La principal promesa de Gustavo Petro y Francia Márquez a las comunidades negras fue reglamentar la Ley 70 de 1993, una ley emblemática porque les reconoció el derecho a la propiedad colectiva, a la protección de la identidad cultural y del medio ambiente y a fomentar su desarrollo económico y social para cerrar brechas de desigualdad.
La ley sirvió para reconocer la propiedad colectiva de los consejos comunitarios afro sobre las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de las cuenca del Pacífico. Pero la norma se extiende a otros temas claves, que 30 años después de expedida aún no han sido reglamentados: la protección de la identidad cultural, la educación con un enfoque étnico, la formalización de las prácticas tradicionales como la minería artesanal unida a la conservación del medio ambiente cuando se realice esta práctica, entre otros.
Ahora, el gobierno de Petro se compromete en el Plan Nacional de Desarrollo a sancionar en seis meses los decretos que reglamentan la totalidad de la ley.
¿Qué se necesita para aterrizar esta propuesta? La Silla consultó a Libardo Asprilla y Judith Salazar, exdirectores de Asuntos de Comunidades Negras, Afros, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y a Víctor Hugo Moreno, director actual de esa dependencia. A Daniel Garcés, excoordinador del equipo técnico que formuló la primera propuesta para reglamentar capítulos de la Ley 70; al experto en temas afro Carlos Agudelo y Fernando Urrea y a Martha Jordan, una de las líderes del espacio de interlocución con el gobierno nacional para concertar los procesos de consulta previa con estas comunidades.
Contexto
De dónde surge la idea: Según la dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afros, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, hasta el momento sólo se ha reglamentado el 30 por ciento de la ley que consta de 8 capítulos y 65 artículos.
Para reglamentarla en su totalidad, el gobierno Petro propone sacar dos decretos — y no un decreto por cada capítulo —: uno sería el del capítulo cuatro, que es el de recursos naturales y medio ambiente, que ya fue consultado con las comunidades negras durante el segundo periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, pero que no fue reglamentado. Y en el otro, los demás capítulos que deberán ser consultados y empezar el proceso desde cero.
Cuánto costaría: No hay una cifra exacta. El costo dependerá de la metodología que concerte el Estado con el Espacio Nacional de Consulta Previa para consultar los proyectos de decretos en los territorios con las comunidades que se beneficiarán de ellos.
Según la dirección del MinInterior, el costo podría estar entre 10 mil y 12 mil millones de pesos. Pero si esa consulta se hace junto con la de otros proyectos — como la del catastro multipropósito —, el costo podría reducirse a la mitad. Si se decide hacer una consulta por capítulo se multiplicaría el valor.
¿Quién lo lideraría?: la vicepresidenta Francia Márquez. Esa fue una de las primeras tareas que le delegó el presidente.
Entidades que tendrían que involucrarse: Vicepresidencia, los ministerios del Interior, Medio Ambiente, Minas, Educación y Cultura, por ser a los que les conciernen los capítulos que faltan por reglamentar.
El Departamento de Planeación Social por ser el que coordina, formula y hace seguimiento a planes, proyectos y programas del gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo.
La Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que es el espacio de diálogo entre el gobierno y las comunidades negras, creado por la ley 70 para consultar lo relacionado a esta.
El Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, integrado por 237 elegidos por voto popular en representación de las comunidades afro, con el que se concerta la metodología de cualquier consulta previa.
Los pasos que tendrían que darse para concretarse:
1. El Congreso tiene que aprobar el artículo 287 del Plan de Desarrollo para darle vía libre a la iniciativa
2. El gobierno debe presentar los proyectos de los dos decretos que reglamentarán la Ley 70 ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para que hagan sus comentarios y recomendaciones.
3. Con estas recomendaciones de la Comisión Consultiva, el gobierno debe concertar con el Espacio Nacional de Consulta Previa que se encargará de realizar la consulta mediante 34 asambleas (una por cada departamento, una por Bogotá como capital y una con enfoque Lgtbi) para discutir con las comunidades los proyectos de los decretos.
4. Tras las consultas, el Espacio Nacional de Consulta Previa concertará con el gobierno lo planteado por las comunidades.
5. El presidente firma y sanciona el proyecto de decreto ya acordado.
Los principales escollos que tendrían que superar:
* Lograr un consenso con las comunidades sobre cómo consultarla: La propuesta del gobierno es reglamentarla en dos decretos. Pero desde los espacios de diálogo con las comunidades negras hay quienes consideran que cada capítulo debe reglamentarse de forma independiente y con una consulta para cada decreto con el fin de discutirlo a profundidad. Eso podría frenar el proceso de consulta previa.
* Lograr incorporar las nuevas discusiones: La ley fue expedida hace 30 años y las comunidades negras y los territorios no están en las mismas condiciones que en los años 90.
Por ejemplo, con la atomización del conflicto armado tras la firma de los Acuerdos de Paz, muchas de las comunidades negras que estaban en zonas rurales se han desplazado a centros urbanos o viven en condiciones de vulnerabilidad, por lo que la relación y la cosmovisión con el territorio ha cambiado. Eso abre la puerta a nuevas discusiones y cómo deben afrontarse, lo que puede llevar a que la consulta se extienda en tiempo. Hay consultas que pueden durar 3 meses, como la del Plan Nacional de Desarrollo, y otras que pueden tardar hasta 4 años sin tener resultados.
* Vencer la resistencia de empresas mineras: en la ley hay una artículo que dice que pueden delimitar zonas mineras de comunidades negras para que ahí se realice la actividad minera con ciertas capacidades técnicas para cuidar el medio ambiente. Como el oro de la minería ancestral es el mismo oro que explotan compañías con títulos mineros, muy probablemente estas empresas hagan lobby en contra de la reglamentación.
* La situación de orden público: Las disidencias y el Clan del Golfo tiene presencia o control territorial en varios de los consejos comunitarios o en zonas aledañas lo que puede dificultar el traslado de líderes sociales para las asambleas que se realizarán durante el proceso de consulta previa. También será un escollo en la implementación de la ley, máxime cuando estos grupos están involucrados en la minería ilegal.
La mayor transformación que se lograría: La ley toca varios aspectos de la vida de las comunidades negras:
* Fortalece y reivindica la participación y las decisiones vinculantes de las comunidades negras frente a lo que pasa en sus territorios. Este es el principal y el que encuentra mayor oposición entre los que detentan el poder económico y político en sus zonas.
* Formalizaría la minería ancestral que realizan las comunidades negras. Lo haría por medio de licencias especiales de exploración y explotación y facilitaría el acceso a créditos para realizar y tecnificar su labor mejorando su calidad de vida y ayudando a cerrar brechas sociales. Incluso podrían llegar a adjudicarles zonas mineras para que exploren y exploten recursos naturales con condiciones técnicas que protejan su práctica ancestral.
* La educación en los territorios afro tendría un enfoque étnico con aprendizajes basados en su relación con el medio ambiente, o con lo que pueden aportar y aplicar al territorio en el que viven.
* En desarrollo económico, podrían tener beneficios económicos si hay empresas que desarrollen productos para el mercado de uso medicinal, alimenticio, artesanal u otros, con conocimientos propios de comunidades negras.
El tiempo aproximado que necesita para volverse realidad si todo sale bien: La promesa del gobierno Petro es que sea una realidad en seis meses después de que el PND sea ley. Las fuentes consultadas por La Silla coinciden en que esto es posible si existe la suficiente voluntad política para hacerlo y la colaboración de las comunidades.
