El Registrador está dispuesto a contar una a una las firmas de Susana Correa y Rodrigo Guerrero

 

Después del acalorado debate que se dio ayer en radio entre el registrador Carlos Ariel Sánchez y los dos candidatos a la Alcaldía de Cali que quedaron descartados de la contienda porque la Registraduría determinó que no alcanzaron el número de firmas necesarias para inscribirse como candidatos independientes, quedaron más dudas que claridad sobre lo que en realidad había pasado.

En las campañas de Susana Correa y Rodrigo Guerrero sintieron que la decisión de la Registraduría parecía parte de una conspiración o guerra sucia en contra de los dos candidatos de opinión y las explicaciones de los funcionarios oficiales al aire no lograron disipar las dudas. En realidad se trata de un debate estadístico.

Y es un debate que podría terminar bien para los dos aspirantes, porque aún tienen la posibilidad de entablar recursos contra la decisión. El registrador Carlos Ariel Sánchez aseguró a La Silla Vacía que si las campañas interponen un recurso de reposición, su equipo revisará todas las firmas, una por una, y así cualquier duda quedará aclarada.

La Silla Vacía -que tampoco tenía muy claro de dónde salían las cifras según los comunicados oficiales- se reunió con los ingenieros y los expertos en estadística de la Registraduría y logró reconstruir la manera en que se calcularon las firmas válidas de los dos grupos. No es fácil.

La candidata Susana Correa renunció a su aspiración, pero dijo que continuará en la lucha porque sus firmas sean validadas.

El registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez defendió la metodología utilizada en la revisión de las firmas de los candidatos Susana Correa y Rodrigo Guerrero.

Rodrigo Guerrero quien recogió las firmas en diez días considera que se vulneraron las reglas estadísticas básicas para descartar sus firmas.

El procedimiento

El proceso utilizado por la Registraduría para llegar al número final de firmas anuladas tiene tres fases, en las que participan ochenta personas divididas en cinco grupos: uno de grafólogos, otro que cuenta los folios, otro que arma los tomos, otro que verifica que los firmantes se encuentren en la bases de datos del censo electoral y el Archivo Nacional de Identificación y otro que consolida las cifras para emitir la certificación.

En la primera fase se hace una inspección física de las firmas que entregaron los candidatos. Ahí se descartan firmas fotocopiadas, las que no tienen cédulas, nombres o firmas legibles, las que no tienen ni huella, ni firma, o están en un formato incorrecto. En todos estos casos, esas firmas son anuladas automáticamente. De allí parte el número base de firmas o apoyos presentados, como las llama la Registraduría.

Después de esta primera revisión, en el caso de  Rodrigo Guerrero le quedaron 115.250 firmas y de esas se tomó una muestra amplia, definida con base en una fórmula establecida en la resolución 5641 de 1996. Es la misma fórmula que se ha venido aplicando desde esa fecha para la revisión de firmas para inscripción de candidatos, revocatorias de mandato, referendos y otros mecanismos de participación ciudadana.

Con base en esa fórmula, ya en la fase dos de la revisión, la Registraduría revisó entonces 75.157 de esas firmas una a una e inicialmente anuló 28.940. Las razones fueron varias: 7.233 porque las personas que firmaron no están inscritas en el censo de Cali, 7.350 más porque no están inscritas en el censo nacional, 5.429 porque esos datos no corresponden al registro de identificación del ANI, 4.405 porque eran ilegibles, 1.918 porque estaban incompletas, entre otras razones.

Al final de la revisión, se pasa a la tercera fase. De las 46.217 firmas buenas, los grafólogos escogieron una submuestra y analizaron 3.758 firmas, de las que señalaron 930 como inválidas. Según el estudio grafológico estas firmas fueron hechas por la misma persona. Es lo que se llaman planas, cuando una sola persona llena planillas completas con diferentes nombres y números de cédula, aunque sean reales.

Y ese porcentaje de firmas uniprocedentes (en el caso de Guerrero equivalentes al 24,8 por ciento de la submuestra estudiada por los grafólogos) se extrapola al total de las firmas de la muestra que salió con la fórmula ideada en 1996. Es decir, al proyectar esas firmas que los grafólogos determinaron como malas a la muestra más grande de 75 mil firmas, la Registraduría concluye que hay 18.600 firmas nulas. Esa nueva cifra de firmas inválidas se suma a las anuladas en la segunda fase. Y ahí da un total de firmas anuladas que se extrapola a la cifra inicial de firmas que dejó la primera revisión.

Ese paso de la submuestra para los grafólogos no quedó explicada claramente en los informes de la Registraduría y es lo que causa en parte la confusión. También porque la decisión de hacer un examen grafológico de una muestra de las firmas es discrecional de la Registraduría. Según la Ley pueden hacerlo, pero no es una obligación porque la Registraduría solo tiene siete grafólogos. Y el que lo haya hecho, aunque se hizo  para los más de cien grupos significativos que se inscribieron y no solo para los de Cali, generó suspicacias en las campañas de Guerrero y Correa, aunque este Registrador siempre lo ha hecho.

En el caso de Guerrero, al sumar esas 18.600 firmas con las 28.940 que dejó como inválidas la segunda fase de revisión, un total de 47.540 firmas de las 75.157 revisadas son anuladas por la Registraduría. Es decir, un 63 por ciento de esa muestra. Y al aplicar ese porcentaje al total de firmas que dejó la primera fase, para la Registraduría a Guerrero le quedan 42.349 firmas válidas. Como el umbral mínimo son 50 mil, la Registraduría no aceptó su inscripción como candidato.

En el caso de Susana Correa, a la precandidata del grupo “Firmes por Cali”, en la primera fase de revisión le quedaron 152.147 firmas y de ésas, según la fórmula de la resolución de 1996, la Registraduría revisó 73.817 de esas firmas.

Con la revisión de esas 73 mil firmas, se anularon inicialmente 24.271. Las razones fueron varias: 8.924 porque no tienen inscrita su cédula de ciudadanía en Cali, 5.750 porque resultaron ilegibles y, entre otras cosas, 2.660 porque tenían los datos incompletos.

En este caso los grafólogos tomaron una muestra de 864 firmas que dejó 300 firmas más anuladas (34.7 por ciento de la submuestra). Cuando esa cifra se extrapola a la muestra de 73 mil firmas, se convierte en 25.631 firmas nulas que al sumarlas a las 24.271 que dejó como inválidas la segunda fase de revisión, da un total de 49.902 firmas anuladas de las 73.817 revisadas. Es decir, un 67.6 por ciento. Cuando se aplica este porcentaje al total de firmas que dejó la primera fase, quedan 49.271 firmas válidas del total. Para poder inscribirse, Correa necesitaba 50 mil apoyos, apenas 729 firmas de diferencia.

El debate

La confusión se originó por un problema de comunicación en los informes que entregó la Registraduría a las campañas y también por unos vacíos en la regulación de este tema.

La Registraduría no logró explicar bien la fase de los grafólogos y las cifras anteriormente mencionadas no aparecen todas incluidas en el informe de revisión que entregó la Registraduría. Y encima de todo, el director del Censo Electoral de la Registraduría, Hollman Ibáñez, terminó confirmando la falta de claridad en la  interpretación de las campañas al aire.

El principal argumento de ambas campañas es que la Registraduría aplicó una muestra cuando debería haber revisado todas las firmas una a una. El registrador Carlos Ariel Sánchez explicó que si se hiciera eso, sería imposible para la Registraduría revisar todas las solicitudes de los grupos significativos y, además, que esa fórmula se ha aplicado durante 17 años y nunca había sido cuestionada.

Pero además critican que esa muestra no se hayan extrapolado o proyectado los datos al universo total de las firmas. Con esa tesis, Guerrero ha afirmado que el 60 por ciento de las firmas en la muestra escogida por la Registraduría eran válidas y que, por lo tanto, sí superó el umbral de las 50 mil firmas pues se podría inferir que 60 mil de sus firmas eran válidas.

Y en el caso de Correa, ese mismo argumento la lleva a decir que, de 150 mil firmas, el 66 por ciento eran válidas, lo que equivale a 91 mil firmas, una cifra muy por encima del umbral. Los dos candidatos dicen que al no hacer esta extrapolación, esto equivaldría a haber asumido que las firmas que no se revisaron eran todas inválidas.

La candidata Correa dijo que “a mí me mandaron 78.330 firmas a la basura sin voltearlas a mirar. Cuando tú sacas el porcentaje de muestreo es en un universo del 100 por ciento. Me voy a investigar lo que realmente pasó y que la Registraduría venga y me muestre cómo fue que se aplicó la fórmula en mi caso”. Después renunció a su aspiración, que en todo caso, según las encuestas, carecía de fuerza. Iba de novena.

Y Guerrero, que va entre los tres primeros en las encuestas, dijo que es irregular que se realice un muestreo en este tipo de exámanes y por ello interpuso una tutela, pues considera que le violaron el derecho al debido proceso.

Sin embargo, la explicación más detallada de los técnicos de la Registraduría le permitió a La Silla Vacía confirmar que -aunque no lo lograron explicar bien- sí se extrapolaron las cifras, por lo que el argumento de las dos campañas no sería válido en este punto.

El otro argumento de las campañas es más complicado. Los afectados han dicho que se extrapoló mal el resultado de los exámenes grafológicos. Afirman que mientras los errores de las firmas examinadas en la segunda fase se proyectan de la muestra al total de firmas, los de los examenes grafológicos se extrapolan directamente de la pequeña muestra que estudian los grafólogos al universo total de las firmas, multiplicando varias veces su tamaño.

Afirman que en el caso de Guerrero el paso de 930 firmas que descalificaron los exámenes grafológicos a 28.522 que anulan en la muestra es absurdo y que en el de Correa el salto de 300 a 52.850 también lo es.

Pero estos saltos aparentes se deben a que la Registraduría extrapola el resultado del examen grafológico primero a la muestra que utilizó y luego al total del universo de firmas, pero no lo mostró así en su informe. La Registraduría parece sumar peras (firmas anuladas de una muestra grande) con manzanas (firmas anuladas en la pequeña muestra de los grafólogos) cuando presentó sus resultados. Y no explicó que, en realidad, convirtió las manzanas primero en peras.

Como este paso no se hizo evidente en el informe de la Registraduría, eso dio pie a confusiones, como la del ex director de Planeación Nacional Esteban Piedrahíta que en una columna en el diario El País de Cali critica hoy que la Registraduría hubiera utilizado un “factor de expansión aleatorio”.

En el caso de Guerrero, las 930 firmas de la pequeña selección de firmas que examinaron los grafólogos corresponden a 18.600 en la muestra inicial, que la Registraduría calcula pero no presenta en sus informes. Y esas 18.600 son las que se convierten en 28.522 del total de las firmas en los informes, al pasar de la muestra a todas las firmas. Este paso intermedio es el que se salta la entidad y que tiene confundidos a los candidatos.

Lo mismo ocurre con Correa. En su caso, las 300 firmas anuladas en la muestra más pequeña se traducen en 25.631 en la más grande, y luego en 52.850 en todas las firmas. Como la Registraduría no mostró el paso intermedio, quedó la impresión de que las firmas anuladas por dictámenes grafológicos se inflaron de manera desmesurada.

Pero aunque este punto quede aclarado, continúa el debate sobre el margen de error. Como la muestra que toman los grafólogos es tan pequeña y se extrapola al universo total de firmas, allí podría crecer el margen de error que inicialmente sería de cinco por ciento. Y el número de firmas inválidas que tuvieron los dos candidatos cae dentro de ese margen.

El director de Censo Electoral de la Registraduría, Hollman Ibáñez, explicó que en este caso no se aplica el margen de error porque la fórmula fijada desde 1996, a través de la Resolución 5641, no lo establece. Sin embargo, el Registrador Nacional dijo que si los candidatos lo piden en sus recursos, podría estudiarse la viabilidad de aplicarlo. Y eso podría cambiar toda la situación para el caso de Susana Correa, a quien le falta un margen de menos del cinco por ciento para obtener el número mínimo de firmas válidas. En el caso de Guerrero el margen es del diez por ciento y no podría aplicarse.

Las opciones

La pelea no está terminada. Una vez las dos campañas interpongan el recurso de reposición, las firmas entregadas por los dos candidatos serán revisadas una por una y sólo en ese momento se sabrá si siguen o no en el juego.

Este debate es una buena oportunidad para que la Registraduría aclare las reglas y así evite futuras confusiones. Contar todas las firmas también ayudaría a disipar algunas sombras adicionales que se tendieron sobre todo el proceso.

Una de ellas, de tipo personal y que manejan en la campaña de Guerrero, es que Ibáñez sale con una funcionaria de la Alcaldía de Cali que es  cuota del ex senador Juan Carlos Martínez en la administración de Jorge Iván Ospina. Y como Martínez tiene sus favoritos en las contiendas del Valle -aunque no tiene un candidato fuerte para las elecciones de Cali- se ha sembrado una duda sobre el proceso, aunque no hay ninguna evidencia de que haya habido una interferencia indebida por parte de Ibáñez. Ante esto, tanto el Registrador como Ibáñez  dijeron que se trata de una relación de tipo exclusivamente personal y a quien ha ido a visitar a Cali sin ningún tipo de misterio. Y que aunque es Ibáñez quien firma las certificaciones, no hace parte del equipo técnico que se encarga de la revisión y por lo tanto no podría alterarla de manera alguna.

Y la segunda fue sembrada por el mismo presidente Juan Manuel Santos cuando salió a terciar el lunes porque supuestamente los dos candidatos o sus enviados le contaron que a ambas campañas supuestos intermediarios de la Registraduría les habían pedido plata para ayudarlos a solucionar el problema de los registros de las firmas. En el caso de Guerrero supuestamente le pidieron 200 millones de pesos desde hace veinte días y a Correa le pidieron 40 millones el sábado pasado. Las campañas tampoco han aportado pruebas de esto.

Con la decisión del Registrador de contar de nuevo todas las firmas si los candidatos se lo piden se aclararán estas dudas y se sabrá si los candidatos tienen razón y las firmas necesarias para postular sus nombres.