La fallida promesa del Gobierno y las Farc de poner una zona de concentración en Corinto despertó un conflicto por la tierra entre indígenas y campesinos, en la que los primeros acusan a los segundos de haberles quitado fincas con apoyo de las Farc.
La fallida promesa del Gobierno y las Farc de poner una zona de concentración para que la guerrilla dejara las armas en Corinto, Cauca, despertó un conflicto por la tierra entre indígenas y campesinos que llevaba ‘dormido’ más de 15 años.
El cabildo Nasa de Corinto acusa a campesinos agrupados en una asociación de reserva campesina de haberles arrebatado -con apoyo de las Farc- dos fincas, Aguaclara y El boque, que ellos compraron en las montañas del municipio. Y amenazan con que ahora que la guerrilla no está, ellos reclamarán su derecho a ocupar esa tierra, así eso implique desatar una nueva guerra. Los campesinos se defienden, argumentando que los indígenas se metieron en su territorio sin consultarles, se niegan a devolver las fincas y rechazan cualquier asociación con las Farc. Esta es la historia.
La mecha que reavivó la hoguera
En agosto del 2016, una comisión del gobierno, representado por Diego Bautista, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y Marcos Calarcá, por parte de las Farc, y dos delegados de la Onu, llegaron a la vereda La Cominera, en la parte alta de Corinto, a verificar el sitio donde se instalaría un campamento para la concentración de la columna Gabriel Galvis y el sexto frente de las Farc.
Llegaron en un helicóptero de la Cruz Roja que aterrizó en una cancha de fútbol donde funciona una especie de salón comunal de la vereda. El resto de la gente llegó en motos, chivas y camperos, los únicos que soportan la trocha llena de curvas y baches que durante más de una hora atraviesa dos ríos y seis quebradas, mientras se mete monte arriba por la cordillera central.
A lo lejos, desde arriba, se ve la planicie del valle del Cauca cubierto de caña. Las fincas pertenecen en su mayoría a los ingenios azucareros de Incauca (del Grupo Ardila Lülle), Manuelita (de los Éder), y Mayagüez (de la familia de la senadora del Centro Democrático Susana Correa), según supo La Silla por un investigador de la región.
Arriba, en cambio, los cultivos son pequeños y por parches: hay café, hay plátano, hay lulo, hay limón mandarino. Entre árboles de frutas y flores y detrás de modestas casas que se aferran a la montaña, van apareciendo también los parches verdes.
El verde más intenso es coca. Alguna ya está raspada, otra está a punto. El verde oscuro es marihuana, de la variedad que llaman “creepy” y que en Cali se vende como “corinto”. Los sembrados están adornados por hileras de bombillos que se prenden para que las matas crezcan, aunque sea de noche. Como si allá arriba nunca cayera el sol.
“Esa es un área que nuestra gente conoce, las comunidades que habitan en esta zona también nos conoce”, dijo Marcos Calarcá en una entrevista ese día.
Y es que esta vereda, y otras cinco que comprende el corregimiento de Jagual, es un bastión de las Farc que intentaron arrebatarles tanto el Ejército como los paras, sin éxito.
Jorge, un indígena campesino (porque aquí, y en muchas partes del Cauca es difícil establecer la diferencia y en últimas solo pesa cómo se autoreconozca cada uno) ha vivido en La Cominera durante más de nueve años. Recuerda que, en el 2007, los combates entre el Ejército y las Farc podrían irse de largo durante un mes completo. “El Ejército se paraba en ese filo de allá”, señala hacia arriba una montaña, “y la guerrilla en aquel”, y apunta la vista hacia una planicie más abajo.
Los vecinos quedaban en el centro pero aún en medio de las balas, se acomodaban para seguir viviendo: desde el amanecer hasta las 11 de la mañana había una tregua implícita que los habitantes de la vereda aprovechaban para salir de sus escondites y revisar cómo crecían sus cultivos.
“Eso ya no se volvió a ver aquí”, dice Jorge, que está parado justo en la cancha de fútbol donde se paró también Marcos Calarcá y Diego Bautista ese día de agosto, cuando aún no se sabía con certeza que el lugar donde Gobierno y Farc querían montar el campamento quedaría a escasos metros de allí.
Sería en una finca de 72 hectáreas cuya propietaria era una líder comunitaria y campesina de La Cominera, que militaba en el movimiento de izquierda Marcha Patriótica. Se llamaba Cecilia Coicué y su asesinato, el 7 de septiembre, menos de un mes después de la visita de la delegación de las Farc y el Gobierno, fue el comienzo del fin de la instalación del campamento guerrillero en Corinto.
El cuerpo de Cecilia apareció en la tarde de ese miércoles, cerca al nacedero de agua de su finca ‘el Vergel’. Tenía heridas de cuchillo en su cuello. Algunos dijeron que era “el primer asesinato del posconflicto”, una versión que rápidamente negó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aclaró que detrás del crimen hubo una disputa familiar por la finca que ella le iba a arrendar al Gobierno para montar allí el campamento de las Farc.
Como contó La Silla, por esa misma pelea ya han muerto otros cuatro miembros de la misma familia, según contó una fuente que ha estado pendiente del caso.
La localización del campamento allí no era fortuita. Desde el 2014, La Cominera es una de las veredas que está incluida en una petición formal de reserva campesina en Corinto al Incoder, aunque la idea de los campesinos de crearla es mucho más vieja.
Muchos de los campesinos que viven allí están adscritos a la Asociación de Reserva Campesina de Corinto y hacen parte también de organizaciones sociales campesinas como Marcha Patriótica y Fensuagro que, como ha contado La Silla, tienen convergencias ideológicas con las Farc.
Sin embargo, ha sido desde siempre una zona en disputa entre campesinos e indígenas, donde estos últimos también quieren constituir allí un resguardo.
“Los indígenas no quieren permitir que desmovilizados de las Farc lleguen a sus territorios, cosa que nosotros sí. Hemos entendido las causas de su alzamiento en armas, también hemos rechazado las cosas malas que han hecho. Pero si ellos dejan las armas, acogeremos a esas personas. En cambio los indígenas no los van a aceptar y ¿qué va a ser de ellos?”, dice Henry Rojas, coordinador de derechos humanos de Fensuagro.
“Para nosotros es una ventaja que ellos [las Farc] hagan política. Pero nosotros seguiremos en lo nuestro”, le dijo a La Silla, Julio César Tumbo ex gobernador del Cabildo Indígena de Corinto. “Que no se vengan a entrometer”.
En todo caso, después del asesinato de Cecilia, poco o nada más se habló de la zona veredal de Corinto. La explicación oficial, según le dijo a La Silla Pacífico Diego Bautista, es la presencia de cultivos ilícitos en la zona, una de las ‘líneas rojas’ que impuso el presidente Juan Manuel Santos.
Aunque Bautista dice que “no tuvo que ver”, en La Cominera también culpan a “lo que pasó allá”, sin más detalles, porque aún pocos se atreven a hablar del crimen de “la finada Cecilia”. Y también a la resistencia de los indígenas que, desde el principio, pusieron como condición que las Farc les devolvieran “inmediatamente” dos fincas que el Cabildo compró en el 2002 en esa vereda y que, según ellos, la guerrilla les arrebató.
La exigencia se la hicieron llegar a Bautista y a Marcos Calarcá en una carta, en la que les hicieron firmar un “recibido” y que, dicen, nunca obtuvo respuesta.
Más que unas fincas cualquiera
Las fincas que compró el Cabildo Indígena de Corinto son las que se ven atrás, en la montaña cubierta por neblina. Son dos, una de 70 hectáreas y otra de 38, que compraron con recursos de la reparación de la masacre del Nilo para expandir el resguardo Nasa.
Aguaclara y El Bosque son dos fincas de 70 y 38 hectáreas respectivamente en la vereda La Cominera, a escasos cinco minutos trocha arriba de la finca de Cecilia Coicué. Son, en realidad, dos caras de una de las montañas de la cordillera central, empinada, inmensa, a la que a las 10 de la mañana aún no se le desprende una pesada nube blanca y fría.
Según sus escrituras públicas, ambas fechadas en diciembre del 2001, costaron 120 y 78 millones y pico, respectivamente. Recursos que salieron directamente del Gobierno nacional, entonces en cabeza de Andrés Pastrana, como parte de la reparación económica que tuvo que pagar el Estado a los Nasa por la masacre de 20 indígenas en la Hacienda El Nilo, en el Cauca.
“Yo las recibí el 19 de marzo del 2002. Estaba contento de que eso iba a ser de Corinto, porque esas tierras habían sido compradas con sangre”, dice Julio César Tumbo, que era el gobernador del Cabildo Indígena de Corinto en ese momento.
Aguaclara y el Bosque eran dos de las seis fincas que compró el cabildo en ese entonces en el Norte del Cauca, a nombre de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin. Y que, como también dice en las escrituras, tenían la finalidad “exclusiva” de ampliar el resguardo indígena de los Nasa en la región.
La decisión de comprarlas allá, en La Cominera, era estratégica: es una zona mayoritariamente campesina pero donde al menos unas 70 familias se declaran indígenas. El plan era comprarlas y entregárselas a 47 familias de los suyos para que vivieran y cultivaran allí y seguir comprando más fincas alrededor para ampliar el resguardo.
Hay respeto, pero el miedo se acabó.
Pero la dicha de Tumbo duró poco. No pasaron 15 días cuando, al regresar a las fincas para ocuparlas, los campesinos de la zona de reserva entraron a las tierras y se las tomaron a la fuerza.
Los indígenas entonces organizaron una asamblea allá, a la que invitaron a los dirigentes de los campesinos para arreglar el problema por las buenas. El día de la reunión, en el camino de subida, se toparon con un retén del Frente Sexto de las Farc que estaba custodiando el camino hacia La Cominera.
El frente estaba entonces al mando de alias ‘Zeplin’, ideologo de las Farc en el sur del país y que gozaba de poder de convencimiento entre la guerrillerada, según Semana.
Los indígenas eran muchos, estaban enardecidos y entraron a la vereda a la fuerza. Cuando llegaron hasta los límites de la finca, se enfrentaron con los campesinos, unos arriba de la vía y los otros abajo.
“Ese día yo estaba dictando un taller cuando llegó Anatolio Quirá [líder indígena del Cric] a decirme que si les ayudaba a hablar con la gente porque se iba a formar agarre”, cuenta Cristóbal Guamanga, líder campesino de Fensuagro. “Los campesinos decían aquí no les aflojamos ni un milímetro de tierra, pero si se meten, sí aflojamos machete”, recuerda.
Dice que Zeplin había instalado un retén en la carretera porque no sabía por qué había tanto movimiento y asegura que sólo se hizo presente como “mediador”. “Si estaba de un lado o de otro, no sé. Ese era el rancho de ellos [de las Farc]”, dice.
Julio Cesar Tumbo cuenta, en cambio, que cuando llegaron a una de las fincas, de la casa salieron Guamanga y alias ‘Zeplin’ juntos y les dijeron, palabras más, palabras menos, que no se las iban a devolver.
“Los campesinos nos decían que no, que ellos no eran de las Farc. Pero nosotros decíamos, entonces ¿por qué los respaldaron? Así no sean directamente de las Farc, ellos están colocados ahí por la guerrilla”.
“Zeplin se puso de lado de nosotros porque había razones de sobra para no salirnos. Dio un veredicto hacia quién tenía la razón. Así [la guerrilla] les hubiera dicho a los campesinos que se salieran, la gente no lo iba a hacer”, asegura Henry Rojas, coordinador de Derechos Humanos de Fensuagro en Corinto. “La guerrilla no tuvo nada que ver en eso”.
Según los campesinos, la compra de esas tierras por parte de los indígenas ya se había discutido en asambleas conjuntas anteriores donde los campesinos les habían dicho que esa era zona de reserva campesina y que por tanto, ellos no podían meter indígenas allí. Incluso, se llegó a plantear, según Guamanga, la posibilidad de que ambos compartieran las fincas cincuenta y cincuenta, posibilidad que después de ese enfrentamiento inicial, nunca se volvió a considerar. Ambos, además, niegan cualquier vínculo con las Farc, que según ellos nunca les dijeron cómo actuar.
“El territorio se respeta. Nosotros no nos vamos a meter en el resguardos, así que ellos no se metan en nuestras zonas de reserva porque si se meten, ahí sí va a haber problemas”, dice Guamanga. “Así es la política”.
Las reuniones para resolver la disputa se fueron volviendo cada vez más poco frecuentes, mientras varios líderes indígenas fueron amenazados por las Farc en Corinto, según le dijeron a La Silla dos miembros del Cabildo por aparte. El conflicto por las fincas finalmente quedó dormido hasta que, con la llegada del Gobierno y la firma de la paz con las Farc, los indígenas sintieron que había condiciones para volver a reclamar sus propiedades.
“Si esto no se resuelve ahora va ha haber problemas”, dice Tumbo. “Después de que las Farc entreguen las armas, si las entregan, nosotros vamos a exigir que nos devuelvan las fincas porque son nuestras, son Nasa. Hay respeto, pero el miedo se acabó. La guerrilla ya no está, así que si ellos sacan el fierro, yo saco el machete”, dice.
Esa posición por ahora no la comparten todos los indígenas, quienes siguen aspirando a contar con la bendición del Gobierno para instalar mesas de diálogo que les permitan llegar a un acuerdo con los campesinos.
Lo mismo piden Cristobal Guamanga y Henry Rojas de Fensuagro, que se niegan a devolver las fincas y que al menos ahora, tienen el sartén por el mango porque las llevan ocupando 15 años, por lo que legalmente pueden argumentar posesión.
El cabildo, con las escrituras en mano que lo acredita como legítimo dueño, ha propuesto como última solución que los campesinos les hagan la devolución con tierras de tamaño equivalente en otras partes del municipio donde familias indígenas puedan trabajar y vivir.
El problema, según le explicó a La Silla un experto en tierras de la zona (que pidió la reserva de su nombre para no comprometer el trabajo de su organización), es que en el norte del Cauca “la presión por la tierra es tremenda”, y no hay suficiente tierra para darle gusto a todos.
Dice, de hecho, que las reclamaciones formales por la propiedad suman en Corinto, Miranda y Caloto 154 mil de las 350 mil hectáreas que tiene la región. Una situación que choca, además, con que la inmensa mayoría de la zona plana es propiedad privada de grandes ingenios azucareros, que tienen fincas de hasta 200 hectáreas para la agroindrustria.
Por eso, es poco probable que la solución de los indígenas se materialice y por tanto, todos los consultados para esta historia concuerdan en que si los indígenas intentan ocupar sus fincas a la fuerza puede que estalle una guerra.
Aún así, hoy ambos grupos trabajan juntos para controlar el territorio de La Cominera: después del plebiscito, tanto los indígenas como los campesinos instalaron rudimentarios puestos de control en varias partes de la vía, para saber quién entra y quién sale, y así, impedir que las Farc o cualquier otro grupo armado se apodere del territorio que es de ambos.
En cambio, Gobierno decidió irse y montar el campamento para la desmovilización de las Farc en otro lado, a la vereda Monterredondo, en el municipio de Miranda, a unos 30 kilómetros de La Cominera. Se fueron dejando atrás el tierrero, y la esperanza de poder solucionarlo por las buenas.
