Uno de los temas más fuertes que impulsaron la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia fue su probada trayectoria en su lucha contra la corrupción. Ya elegido, el tema, sin embargo, ha desaparecido prácticamente de la agenda oficial.
El Plan de Desarrollo sí lo incluye, pero expertos en el tema consideran que podría quedar planteado de manera más estratégica y explícita en el texto para que de verdad tenga la importancia que amerita en la hoja de ruta del gobierno para los próximos años.
La Silla Vacía entrevistó a los miembros de la alianza Juntos por la Transparencia, una iniciativa ciudadana —de la que hace parte La Silla— que le apuesta a promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública para que la ciudadanía pueda tener una participación más efectiva.
Estas son sus ocho recomendaciones para el Plan de Desarrollo:
1. Desarrollar una visión estratégica para la lucha contra la corrupción
El Plan de Desarrollo menciona la importancia de fortalecer el acceso a la información pública, incluye normas asociadas a la protección de denunciantes y a la regulación del lobby y hay algunas iniciativas anticorrupción en sectores clave como el de Defensa. Pero son iniciativas que están dispersas.
“Algo que extrañamos es que haya una visión más articulada que refleje la visión que el Gobierno y el presidente Gustavo Petro le proponen al país en materia de lucha contra la corrupción, considerando que este fue un tema muy importante en su campaña”, dice Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. “Un Plan de Desarrollo no es para meter absolutamente todos los detalles, pero sí debe dar una señal de hacia dónde debe ir esta estrategia anticorrupción y sobre todo, cómo se relaciona con los temas prioritarios de la propuesta del presidente Petro al país”.
Dice, por ejemplo, que sería bueno hacer explícito cómo se asocia esa estrategia con los temas de paz o medio ambiente, entre otros aspectos.
“Para abordar los graves problemas de corrupción se requiere del trabajo articulado entre muchas instituciones de diferentes niveles: unas son de la Rama judicial, otras son del gobierno a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal y hay corporaciones autónomas regionales que son particulares. Eso requiere unas líneas claras de gobernanza colaborativa y multinivel que extrañamos en el Plan”, dice Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno.
2. No abordar la corrupción sólamente desde cambios institucionales y legales
Colombia tiene normas fuertes para combatir la corrupción, pero éstas con frecuencia no se aplican. Por eso, según estos expertos, lo clave es apostarle a un cambio cultural. “Los cambios culturales pueden promoverse a partir de una apuesta fuerte para que las herramientas de un gobierno abierto permitan que la sociedad civil haga propuestas y un seguimiento a cómo el gobierno cumple con lo que promete y también cómo se toman las decisiones”, dice Karen Hussmann, directora de Juntos por la Transparencia.
3. Fortalecer la transparencia en el sistema de compras públicas
Colombia lleva años construyendo un sistema de información sobre la contratación pública, desde que creó a principios de siglo el Portal Único de Contratación. Luego, la ley de Transparencia obligó a que todos los contratos públicos estuvieran en el Secop, lo que ha permitido un mayor seguimiento a cómo se gasta la plata.
La sugerencia aquí es que en el Plan de Desarrollo queden instrumentos que permitan seguir fortaleciendo la transparencia en las compras públicas, eliminando las excepciones a la ley 80 que permiten contratar bajo régimen privado sin publicar los contratos, y promover ejercicios periódicos de rendición de cuentas sobre transferencias presupuestales y ejecución de fondos.
Y, quizás lo más importante en este punto, haciendo extensivas estas reglas a la contratación con la economía popular, que es una de las innovaciones que ha anunciado el gobierno Petro. Ha dicho que contratará por lo menos 3 billones con juntas de acción comunal y otras organizaciones de base.
“Es muy posible que en una comunidad yo tenga muchos actores de la economía popular, que tenga asociaciones de padres de familia trabajando en el colegio, pero que tenga por otro lado juntas de acción comunal o que tenga por otro lado asociaciones de campesinos. Entonces, ahí tenemos que insistir que en cualquier implementación con economía popular esté la información clara en las páginas web y en el Secop”, dice Zuleta, quien como directora de Colombia Compra Eficiente contribuyó a la modernización de todas las compras públicas.
4. Delimitar de manera precisa las facultades extraordinarias solicitadas por el Presidente y mantener controles sobre las mismas y sobre los nuevos fondos
El Plan de Desarrollo de Petro, como el de todos los presidentes antes que él, piden facultades extraordinarias para que el presidente pueda sacar normas con fuerza de ley sin pasar por el Congreso. En este caso, las facultades extraordinarias solicitadas son para modificar entidades y empresas públicas, el registro universal de ingreso, la economía popular, y la determinación de plantas de personal de entidades.
“Estas facultades deberán estar acompañadas también de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como de criterios claros que orienten su aplicación”, dice Andrés Hernández, de Transparencia.
Además de estas facultades, el Plan incluye varios fondos que sustraen recursos públicos para ser ejecutados por un régimen privado, lo que evita que se tenga que contratar con los mecanismos más estrictos de la ley 80. La alianza de Juntos por la Transparencia lanza la alerta sobre estos fondos.
“No es una cuestión únicamente hacia el gobierno actual. Es un tema que venimos identificando desde hace mucho tiempo”, dice Hernández.
Por ejemplo, para la atención al Covid, el gobierno Duque dijo que iba a invertir más de 100 billones de pesos a través de fondos privados. Luego el Ministerio de Hacienda rindió cuentas sobre 45 billones de pesos. Pero Transparencia por Colombia revisó la contratación a través de las plataformas públicas de información y solo estaba visible la contratación por 5 billones de pesos. “Se nos quedó una gran cantidad de información sobre la ejecución de recursos públicos de la pandemia, sin que lo pudiéramos ver de manera fácil, rápida, ágil porque se hizo a través de fondos privados”.
De ahí la alerta sobre los millonarios recursos que este gobierno propone manejar a través de fondos privados. “Esta es la gran alerta que hemos entregado: todos los recursos públicos que ejecuten las entidades tienen que estar disponibles, no importa bajo qué régimen se contraten”.
5. Fortalecer los mecanismos para que los ciudadanos puedan participar e incidir en la gestión pública
A lo largo de todo el Plan de Desarrollo se habla de participación de la sociedad civil y el mismo plan es el resultado de una invitación masiva a los colombianos a participar en su elaboración.
Sin embargo, Juntos por la Transparencia cree que se deben precisar por lo menos cuatro aspectos relacionados con la participación y con los recursos para hacerlos realidad: lo que tiene que ver con la consulta previa; con una política nacional de garantías para la participación ciudadana, en especial para la protesta pacífica; el Acuerdo de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Marcela Restrepo, directora de Foro Nacional por Colombia, recuerda que todo esto se discutió y quedó plasmado en el Acuerdo con las Farc; que existe un proyecto de ley sobre esto; que existen las instancias formales de participación. Pero que aún así es difícil participar, a veces te cuesta la vida.
“Entonces por lo menos todo eso que dice el Plan de Desarrollo que en todo lado van a participar los afros, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los campesinos, pues eso hay que llevarlo a lo concreto —dice Restrepo— y lo concreto por lo menos es arrancar por reformular la Ley 152, trabajar los temas de garantías para la participación de manera real y oportuna y definir los temas de consulta previa de una manera mucho más acertada”.
“La participación ciudadana debe tener la oportunidad de ser realmente sustantiva y cualificada. No es que tengamos participación ciudadana, porque llevamos a 8000 personas a un estadio o a un o a una universidad. La montonera no garantiza la participación ciudadana”, dice Restrepo.
6. Incluir en el Plan de Desarrollo unas apuestas claras contra la corrupción en lo ambiental y en el tema de paz
Después del escándalo mediático alrededor de los millonarios recursos supuestamente perdidos en coimas en los Ocad Paz, cuya investigación aún no arroja resultados, la propuesta de los expertos es tener una estrategia explícita para darle transparencia a los recursos invertidos en paz. Así como los que se inviertan en el tema ambiental y de transición energética.
“Ojalá siguiera el ejemplo del sector Defensa que ha identificado ciertas áreas particularmente afectadas por la corrupción y hace unas propuestas claras en el Plan de Desarrollo para abordar estas problemáticas muy complejas”, agrega Hussmann.
“Nosotros hemos planteado la necesidad de que haya mucha claridad en el Plan de Desarrollo sobre cuál es la institucionalidad que va a ostentar la responsabilidad de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc y esta apuesta grandísima que tiene el Gobierno alrededor de la paz total”, dice Marcela Restrepo. “Se deja la responsabilidad del Acuerdo de Paz y en este caso la paz total en una institucionalidad que no tiene el músculo. Y esa es una primera alerta del riesgo de corrupción”.
Restrepo llama la atención no solo sobre la escasa capacidad institucional que se le ha dado a la implementación de la paz sino también al hecho de que la plata de la paz esté adscrita nuevamente a un fondo que se maneja con alta discrecionalidad y poca rendición de cuentas. “Es que una cosa es la corrupción frente a los desayunos escolares y otra cosa es la corrupción afectando un proceso de paz. Es un tema de vida o muerte”, dice.
7. Formalizar el empleo público y reducir la discrecionalidad para la creación de entidades
Una estrategia clave contra la corrupción, según estos expertos, es fortalecer el servicio civil y por eso celebran que en el Plan de Desarrollo se aborde el tema de formalizar las plantas temporales de empleados públicos. “El punto de fondo es que se siga teniendo como centro el criterio de mérito, el criterio de competencia y el criterio de evaluación dentro del trabajo que se haga para fortalecer el empleo público en nuestro país. Es una estrategia clave para combatir el clientelismo. El Estado es un gran empleador en muchos municipios del país y eso hace que tenga un impacto muy grande en distintos ámbitos del país”, dice Hernández, de Transparencia.
8. Retirar el artículo 77 que habla de disolver entidades sin ánimo de lucro.
Este artículo del plan da la potestad a autoridades de vigilancia y control de oficiar la disolución de ong que incumplan normas como el registro ante las Cámaras de Comercio, el registro mercantil o la entrega de información sobre su gestión. “Esta disposición es un obstáculo para la gestión y la sostenibilidad de las organizaciones sociales, al tiempo que conlleva al debilitamiento del tejido organizativo del país, ya bastante golpeado por el conflicto armado y los déficits democráticos”, dice Juntos por la Transparencia en el comunicado que hizo llegar al Congreso.
