de la decisión del proyecto de darle al Ministerio las funciones de la Agencia.
Para el Gobierno estas funciones son necesarias para poder organizar la regulación del sector, que está dispersa en cuatro entidades (Comisión de Regulación de Comunicaciones, Autoridad Nacional de eTelevisión, Agencia Nacional del Espectro y Ministerio) y ahora quedará en tres, sin la Autoridad.
¿Pone en ventaja a Netflix, Amazon Prime y HBO Go sobre los demás canales de televisión?
Depende de la interpretación.
La ley no le mete el diente a la regulación de las plataformas Over The Top, que son los servicios de televisión por demanda en internet como Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Movistar Play, DirecTV Play y Claro TV.
Para críticos de la ley como Ómar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes, esto las pone en ventaja frente a los canales privados y públicos, pues a pesar de ser competencia directa no deben pagar nada semejante a las contraprestaciones de RCN o Caracol.
¿Ignora a las redes comunitarias?
No, pero puede ser solo un saludo a la bandera.
Después de un fuerte debate, la ley menciona las redes comunitarias, en las que comunidades se organizan para construir la infraestructura de telecomunicaciones que necesitan para tener internet, pero sin dientes.
En los principios del sector incluye su promoción, y dice que el FondoTIC puede financiarlas, pero no lo hace obligatorio ni da beneficios a los privados por promoverlas.
Según nos explicó Víctor Saavedra, asesor de la fundación Karisma (que, como se ve en esta entrada de La Silla Llena, ha abanderado esta crítica), los estímulos se necesitan porque es muy difícil desarrollar estas redes por el exceso de regulación.
