Los acuerdos del paro indigena son hasta el momento la ratificación de antiguas promesas con nuevas fechas. Solamente el Cric logró algunos acuerdos en temas puntuales de inversiones en salud, casas y educación.
Divide y vencerás fue la estrategia con la que el Gobierno logró conjurar el paro indígena, y levantar la minga tras la firma de un decreto y la promesa de cumplir viejos acuerdos.
Esta minga indígena, que duró once días y terminó el pasado 9 de noviembre, fue un round ganado por los delegados del Gobierno tras dividir las negociaciones con mesas regionales.
El plan inicial de la Organización Indígena de Colombia (Onic) que es nacional y representa a los 102 pueblos indígenas de Colombia, que convocó a la minga, era sentarse a negociar con el Gobierno en su mesa instalada en la vía a Buenaventura, en el sector de La Delfina, donde bloquearon la vía para presionar.
Pero la jugada no les salió porque fue a la mesa instalada por el Cric, la organización indígena del Cauca que también convocó la minga, en la vereda Monterilla, en Caldono, Cauca donde llegaron los delegados del Gobierno, encabezados por el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, a negociar después de cuatro días de bloqueos en la via Panamericana.
El Gobierno llegó hasta allá y no a la Delfina porque para ellos el Cric “es la única organización con capacidad real de movilización, tiene recursos, estructura de gobierno, unión. Una logística impresionante para presionar, el resto son los de los discursos”, le dijo a La Silla Pacífico un alto funcionario del Gobierno.
Además dijo, “ellos (la Onic) querían generar, más que resultados concretos para los indígenas, una jornada de movilización e indignación nacional como la de hace una año con la Cumbre Agraria, lo que les iba a dar visibilidad con fines electorales y nosotros no queríamos una negociación politizada”, le dijo a La Silla Pacífico el alto funcionario del Gobierno.
“Además, la agenda de la Onic era demasiado amplia (su pliego de peticiones era de diez páginas) lo que hubiera dificultado el diálogo y hubiera alargado la minga”.
Para solucionar el problema, tanto el Gobierno y el Cric, invitaron a la Onic a que instalara su propia mesa también en Monterilla, y para justificar la negociación con el Cric y quitarle la vocería nacional a la Onic el Gobierno invitó a que las otras comunidades indígenas del Valle del Cauca, de la Amazonía, de la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Risaralda y Nariño, concetradas en 26 puntos a nivel nacional, también crearan sus propias mesas con el Gobierno local.
Para el Gobierno el pliego de peticiones del Cric (16 puntos) y los de las regiones eran puntuales y por lo tanto más fáciles de resolver. “Es más práctico negociar en lo local”, nos dijo otro alto funcionario.
Esto, según un integrante de la Onic que estuvo en las negociaciones, fue interpretado por ellos como una estrategia para deslegitimar a la vocería nacional y para dividir las negociaciones lo que generó malestar en la organización, pero al final cedieron porque no tenían alternativa. Si la Onic no aceptaba iba a salir perdiendo porque, según una fuente del Gobierno, no había posibilidad de instalar otra mesa diferente a la del Cauca.
Al final, la estrategia del Gobierno y el Cric sí les dio resultado. Tanto así, que la minga duró poco y el Cric logró que su pliego de peticiones se resolviera casi en su totalidad. La que perdió fue la Onic. De hecho, un integrante de la Onic le dijo a la Silla Pacífico que al final se levantaron de la mesa “para no reventar a la gente del territorio, para tomar un aliento. El Gobierno dividió a los líderes y para no generar más tensiones firmamos esos acuerdos chimbos”.
Los acuerdos
De los 25 puntos que pedía la Onic agrupados en cinco grandes temas no llegaron a nada concreto. Sólo ratificaron los viejos acuerdos y programaron nuevas reuniones.
Uno de los puntos más importantes para ellos era aumentar al 1 % los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI), que actualmente es de 0,52. En este caso, el Gobierno ratificó su promesa de hace un año de incluir esa modificación en un proyecto de ley que radicará en marzo del otro año.
Otra de las peticiones era el cumplimiento de la implementación capítulo étnico de los acuerdos de paz en el tema de desarrollo rural y cultivos ilícitos y lo que lograron fue una reunión para tocar estos temas el próximo miércoles.
Y una de las exigencias más fuertes que era “que se expida de inmediato y sin dilaciones el Decreto” que reconoce a los indígenas como Autoridad Ambiental no avanzó ni un poquito.
En este punto, el Ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, les anunció que radicó otra vez en Presidencia el Decreto (que tuvo que haber radicado en marzo pasado y que debía estar firmado en junio de este año), pero que según les dijo a los indígenas hubo un error de procedimiento y por eso no se hizo.
“Él nos quiso enredar y sacar excusas, pero sabemos que la verdadera razón es que grupos económicos y de extracción, la industria cañera y las CAR, están presionando para que no se firme”, le dio a La Silla Pacífico el líder indígena, Feliciano Valencia.
En el único punto en el que se avanzó fue el de la gratuidad de la educación, (que era un punto que también estaba en el pliego del Cric), en el que concertaron con el Gobierno un decreto que les garantizará que los colegios administrados por los indígenas que son considerados privados o como prestadores de servicio en términos de contratación, también reciban los recursos que el Gobierno transfiere a los colegios públicos por cada estudiante matriculado.
“Los puntos más grandes no se podían resolver allí, sino generar la garantía de cumplimiento porque son exigencias más políticas y generales”, dijo un indígena de la Onic que hizo parte del comité negociador. Los que harán seguimiento a estos acuerdos son los garantes de la minga en cabeza del padre Franciso de Roux, el Senador Iván Cepeda, el ex presidente Ernesto Samper y delegados de la OEA, ONU y de la Conferencia Episcopal.
Los logros del Cric
En cambio los del Cric lograron concretar una de sus exigencias principales, la creación y firma de un decreto que modifica y refuerza el Decreto 982 de 1999 que declaró la emergencia económica y social en el Cauca obligando al Estado a atender las necesidades del departamento a través de una comisión que nunca funcionó.
“Lo que nosotros planteamos fue puesto en marcha por el Gobierno”, le dijo a La Silla, Valencia.
El nuevo Decreto Ley 1811 de 2017, que es de obligatorio cumplimiento, hace que se les dé prioridad a los acuerdos en la asignación de presupuesto en las diferentes entidades y es un mecanismo de seguimiento a través de una Comisión Mixta integrada por los 12 ministerios, cinco departamento y agencias, el Gobernador del Cauca y 22 autoridades del Cric que deberá crear planes a largo plazo y sesionar regularmente.
Sin embargo, donde se van a concretar las fechas y el presupuesto será en la reunión del sábado 18 de noviembre en la que se reunirá la Comisión Mixta en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) en Popayán para definir el plan de acción (el paso a paso) de los diferentes acuerdos a los que llegaron en la minga.
En ese punto, el Cric pedía que entre jueves y viernes acudiera el Ministro de Hacienda hasta Monterilla para asignarle un presupuesto a la ejecución de este decreto, pero ni el funcionario o algún delegado llegaron. Todo se empezará a negociar a partir del próximo sábado en la reunión de Popayán.
Si bien no lograron un gran acuerdo y todas eran peticiones incumplidas desde hace años, sí avanzaron en temas puntuales que estaban en su pliego que se consignaron en ocho actas.
“Logramos acuerdos en un 75% de las peticiones de nuestro pliego. El 30 restante fueron los puntos nacionales”, dijo Valencia.
Entre otros acuerdos resaltan el aporte del Ministerio de Salud este año de 500 millones para apoyar la implementación del Sistema Indígena de Salud Propio en el Cauca, dar un alivio financiero a la Asociación indígena del Cauca, su EPS, aumentando el pago anual por cada uno de sus afiliados al 12 %.
El Gobierno también se comprometió con dinero y fechas concretas en asignar a la Guardia Indígena 200 millones para su formación, 300 millones en el presupuesto del 2018 para fortalecer tres centros de Armonización indígena (que son el equivalente a las cárceles en la justicia ordinaria) más 600 millones para la Consulta Previa del Plan Decenal de Sistema de Justicia, entre otros.
En el tema de comunicaciones hicieron nueve acuerdos para fortalecer su sistema propio de comunicación con un presupuesto de 1065 millones de pesos y en vivienda se asignaron 60 mil millones para construir 1500 viviendas en el 2018.
“Los acuerdos estuvieron basados en un plan que pudiéramos cumplir dentro de diez meses. Fue un ejercicio de realismo” dijo el Viceministro del interior, Luis Ernesto Gómez.
“Santos lleva dos periodos firmando acuerdos que no ha cumplido. El Gobierno de la paz tiene al menos que dejarnos algo hecho”, dijo Aida Quilcué, líder indígena del Cauca.
De no ser así, en un año, en la recta final del Gobierno de Santos, los indígenas volverán a una nueva minga exigiendo el cumplimiento de los viejos acuerdos, como lo vienen haciendo desde hace años.
