Francisco José Lourido fue designado como Gobernador del Valle por Álvaro Uribe con el decreto 2925 de 2010, el último cargo que entregó como primer mandatario y a dos días de convertirse en ex Presidente. Su posesión fue solo el primero de los escándalos que ha causado su nombre.
Para un grupo de políticos del Valle que apoya al destituido ex gobernador Juan Carlos Abadía, el Gobierno no podía hacer ese nombramiento sino que debía convocar a elecciones. El nuevo gobierno hizo oídos sordos y por ello se ventiló la estrecha relación de Lourido con el vicepresidente Angelino Garzón. Es claro que el Vicepresidente quiere recuperar el control político en su departamento y en ese trabajo la presencia de Lourido es fundamental.
Hoy la Procuraduría les dio la razón a los defensores de Abadía. Dijo que el Gobierno debe convocar a nuevas elecciones en el departamento del Valle. Hasta allí es que no querían llegar los políticos que hacen oposición a Abadía y al Partido de Integración Nacional, pues consideran que solo ellos están suficientemente aceitados para ganar una elección con una campaña de un mes.
Pero al tiempo que llamó a que se convoquen las elecciones, el procurador Alejandro Ordóñez dio otro concepto sobre el tema que beneficia a Lourido. Dijo que no estaba inhabilitado para ser nombrado en ese cargo, pese a los contratos y convenios que había firmado pocos meses atrás cuando era el representante legal de la Sociedad de Agricultores y Ganadores del Valle. Esos contratos se hicieron con empresas del Estado, como la Corporación Autónoma del Valle y la Licorera del Valle. (ver facsímiles)
Pero el concepto del Procurador a su favor en relación con su supuesta inhabilidad, no lo salva de otro escándalo: una empresa de su familia y que él gerenció por tres décadas tiene una millonaria deuda con Emcali, la empresa insigne de los vallecaucanos que desde 2002 fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.
El caso de Termopacífico
En 1994, el Valle decidió que quería tener una hidroeléctrica y para ello se constituyó la sociedad Termopacífico S.A., (PTP) conformada por la IPCO y Emcali. Esa sociedad debía definir si era factible construirla.
En diciembre de 1995, PTP firmó un contrato de opción de compra de un terreno con la unión de las firmas Salento S.A. , cuyo gerente era el actual Gobernador, e Inversiones Justo A Lourido Garcés y Cia junto con la Fiduciaria del Estado. En ese lugar deberían funcionar las oficinas de la Hidroeléctrica.
El negocio nunca tuvo viabilidad porque el proyecto fue calificado como de alto riesgo y a pesar de ello Emcali continuó con él. A finales de 1996, se concretó la venta del lote comprometido por Salento y ubicado en Yumbo. El precio se fijó en $5.536 millones y pocos días después PTP canceló de manera anticipada el saldo de $2.600 millones a la empresa de Lourido.
Tres meses después, la Asamblea General de Accionistas de Termopacifico decidió la liquidación de la sociedad y se nombró a un liquidador.
Cuando el contrato se firmó el presidente de la junta directiva de la Promotora Termopacífico S.A., PTP, era el ex ministro Carlos Holguín Sardi y Francisco José Lourido era el gerente de Salento S.A.
Durante diez años se realizaron varios trámites administrativos, pero en el terreno seguían estando los privados y los dineros también seguían en sus manos.
Por ello, el 5 de mayo de 2006 la Fundación Derecho y Sociedad instauró una acción popular para que se declarara la responsabilidad por los perjuicios causados al patrimonio público del municipio, representado por Emcali, ya que la negociación que costó $5.600 millones fue celebrada en contra de los principios de la función pública y del derecho a la moralidad pública.
El 16 de mayo de 2008, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca les dio la razón. Consideró que se vulneraron los derechos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio.
ElTribunal ordenó a PTP y a la empresa que había gerenciado el Gobernador reintegrar a Emcali la suma de $5.600 millones y declaró responsable solidario a Salento S.A. y por ello ordenó embargar sus bienes.
El Tribunal dijo que el anticipo que se entregó a Salento S.A. era “más que un “vicio legal”, un “vicio moral”, que el juez de los derechos colectivos está en la obligación de enmendar, corregir o restituir a su estado anterior cuando fuere posible”.
Y consideró la compra del terreno como innecesaria, improcedente e irrespetuosa con la Ley.
El fallo de la Corte Constitucional
Con la sentencia T419/09, la Corte Constitucional dio el último fallo sobre el tema. El 26 de junio del año pasado, los magistrados resolvieron una tutela que Salento S.A. interpuso contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle y ordenaron que se cumpliera su fallo.
Es decir, los magistrados de la Corte ordenaron que se haga efectivo el cobro de los $5.600 millones.
Los representantes de Salento S.A. consideraban que se les había violado el debido proceso porque a pesar de ser una sociedad privada fueron condenados solidariamente.
Resumen ejecutivo del caso Termopacífico
Para lograr construir una hidroeléctrica en el Valle, la Sociedad IPCO y Emcalli conformaron la sociedad Termopacífico S.A.. Esa sociedad hizo un negocio con la empresa de la familia Lourido Salento S.A. para la compra de un lote que supuestamente fue vendido en un precio superior al verdadero. Por ello, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca falló una acción popular y ordenó el amparo de los derechos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público y ordenó que PTP S.A. y a Salento S.A. devuelvan a Emcali la suma de $5.600 millones.
El fallo de la Corte Constitucional
Con la sentencia T419/09, la Corte Constitucional dio el último fallo sobre el tema. El 26 de junio del año pasado, los magistrados dirimieron una acción de tutela que Salento S.A. interpuso contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle argumentando la vulneración al debido proceso porque se condenó solidariamente a un civil y ordenaron el cumplimiento de la acción popular, es decir el pago de los $5.600 millones.
Columnas de prensa
El columnista Ramiro Bejarano publicó una columna en el diario El País con el título “Y la decencia ¿qué?”, en que denunció el pago incumplido por la firma de propiedad de la familia del gobernador Lourido y pidió al gobierno de Juan Manuel Santos tomar cartas en el asunto.
Queja ante la Procuraduría
La oficina del abogado Rubén Darío Henao, el defensor del ex gobernador Juan Carlos Abadía, denunció ante la Procuraduría al gobernador Francisco José Lourido porque supuestamente intervino como contratista en varios convenios y contratos con entidades administrativas, seis meses antes de su nombramiento.
Contrato entre la Industria de Licores del Valle y la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle
El 29 de julio de 2010, se firmó el convenio CVC0473 de 2010, en que se contrató a la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle para exponer los trabajos adelantados por la Corporación en temas de recuperación de suelos, buenas prácticas agropecuarias y aumento de cobertura boscosa. Francisco José Lourido era el representante legal de la Sociedad.
Convenio entre la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
El 29 de enero de 2010, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca suscribió convenio de asociación con la Corporación Autónoma Regional del Valle para realizar el mantenimiento, siembra de árboles y control de hormigas arrieras para la recuperación ambiental de los cerros tutelares de Cali. Francisco José Lourido era el representante legal de la Sociedad.
Concepto del Procurador
El procurador Alejandro Ordóñez respondió una consulta realizada por el Ministerio del Interior sobre la supuesta inhabilidad del gobernador Lourido y respondió que la Sociedad de ganaderos del Valle del Cauca no se es una entidad pública y por ello no existe impedimento alguno. Sin embargo, consideró que el nombramiento de Lourido solo puede ser provisional y deben ser citadas elecciones.
Explicación del Gobernador Francisco José Lourido
El gobernador Francisco José Lourido dijo que no responderá a ningún medio de comunicación sobre el tema de Termopacífico.
La Corte dijo que cuando recibieron el anticipo de la compra del lote, esos privados vulneraron a Emcali y lo que hizo el Tribunal fue proteger el patrimonio y la moralidad públicos que se vulneraron con el negocio de Termopacífico.
En el caso de Termopacífico, cursa otro proceso por lesión enorme que se da cuando el precio que se pagó fue más del doble de lo justo. Y este para la PTP fue el caso con la compra a las empresas de la familia Lourido, entre las cuales está Salento S.A. y Fiduciaria del Estado.
El argumento es que el terreno que estaba formado por varios lotes unidos, había multiplicado su valor durante la negociación, pues lograron que se cambiara el uso del suelo de agrícola a industrial antes de la venta. Con ello, el avaluo que habían obtenido los propietarios en 1994 hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, era de $2.030 millones, pero poco antes de la venta la Lonja de Propiedad Raíz realizó otro avaluo que llegó a $5.480 millones.
Es proceso es una demanda que instauró la PTP contra las empresas de la familia Lourido y la Fiduciaria del Estado, con el argumento de que habrían inflado el precio del lote. El lote se conforma al unir en un solo globo varios terrenos.
Ahí va el corte legal. Sin embargo han pasado 15 meses y aún no existe alguna intención de pago por parte de los privados.
La mayor duda que queda de todo este tema es por qué las empresas de los Lourido no devuelven el dinero a Emcali si ya agotaron las instancias judiciales. Además, por qué reclaman que nunca el lote volvió a sus manos, cuando en realidad nunca salió de ellas. Aunque como arrendatarios, los Lourido nunca han salido del lote de Yumbo.
Sin embargo, al ser consultado por La Silla Vacía, el gobernador Francisco José Lourido dijo que no responderá a ningún medio de comunicación sobre el tema de Termopacífico.
