Otro triunfo del Procurador Ordoñez: Dos magistrados de linea conservadora, que se han beneficiado con la burocracia de la Procuraduría, llegan a la presidencia del Consejo de Estado y de la Sala Penal de la Corte Suprema.
La elección de María Claudia Rojas Lasso como presidente del Consejo de Estado y de Fernando Castro Caballero como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema es una victoria más para Alejandro Ordóñez en las Altas Cortes: los dos son de línea conservadora y se han beneficiado de nombramientos en la Procuraduría.
En el caso de Rojas, su hijo ha tenido altos cargos en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Y en el de Castro, su esposa ha trabajado allí y por eso el magistrado se declaró impedido para votar por la candidatura de Ordóñez para su reelección, aunque al final sí lo hizo.
Con las elecciones de esta semana, los amigos de Ordóñez siguen mostrando sus mayorías en las Altas Cortes, y se suman a otros amigos del Procurador en los órganos de control: es amigo personal y fue impulsor de las victoriosas candidaturas de Jaime Ardila a la Auditoría y de Sandra Morelli a la Contraloría.
Hace un año Ordóñez salió ganando con la elección de Alfonso Vargas, su amigo personal, como presidente del Consejo de Estado, y de su gran amiga Ruth Marina Díaz en la Corte Suprema. Con Rojas y Castro, reedita esa moñona. Y también refrenda el poder de la rosca de los que vienen de la rama.
La elección de Rojas en el Consejo de Estado era muy probable. El año pasado, cuando el Consejo eligió a Vargas, ella se quedó con la vicepresidencia y la tradición es que quien es vicepresidente un año, al siguiente sea elegido en la presidencia.
Esa regla, sin embargo, se rompió el año pasado -cuando Vargas le ganó con facilidad al anterior vice William Zambrano, que también es conservador pero no es cercano al Procurador ni viene de la rama judicial- y por eso no era claro si se iba a respetar esta vez.
Aunque Rojas era una candidata sólida, se enfrentó a otros dos consejeros conservadores, Hugo Fernando Bastidas (que tiene un hijo trabajando en la Procuraduría) y Marco Antonio Velilla, conocido porque fue uno de los ternados por Álvaro Uribe para la Fiscalía y no quiso renunciar a su aspiración, hasta el punto de que demandó a la Presidencia por cambiar la terna para conformar una nueva.
Finalmente, tras casi 50 rondas de votaciones en las que Rojas lideraba la votación pero no lograba la mayoría de dos tercios, Bastidas (que era el segundo en votación), renunció. En la votación siguiente Velilla obtuvo tres votos, hubo cuatro en blanco y Rojas fue apoyada por 20 de los 27 magistrados.
Rojas sonó recientemente porque e principios de diciembre protagonizó un choque con su colega Luis Rafael Vergara por el proceso de pérdida de ivnestidura contra los conciliadores de la fallida Reforma a la Justicia de Santos. Rojas era la ponente del caso y solicitó unas pruebas, de als que Vergara dijo que no eran usuales en ese tipo de procesos y que indicaban que se trataba más bien de un juicio político al Gobierno.
Como contamos en su momento, Rojas es una de los magistrados cuyos vínculos con el Procurador podrían enredar la reelección de éste: su hijo José Fernando Gómez es parte del equipo de la Procuraduría para acompañar a las víctimas en los procesos de restitución de tierras.
Ordóñez nombró a Gómez en 2011, antes de empezar su campaña reeleccionista y cuando Rojas, abogada de la universidad San Buenaventura de Cali, ya era consejera de Estado. En ese momento Ordóñez no había definido si iba a buscar ser ternado por el Consejo de Estado o la Corte Suprema.
También coinciden en su posición frente al aborto. Rojas fue la magistrada ponente del fallo del Consejo de Estado que tumbó el decreto que reglamentaba la prestación de los servicios de salud para los abortos en los tres casos despenalizados, y que fue celebrado por la Procuraduría. Como lo dijo en su momento un editorial de El Espectador, “El caso fallado coincide sin embargo con la cruzada, reavivada por estos días, por parte del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez”.
En la Corte Suprema, la elección a Fernando Castro confirma la sólida mayoría que goza el bloque en el que está la saliente presidente, Ruth Marina Díaz. Castro hace parte de ese grupo que volvió a imponer su cómoda mayoría para elegir a uno de sus miembros como presidente de la pdoerosa Sala Penal.
Castro Caballero es un abogado de la Santo Tomás con larga trayectoria en la rama judicial y ex decano de la Universidad Militar Nueva Granada. Su nombre se dio a conocer porque fue abogado del esmeraldero Víctor Carranza durante el período en que fue abogado litigante, entre 1999 y 2004. También fue magistrado de varios tribunales, incluyendo el Tribunal Nacional, el máximo de la justicia sin rostro, entre 1996 y la eliminación de dicha justicia en 1999.
Castro llegó a la Corte en diciembre de 2010, cuando se destrabaron las votaciones y se eligió a Viviane Morales como Fiscal General. La Sala Penal, que ha cambiado radicalmente tras la salida de Álvaro Uribe de la Presidencia y el fin del choque con el Ejecutivo. De hecho, Castro ha sido identificado como uribista, cercano a los militares e incluso “de ultraderecha”.
?Su cercanía con Ordóñez quedó clara cuando fue uno de los apoyos claves para que la Corte Suprema ternara al Procurador para un nuevo período. Incluso, Castro se declaró impedido para votar por que su esposa trabajaba en la Procuraduría, pero ese impedimento (como los demás) fue derrotado por los demás magistrados. Caballero fue uno de los magistrados que argumentó contra los impedimentos de otros magistrados. Antes esa negativa, Castro finalmente votó y Ordóñez resultó ternado por la Corte Suprema.
Lo que significa
Las presidencias de las Altas Cortes son en principio dignidades protocolarias, pues esencialmente son sus voceros. Pero tienen otras funciones importantes de menor perfil. Por ejemplo, son quienes citan a las reuniones de las salas plenas, definen el orden del día, reparten a los magistrados los expedientes de las salas y dar permisos a los magistrados y otros empleados. Es un poder similar al muy deseado del Secretario del Senado, que permite, por ejemplo, demorar una elección, para hacerla coincidir con otras y así negociarlas en conjunto, o demorar o adelantar un asunto.
Por eso, para Ordóñez es útil tener amigos en la presidencia de dos de las Altas Cortes. Primero porque alguna de las dos debe decidir sobre las múltiples quejas disciplinarias contra Ordóñez, incluyendo las que se han presentado por su decisión de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá Gustavo Petro y las que señalan posibles conflictos de interés en su reelección.
En los últimos años, Ordóñez también se ha venido acercando a magistrados como Leonidas Bustos, Pedro Munar, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, que han armado una fuerte mayoría en la Corte Suprema. Ahora, Ricaurte y Munar están sentados en el Consejo Superior de la Judicatura, con lo cual su red de contactos se sigue extendiendo. Esa cercanía se ha demostrado en el hecho de que Ordóñez haya nombrado en altos puestos a familiares o personas cercanas a varios de ellos, como mostró La Silla Vacía.
En la Corte, la fuerza del grupo dominante se reiteró en la elección de Castro y demostró que efectivamente salió reforzado con la llegada de cinco magistrados en septiembre de 2009. Así se sigue reforzando el poder de este grupo de magistrados, muy proclives a defender los privilegios de la Rama en la que casi todos han desarrollado toda su vida profesional. Con ellos se refuerza el poder de Ordóñez, quien se siente uno de ellos pues fue magiistrado durante casi 20 años y no en vano ha defendido privilegios de los magistrados, como su régimen pensional.
