La Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) imputó a 10 excombatientes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los hechos, dice la JEP, ocurrieron entre 1993 y 2016 en norte del Cauca y sur del Valle del Cauca (caso 05) y son sustentados por las versiones de 91 comparecientes, 28 informes y 200 mil víctimas acreditadas. Esta es la segunda imputación de la JEP contra las Farc, después del de secuestro emitido el año pasado.
Tras la imputación, los excombatientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar su responsabilidad en los delitos. De ahí el tribunal podrá fijar una fecha para la audiencia de reconocimiento, si consideran que lo hay y que puede haber un aporte a la verdad plena.
Si hay reconocimiento pleno podrán optar por penas alternativas, sino tendrán que enfrentar un juicio adversarial donde podrían tener una pena de hasta 20 años.
La lista de nuevos delitos es aterradora. Son 14 e incluyen homicidio, desaparición forzada, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento, reclutamiento de niños, traslado forzoso de población, persecución, y confinamiento. Todos afectaron a las comunidades de 17 municipios de Valle y Cauca, donde la mayoría de personas son negras o indígenas. Por ejemplo, en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono y Jambaló, entre otros.
El auto es novedoso y estos son los cinco puntos claves:
1. Es la primera imputación contra mandos medios de la Farc
Los 10 excombatientes imputados eran parte de la comandancia de dos columnas que operaron entre el norte del Cauca y el sur del Valle.
Se trata de Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso Céspedes, Efrén Núñez Pulido, Remigio Valero Ríos y Gloria Ramírez Basto, que estuvieron al frente de la columna móvil Gabriel Galvis de las Farc. Esta columna se creó para apoyar al entonces Comando Conjunto de Occidente, y operó principalmente en Florida y Pradera, municipios del Valle.
Los otros condenados son Reinel Natalio García Mujica — a quien investigan si volvió a las armas —, Braulio Vásquez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y José Antonio Muñoz, que estuvieron en la comandancia de la columna móvil Jacobo Arenas que operó principalmente en el norte del Cauca.
Según el auto de la JEP, los 10 exmiembros de las Farc dirigieron, organizaron y planificaron ataques contra la población civil y se ensañaron de forma sistemática y generalizada contra afros, indígenas y campesinos.
La imputación es nueva porque hasta el momento la JEP sólo había imputado a ocho miembros del antiguo secretariado de las Farc – que era su máxima instancia — por su responsabilidad en el macrocaso 01, sobre el secuestro.
la decisión también muestra la forma diferencial con la que se están tratando los casos territoriales — que son tres de los 10 que están abiertos—. “La estructura de investigación en estos casos es piramidal, eso quiere decir que arrancamos de abajo hacia arriba. Eso nos da varias ventajas: empezamos a recaudar información en la base para llegar a los máximos responsables”, dijo el magistrado Raul Eduardo Sánchez. Lo que quiere decir que pueden venir más decisiones relacionadas con estos temas.
2. Es la primera imputación por reclutamiento forzado de niños a exFarc
Se trata de una práctica que las Farc negaron siempre. Y llega en el caso del Valle y Cauca, a pesar de que hay un macrocaso (07) dedicado a investigar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado. Las cifras de ese caso sirvieron de base para el auto.
Detallan 321 casos de reclutamiento de niños y niñas por las Farc en los 17 municipios que hacen parte del caso de norte del Cauca y sur del Valle. De esos 81 eran menores de 15 años y 158 eran indígenas.
El auto también es clave porque no sólo imputa el crimen sino que reconoce la afectación que tuvo en el tejido social: “El reclutamiento o alistamiento de niños y niñas realizado por las CM Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las FARC-EP afectó gravemente las estructuras familiares, particularmente en los departamentos del Cauca y Nariño, perjudicando a miembros de los pueblos indígenas y de los consejos comunitarios de comunidades negras, afectando de forma importante el tejido social y las relaciones de confianza de estos grupos poblacionales”.
La JEP dice que la mayoría de los niños y niñas reclutados eran indígenas o afros lo que implicó una afectación a su cultura porque perdían sus costumbres y tradiciones.
3. Reconoce que afros e indígenas fueron los más golpeados por el conflicto
“El mayor peso del conflicto armado lo llevaron las comunidades más marginadas y excluidas concentradas sobre todo en las poblaciones étnicas y afrodescendientes”, dice una parte del comunicado de la JEP que coincide con los hallazgos de la Comisión de la Verdad frente a la desproporcionalidad del conflicto armado con los grupos étnicos.
También es un punto transversal porque resalta cómo la excomandancia de ambas columnas móviles truncaron los proyectos de vida, afectaron la identidad cultural, estigmatizaron, perfilaron y se fueron en contra de comunidades afros e indígenas.
En especial después de 1993, según explicó el magistrado Sánchéz: “Desde la octava conferencia de las Farc se recrudece la violencia y se amplía la estructura en la zona occidental del país. Antes, podría decirse que había una guerra de baja intensidad en el Occidente colombiano, pero después del 93 explotan esas estructuras, se crean mayores columnas y esto implica un recrudecimiento de violencia”.
Los excombatientes también violaron la autonomía de los pueblos étnicos al ocupar y usar resguardos y consejos comunitarios como centros de operaciones, entrenamiento y reclutamiento sin la autorización de las autoridades étnicas.
Por casos como esos, la región del norte del Cauca y sur del Valle fue catalogada como “zona roja”. Según el comunicado de la JEP esa fue una de las peores afectaciones porque “condenó a la pobreza (a las comunidades) al existir enormes dificultades para realizar actividades económicas lícitas”.
El tribunal, también habló de la afectación que va más allá de los físico: “la presencia de los actores armados ha traído consigo afectaciones a su identidad cultural, desarmonizando a la población, al verse restringida la movilidad y con ello a su libre determinación y al ejercicio de gobierno, y a los usos culturales de espacios considerados sagrados para su vida individual y colectiva, lo cual ha sido reconocido por los comparecientes”.
Un dato clave es que la JEP y la justicia propia de los grupos étnicos (las autoridades del Tribunal de Ética y Justicia Ancestral Afrodescendiente y la Jurisdicción Especial Indígena) se articularon y trabajaron de forma coordinada para, por ejemplo, recoger las versiones.
4. La violencia desplegada por las Farc era para lograr control social y territorial
“La JEP documentó cómo el objetivo de estas dos columnas móviles fue crear un corredor entre el centro y el occidente de Colombia y ejercer dominio y control sobre este para construir una sofisticada estructura armada en el sur del país que les permitiera tomarse Cali, Popayán, Pasto y el litoral Pacífico”, para tener un gobierno provisional, expandir su presencia y ganar poder por medio de las armas, dice el comunicado.
Para lograr ese objetivo, la JEP identificó que los excombatientes persiguieron a quienes se opusieron a su política y asesinaron o desaparecieron a quienes eran señalados de ser colaboradores o informantes. Sembraron minas antipersona —que aún no han sido removidas — en sitios sagrados para los pueblos étnicos o en espacios de tránsito que produjeron confinamiento en las comunidades. Atacaron escuelas y plazas públicas con artefactos explosivos para sacar a las autoridades de la zona.
También asesinaron y desaparecieron forzosamente a líderes de organizaciones afros, indígenas y campesinas que no estaban de acuerdo con su filosofía o que veían como una amenaza. Con eso afectaron los movimientos étnicos y sociales al interrumpir procesos que lideraban las víctimas o generar desplazamiento de la comunidad.
5. Muestra la crueldad de las Farc dentro de sus filas
Un punto clave es que el auto también ve hacia adentro de las Farc justo en el marco del reclutamiento, utilización o alistamiento de niños y niñas. Según el auto hubo ejecuciones al interior de las Farc sin juicio previo ni garantías judiciales — como la realización de un consejo de guerra — .
Incluso dice que hubo menores de edad y personas que ingresaron a la estructura sólo para ser asesinadas. Como el caso de una niña indígena nasa de 14 años que fue asesinada tras señalarla de ser informante.
“Nosotros ya sabíamos ya los teníamos marcados y sabíamos que no era sino decirles, ‘verdad que quiere ingresar’ y de una vez decían que sí. Pero uno ya sabía que era para detenerlos, para no detenerlos delante de la familia, porque eso causaba un problema complejo con la familia. Entonces mucha gente sabía que se iban ingresados, pero no eran ingresos era para detenerlo, averiguarles, investigarles qué otras líneas había de inteligencia en la zona. Y esos es que le cuento que Alfonso orientó no dejarlos en la zona, había que ajusticiarlos”, dijo uno de los comparecientes.
