El Presidente deberá nombrar un encargado mientras la Procuraduría investiga si el Gobernador cometió una falta disciplinaria o no.
Con la suspensión por tres meses del gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, el viernes pasado, la Procuraduría deja al departamento sin cabeza en plena pandemia del coronavirus. Varios políticos del Chocó consultados, incluso rivales de Palacios, consideran que la medida es excesiva y que lo están cogiendo de chivo expiatorio para que los demás gobernadores y alcaldes sientan que están siendo vigilados durante la pandemia.
Algunos líderes cívicos, en cambio, consideran que es la oportunidad para que el Gobierno ponga a alguien con la capacidad y voluntad de enfrentar el desafío que tiene el departamento para enfrentar la crisis ocasionada por el Covid-19 y evitar así que haya corrupción con los recursos de la salud.
El anuncio de la la suspensión se dio en la rueda de prensa del viernes en la que la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría dieron a conocer los avances de sus investigaciones sobre la contratación en medio de la emergencia. Solo la Procuraduría adelanta 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 entidades del orden nacional y territorial.
Hasta ayer en la noche, Palacios no había sido notificado y seguía en el cargo.
El contrato
La Procuraduría suspendió al Gobernador por un contrato para dar 1276 capacitaciones de prevención del coronavirus en tres comunidades de cada uno de los 29 municipios por un valor de 960 mil pesos cada una, más la impresión de miles de banners, afiches, cartillas, vallas y la realización de cuñas radiales y en televisión local por un valor total de 2091 millones de pesos. (Ver contrato).
El contrato fue firmado el 15 de abril con la Fundación Chocó Saludable y debía ser ejecutado hasta el 30 de mayo o “hasta que dure la contingencia”.
Según la Procuraduría, aunque las campañas son de prevención, el objeto del contrato no contribuye a mitigar los efectos del coronavirus y los recursos deberían ser priorizados para atender asuntos urgentes en salud como, por ejemplo, el pago de salarios de varios meses que deben a funcionarios del Hospital Departamental San Francisco y la dotación de protección médica que no tienen, como contamos en esta historia, para evitar poner en riesgo la vida de la gente.
Si bien el contrato no se ejecutó, está suspendido y la plata no se perdió, el proceso disciplinario contra el Gobernador continuará por presunto desconocimiento del principio de contratación pública de planeación.
La Procuraduría encontró también que en el departamento se vienen firmando contratos en el área de salud que ve con sospecha desde el año pasado. En este momento, está adelantando un proceso disciplinario por uno de más de 8 mil millones contra el actual secretario de salud, Carlos Tirso Murillo, lo que, en su opinión, demuestra que es una conducta repetitiva. Además investiga denuncias hacia otro contrato por 130 millones también para campañas de prevención de coronavirus.
Por todo lo anterior, la decisión de suspender al Gobernador se dio como “medida preventiva” porque el mandatario podía reiterar la conducta de volver a contratar en condiciones similares, según dijo el Procurador el viernes en la rueda de prensa.
Incluso gente cercana al Gobernador, coincide en que el contrato debería suspenderse.
La primera razón es que las medidas son tardías dado que ya el país está en fase de mitigación, y las capacitaciones, además, contemplaban reuniones presenciales, cuando ya el país está en aislamiento obligatorio.
Segundo, dejaba en manos del mismo contratista encargado de la ejecución, la definición de los indicadores de evaluación.
“Cualquier intervención en salud pública implica un ejercicio de planeación, diseño, implementación siguiendo criterios técnicos, implica tener un mínimo de evaluación frente a que esa intervención que se propuso logre los objetivos”, dice el médico y magíster en salud pública, docente de la Universidad de los Andes y conocedor del tema de salud en Chocó hace años, Diego Lucumí. “En este caso es imposible hacerle un rastro a eso y tampoco aparece ninguno de los elementos propuestos en el contrato”.
También le critican al contrato la pertinencia de invertir esa cantidad de dinero en campañas, cuando existen tantas otras necesidades.
Con esos dos mil millones, el Gobernador podía comprar otras nueve camas de Cuidados Intensivos como las que ya compró que deben llegar pronto y que serán las únicas del sector público del departamento, que costaron 1648 millones de pesos. O pagar otros dos meses de salarios que se le deben a todos los 230 empleados del Hospital Departamental de Chocó San Francisco. Ya pagó los primeros dos.
“Se requieren otro tipo de cosas y acciones en salud pública”, agregó Lucumí. “Hay un frente que es mejorar la prestación del servicio de salud, pero hay una cosa muy importante en salud pública y es mantener todos los temas de vigilancia, en equipos que permitan hacer seguimiento a casos. Allí hay grandes debilidades. Además Chocó no tiene un laboratorio acreditado para hacer pruebas”.
Hace menos de un mes, el mismo gobernador había dicho en una entrevista con El Tiempo: “Aquí no contamos con elementos de bioseguridad, eso es lo más urgente inicialmente para dotar a nuestro equipo médico. Me refiero a tapabocas, guantes, mascaras, botas, gorros, los necesitamos con urgencia”, agregó. “Las personas van a entrar en pánico y van a requerir los elementos que mencioné, y no los tenemos”.
Adicional a eso, el veedor ciudadano de la contratación Darwin Lozano, que alertó en redes sobre ese contrato, le dijo a La Silla que la contratista no era la idónea para ejecutar campañas de prevención, porque su Registro Único Empresarial no registra como actividad comercial nada relacionado con el tema de salud.
La actividad registrada es un detodito en servicios: el manejo de papel de imprenta, publicidad, capacitaciones, logística de eventos, suministro de material de construcción.
El Director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, dijo a Noticias Uno, que existen sospechas de que la representante legal de la empresa sea “testaferra” de otras personas pero no dio más elementos al respecto.
En todo caso, la Fundación Chocó Saludable es una megacontratista. Tiene 27 contratos con la Gobernación del Chocó desde el 2017, sobre todo en actividades de logística de eventos y algunos de capacitaciones. Según contó Noticias Uno ayer la misma Fundación Chocó Saludable tuvo un contrato en octubre de 2019 con la Gobernación con un objetivo similar de prevención en salud de varias enfermedades (no coronavirus) por 1499 millones.
El Gobernador le dijo a la FM el viernes, que “la justificación que me hacía el secretario (de salud, para firmarlo) era que esas acciones podían servir para promocion y prevencion del Covid”.
Pero que decidió suspender ese contrato porque “afortunadamente no habíamos girado un peso todavía, se consideró que sería bueno revisar ese contrato”.
A su turno, el secretario de salud, Carlos Tirso Murillo, dijo frente al contrato que tienen “elementos que establecen la necesidad de atender la zona rural, no sólo son ciclos educativos, hay más actividades en ese contrato que es en todos los 29 municipios y sus corregimientos, allá es donde más se debe mirar, a la zona rural y étnica.”
Tirso también fue secretario de Salud en el periodo del exgobernador Jhoanny Palacios, de la misma corriente del actual mandatario, cuyo jefe político es el representante liberal Nilton Córdoba (investigado por presunta participación en el Cartel de la Toga´).
El debate sobre la suspensión
Ariel Palacios fue elegido como candidato del continuismo por el representante Córdoba. Al final, obtuvo no solo el apoyo de los liberales, sino de los conservadores, partido Verde y Colombia Justa Libres.
Palacios es especialista en finanzas y administración pública y en gerencia de servicios de salud y venía de ser gerente durante 14 años de la EPS Barrios Unidos, la segunda con más afiliados en el departamento. Esa EPS es una de las que le debe plata a algunos de los seis hospitales públicos de Chocó y el año pasado tuvo que dejar de funcionar en Valle por prestar un mal servicio. Aunque es percibido como parte de la misma rosca política que ha mantenido al departamento a la zaga del país, no tiene fama de corrupto.
Por eso, más allá de los problemas que tenía el contrato, la suspensión del Gobernador fue percibida en los círculos políticos del Chocó como una medida exagerada, porque con la suspensión del contrato la investigación podía continuar y consideran que el Gobernador había hecho una buena gestión.
“Queda en el ambiente que la Procuraduría está utilizando el caso del Chocó como chivo expiatorio de toda la repudiable corrupción”, según dijo en un audio Rodrigo Córdoba, excandidato a la Alcaldía de Quibdó por la Colombia Humana, que apoyó a Palacios.
Para el abogado y político de Cambio Radical, Delcin Bejarano, que también apoyó a Palacios y hoy es secretario de Deporte, la suspensión “es un mensaje desproporcionado del Procurador de efectividad”. “Para qué apresurarse a suspender al Gobernador si podía investigarlo y dar resultados en 30 días”, dice.
Incluso, uno de los políticos opositores del Gobernador rechazó la medida. “Nos van a estigmatizar más de lo que estamos, los mas corruptos resultamos siendo los chocoanos, cuando hay casos graves en otros departamentos”, nos dijo César García, un exrival de campaña de Palacios. Eso porque hay otros contratos de publicidad criticados como este en Bogotá o con presuntos sobrecostos en mercados en Arauca, Meta y Magdalena, entre otros, en los que sí se ejecutó la plata.
Incluso personas de diferentes corrientes lanzaron una petición en Change.org para que el Procurador “juzgue en justicia, igualdad y equidad” y mantenga en el cargo al gobernador Palacios. Además, el fin de semana empezó a moverse en redes la idea de que la culpa de la firma de ese contrato la tuvo el secretario de salud, Carlos Tirso, por haberlo recomendado, y por eso están pidiendo que salga del cargo.
Las suspensiones de la Procuraduría no son tema nuevo. Por ejemplo, en agosto de 2019, Carrillo suspendió al exgobernador de Norte de Santander por presuntas irregularidades en un contrato.
Según el profesor de la Universidad del Rosario y experto en derecho administrativo, Lucas Quevedo, las suspensiones se dan, por lo general, para evitar que los mandatarios puedan torpedear la investigación.
Reconociendo que la Procuraduría tiene esa facultad, para los tres políticos la suspensión genera una desestabilidad en la Gobernación porque se queda sin su cabeza en plena pandemia. Ahora llegará un encargado de la Presidencia, seguramente desde Bogotá.
Precisamente, esa posibilidad de que llegue alguien nombrado por Presidencia genera ilusión en sectores cívicos por la falta de liderazgo que ha demostrado Palacios y que tanto se necesita para enfrentar la pandemia.
Como contamos acá, Chocó no tiene ninguna cama de UCI, tiene un alto déficit de camas de hospitalización y sus dos principales hospitales públicos funcionan a media marcha. El San Francisco, porque casi todo el personal está es cuarentena y en el local Ismael Roldán, porque sus trabajadores están en paro por falta de pagos. Además hay escasez de insumos de protección ante el coronavirus.
Palacios tenía un plan de atención para el coronavirus, pero, como lo dejó claro en esta entrevista estaba esperando que el Gobierno pusiera los recursos para las camas que faltan, así como la dotación médica y las adecuaciones de hospitales. Hay proyectos de regalías que aún no han comenzado a hacerse.
“Es mejor alguien capaz que responda con liderazgo”, dijo uno de esos líderes cívicos, que pidió no ser citado por evitarse líos con el mandatario. “Por eso es clave que el Gobierno nombre a alguien competente. Es una gran emergencia en salud no solo por el hospital sino porque el 80% de la gente por informalidad anda en la Calle, las pruebas se están demorando mucho y no se ha avanzado lo suficiente”.
“Es una administración mala porque es dedicada al continuismo y a la misma dinámica de esa línea, gobernar para sus patrocinadores y no para el pueblo. No hay plata para la gente, pero sí para contrataciones gigantes y no la invierten en lo que se requiere”, le dijo a La Silla el veedor Lozano.
La llegada del encargado que nombre Duque mostrará si la suspensión del Gobernador en un momento tan crítico benefició a la población o terminó de agravar su ya precaria situación.
